{p}<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No. 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ\u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
STP1154-2025<\/p>\n
Tutela de 2.a instancia N.o 141.832<\/p>\n
Acta 01<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por EDGAR GUSTAVO NAVARRO RENZA contra la sentencia de tutela dictada el 13 de noviembre de 2024 por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. EDGAR GUSTAVO NAVARRO RENZA expuso que es hijo de Edgar Gustavo Navarro Morales, quien falleci\u00f3 el 28 de junio de 1997.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 3 de diciembre de 1999 integrantes de las FARC perpetraron un ataque terrorista en Gigante, Huila, en el que habr\u00eda participado alias “El Mocho”. Por este hecho, la fiscal\u00eda inici\u00f3 la indagaci\u00f3n preliminar 665 -410013107001200900121-. El 19 de octubre de 2003 el Ej\u00e9rcito Nacional abati\u00f3 a dicho guerrillero y lo identific\u00f3 err\u00f3neamente como Edgar Gustavo Navarro Morales. \u00c9l solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la identidad y el 11 de noviembre siguiente aquel aclar\u00f3 que el nombre exacto del insurgente es “V\u00edctor Hugo Navarro Morales”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Pese a ello, el 21 de septiembre de 2005, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda dispuso vincular a su padre fallecido al proceso referido. El 10 de febrero de 2012 el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Neiva declar\u00f3 la cesaci\u00f3n del procedimiento por la muerte de aquel. En el 2014 la Fiscal\u00eda 31 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio inici\u00f3 el proceso 9883 ED en contra de los bienes de su progenitor y los de su familia. Todo ello, sin importar que el ej\u00e9rcito y la Fiscal\u00eda 19 Penal Militar han asegurado que Edgar Gustavo no es alias “El Mocho”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por otra parte, destac\u00f3 que los principales medios de comunicaci\u00f3n del pa\u00eds, entre ellos, Caracol Radio, El Tiempo, Revista Semana, la Presidencia de la Rep\u00fablica, Wikipedia, YouTube, mediante el canal de Luis Alberto Villamar\u00edn Pulido, y \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez han replicado dicha inexactitud indebidamente.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por estos motivos, el accionante instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, en contra de las autoridades y particulares mencionados, por la posible vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de su progenitor y de su familia. Pidi\u00f3 a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional ordenar lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. A los Juzgados 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado y 64 de Instrucci\u00f3n Penal Militar, a la Fiscal\u00eda 19 Penal Militar, a la 9\u00aa Brigada de la 4\u00aa Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional, todos con sede en Neiva; y a la Fiscal\u00eda 31 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, rectificar la identidad de alias “El Mocho”, certificar que su padre no es dicho guerrillero, corregir los documentos relacionados con el proceso 665 en los que aparece su nombre y que le expliquen los motivos de sus errores.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0b. A la Fiscal\u00eda 31 de Extinci\u00f3n de Dominio, desvincular los bienes de su padre fallecido y los de su familia del proceso 9883 ED.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0c. A la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, corregir todas las investigaciones y procesos en los que se se\u00f1ale err\u00f3neamente a Edgar Gustavo Navarro Morales como alias “El Mocho”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0d. A los medios de comunicaci\u00f3n y particulares referidos eliminar o corregir las noticias que relacionan a su padre con alias “El Mocho”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la acci\u00f3n. El 29 de octubre de 2024 la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda, vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso 9883 ED, a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, a la Fiscal\u00eda 1\u00aa \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Fiscal\u00eda 41 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, a Caracol S.A., a la Casa Editorial El Tiempo S.A., a Publicaciones Semana S.A., al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica -DAPRE-, a la Fundaci\u00f3n Wikipedia -Wikipedia.org-, a Google Colombia Ltda., a Google LLC -YouTube-, a Luis Alberto Villamar\u00edn Pulido -www.youtube.com\/lualvipu- y a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez (alvarouribevelez.com.co) y les corri\u00f3 traslado de la acci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Las respuestas. Fueron las siguientes:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. La Fiscal\u00eda 31 Especializada rese\u00f1\u00f3 el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 en el proceso 9883 y solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0b. La Fiscal\u00eda 19 Penal Militar inform\u00f3 que el 8 de febrero de 2021 respondi\u00f3 la petici\u00f3n de Rubiela Isabel Renza Rojas, madre del accionante, referente a la plena identidad del occiso V\u00edctor Hugo Navarro Morales alias “El Mocho”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0c. El Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Neiva indic\u00f3 que, en sentencia del 10 de febrero de 2012, entre otras determinaciones, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por muerte Edgar Gustavo Navarro Morales y otros.