{p}<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AP320-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n 67.875<\/p>\n
Acta 06<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte define la autoridad judicial de ejecuci\u00f3n de penas competente para vigilar el cumplimiento de la sentencia impuesta a V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA, por el delito de fuga de presos, dentro del proceso 730016300621201500150. \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES PROCESALES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. Seg\u00fan la informaci\u00f3n que obra en el expediente y la registrada en la p\u00e1gina web oficial de la Rama Judicial, la Corte establece lo siguiente:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. El 30 de mayo de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Dorada (Caldas), en el proceso radicado 17380600007120078016300, conden\u00f3 a V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA por un delito contra la vida e integridad personal.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En ese asunto, el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga le concedi\u00f3 a CALDER\u00d3N ORTEGA la prisi\u00f3n domiciliaria. En consecuencia, el 27 de septiembre de 2023, esa autoridad remiti\u00f3 el proceso, por competencia, a los despachos de su misma categor\u00eda de La Dorada (Caldas)1, el cual est\u00e1 actualmente asignado al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de ese mismo municipio2.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0b. El Juzgado 6\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 (Tolima), el 2 de junio de 2020, en el proceso con radicado 730016300621201500150, sentenci\u00f3 a V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA, a la pena de veinticuatro meses de prisi\u00f3n, por el delito de fuga de presos. El juzgado le concedi\u00f3 a CALDER\u00d3N ORTEGA la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena por un per\u00edodo de prueba de dos a\u00f1os, condicionada a la suscripci\u00f3n del acta de compromiso y el pago de una cauci\u00f3n prendaria por valor de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. La decisi\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria en la misma fecha.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 6 de octubre de 2020, el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga (Santander) asumi\u00f3 la vigilancia de la pena. El 30 de ese mes y a\u00f1o, la autoridad estableci\u00f3 que CALDER\u00d3N ORTEGA no es requerido en este proceso para cumplir pena de prisi\u00f3n, por lo cual orden\u00f3 oficiar al Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Puerto Boyac\u00e1 “para que [lo] deje en libertad inmediata (…) en lo que al presente asunto respecta y por cuenta de ese juzgado”.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Como consecuencia de ello, rehus\u00f3 la competencia, debido a que se trata de una actuaci\u00f3n sin privado de la libertad, cuya sentencia condenatoria la emiti\u00f3 un juzgado de Ibagu\u00e9 (Tolima). Por esa raz\u00f3n, remiti\u00f3 el expediente a los juzgados de igual especialidad de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 23 de noviembre de 2020, el proceso fue asignado al Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. Esa autoridad:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0i. Lo avoc\u00f3 el 19 de noviembre de 2021. En el mismo auto, orden\u00f3 surtir el traslado del art\u00edculo 477 de la Ley 906 de 2004, tras observar que el sentenciado no cumpli\u00f3 las obligaciones para conservar la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. En concreto, porque no prest\u00f3 cauci\u00f3n ni suscribi\u00f3 diligencia de compromiso. Le concedi\u00f3 3 d\u00edas para rendir descargos.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ii. Por medio de auto del 16 de junio de 2023, determin\u00f3 que acorde con el Sistema de Informaci\u00f3n SISIPEC, “V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario de Gir\u00f3n (Santander) por cuenta del proceso 17380318900020078016300” (sic). Por ello, remiti\u00f3 el expediente por competencia a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas de Bucaramanga.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En ese orden, el 26 de noviembre de 2024 el proceso se reparti\u00f3 al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga, el cual, en auto del 25 (sic) de noviembre de 2024, no avoc\u00f3 su conocimiento. Ello con fundamento en que CALDER\u00d3N ORTEGA se encuentra en prisi\u00f3n domiciliaria por cuenta del proceso 17380600007120078016300, lo cual, a su juicio, lo releva de asumir la competencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, envi\u00f3 el proceso a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, para que defina la competencia.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. Seg\u00fan el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para definir la competencia en el presente proceso, en atenci\u00f3n a que los juzgados involucrados son de diferente distrito judicial.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La definici\u00f3n de competencia. Es el mecanismo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para establecer, de manera perentoria y definitiva, cu\u00e1l autoridad judicial es la llamada a conocer la fase procesal del juzgamiento o la de ejecuci\u00f3n de la pena, o para ocuparse de un tr\u00e1mite determinado.