{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AP141-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 67907<\/p>\n
Acta No. 06<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
I. VISTOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Define la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer de la audiencia de “desarchivo”, solicitada dentro del tr\u00e1mite adelantado contra CARLOS MANUEL SILVA VARGAS, por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico.<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. De lo allegado a la actuaci\u00f3n se extrae que el 10 de diciembre de 2021, el Fiscal Coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, orden\u00f3 el archivo del proceso n\u00fam. 2019-45076, adelantado contra CARLOS MANUEL SILVA VARGAS, quien se desempe\u00f1aba como Director Seccional de Fiscal\u00edas de Cundinamarca, por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico1.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. El 16 de septiembre de 2024, la denunciante Akeber Licette Fl\u00f3rez Villar, solicit\u00f3 el desarchivo de las aludidas diligencias; esa petici\u00f3n fue negada el 16 de octubre siguiente2, por el ente acusador.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Posteriormente, la denunciante Fl\u00f3rez Villar, solicit\u00f3 audiencia de desarchivo, la cual fue asignada al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1; esa autoridad fij\u00f3 el 15 de noviembre de 2024, para llevar a cabo dicha diligencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Instalada la audiencia en menci\u00f3n, el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia impugn\u00f3 la competencia del titular del citado despacho, al considerar que el indiciado para la \u00e9poca de los hechos se desempe\u00f1aba como Director Seccional de Fiscal\u00edas de Cundinamarca, por lo que la funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas le correspond\u00eda a un Magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; esa postura fue coadyuvada por el defensor de SILVA VARGAS3.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. El titular del Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que s\u00ed era competente para adelantar la diligencia, pues de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 24 de la Ley 906 de 2004, la competencia del Tribunal se fincaba en los casos de aforados constitucionales, pero el indiciado no ostentaba esa calidad. Inform\u00f3, adem\u00e1s, que contra su decisi\u00f3n proced\u00edan los recursos de ley4.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. El Delegado de la Fiscal\u00eda instaur\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n. Reiter\u00f3 que la competencia para conocer la solicitud de desarchivo radica en un Magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues el archivo lo decret\u00f3 un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y si bien SILVA VARGAS no era un aforado constitucional, si ten\u00eda fuero legal, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, y el Decreto 016 de 2014, correspond\u00eda a la Colegiatura en cita, conocer la actuaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. En calidad de no recurrentes, CARLOS MANUEL SILVA VARGAS y su defensor manifestaron estar de acuerdo con los argumentos de la Fiscal\u00eda, mientras que la denunciante indic\u00f3 que el Juzgado s\u00ed ten\u00eda competencia para conocer la diligencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. Al resolver el recurso horizontal, el titular del Juzgado Treinta y Siete en cita, consider\u00f3 que, en efecto, de acuerdo con los art\u00edculos 32 numeral 8 y 39 de la Ley 906 de 2004, correspond\u00eda a un Magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adelantar la audiencia de desarchivo, por lo que dispuso la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a dicha Corporaci\u00f3n y en caso de no compartirse sus exculpaciones, refiri\u00f3 que planteaba conflicto negativo de competencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. La actuaci\u00f3n fue asignada al Magistrado Ramiro Ria\u00f1o Ria\u00f1o, que, en auto del 22 de noviembre del a\u00f1o en curso, se abstuvo de “resolver la definici\u00f3n de competencia” y remiti\u00f3 las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010.1. Lo anterior, al indicar en primer t\u00e9rmino que el Juez Treinta y Siete en menci\u00f3n, no realiz\u00f3 en debida forma el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de competencia, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, pues exist\u00eda controversia en cuanto a cu\u00e1l autoridad deb\u00eda conocer la audiencia de desarchivo y, por ello, debi\u00f3 remitir el expediente al superior funcional com\u00fan de las autoridades involucradas.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011. De anta\u00f1o, ha dicho la Corte que de conformidad con lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 20045, la Sala es competente para definir la controversia planteada en los siguientes eventos:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“(…) 1.- Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuaci\u00f3n en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.<\/p>\n