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0d. Luis Alberto Villamar\u00edn Pulido, presidente de Fundelt, inform\u00f3 que decidi\u00f3 eliminar inmediatamente de sus archivos electr\u00f3nicos el episodio 355 de la memoria hist\u00f3rica a\u00fan no contada del conflicto armado en Colombia, publicado el 27 de junio de 2023.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0e. Google LLC requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por falta de legitimidad en la causa por pasiva. De igual forma se\u00f1al\u00f3 que el actor no acredit\u00f3 denunciar, mediante las v\u00edas que dispone el portal YouTube, el video que a su juicio vulnera sus derechos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0f. El DAPRE, Publicaciones Semana S.A y Caracol S.A, indicaron que el accionante no les ha solicitado la rectificaci\u00f3n de la noticia. Por su parte, la Casa Editorial El Tiempo S.A., corrigi\u00f3 su informaci\u00f3n seg\u00fan las pretensiones de aquel.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0g. Google Colombia Ltda. indic\u00f3 que los resultados que se encontraron en el motor de b\u00fasqueda de Google Search, relacionados con la queja del actor, no son de titularidad o administraci\u00f3n de esa sociedad. Asimismo, este no ha presentado su inconformidad en su sitio de soporte y requerimientos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0h. \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez manifest\u00f3 que el art\u00edculo “Presidente elogia exitoso operativo del ej\u00e9rcito contra las FARC”, es una r\u00e9plica de los comunicados de prensa transmitidos durante su funci\u00f3n como presidente de la Rep\u00fablica, por lo que no es un contenido aut\u00f3nomo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. La sentencia recurrida. El tribunal de primera instancia advirti\u00f3 que el actor, por muchos a\u00f1os, no ha requerido la correcci\u00f3n de la informaci\u00f3n ni la rectificaci\u00f3n de las noticias a las autoridades y particulares demandados. Por ello, declar\u00f3 improcedente el amparo en relaci\u00f3n con sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por otra parte, encontr\u00f3 que la Fiscal\u00eda 31 Especializada est\u00e1 en mora de resolver el proceso 9883 ED. En tal virtud, ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del accionante y le orden\u00f3 a aquella que, en un mes, le notifique la resoluci\u00f3n de inicio y, una vez resueltas las apelaciones, en seis meses, resuelva la pretensi\u00f3n del Estado sobre los bienes vinculados a la actuaci\u00f3n. As\u00ed, exhort\u00f3 a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio a apoyar a su delegada en el cumplimiento del mandato.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05. La impugnaci\u00f3n. EDGAR GUSTAVO indic\u00f3 que es evidente que su padre falleci\u00f3 antes que alias “El Mocho” y, por lo tanto, las entidades y personas demandadas deben corregir su informaci\u00f3n y rectificar las noticias que emitieron. Finalmente, insisti\u00f3 en sus argumentos iniciales. Por tales razones, solicit\u00f3 a la Corte revocar el fallo recurrido y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.<\/p>\n
<\/p>\n
III.CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. Seg\u00fan el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n adoptada por un tribunal superior de distrito judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La acci\u00f3n de tutela. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona podr\u00e1 acudir a este mecanismo para demandar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando ellos sean vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, en los casos que determine la ley. El amparo solo procede cuando el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que lo promueva transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Caso concreto. EDGAR GUSTAVO considera vulnerados sus derechos fundamentales, ya que diferentes dependencias de la Fiscal\u00eda, juzgados, personas y medios de comunicaci\u00f3n identifican al guerrillero alias “El Mocho” con su padre, pese a que tal informaci\u00f3n es incorrecta. Esta situaci\u00f3n le ha generado perjuicios, al punto de que sus bienes est\u00e1n comprometidos en un proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Puestas, as\u00ed las cosas, de las pruebas practicadas en la actuaci\u00f3n, la Corte advierte que, al menos, desde el 2005 el accionante tiene conocimiento de que distintas autoridades judiciales han vinculado a su padre a varios procesos al identificarlo como el miembro abatido de las FARC alias “El Mocho”. As\u00ed, entre otras actuaciones, el 10 de febrero de 2012 el Juzgado 1\u00b0 Penal Especializado de Neiva declar\u00f3 la cesaci\u00f3n del procedimiento en favor de aquel.