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 3. Competencia de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas. Est\u00e1 establecido que s\u00f3lo es viable plantear conflicto de competencia en sede de ejecuci\u00f3n de penas siempre que medie sentencia que haya adquirido firmeza, como aqu\u00ed sucede. (CSJ AP3463-2021, rad. 59.912).\u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Respecto de la competencia en ese escenario, la Sala tiene establecidos jurisprudencialmente dos criterios principales. El del factor personal en proceso con privado de la libertad, y el del factor territorial en proceso sin preso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 De un lado, respecto del criterio del factor personal, a trav\u00e9s de la providencia CSJ AP-4738, 27 jul. 2016, rad. 48.2061, esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su criterio respecto de la competencia de los jueces de penas en procesos con privado de la libertad. Esclareci\u00f3 que cuando la restricci\u00f3n de la libertad sea consecuencia del cumplimiento de una sentencia que se encuentre en firme, el despacho judicial llamado a conocer su vigilancia es el del lugar en donde el condenado se encuentre preso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 De otro lado, sobre el criterio del factor territorial que impera en asuntos sin privado de la libertad, la Sala tiene especificado que cuando el sentenciado se encuentra en libertad, el funcionario competente para conocer de la ejecuci\u00f3n de la sentencia es el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad del lugar donde la misma se hubiese proferido. Y, de no despachar all\u00ed un juez de dicha categor\u00eda y especialidad, opera la regla exceptiva de que esa funci\u00f3n la ejerce el juez de instancia respectivo. (CSJ AP8312-2016, 30 nov. 2016, Rad. 49.271; AP, 4 ago. 2004, rad. 22.536; AP, 21 nov. 2012, rad. 40.215; y AP, 13 sep. 2014, rad. 44.303; entre otras providencias).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 La Corte ha sido pac\u00edfica en la aplicaci\u00f3n de los anteriores criterios.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Ahora, para lo que interesa al presente caso, en la providencia CSJ AP8312-2016, 30 nov. 2016, rad. 49.271, la Sala unific\u00f3 su postura de competencia del juez de ejecuci\u00f3n de penas en los casos en los que se presenta una hip\u00f3tesis mixta, esto es, cuando el sentenciado ha sido beneficiario de alg\u00fan subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena, pero, al tiempo, se encuentra privado de la libertad, a causa de otra u otras sentencias.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 La Corte acogi\u00f3 el criterio expuesto en el auto CSJ AP505-2016, 3 feb. 2016, rad. 47.461, en el cual privilegia el factor personal con el fin de que, frente a este tipo de casos, “un solo juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad tenga acceso integral a la informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de quien se encuentra privado de la libertad, por ser el m\u00e1s coherente con los derechos fundamentales de los reclusos y la eficacia del sistema penitenciario”.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Concluy\u00f3, entonces, que “no es razonable que sobre una persona privada de la libertad concurran m\u00e1s de un juez ejecutor”. Lo contrario dar\u00eda paso al fraccionamiento en la vigilancia de la pena lo cual, por un lado, dificulta la vigilancia integral del cumplimiento de las condenas a cargo del juez ejecutor y, de otro lado, obstruye el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del privado de la libertad, debido a que se le impone la carga de contratar los servicios profesionales de m\u00e1s de un defensor o de sufragar sus gastos de movilidad a otra ciudad o municipio.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Bajo ese entendido, en decisi\u00f3n AP2310-2023, 19 jul. 2023, rad. 64.223, reiterada en otras providencias, la Corte especific\u00f3 que, seg\u00fan el factor personal que acompa\u00f1a al condenado en la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, ante la presencia de este evento mixto:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
i. Si el sentenciado se encuentra privado de la libertad, la competencia para la vigilancia de la pena impuesta corresponde al juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre ubicado el establecimiento carcelario.<\/p>\n
ii. Y en el evento en que el condenado se hallare en libertad, la competencia asiste al lugar donde se dict\u00f3 la sentencia de primera instancia.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 4. Caso concreto. En el asunto bajo estudio, el Juzgado 6\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 (Tolima) conden\u00f3 el 2 de junio de 2020 a V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA a la pena de 24 meses de prisi\u00f3n, como autor del delito de fuga de presos, dentro del radicado 730016300621201500150. Le concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, sujeta a la suscripci\u00f3n del acta de compromiso y al pago de cauci\u00f3n por valor de un SMLMV. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. De acuerdo con la informaci\u00f3n acopiada en este tr\u00e1mite, la Sala estableci\u00f3 que:\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. No existe constancia de que la libertad de V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA est\u00e9 restringida por el proceso 730016300621201500150. Ello, porque qued\u00f3 en evidencia que ninguna autoridad de ejecuci\u00f3n de penas le ha revocado la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena que el juzgado de conocimiento le otorg\u00f3 en la sentencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Si bien el Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Ibagu\u00e9 en auto del 19 de noviembre de 2021, corri\u00f3 el traslado previsto en el art\u00edculo 477 de la Ley 906 de 2004 para determinar la viabilidad de revocarle al condenado ese sustituto, debido a que no ha cumplido las obligaciones para preservarlo. Lo cierto es que el procedimiento qued\u00f3 suspendido en ese estado hasta el 16 de junio de 2023, cuando la misma autoridad lo remiti\u00f3 por competencia a Bucaramanga.