{p}<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No. 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ\u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP1331-2025<\/p>\n
Tutela de 2.a instancia N.o 142.101<\/p>\n
Acta 005<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por MAR\u00cdA VICTORIA MENESES SOCARR\u00c1S y CARLOS ARTURO PINEDO, mediante apoderado, contra la sentencia de tutela dictada el 23 de octubre de 2024 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. MAR\u00cdA VICTORIA MENESES SOCARR\u00c1S y CARLOS ARTURO PINEDO MESES expusieron que instauraron proceso ordinario laboral contra ING, en la actualidad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes derivada del fallecimiento de un familiar. El 14 de diciembre de 2020 la sentencia que accedi\u00f3 a sus pretensiones qued\u00f3 ejecutoriada.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 8 de mayo de 2023 el Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de Protecci\u00f3n S.A. por $659.213.975. El 17 de octubre siguiente requiri\u00f3 a esta para que informara si los incluy\u00f3 en n\u00f3mina y los afili\u00f3 al sistema de salud. El 5 de marzo de 2024 resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n de pago de la administradora, pero no se pronunci\u00f3 sobre estas obligaciones. Por ello, recurrieron el auto.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 18 de junio de 2024 ese juzgado indic\u00f3 que no es posible pronunciarse en torno a la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina ni a la afiliaci\u00f3n referidas, pues solo resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n de pago y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo, lo cual consideran desacertado. El 14 de septiembre siguiente el asunto correspondi\u00f3 al Tribunal Superior de Santa Marta, quien no ha resuelto el recurso.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por estos motivos, instauraron acci\u00f3n de tutela en contra del juzgado y de la AFP mencionadas, por la posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital y a la vida digna. Pidieron a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional ordenarles cumplir con las sentencias que les son favorables.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la acci\u00f3n. El 9 de octubre de 2024 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia avoc\u00f3 el conocimiento de la tutela, corri\u00f3 traslado a los demandados y vincul\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y a todas las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo laboral 47001310500120110014000.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Las respuestas. El Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Santa Marta inform\u00f3 las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo y defendi\u00f3 su legalidad. Por su parte, Protecci\u00f3n S.A. solicit\u00f3 declarar improcedente la tutela. Por \u00faltimo, Mutual Ser E.P.S. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. La sentencia recurrida. El 23 de octubre de 2024 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que los demandantes reprochan el contenido del auto del 5 de marzo pasado. El hecho de que el juzgado no haya resuelto las obligaciones de hacer -inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y afiliaci\u00f3n a salud- es objeto de apelaci\u00f3n. As\u00ed, como el recurso est\u00e1 pendiente por resolver, la acci\u00f3n de tutela es improcedente por subsidiariedad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. La impugnaci\u00f3n. MAR\u00cdA VICTORIA y CARLOS ARTURO, mediante apoderado, indicaron que el proceso ejecutivo no ha sido eficaz en defensa de sus derechos, pues el juzgado no ha procurado que Protecci\u00f3n S.A. los incluya en n\u00f3mina ni los afilie a salud. Adem\u00e1s, reiteraron los argumentos de su demanda. Por tales razones, solicitaron al tribunal revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.<\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia Seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte, en armon\u00eda con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta en contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La acci\u00f3n de tutela. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona podr\u00e1 acudir a este mecanismo para demandar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando ellos sean vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, en los casos que determine la ley. El amparo solo procede cuando el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que lo promueva transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Caso concreto. MAR\u00cdA VICTORIA y CARLOS ARTURO consideran vulnerados sus derechos fundamentales, ya que Protecci\u00f3n S.A no ha atendido las sentencias judiciales que les son favorables ni el juzgado accionado ha procurado que ello se cumpla. Particularmente, en relaci\u00f3n con su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y afiliaci\u00f3n a los servicios de salud.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. En relaci\u00f3n con la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y la afiliaci\u00f3n a los servicios de salud, es necesario se\u00f1alar que para tal prop\u00f3sito y cuando se trate de obligaciones de hacer, el ordenamiento jur\u00eddico dispone del proceso ejecutivo laboral.