<\/p>\n
2.- Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que as\u00ed lo hace, es decir un juzgado cualquiera, se\u00f1ala que el competente es un Tribunal.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
3.- Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial”6.(Negrilla fuera de texto).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011.1. En el caso, de acuerdo con lo ocurrido en la audiencia del 15 de noviembre de 2024, al resolver el recurso de reposici\u00f3n, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la competencia para conocer de la audiencia de desarchivo, corresponde al Tribunal Superior de Bogot\u00e1.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011.2. De manera que, el presente caso se adec\u00faa a la hip\u00f3tesis relacionada en el numeral 2 en cita y por ello, la Sala es competente para emitir el pronunciamiento respectivo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012. Aclarado lo anterior, debe indicar la Sala que la definici\u00f3n de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para, en caso de duda, precisar, de manera perentoria y definitiva, cu\u00e1l de los distintos jueces o magistrados es el llamado a conocer de la fase procesal del juzgamiento, o para ocuparse de un tr\u00e1mite determinado, en este caso, de la audiencia de desarchivo.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012.1. Este tr\u00e1mite, de acuerdo con lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004, podr\u00e1 incoarse por iniciativa del propio funcionario judicial cuando considera que carece de competencia para adelantar el asunto o, cuando se trata de una impugnaci\u00f3n de competencia, por cualquiera de las partes si avizoran reparos en este sentido.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012.2. Adem\u00e1s, es necesario recordar que la Sala en auto CSJ AP2863, 17 jun. 2019, Rad. 556167, explic\u00f3 el tr\u00e1mite que debe cumplirse en el marco del incidente de impugnaci\u00f3n de competencia. En dicha oportunidad se se\u00f1al\u00f3 que, cuando alguna de las partes o intervinientes rechaza la competencia del juez para conocer de un determinado asunto -ya sea en sede de conocimiento o de control de garant\u00edas-, surgen dos posibilidades, a saber:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0i) Que las dem\u00e1s partes e intervinientes al igual que la judicatura, compartan dicha postulaci\u00f3n, caso en el cual el asunto debe remitirse al funcionario que un\u00e1nimemente se considera competente, quien, a su vez, evaluar\u00e1 si les asiste o no raz\u00f3n. En caso afirmativo, continuar\u00e1 con el curso de la actuaci\u00f3n o, en el negativo, remitir\u00e1 el asunto al funcionario habilitado para definir competencia; y<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ii) Que las partes e intervinientes o la judicatura no coincidan con la proposici\u00f3n, generando una efectiva controversia sobre la materia, situaci\u00f3n que da lugar a que se remita directamente el asunto al funcionario autorizado para definir competencia, por ejemplo, esta Corporaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012.3. En el presente caso, si bien el Juez Treinta y Siete Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, no adelant\u00f3 en debida forma el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de competencia planteado por el Fiscal del caso, pues no corri\u00f3 traslado de dicha manifestaci\u00f3n a la presunta v\u00edctima, quien solicit\u00f3 la diligencia y otorg\u00f3 el uso de la palabra para instaurar recursos, lo cierto es que existe controversia en torno a la autoridad que debe conocer la diligencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012.4. En efecto, en el traslado del recurso de reposici\u00f3n el Delegado de la Fiscal\u00eda, el defensor y el indiciado SILVA VARGAS manifestaron que la competencia radicaba en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mientras que la denunciante Akeber Licette Fl\u00f3rez Villar refiri\u00f3 