{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0SP042-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 65.828<\/p>\n
Acta 06<\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala se pronuncia sobre la admisibilidad de las demandas de casaci\u00f3n presentadas por los apoderados de DIEGO YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ, a quienes el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali los conden\u00f3 por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y de fraude procesal. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali modific\u00f3 la decisi\u00f3n frente al monto de la pena impuesta por el delito de fraude procesal y, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, al haberse configurado la prescripci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
II. S\u00cdNTESIS DE LOS HECHOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante Resoluciones 001644 del 28 de enero y 013448 del 28 de julio de 2006, el Instituto de Seguros Sociales -ISS- reconoci\u00f3 pensi\u00f3n de vejez en favor de Mar\u00eda Antonieta Arboleda de Yanguas y DIEGO YANGUAS OTERO, pese a que ambos no ten\u00edan derecho. Se determin\u00f3 que FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ intervino en la emisi\u00f3n de dichos actos administrativos en calidad de tramitador, en tanto el matrimonio Yanguas Arboleda resid\u00eda fuera del territorio nacional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Para febrero de 2007, cuando se suspendi\u00f3 el pago respecto de YANGUAS OTERO, lo apropiado ascend\u00eda a $66’890.964. Arboleda de Yanguas, por otra parte, recibi\u00f3 la mesada irregular hasta marzo de ese a\u00f1o, en una suma equivalente a $71’429.943.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. ACTUACI\u00d3N PROCESAL<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 29 de mayo de 2009 la Fiscal\u00eda 92 Seccional de Cali dio apertura a la instrucci\u00f3n y orden\u00f3 vincular a DIEGO YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ, mediante indagatoria.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Agotada la instrucci\u00f3n, el 29 de enero de 2016 la Fiscal\u00eda 98 Seccional de Cali acus\u00f3 a FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ como coautor de los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros y fraude procesal -arts. 397 y 453 de la Ley 599 de 2000-. Asimismo, acus\u00f3 a 16 personas, entre ellas DIEGO YANGUAS OTERO, como intervinientes del delito de peculado por apropiaci\u00f3n y coautores de fraude procesal. Contra esta decisi\u00f3n interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Con Resoluci\u00f3n del 21 de noviembre de 2017, la Fiscal\u00eda 1\u00aa Delgada ante el Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 la providencia recurrida.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 30 de junio de 2023, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali conden\u00f3 a DIEGO YANGUAS OTERO a 90 meses de prisi\u00f3n, multa de $153’630.961 e inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 78 meses, en calidad de interviniente en la conducta de peculado por apropiaci\u00f3n y de coautor frente al fraude procesal. A FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ le impuso 118 meses de prisi\u00f3n, $408’082.307 de multa y 101 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, en raz\u00f3n al concurso homog\u00e9neo de conductas il\u00edcitas.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ y el defensor de DIEGO YANGUAS OTERO interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. El 24 de octubre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y la consecuente cesaci\u00f3n del procesamiento para ambos acusados, respecto del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, al haberse configurado la prescripci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Asimismo, modific\u00f3 las penas impuestas a DIEGO YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ por el delito de fraude procesal. En su lugar, las fij\u00f3 en 72 meses de prisi\u00f3n, multa de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 60 meses para YANGUAS OTERO, y en 94 meses de prisi\u00f3n, multa de 622 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y 77 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos para RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ. Tambi\u00e9n los conden\u00f3 al pago solidario de perjuicios por el valor de $138’320.907.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En todo lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. En desacuerdo con el fallo de segunda instancia, la defensa de los acusados interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. DEMANDAS DE CASACI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
1. De la demanda presentada en nombre de FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primer cargo (Principal). Con fundamento en la causal tercera descrita en el art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, el casacionista postul\u00f3 la nulidad por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicaci\u00f3n. Expuso que durante el tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n sobrevino la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, asegur\u00f3 que dentro del presente asunto se verifica la violaci\u00f3n de la ley por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 82, numeral 4\u00ba, y 83 de la Ley 599 de 2000 y 39 de la Ley 600 de 2000.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Para la demostraci\u00f3n del cargo se\u00f1al\u00f3 que dicho fen\u00f3meno oper\u00f3 el 21 de noviembre de 2023. Respecto de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00e9sta cobr\u00f3 ejecutoria el 21 de noviembre de 2017 y, seg\u00fan el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000, con ello empez\u00f3 a correr nuevamente por la mitad de la sanci\u00f3n m\u00e1xima contemplada en el art\u00edculo 453 de la misma codificaci\u00f3n, esto es, por 6 a\u00f1os.