{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AP202-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 67378<\/p>\n
(Aprobado Acta No. 006)<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ASUNTO<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Procede la Sala a pronunciarse sobre las solicitudes probatorias del Ministerio P\u00fablico y del defensor p\u00fablico de WILLIAM CARDONA SILVA, quien es reclamado en extradici\u00f3n por la Rep\u00fablica Federativa de Brasil.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Mediante oficio del 24 de septiembre de 2024, el Ministerio de Justicia y del Derecho le comunic\u00f3 a la Corte que la Rep\u00fablica Federativa de Brasil, por intermedio de su Embajada en Colombia y con Nota Verbal No. 166 del 22 de julio de 2024, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con fines de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano WILLIAM CARDONA SILVA, requerido por el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, por el delito de Hurto Calificado y Asociaci\u00f3n Criminal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Con fundamento en lo anterior, la Fiscal General de la Naci\u00f3n, mediante resoluci\u00f3n emitida el 23 de julio de 2024, orden\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n del ciudadano anteriormente mencionado. Dicha captura se hab\u00eda hecho efectiva previamente en Bogot\u00e1, el 16 de julio de 2024, por miembros de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional. Ello, con fundamento en la notificaci\u00f3n roja de Interpol No. A-6266\/5-2024, publicada el 30 de mayo anterior a solicitud del Gobierno de la Rep\u00fablica Federativa de Brasil.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. A continuaci\u00f3n, mediante Nota Verbal No. 234 del 18 de septiembre de 2024, la Embajada de la Rep\u00fablica Federativa de Brasil, formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n, allegando la documentaci\u00f3n soporte del pedido.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Luego de formalizada la solicitud de extradici\u00f3n, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales, manifest\u00f3 que:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Conforme a lo establecido en nuestra legislaci\u00f3n procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeci\u00f3n a las Convenciones de las cuales son parte la Republica de Colombia y la Rep\u00fablica Federativa de Brasil.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, y una vez revisado el archivo de los tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradici\u00f3n’ entre la Rep\u00fablica Federativa de Brasil y la Republica de Colombia, suscrito en Rio de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938″.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Visto lo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n toda la documentaci\u00f3n traducida y legalizada que present\u00f3 la Rep\u00fablica Federativa de Brasil, tras considerar que se encontraban reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Recibidas las diligencias en esta Corporaci\u00f3n, luego de dos solicitudes previas realizadas a la Defensor\u00eda del Pueblo, con auto del 15 de octubre de 2024 se reconoci\u00f3 personer\u00eda al defensor p\u00fablico designado por la Defensor\u00eda del Pueblo y se corri\u00f3 el traslado del que habla el inciso primero del art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Por su parte, el 21 de junio siguiente, el defensor p\u00fablico del requerido solicit\u00f3 tener como pruebas (i) la identidad de su defendido, (ii) el escrito de acusaci\u00f3n, (iii) la orden de captura y (iv) las leyes pertinentes.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07.1. Tambi\u00e9n, demand\u00f3: (i) oficiar a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, con el fin de determinar la plena identidad de su representado y (ii) requerir al “Ministerio de Justicia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Tribunales y dem\u00e1s entidades que administran justicia” para que indiquen si contra el requerido existe alguna investigaci\u00f3n o proceso penal relacionado con los hechos por los que es pedido en extradici\u00f3n, a fin de evitar la afectaci\u00f3n al principio de non bis in \u00eddem.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07.2. Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que “(…) desde ya nos OPONEMOS A LA EXTRADICION del se\u00f1or WILLIAM CARDONA SILVA, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 80.127.807, para lo cual solicito se niegue la extradici\u00f3n del se\u00f1or Requerido”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. En escrito recibido el 8 de noviembre de 2024, el delegado del Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que se oficie a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la DIJIN, con la finalidad de que informen sobre la existencia de procesos que cursen o se hayan adelantado en contra de WILLIAM CARDONA SILVA.