que el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas s\u00ed era competente y deb\u00eda continuar con la diligencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012.5. En ese orden, al existir controversia sobre el funcionario competente, corresponde a la Sala estudiar el asunto de fondo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013. A efectos de establecer la competencia para conocer de la audiencia solicitada, se debe tener en consideraci\u00f3n que el art\u00edculo 32 numeral 8 de la Ley 906 de 2004, establece que la Corte Suprema de Justicia conoce:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior de Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscal\u00eda y Directores Seccionales de Fiscal\u00eda”. (Negrilla fuera de texto).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013.1. Por su parte, el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 39 de la norma en menci\u00f3n, indica que:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la funci\u00f3n de Juez de Control de Garant\u00edas ser\u00e1 ejercida por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1”<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013.2. Ahora, en el presente caso, se tiene que Akeber Licette Fl\u00f3rez Villar instaur\u00f3 denuncia por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, que atribuy\u00f3 a CARLOS MANUEL SILVA VARGAS cuando se desempe\u00f1aba como Director Seccional de Fiscal\u00edas de Cundinamarca.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013.3. As\u00ed las cosas, aplicadas las normas en cita al caso concreto, se concluye que corresponde a un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 actuar como Juez de Control de Garant\u00edas y conocer de la audiencia de desarchivo presentada por Akeber Licette Fl\u00f3rez Villar, debido a que el indiciado se desempe\u00f1aba como Director Seccional de Fiscal\u00edas y su eventual juzgamiento, de conformidad con el art\u00edculo 32 – 8 de la Ley 906 de 2004 transcrito en precedencia, corresponder\u00eda a la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014. Por consiguiente, se asignar\u00e1 la competencia, para adelantar la audiencia de desarchivo solicitada, al Magistrado Ramiro Ria\u00f1o Ria\u00f1o de dicha Corporaci\u00f3n al que le hab\u00eda sido repartido el asunto, por lo que se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de las diligencias a la misma, para lo pertinente.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0PRIMERO. DEFINIR que la competencia para conocer de la audiencia de “desarchivo”, en el proceso seguido contra CARLOS MANUEL SILVA VARGAS, corresponde al Magistrado Ramiro Ria\u00f1o Ria\u00f1o de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en funci\u00f3n de Juez de Control de Garant\u00edas, al que le hab\u00eda sido asignado el asunto.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SEGUNDO. ORDENAR la devoluci\u00f3n inmediata de las diligencias a la mencionada Corporaci\u00f3n, para el correspondiente reparto.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0TERCERO. ENVIAR COPIA de esta providencia a los involucrados en esta actuaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0CUARTO. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
1 Folio 8 y ss del archivo marcado como “0001CdnoJ37PenalMp\u00e1lGtiasBogota.pdf”.<\/p>\n
2 Folio 41 y ss ib\u00eddem.\u00a0<\/p>\n
3 Minuto 05:10 y ss de la audiencia del 15 de noviembre de 2024.<\/p>\n
4 Minuto 14:00 y ss ib\u00eddem.<\/p>\n
5 “Art\u00edculo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: 1… 2… 3. De la definici\u00f3n de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales o de juzgados de diferentes distritos”.<\/p>\n
6 CSJ AP, 30 may. 2006, rad. 24964, reiterada en AP4715-2021, AP2732-2020, AP948-2020, AP900-2020, AP751-2019, AP5031-2018, AP2497-2016 y CSJ AP1754-2015, entre otros. Criterio reiterado en las decisiones CSJ AP1768-2023, RAD. 63819 y CSJ AP2279-2024, Rad. 66042.<\/p>\n
7 Postura que ha sido reiterada de forma constante y pacifica por la Sala en m\u00faltiples decisiones, entre ellas, CSJ AP 2807-2020, Rad. 58028, AP2329-2020, Rad. 58007, AP2343-2020, Rad. 58008, AP2204-2020, Rad. 58017, AP2191-2020, Rad. 57977, AP2001-2020, Rad. 57959, AP2049-2020, Rad. 57924.\u00a0<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CUI 11001600005020194507601<\/p>\n
N\u00famero interno 67907<\/p>\n
Definici\u00f3n de competencia<\/p>\n
Carlos Manuel Silva Vargas<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
12<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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