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Es decir, el accionante dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de diez a\u00f1os desde la ejecutoria de esta decisi\u00f3n y no explic\u00f3 los motivos de su inacci\u00f3n. La Sala no encuentra causas razonables que expliquen tal omisi\u00f3n, mucho menos, por un lapso tan prolongado en un asunto que, se supone, requiere una soluci\u00f3n urgente e inmediata.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0De esta manera, la Corporaci\u00f3n advierte que no est\u00e1 ante la vulneraci\u00f3n flagrante de los derechos fundamentales del actor, la cual amerite la necesidad de intervenci\u00f3n urgente e inaplazable del juez de tutela para restablecerlos. De lo contrario, \u00e9l habr\u00eda acudido a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional en un t\u00e9rmino m\u00e1s inmediato. En cambio, dej\u00f3 pasar varios a\u00f1os injustificadamente, lo que permite establecer su conformidad con las decisiones demandadas y descartar que se enfrente a la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Ahora bien, la Sala encuentra que, en realidad, la motivaci\u00f3n del demandante para promover el amparo radica en la afectaci\u00f3n patrimonial de sus bienes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 9883 ED. En este sentido, es evidente que la mora judicial en la que ha incurrido la Fiscal\u00eda 31 Especializada afecta sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues desde el 2014 no ha tomado una decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con el proceso.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En tal virtud, la orden dada por el tribunal de primera instancia es acertada, pues procura que dicha fiscal\u00eda tome una decisi\u00f3n en un t\u00e9rmino razonable. As\u00ed, EDGAR GUSTAVO podr\u00e1 ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n en defensa de su patrimonio, para lo cual puede presentar las pruebas que demuestren el error en que han incurrido las autoridades al identificar a su padre como alias “El Mocho”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corporaci\u00f3n no puede extender este mandato, al punto de ordenar a la Fiscal\u00eda 31 Especializada desvincular los bienes del actor del proceso. Esto, debido a que la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo optativo que pueda promoverse como una instancia alterna, en perjuicio de las funciones asignadas a otras autoridades y de los principios de legalidad y de separaci\u00f3n de poderes.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Por otra parte, seg\u00fan el art\u00edculo 42.7 del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de tutela procede en contra de acciones u omisiones de particulares cuando publican informaciones inexactas y err\u00f3neas. En este orden, la Corte Constitucional ha establecido que el interesado tiene la obligaci\u00f3n de requerir directamente al medio de comunicaci\u00f3n o periodista que rectifique la noticia o r\u00e9plica de informaci\u00f3n que considera inexacta o falsa1. As\u00ed, el emisor de ellas puede contrastar y verificar la veracidad de su publicaci\u00f3n y tomar una decisi\u00f3n en torno a la rectificaci\u00f3n requerida.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. La Sala advierte que el demandante solicit\u00f3 directamente a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional ordenarles a distintas personas rectificar un dato que considera err\u00f3neo. Es decir, omiti\u00f3 requerir a los diferentes emisores y replicadores de la informaci\u00f3n que verifiquen la correcci\u00f3n de sus noticias y, si es procedente, corrijan la identidad de alias “El Mocho” o, al menos, aclaren que este no es su padre.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En tal virtud, el amparo es improcedente por subsidiariedad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. Ante este panorama, la Corte no advierte motivos razonables que conlleven la revocatoria de la sentencia impugnada. En consecuencia, la confirmar\u00e1.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Confirmar la sentencia de tutela emitida el 13 de noviembre de 2024 por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Notificar esta providencia seg\u00fan el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. En contra de esta decisi\u00f3n no proceden recursos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarta. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE.<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA\u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria\u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1 Ver, entre otras, sentencias T, 512 de 1992, C-218 de 2009, T-263 de 2010, T-110 de 2015, T-117 de 2018.<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de Segunda Instancia<\/p>\n
Radicado 141.832<\/p>\n
CUI 11001222000020240025301<\/p>\n
EDGAR GUSTAVO NAVARRO RENZA<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
{p} SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No. 2 JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ\u00a0 Magistrado ponente STP1154-2025 Tutela de 2.a instancia N.o 141.832 Acta 01 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la impugnaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-83891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}