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo cargo (Subsidiario). Con sustento en la causal primera, cuerpo segundo del art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, el memorialista denunci\u00f3 el fallo por incurrir en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas por falso juicio de existencia, bajo la modalidad de suposici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En concreto, se\u00f1al\u00f3 que las instancias no advirtieron la inexistencia de la prueba contra RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ, motivo que origina la irregularidad respecto a la obtenci\u00f3n de las historias laborales que los funcionarios del ISS tuvieron en cuenta para reconocer la pensi\u00f3n de vejez a DIEGO YANGUAS OTERO.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Con ello, favorecieron la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n condenatoria sin respaldo probatorio.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo dem\u00e1s, el libelista precis\u00f3 que el recurso persigue la efectividad del derecho material y de las garant\u00edas debidas a su representado y solicit\u00f3 que se adelante “un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias recurridas, emitiendo la decisi\u00f3n que corresponda”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. De la demanda presentada en nombre de DIEGO YANGUAS OTERO.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El memorialista acus\u00f3 la sentencia condenatoria de segunda instancia “de estar inmersa (…) en las tres causales contenidas en el art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, y en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal desde el d\u00eda 23 de noviembre de 2023”, conforme a los siguientes cargos:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primer cargo. A expensas de la causal 3\u00aa de casaci\u00f3n, afirm\u00f3 que la sentencia se dict\u00f3 dentro de un juicio viciado de nulidad, por la indebida comunicaci\u00f3n del auto del traslado del art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, la omisi\u00f3n de comunicaci\u00f3n del traslado para sustentar el recurso, y haber sido resuelta la recusaci\u00f3n por una Sala y una Corporaci\u00f3n distinta a la preceptuada por el art\u00edculo 103 de la norma procesal aplicable\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sostuvo que la sentencia recurrida fue proferida en un proceso viciado de nulidad porque para el a\u00f1o 2006, fecha de los hechos, ya reg\u00eda la Ley 906 de 2004 en el distrito judicial de Cali. Adem\u00e1s, argument\u00f3 que en el presente asunto la Fiscal\u00eda no pudo probar que el funcionario que expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n de pensi\u00f3n fue “inducido en error” en una fecha previa al d\u00eda 28 de enero de 2006, para el caso de Mar\u00eda Antonieta Arboleda, as\u00ed como tampoco para el d\u00eda 28 de julio de 2006, en el caso de DIEGO YANGUAS OTERO.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por ello, sostuvo que las investigaciones por estos hechos no pudieron tener inicio en el a\u00f1o 2002, como lo concluyeron los falladores de primera y segunda instancia, tal como lo confirman las resoluciones que condujeron a la revocatoria correspondiente.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Entonces, asegur\u00f3 que al haberse adelantado el tr\u00e1mite seg\u00fan la Ley 600 de 2000 y no, como correspond\u00eda, de la Ley 906 de 2004, se vulner\u00f3 el debido proceso de los acusados.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sumado a lo anterior, asegur\u00f3 que no se agot\u00f3 en debida forma el traslado previsto en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, en tanto la comunicaci\u00f3n remitida con tal prop\u00f3sito fue devuelta por un error en el servicio de correos, impidi\u00e9ndole ejercer en debida forma el derecho de defensa.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Solicit\u00f3, por lo tanto, casar el fallo impugnado para, en su lugar, proferir fallo de anulaci\u00f3n de la sentencia de condena proferida contra DIEGO YANGUAS OTERO por el delito de fraude procesal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo cargo. A voces de la causal segunda de casaci\u00f3n, sostuvo que la decisi\u00f3n condenatoria est\u00e1 viciada de nulidad debido a la falta de congruencia entre la acusaci\u00f3n y la sentencia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Refiri\u00f3 que en la audiencia del 5 de octubre de 2018 el funcionario de primera instancia requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda para que precisara cu\u00e1les eran los cargos atribuidos a cada procesado. En cumplimiento, \u00e9sta se\u00f1al\u00f3 que a DIEGO YANGUAS OTERO s\u00f3lo le reprochaba la conducta de peculado por apropiaci\u00f3n, mientras que a FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ le atribuy\u00f3 un concurso homog\u00e9neo y heterog\u00e9neo de dos fraudes procesales, por la asesor\u00eda ilegal y dos peculados por apropiaci\u00f3n respecto al matrimonio YANGUAS ARBOLEDA.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Entonces, asegur\u00f3 que la condena proferida contra YANGUAS OTERO por este delito resulta irregular. Pidi\u00f3, por lo tanto, casar el fallo impugnado y, en su lugar, proferir decisi\u00f3n de sustituci\u00f3n de car\u00e1cter absolutorio respecto del fraude procesal por el que fue sancionado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercer cargo. Con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n acus\u00f3 la sentencia objeto de ataque por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 453 de la Ley 600 de 2000, como consecuencia del error de hecho manifiesto generado en suponer la existencia de la prueba “denominada historia laboral alterada”, as\u00ed como la falta de apreciaci\u00f3n de las manifestaciones efectuadas en la diligencia de indagatoria.