{p}<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ATP102-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 142604<\/p>\n
Acta No. 05<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
I. VISTOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencias planteado entre los JUZGADOS CUARENTA Y CINCO PENAL MUNICIPAL CON FUNCI\u00d3N DE CONTROL DE GARANT\u00cdAS DE BOGOT\u00c1 Y SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE FACATATIV\u00c1, para conocer de la demanda de tutela presentada por Yohanna S\u00e1nchez \u00c1lvarez en calidad de agente oficiosa de EMERITA \u00c1LVAREZ MEDINA, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social, contra la IPS CAFAM y FAMISANAR EPS.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. Yohanna S\u00e1nchez \u00c1lvarez en calidad de agente oficiosa de su se\u00f1ora madre EMERITA \u00c1LVAREZ MEDINA, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales a la salud, vida y seguridad social.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Para el efecto argument\u00f3 que su progenitora tiene 56 a\u00f1os de edad y se le diagnostic\u00f3 con “acromegalia”, por lo que el m\u00e9dico tratante la remiti\u00f3 a la especialidad de endocrinolog\u00eda.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Afirm\u00f3 que la Eps Famisanar de Facatativ\u00e1 le autoriz\u00f3 dicha cita, pero la Ips Cafam del citado municipio no ha asignado la fecha para su realizaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Por lo anterior, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos en menci\u00f3n. En consecuencia, que se ordenara a las accionadas autorizar y asignar la cita por endocrinolog\u00eda; petici\u00f3n que present\u00f3 igualmente como medida provisional.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. La actuaci\u00f3n fue recibida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, que, en providencia del 14 de diciembre de 2024, dispuso la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a los Juzgados Municipales de Facatativ\u00e1, debido a que el lugar de la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos de la accionante era Facatativ\u00e1, pues all\u00ed registra como afiliada y usuaria de la Eps Famisanar y recibe atenci\u00f3n m\u00e9dica en la Ips Cafam de dicho municipio.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06.1. Agreg\u00f3 que revisada la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres, registra el domicilio de EMERITA \u00c1LVAREZ MEDINA en Facatativ\u00e1.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06.2. No obstante, indic\u00f3 que resolvi\u00f3 en la misma fecha la solicitud de medida provisional invocada, en el sentido de que:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“se ordena al representante legal y\/o quien haga sus veces de FAMISANAR E.P.S. y CAFAM IPS con sede en el Municipio de Facatativ\u00e1 (Cundinamarca), o a trav\u00e9s de otra IPS con la que posea contrato vigente que, una vez recibida la comunicaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n de MANERA INMEDIATA AUTORICE, ASIGNE Y EFECTIVICE la “CITA DE ENDOCRINOLOG\u00cdA”- si a\u00fan no lo ha hecho-, ello en atenci\u00f3n a la orden m\u00e9dica expedida por la galena tratante adscrita a la red prestadora de servicios de salud de la IPS CAFAM- FACATATIV\u00c1”. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Las diligencias fueron reasignadas al Juzgado Segundo Penal Municipal de Facatativ\u00e1, autoridad que el 19 de diciembre siguiente, no acept\u00f3 la competencia, al considerar que la accionante escogi\u00f3 la ciudad de Bogot\u00e1 para acudir al amparo constitucional, a lo que se suma que el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas decret\u00f3 la medida provisional invocada.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07.1. Por lo tanto, al estar en controversia Juzgados de diferentes distritos judiciales, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto a esta Corporaci\u00f3n.<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. La Sala est\u00e1 facultada para dirimir el conflicto de competencias suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 y Segundo Penal Municipal de Facatativ\u00e1, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 19961, en armon\u00eda con el numeral 4 del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 20042, preceptos aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela que no tiene norma expresa que regule lo concerniente a los incidentes de colisi\u00f3n de competencias.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.1. Adem\u00e1s, la Corte Constitucional ha indicado que los conflictos negativos de competencia en tutela, deben ser dirimidos por el “superior jer\u00e1rquico com\u00fan de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusi\u00f3n”3.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08.2. De acuerdo con la doctrina desarrollada por la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica, la jurisdicci\u00f3n constitucional est\u00e1 compuesta por todos los jueces de amparo, sin importar a cu\u00e1l pertenezcan org\u00e1nicamente, ello por cuanto que, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 Superior, la acci\u00f3n de tutela puede ser interpuesta ante cualquier Juez de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.3. Dicha norma, debe ser interpretada de manera arm\u00f3nica con los art\u00edculos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, normas de las que se desprende que son competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurri\u00f3 la supuesta violaci\u00f3n o amenaza para los derechos fundamentales.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.4. Ese concepto, como ha precisado la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples ocasiones4, no se circunscribe de manera exclusiva al sitio en donde se produjo la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que origina la solicitud de amparo, ni tampoco al domicilio de la entidad accionada, sino que se ha de extender al lugar donde se podr\u00edan proyectar los efectos de la alegada vulneraci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.5. En el mismo sentido, se ha expuesto que, por virtud de la referencia al factor “competencia a prevenci\u00f3n”, est\u00e1 facultado para conocer de la demanda el juez ante quien se formula, siempre y cuando de dicho lugar pueda predicarse la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos5.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.6. Los anteriores criterios, han sido aclarados por la Corte Constitucional en el siguiente sentido:<\/p>\n