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En este sentido, la Corte Constitucional1 indica que, cuando el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia judicial implica una obligaci\u00f3n de hacer, la tutela procede cuando el mecanismo judicial ordinario se torna ineficaz porque, a pesar de acudir a \u00e9l, de las \u00f3rdenes impartidas y multas impuestas por el juez natural, la autoridad obligada se abstiene de cumplir sin justificaci\u00f3n razonable, situaci\u00f3n que puede significar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en atenci\u00f3n a las condiciones particulares de cada individuo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. En este caso, los accionantes, desde el 2 de agosto de 2022, solicitaron al Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Santa Marta el cumplimiento de la sentencia. El 8 de mayo de 2023 este libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de la AFP ejecutada, pero no se pronunci\u00f3 respecto de la inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina y la afiliaci\u00f3n a salud de ambos, situaci\u00f3n que los llev\u00f3 a solicitar la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos, la complementaci\u00f3n de la providencia y a interponer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 17 de octubre de 2023 ese juzgado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y no concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n por haber prosperado parcialmente el anterior. Adem\u00e1s, orden\u00f3 requerir a Protecci\u00f3n S.A. para que informara si cumpli\u00f3 con las obligaciones de hacer, pero no contest\u00f3.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 5 de marzo de 2024 el juzgado accionado decidi\u00f3 la excepci\u00f3n de pago propuesta por la AFP y no se refiri\u00f3 a la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y afiliaci\u00f3n en salud de los actores. En virtud de ello, nuevamente, recurrieron la decisi\u00f3n. El 15 de mayo siguiente aquel, nuevamente, requiri\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A. que informara las razones que le imped\u00edan cumplir con las obligaciones de hacer descritas. El 21 de mayo siguiente la administradora se\u00f1al\u00f3 que los interesados no hab\u00edan radicado la documentaci\u00f3n necesaria para ello.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 18 de junio de 2024 el juzgado no repuso el prove\u00eddo del 5 de marzo de ese a\u00f1o y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. El 21 de ese mes y a\u00f1o los actores presentaron solicitud de adici\u00f3n de la decisi\u00f3n, por cuanto esa autoridad no indic\u00f3 el efecto en el que concedi\u00f3 la alzada y, adem\u00e1s, no dijo nada sobre la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y la afiliaci\u00f3n en salud de ambos. El 12 de julio de 2024 el juzgado se\u00f1al\u00f3 que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo y neg\u00f3 la adici\u00f3n respecto de las obligaciones de hacer, ya que el auto recurrido solo resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n de pago propuesta por la AFP.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. La Corporaci\u00f3n encuentra que no es cierto que los demandantes hayan omitido radicar los documentos que requiere la AFP para iniciar los tr\u00e1mites necesarios para su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y afiliaci\u00f3n en salud. Por el contrario, ellos aportaron los n\u00fameros de sus cuentas con el fin de recibir el pago del retroactivo pensional y, adem\u00e1s, la certificaci\u00f3n de estudios de CARLOS ARTURO, que est\u00e1 incorporada al proceso ejecutivo laboral.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Para la Sala es claro que han pasado m\u00e1s de 4 a\u00f1os en los que Protecci\u00f3n S.A. no ha cumplido las obligaciones de hacer derivadas de las providencias judiciales favorables a los accionantes. Es decir, el proceso ejecutivo laboral ha sido ineficaz para defender sus garant\u00edas constitucionales y ello habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed, esa administradora ha vulnerado la prerrogativa a la seguridad social de los accionantes, pues tienen derecho a una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica y a la afiliaci\u00f3n al sistema de salud, pero no son beneficiarios de ellas. Asimismo, sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias judiciales ejecutoriadas se relaciona, entre otros, con el derecho a ser reparado integralmente y es una expresi\u00f3n de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica2.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Por lo expuesto, la Sala revocar\u00e1 la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder\u00e1 el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia MAR\u00cdA VICTORIA y CARLOS ARTURO. En su defensa, ordenar\u00e1 a Protecci\u00f3n S.A. que inicie los tr\u00e1mites administrativos internos para la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y la afiliaci\u00f3n al sistema de salud de ambos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. Finalmente, los demandantes se limitaron a indicar que el incumplimiento de la AFP demandada supone un perjuicio para sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la vida digna. Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de tales afirmaciones, la Corte no advierte pruebas que demuestren la entidad de dicha vulneraci\u00f3n. En tal virtud, no extender\u00e1 los efectos del amparo a estas garant\u00edas.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Revocar la sentencia emitida el 23 de octubre de 2024 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de MAR\u00cdA VICTORIA MENESES SOCARR\u00c1S y CARLOS ARTURO PINEDO MESES.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. Ordenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., que, si a\u00fan no lo ha hecho, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, inicie los tr\u00e1mites administrativos internos para la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina y la afiliaci\u00f3n al sistema de salud de los accionantes.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto. Notificar esta providencia seg\u00fan el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Quinto. En contra de esta decisi\u00f3n no proceden recursos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
1 Ver entre otras, las sentencias T-096 de 2015, T-712 de 2016, T-261 de 2018 y T-404 de 2018.<\/p>\n
2 Corte Constitucional sentencia T-404 de 2018.<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de Segunda Instancia<\/p>\n
Radicado 142101<\/p>\n
CUI 11001020500020240170101<\/p>\n
Mar\u00eda Victoria Meneses Socarr\u00e1s y otro<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
9<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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