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Cuesti\u00f3n previa<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Federativa de Brasil existe un tratado de extradici\u00f3n vigente que fue suscrito el 28 de diciembre de 1938 en la ciudad de R\u00edo de Janeiro e incorporado al orden interno mediante la Ley 85 de 1939. Dicho tratado establece que la extradici\u00f3n entre los dos pa\u00edses ser\u00e1 procedente siempre que se cumplan los siguientes requisitos:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(i) La entrega procede, seg\u00fan el art\u00edculo II, siempre que las infracciones, de conformidad con las leyes del Estado requirente, sean castigadas “con penas de uno o m\u00e1s a\u00f1os de prisi\u00f3n, comprendidas no solamente la ejecuci\u00f3n, o la cooperaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del delito, sino tambi\u00e9n la tentativa y la complicidad”.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) Por su parte, el art\u00edculo V del referido instrumento internacional, se\u00f1ala los requisitos que se deben observar en toda petici\u00f3n de extradici\u00f3n entre los dos pa\u00edses, as\u00ed:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“La solicitud de extradici\u00f3n debe formularse por el respectivo representante diplom\u00e1tico, y a falta de \u00e9ste por los Agentes Consulares de carrera, o directamente de Gobierno a Gobierno; y dicha solicitud se documentar\u00e1 del siguiente modo:<\/p>\n
<\/p>\n
a) Cuando se trate de simples acusados: copia o traslado aut\u00e9ntico del mandamiento de prisi\u00f3n o de auto procesal criminal equivalente, emanado de juez competente;<\/p>\n
<\/p>\n
b) Cuando se trate de condenados: copia o traslado aut\u00e9ntico de la sentencia condenatoria.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Estas piezas deber\u00e1n contener la indicaci\u00f3n precisa del hecho incriminado, el lugar y la fecha en que se cometi\u00f3 el mismo, e ir acompa\u00f1ados de copia de los textos de las leyes aplicables al caso y de los referentes a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o de la pena, como tambi\u00e9n de los datos o antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0. Las piezas justificativas de la petici\u00f3n de extradici\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1n, cuando fuere posible, de su traducci\u00f3n a la lengua del Estado requerido.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00b0. La presentaci\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n por v\u00eda diplom\u00e1tica constituir\u00e1 prueba suficiente de la autenticidad de los documentos presentados en apoyo de aqu\u00e9lla, los cuales se tendr\u00e1n, por tal modo, como legalizados.”<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) Por otro lado, acorde con el art\u00edculo III, no se conceder\u00e1 la extradici\u00f3n en los siguientes casos:<\/p>\n
<\/p>\n
“a) Cuando el Estado requerido fuere competente, seg\u00fan sus leyes, para juzgar el delito;<\/p>\n
<\/p>\n
b) Cuando, por el mismo hecho, el delincuente haya sido ya, o est\u00e9 siendo juzgado en el Estado requerido;\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
c) Cuando la acci\u00f3n o la pena hubieren prescrito ya, seg\u00fan las leyes del Estado requirente o requerido;\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
d) Cuando la persona reclamada tuviere que comparecer, en el Estado requirente, ante tribunal o juzgado de excepci\u00f3n;<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
e) Cuando el delito fuere puramente militar o pol\u00edtico, o de naturaleza religiosa, o dijere relaci\u00f3n a manifestaciones del pensamiento en esos asuntos”.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(iv) Adem\u00e1s de lo anterior, el art\u00edculo IV del Tratado expresamente indica que, cuando la infracci\u00f3n se hubiere verificado fuera del territorio de las Altas Partes Contratantes, la petici\u00f3n de extradici\u00f3n podr\u00e1 tener curso si las leyes del Estado requirente y las del Estado requerido autorizan el castigo de tal infracci\u00f3n cuando se cometiere en pa\u00eds extranjero.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En ese orden, la Corte solo est\u00e1 habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y \u00fatiles, en relaci\u00f3n con las exigencias previstas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, El Tratado y el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Por lo tanto, aspectos ajenos a tales par\u00e1metros exceden la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe rendir esta Corporaci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n, las pruebas que tengan como prop\u00f3sito la verificaci\u00f3n de cuestiones extra\u00f1as al mismo, resultan impertinentes.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Pruebas que se decretar\u00e1n<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02.1. La prueba consistente en oficiar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que indique si en contra de WILLIAM CARDONA SILVA existen procesos penales vigentes o con sentencia ejecutoriada, se ofrece como pertinente, conducente y \u00fatil, pues se dirige a verificar el respeto por la garant\u00eda constitucional del non bis in \u00eddem.