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, demand\u00f3 que case el fallo recurrido y que se dicte uno nuevo en cual sea absuelto a DIEGO YANGUAS OTERO.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Solicitud posterior. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Mediante escrito del 1\u00ba de diciembre de 2023, la defensa de DIEGO YANGUAS OTERO solicit\u00f3 que se declare la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Para el efecto, sostuvo que \u00e9sta oper\u00f3 el 21 de noviembre de 2023, fecha en que se cumpli\u00f3 el plazo de 6 a\u00f1os desde la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala de Casaci\u00f3n Penal1 ha decantado que cuando con posterioridad al fallo de segundo grado se cumple el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n, corresponde declararlo al juez de segunda instancia, pero si aqu\u00e9l omite tal pronunciamiento, le corresponde a la Corte efectuarlo, sin necesidad de emprender el estudio del recurso de casaci\u00f3n propuesto.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed, de conformidad con el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000, y tomando en la cuenta que este asunto se rige por la Ley 600 de 2000, durante la etapa de instrucci\u00f3n la acci\u00f3n penal prescribe en t\u00e9rmino igual al m\u00e1ximo de la pena establecida en la ley, pero en ning\u00fan caso en un lapso inferior a cinco a\u00f1os. En la fase de juzgamiento tal t\u00e9rmino comienza a contarse de nuevo a partir de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucci\u00f3n, sin que pueda tampoco ser inferior a cinco a\u00f1os.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La conducta investigada fue cometida en vigencia de la Ley 599 de 2000, que prev\u00e9 en su art\u00edculo 453, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 890 de 2004, una pena de 6 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n para el delito de fraude procesal.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Entonces, como de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000, durante la fase del juicio el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n tiene su inicio desde la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, por un tiempo igual a la mitad del establecido para la fase de instrucci\u00f3n. Respecto de esa mitad del delito contra la eficaz y recta impartici\u00f3n de justicia por el que se procede es de 6 a\u00f1os, contados a partir de la firmeza de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Si el 21 noviembre de 2017 la Fiscal\u00eda confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida contra los procesados, desde tal fecha debe contarse el t\u00e9rmino prescriptivo de 6 a\u00f1os, el cual se cumpli\u00f3 el 21 de noviembre de 2023, esto es, despu\u00e9s del fallo de segundo grado (24 oct. 2023) y antes de arribar el asunto a la Corte (22 feb. 2024).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La referida circunstancia impone declarar prescrita la acci\u00f3n penal derivada del delito de fraude procesal por el cual se acus\u00f3 a los procesados y, ordenar en consecuencia, la cesaci\u00f3n del procedimiento adelantado contra DAVID YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ por tal conducta.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0No procede la casaci\u00f3n del fallo impugnado, pues dicha decisi\u00f3n fue leg\u00edtima para cuando se profiri\u00f3, dado que a\u00fan no hab\u00eda transcurrido el lapso prescriptivo de la acci\u00f3n penal del delito.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ser\u00e1 competencia del juez de primera instancia la cancelaci\u00f3n de los compromisos adquiridos por los procesados en virtud del presente radicado.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECLARAR prescrita la acci\u00f3n penal derivada del delito de fraude procesal por el cual se acus\u00f3 a DAVID YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ y, ordenar en consecuencia, la cesaci\u00f3n del procedimiento adelantado en su contra por tal conducta.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SE\u00d1ALAR que corresponde al juez de primera instancia la cancelaci\u00f3n de los compromisos adquiridos por los acusados en raz\u00f3n de este proceso.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Contra esta decisi\u00f3n procede recurso de reposici\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n
Presidente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Cfr. CSJ AP, 22 jun. 2016. Rad. 47998, CSJ AP, 13 mar. 2008. Rad. 29238, CSJ AP, 13 sep. 2006. Rad. 26005, entre otros.<\/p>\n
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CUI 76001310401220230005401<\/p>\n
N\u00famero Interno 65.828<\/p>\n
CASACI\u00d3N<\/p>\n
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23<\/p>\n
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{p} JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ Magistrado Ponente \u00a0SP042-2025 Radicaci\u00f3n No. 65.828 Acta 06 Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025). I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala se pronuncia sobre la admisibilidad de las demandas de casaci\u00f3n presentadas por los apoderados de DIEGO YANGUAS OTERO y FERNANDO RODR\u00cdGUEZ RAM\u00cdREZ, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-83848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}