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 b. Pese a que CALDER\u00d3N ORTEGA no est\u00e1 privado de la libertad por dicho proceso, s\u00ed lo est\u00e1 por el asunto 17380600007120078016300, bajo prisi\u00f3n domiciliaria, a disposici\u00f3n del Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario Puerto Boyac\u00e13. Este radicado, como qued\u00f3 establecido, lo conoce el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de La Dorada (Caldas).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 6. Bajo ese escenario, el presente conflicto de competencia se resuelve en aplicaci\u00f3n del factor mixto de conocimiento de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas, porque, aunque en el proceso 730016300621201500150 CALDER\u00d3N ORTEGA es beneficiario de un mecanismo sustitutivo de la pena, al tiempo, por el proceso 17380600007120078016300 se encuentra privado de la libertad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 De esta forma, prevalece el aspecto personal que acompa\u00f1a al sentenciado, por lo cual la vigilancia del cumplimiento de sus sentencias corresponde al juez de ejecuci\u00f3n de penas con competencia en el lugar donde se ubica el establecimiento carcelario de Puerto Boyac\u00e1, esto es, el juez de La Dorada (Caldas) -por organizaci\u00f3n territorial-, ya que Puerto Boyac\u00e1 no cuenta con jueces de esta categor\u00eda. Y, m\u00e1s espec\u00edficamente, al juez de ese lugar al cual est\u00e1 asignada la vigilancia del proceso por el que el condenado cumple la prisi\u00f3n domiciliaria.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. La Corte concluye, bajo las circunstancias ya relatadas, que la competencia del proceso 730016300621201500150 le corresponde al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), a cuyo cargo est\u00e1 la vigilancia del proceso 17380600007120078016300, por el cual V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA est\u00e1 privado de la libertad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Por consiguiente, la actuaci\u00f3n ser\u00e1 devuelta a esa autoridad, para que asuma su conocimiento.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal,\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar que la competencia para conocer la vigilancia del cumplimiento de la condena impuesta el 2 de junio de 2020 a V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA por el Juzgado 6\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 dentro del radicado 730016300621201500150, le corresponde al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), a cuyo cargo est\u00e1 la vigilancia del proceso 17380600007120078016300, por el cual CALDER\u00d3N ORTEGA est\u00e1 privado de la libertad. En consecuencia, enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a esa autoridad judicial.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Comunicar esta determinaci\u00f3n a las partes e intervinientes del proceso y a los Juzgados 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga y 3\u00ba de la misma categor\u00eda de Ibagu\u00e9.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Contra esta decisi\u00f3n no proceden recursos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
COMUN\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N\u00a0<\/p>\n
Presidente\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA\u00a0<\/p>\n
Secretaria\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
1 La remisi\u00f3n del proceso a La Dorada (Caldas) se dio debido a que, acorde con el ordenamiento territorial, los juzgados de penas de ese Circuito Judicial est\u00e1n a cargo de los asuntos del Circuito Judicial de Puerto Boyac\u00e1, ambos pertenecientes al Distrito Judicial de Manizales, en raz\u00f3n a que Puerto Boyac\u00e1 no cuenta con despachos judiciales de esa categor\u00eda.<\/p>\n
2 Informaci\u00f3n que el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de La Dorada (Caldas) ratific\u00f3 el 16 de diciembre de 2024.\u00a0<\/p>\n
3 Lo cual la sala constat\u00f3 con el registro virtual SISIPEC – Sistematizaci\u00f3n del Sistema Penitenciario y Carcelario – Registro de la Poblaci\u00f3n Privada de la libertad a cargo del INPEC, actualizado a 10 de diciembre de 2024.\u00a0<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Definici\u00f3n de competencia<\/p>\n
Radicado 67.875<\/p>\n
CUI 73001630062120150015001<\/p>\n
V\u00cdCTOR MANUEL CALDER\u00d3N ORTEGA<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
{p} JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ Magistrado Ponente AP320-2025 Radicaci\u00f3n 67.875 Acta 06 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025). \u00a0 \u00a0 \u00a0I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte define la autoridad judicial de ejecuci\u00f3n de penas competente para vigilar el cumplimiento de la sentencia impuesta a V\u00cdCTOR […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-83740","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83740\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}