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo anterior, a petici\u00f3n de parte, aquella ser\u00e1 decretada. Se precisa que, en caso de que la autoridad identifique la existencia de procesos penales vigentes o con sentencia ejecutoriada en contra del requerido, deber\u00e1 indicar el despacho judicial que conoce del caso y aportar copia de las decisiones adoptadas dentro del mismo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02.2. Con los mismos fines, se acceder\u00e1 a la postulaci\u00f3n solicitada por el Ministerio P\u00fablico consistente en oficiar a la DIJIN, para verificar los antecedentes penales del requerido.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Pruebas que se negar\u00e1n<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03.1 De cara a la solicitud del defensor p\u00fablico consistente en tener como pruebas (i) la identidad de su defendido, (ii) el escrito de acusaci\u00f3n, (iii) la orden de captura y, (iv) las leyes pertinentes, debe decirse que aquellas no pueden ser decretadas, por no requerir orden de incorporaci\u00f3n. Ello, en la medida en que estas son las que sirven de soporte al pedido de extradici\u00f3n y corresponden a documentos que ya se encuentran incorporados dentro de la carpeta que fue remitida junto con la petici\u00f3n elevada por el Gobierno de la Rep\u00fablica Federativa de Brasil.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al respecto, conviene recordar que es tarea del Ministerio de Justicia y del Derecho, seg\u00fan el art\u00edculo 497 de la Ley 906 de 2004, examinar “la documentaci\u00f3n en un t\u00e9rmino improrrogable de cinco (5) d\u00edas y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo devolver\u00e1 al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicaci\u00f3n detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables”.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03.2. La defensa del reclamado pidi\u00f3, igualmente, oficiar a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil para establecer la plena identidad del requerido.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sobre el particular, esta prueba se negar\u00e1 por in\u00fatil, toda vez que en el expediente obran informes de rese\u00f1a fotogr\u00e1fica y decadactilar que ya acreditan la plena identidad de WILLIAM CARDONA SILVA. Adem\u00e1s, el requerido suministr\u00f3 sus datos personales al suscribir, en el momento de su aprehensi\u00f3n, el acta de notificaci\u00f3n de captura con fines de extradici\u00f3n, la constancia de buen trato y el acta de lectura de los derechos del capturado.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03.3. Respecto a la solicitud probatoria consistente en oficiar al “Ministerio de Justicia (…) Tribunales y dem\u00e1s entidades que administran justicia” con el prop\u00f3sito de constatar la afectaci\u00f3n del non bis in \u00eddem, la Sala la considera que su decreto resulta ser in\u00fatil, comoquiera que, para ese prop\u00f3sito, ya se oficiar\u00e1 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -por solicitud de la defensa y del Ministerio P\u00fablico- y a la DIJIN -por solicitud del segundo sujeto procesal mencionado-.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En efecto, en vista de que la informaci\u00f3n aportada por la Fiscal\u00eda y la DIJIN es suficiente para determinar la afectaci\u00f3n al principio del non bis in \u00eddem -tal y como lo ha dictaminado la Corte en diversas ocasiones-, resulta in\u00fatil, como se indic\u00f3, oficiar a entidades adicionales para esclarecer tal punto.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed las cosas, la Corte tampoco accede al referido medio de prueba.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Ahora bien, en atenci\u00f3n a la oposici\u00f3n manifestada por el defensor p\u00fablico en relaci\u00f3n con la posible emisi\u00f3n de un concepto favorable de extradici\u00f3n, la Sala recuerda que el momento procesal oportuno para presentar alegatos de conclusi\u00f3n es posterior, una vez se practiquen las pruebas que al efecto se decreten.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la SALA DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. ACCEDER, a petici\u00f3n de parte, a las postulaciones referidas en los numerales 2.1. y 2.2. del ac\u00e1pite del decreto probatorio.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. NEGAR la pr\u00e1ctica de las pruebas mencionadas en los numerales 3.1., 3.2. y 3.3. de la parte considerativa de esta providencia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Contra la decisi\u00f3n contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva procede el recurso de reposici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Notif\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n
Presidente<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n
<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CUI 11001020400020240208600<\/p>\n
N\u00famero Interno 67378<\/p>\n
Extradici\u00f3n<\/p>\n
WILLIAM CARDONA SILVA<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
11<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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