{p}<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No. 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
ATP254-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.o 142.757<\/p>\n
Acta 011<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve el impedimento presentado por Orlando Echeverry Salazar, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, para conocer de la impugnaci\u00f3n presentada por JOHN JAIRO SERNA GUISAO en contra de la sentencia del 3 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de esa ciudad.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. JOHN JAIRO SERNA GUISAO expuso que solicit\u00f3 el desarchivo de la indagaci\u00f3n 760016000199201900003. El 30 de octubre de 2024 el Juzgado 20 Penal de Garant\u00edas de Cali rechaz\u00f3 su solicitud de citar a esa audiencia a Arley Borrero Vargas. Por este motivo, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado, por la posible vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. Pidi\u00f3 al juez de tutela ordenar la comparecencia de aquel a la diligencia programada para el 22 de enero de 2025.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la acci\u00f3n. El 19 de noviembre de 2024, el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de Cali admiti\u00f3 la demanda, vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda 18 Seccional de Cali, a Andr\u00e9s Camilo Molina, a Luis Fernando Reina \u00c1lvarez, a Yolanda Miranda Labrada y a Arely Borrero Vargas y corri\u00f3 traslado de la tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. El 3 de diciembre de 2024 el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de Cali estim\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada es razonable y neg\u00f3 el amparo invocado. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n. El asunto correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali que preside el magistrado Orlando Echeverry Salazar.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. El impedimento. El 12 de diciembre de 2024, el magistrado Orlando Echeverry Salazar present\u00f3 impedimento para resolver la impugnaci\u00f3n con base en la causal del art\u00edculo 56.5 de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El magistrado explic\u00f3 que est\u00e1 incurso en esa causal, ya que el accionante ha interpuesto queja disciplinaria y denuncia en su contra, pues, seg\u00fan este, \u00e9l pertenece a “el cartel de las tutelas”, que “tiene secuestrada la justicia de Cali” -sic-. Adem\u00e1s, JOHN JAIRO “se ha dedicado a enlodar mi nombre en todos los estamentos oficiales y \u00f3rganos de control, haciendo se\u00f1alamientos en mi contra que han afectado mi integridad moral y en general mi bien (sic) nombre”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. El 18 de diciembre de 2024 la magistrada que sigue en turno declar\u00f3 infundado el impedimento, pues no encontr\u00f3 prueba de las denuncias o quejas disciplinarias aludidas que pudieran sustentarlo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. De acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 39 del Decreto 2591 de 1991 y 58A de la Ley 906 de 2004, adicionado por el art\u00edculo 83 de la Ley 1395 de 2010, esta Sala es competente para resolver el impedimento presentado por un magistrado de tribunal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Del impedimento. Los impedimentos y las recusaciones tienen por objeto salvaguardar el derecho de las personas a ser juzgadas por un tercero imparcial, garant\u00eda reconocida como componente esencial del debido proceso. En este contexto, el art\u00edculo 56.5 de la Ley 906 de 2004 establece como causal impeditiva: “Que exista amistad \u00edntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, v\u00edctima o perjudicado y el funcionario judicial”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha se\u00f1alado que, si bien estos sentimientos integran el fuero interno de los individuos, y no es necesario que el juez que los aduzca acompa\u00f1e dicha manifestaci\u00f3n de pruebas que permitan comprobar su configuraci\u00f3n, s\u00ed es necesario que se presenten argumentos consistentes que permitan determinar que la amistad o enemistad son de tal entidad que pueden afectar la imparcialidad en la decisi\u00f3n sometida a su consideraci\u00f3n1.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Caso concreto. El magistrado Orlando Echeverry Salazar, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, present\u00f3 impedimento para resolver la impugnaci\u00f3n presentada por JOHN JAIRO SERNA GUISAO en contra de una sentencia de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. La Sala advierte que, en la demanda de tutela, JOHN JAIRO escribi\u00f3 sobre la existencia de “el cartel de las tutelas. Afirm\u00f3 que ha radicado al menos 700 acciones de esa \u00edndole y en todas ellas, advierte “arreglos judiciales t\u00e9cnicos demostrados corruptos (sic)”. Por esa raz\u00f3n, ha promovido cerca de 30 denuncias por “falsedad, falso testimonio y fraude procesal”. Finalmente, aclar\u00f3 que los delegados de la Fiscal\u00eda archivaron tales noticias criminales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. \u00a0Puestas as\u00ed las cosas, la Corporaci\u00f3n no advierte que lo descrito comporte una situaci\u00f3n particular de animadversi\u00f3n entre el funcionario judicial y JOHN JAIRO. Es cierto que este ha presentado un n\u00famero significativo de tutelas, quejas disciplinarias y denuncias en contra de aquel. Sin embargo, tambi\u00e9n lo ha hecho en contra de la mayor\u00eda de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, pues, para el accionante, pertenecen a un supuesto “cartel de las tutelas”.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Asimismo, las autoridades competentes han analizado y desestimado las denuncias y quejas de JOHN JAIRO. Adem\u00e1s, no hay prueba de que producto de ellas las autoridades hayan vinculado al magistrado, mediante imputaci\u00f3n o pliego de cargos, a una actuaci\u00f3n penal o disciplinaria.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. \u00a0Por lo tanto, la situaci\u00f3n planteada no denota la existencia de una verdadera enemistad particular y concreta, que sea mutua o, cuando menos, emanada del funcionario judicial hacia el sujeto procesal (CSJ, Rad. 42539 del 6 de noviembre de 2013). En realidad, las denuncias de John Jairo no son suficientes alterar el juicio ponderado y objetivo que se espera de los funcionarios de la Rama Judicial del Poder P\u00fablico.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Desde luego, situaciones como las que reporta el magistrado, ante su falta de fundamento, son molestas, incomodan y, en ocasiones, hasta afectan el \u00e1nimo de los servidores judiciales; sin embargo, ellas no son suficientes para poder afirmar la afectaci\u00f3n de su imparcialidad por enemistad grave y, en consecuencia, para apartarlo del conocimiento de un proceso en particular.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Ante este panorama, la Corte declarar\u00e1 infundado el impedimento propuesto por el magistrado Orlando Echeverry Salazar.<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia,\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Declarar infundado el impedimento presentado por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Orlando Echeverry Salazar.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Devolver de inmediato el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para lo de su competencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Tercero. Contra esta providencia no procede ning\u00fan recurso.<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE,<\/p>\n
1 AP del 20 de noviembre de 2013, radicado 42.698; AP2618 del 20 de mayo de 2015, radicado 45.915 y AP2071 del 26 de mayo de 2021, radicado 59523, AP1449 del 6 de abril de 2022, radicado 61.250, AP2945 del 5 de junio de 2024, radicado 66.268; entre otros.<\/p>\n
—————<\/p>\n
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————————————————————<\/p>\n
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—————<\/p>\n
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————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Impedimento en tutela<\/p>\n
Radicado 142.757<\/p>\n
CUI 76001310400320240013301<\/p>\n
JOHN JAIRO SERNA GUISAO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
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