<\/p>\n
“Como se presenta en el asunto de la referencia, puede ocurrir que se verifiquen varias de las alternativas enunciadas y en esa medida tanto el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Socorro y el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, pueden ser competentes en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n. En efecto, en el municipio del Socorro se encuentra el inmueble que supuestamente presenta fraudes de energ\u00eda; pero por otro lado, se observa en el expediente que el accionante alega la vulneraci\u00f3n de su debido proceso y ha presentado varios derechos de petici\u00f3n ante la Electrificadora de Santander en Bucaramanga, solicitando se le garantice el derecho a la defensa, mediante la notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
4.- En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial seg\u00fan la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, es la elecci\u00f3n que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acci\u00f3n. Lo anterior, a partir de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 86 Superior y del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar “ante los jueces – a prevenci\u00f3n” la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.”” (CC A – 071\/07).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. Aclarado lo anterior, para el presente evento se tiene que el desacuerdo de las autoridades judiciales trabadas en conflicto se centra en que, mientras el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 considera que la competencia para conocer de la demanda de tutela radica en los Juzgados de dicha categor\u00eda de Facatativ\u00e1, porque all\u00ed reside la accionante y tiene asignada la IPS Cafam, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Facatativ\u00e1 estima, por su parte, que la competencia la ostenta el Juzgado de Bogot\u00e1, debido a que fue la ciudad escogida por la agente oficiosa para presentar la solicitud de amparo y adem\u00e1s, dicho despacho judicial decret\u00f3 la medida provisional invocada.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09.1. En atenci\u00f3n a lo precedente y tras el an\u00e1lisis de la demanda de tutela propuesta y los anexos, en la que se atribuye a la Eps Famisanar y a la Ips Cafam la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de EMERITA \u00c1LVAREZ MEDINA, ha de se\u00f1alarse que la ciudad de Bogot\u00e1 fue el lugar escogido por la agente oficiosa para acudir ante el juez constitucional, en tanto su progenitora fue remitida al Centro de Atenci\u00f3n en Salud Cafam Calle 48 de la ciudad capital, para la “consulta de primera vez por especialista en endocrinolog\u00eda”, cuya cita no le ha sido asignada, por lo que se puede concluir que en Bogot\u00e1 se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09.2. Ante tal panorama, se tiene que el lugar del cual se puede predicar la eventual vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de EMERITA \u00c1LVAREZ MEDINA corresponde a Bogot\u00e1, por lo que es all\u00ed donde debe resolverse la acci\u00f3n de tutela interpuesta.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09.3. Lo expuesto, constituye raz\u00f3n suficiente para que se dirima el conflicto de competencias asignando el conocimiento de la demanda de tutela al Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, a donde se dispondr\u00e1 remitir de manera inmediata el expediente para lo de su cargo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09.4. La presente decisi\u00f3n ser\u00e1 comunicada al Juzgado Segundo Penal Municipal de Facatativ\u00e1 y a los involucrados en el tr\u00e1mite.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, EN SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No. 1,\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencias planteado, asignando el conocimiento de este asunto al Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, al que se dispondr\u00e1 remitir de manera inmediata el expediente.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SEGUNDO. ENVIAR copia de esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Penal Municipal de Facatativ\u00e1 y a los involucrados en el tr\u00e1mite.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0TERCERO. Contra esta decisi\u00f3n no procede ning\u00fan recurso.\u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
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CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
1 “Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n”.<\/p>\n
2 La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: 1… 2… 3… 4. De la definici\u00f3n de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de Juzgados de diferentes distritos.\u00a0<\/p>\n
3 cfr. A- 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008, entre otros.<\/p>\n
4 Auto del 16 de abril de 2002, expediente 388; Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892, 17 de junio de 2002, radicado 000159, 2 de mayo de 2003, radicado 000235; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251, 16 de mayo de 2002, radicado 11043; Sala Laboral, auto del 7 de abril de 2002, radicado 000080, entre otros.<\/p>\n
5 Auto Sala Plena, junio 16 de 2005, Expediente 00015.<\/p>\n
—————<\/p>\n
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————————————————————<\/p>\n
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<\/p>\n
CUI 11001408804520240030701<\/p>\n
N\u00famero interno 142604<\/p>\n
Colisi\u00f3n de competencia<\/p>\n
Emerita \u00c1lvarez Medina<\/p>\n
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10<\/p>\n
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