{"id":80726,"date":"2024-12-13T22:07:53","date_gmt":"2024-12-13T22:07:53","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/12\/13\/ap6538-202467537\/"},"modified":"2024-12-13T22:07:53","modified_gmt":"2024-12-13T22:07:53","slug":"ap6538-202467537","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/12\/13\/ap6538-202467537\/","title":{"rendered":"AP6538-2024(67537)"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n<p>Casaci\u00f3n acusatorio n\u02da 67537<\/p>\n<p>CUI: 05001600020620068073302<\/p>\n<p>MAURICIO ANDR\u00c9S OCHOA LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrado ponente<\/p>\n<p>AP6538-2024<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n N\u00b067537<\/p>\n<p>Acta 265.<\/p>\n<p>Popay\u00e1n (Cauca), primero (1\u00b0) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).<\/p>\n<p>VISTOS<\/p>\n<p>A la Sala se reparti\u00f3 el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, que busca su pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor del condenado contra el fallo de segunda instancia proferido el 9 de julio de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, mediante el cual confirm\u00f3 el emitido por el Juzgado 26 Penal del Circuito de esa ciudad, en cuanto, conden\u00f3 a MAURICIO ANDR\u00c9S OCHOA LONDO\u00d1O, al pago de perjuicios dentro del tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n integral<\/p>\n<p>Sin embargo, advierte la Corte, que a\u00fan no ha adquirido competencia para ello.<\/p>\n<p>TR\u00c1MITE PROCESAL<\/p>\n<p>Para lo pertinente, la Corte destaca que a trav\u00e9s de fallo emitido el 27 de abril de 2017, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medell\u00edn conden\u00f3 a MAURICIO ANDR\u00c9S OCHOA LONDO\u00d1O, m\u00e9dico de profesi\u00f3n, por el delito de homicidio culposo, a la pena principal de 34 meses de prisi\u00f3n y multa por el equivalente a 26.66 SMLMV.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n fue confirmada, con modificaciones en la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n para ejercer la profesi\u00f3n m\u00e9dica, por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, en sentencia del 26 de febrero de 2018.<\/p>\n<p>Ejecutoriada la condena, el representante de las v\u00edctimas motiv\u00f3 el inicio del incidente de reparaci\u00f3n integral, que se adelant\u00f3 en sus etapas ordinarias y culmin\u00f3 con fallo condenatorio de primer grado emitido el 15 de noviembre de 2022, por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medell\u00edn.<\/p>\n<p>El A quo dispuso que el condenado debe pagar, a t\u00edtulo de da\u00f1os morales causados con el delito:<\/p>\n<p>\u201c\u2026a \u00a0favor \u00a0de \u00a0Christopher \u00a0Gavilano \u00a0Santa \u00a0el \u00a0equivalente \u00a0a ochenta \u00a0(80) salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes \u2212SMLMV\u2212, \u00a0a \u00a0Sandra Patricia, Sulay Dalany y Luz Maribel Giraldo setenta (70) SMLMV, a Martha Sorely Giraldo \u00a0Santa \u00a0sesenta \u00a0y \u00a0cinco \u00a0(65) SMLMVpara \u00a0cada \u00a0uno, \u00a0a \u00a0Karen \u00a0Dahiana, Carlos \u00a0Andr\u00e9s \u00a0Puerta \u00a0Giraldo \u00a0y \u00a0Jessika \u00a0Alexandra \u00a0Valencia \u00a0Giradlo \u00a0quince \u00a0(15) SMLMV para cada uno de ellos y a favor de la sucesi\u00f3n de Martha Luc\u00eda Santa de Giraldo cincuenta (50) SMLMV,para el a\u00f1o 2022.\u201d<\/p>\n<p>Descontento con el apartado que dispuso el pago de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales en favor de la sucesi\u00f3n de la v\u00edctima, el defensor del condenado interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Sala correspondiente del Tribunal de Medell\u00edn, en el fallo que ahora se ataca en casaci\u00f3n, proferido el 9 de julio de 2024, confirm\u00f3 sin modificaciones lo resuelto por el A quo.<\/p>\n<p>Dentro del plazo otorgado por la ley para el efecto, el defensor del condenado interpuso y sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, motivando que, de inmediato, el fallador Ad quem enviara el asunto a esta Corporaci\u00f3n.<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES<\/p>\n<p>Acorde con lo dispuesto por el art\u00edculo 105 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 88 de la Ley 1395 de 2010, la decisi\u00f3n que pone fin al incidente de reparaci\u00f3n integral se adopta por el juez \u00abmediante sentencia\u00bb.<\/p>\n<p>El mismo estatuto procesal penal dispone que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como control constitucional y legal, procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos; y que, cuando tal impugnaci\u00f3n \u00abtenga por objeto \u00fanicamente lo referente a la reparaci\u00f3n integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deber\u00e1 tener como fundamento las causales y la cuant\u00eda establecidas en las normas que regulan la casaci\u00f3n civil\u00bb (inciso primero y numeral cuarto del art\u00edculo 181, actualmente, los preceptos correspondientes del C\u00f3digo General del Proceso).<\/p>\n<p>El supuesto normativo en cita se advierte cabalmente cumplido en este asunto, toda vez que, el recurso extraordinario se dirige exclusivamente contra la decisi\u00f3n patrimonial adoptada por el Tribunal, con ocasi\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral adelantado respecto del sentenciado.<\/p>\n<p>Tal y como se anticip\u00f3, siguiendo la din\u00e1mica argumentativa dispuesta por la Sala en asuntos de similar \u00edndole f\u00e1ctica y jur\u00eddica, se evidencia que la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por el apoderado de las v\u00edctimas oper\u00f3 prematura y sin el estudio previo que se demanda del fallador de segunda instancia.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, corregido por el 6\u00ba del Decreto 1736 de 2012, contempla que hay lugar a la casaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de este tipo de t\u00f3picos patrimoniales, \u00abcuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)\u00bb.<\/p>\n<p>De forma reiterada, la Sala ha se\u00f1alado que la cuant\u00eda se establece por el valor del salario m\u00ednimo legal mensual vigente para la fecha en la cual es dictado el fallo de segundo grado, habida cuenta que es en ese momento que se concreta la afectaci\u00f3n patrimonial (Cfr. CSJ AP5662\u20132015, 30 Sep. 2015, Rad. 45958; CSJ AP7345\u20132015, 16 Dic. 2015, Rad. 46405; CSJ AP8002\u20132017, 29 Nov. 2017, rad. 51356, entre otras decisiones).<\/p>\n<p>De conformidad con el criterio jurisprudencial vigente en la materia:<\/p>\n<p>(\u2026) menester se hace mencionar que recientemente (Cfr. CSJ AP5449\u20132019, 12 dic. 2019, rad. 53724) esta Sala, en asuntos como el sub examine, replante\u00f3 la postura de abordar el an\u00e1lisis de admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n a partir de verificar, tanto la satisfacci\u00f3n del requisito concerniente a la cuant\u00eda, como los postulados de l\u00f3gica y debida argumentaci\u00f3n de los cargos formulados, para, en su lugar, acoger la sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, seg\u00fan la cual, acorde con el art\u00edculo 342 del C\u00f3digo General del Proceso, el competente para definir el monto de la cuant\u00eda para acceder al recurso, es el Tribunal de segunda instancia que, de alcanzar aquella los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo habilitar\u00eda para concederlo ante la Corte, a fin de que \u00e9sta se pronuncie sobre los dem\u00e1s requisitos de forma de la demanda. De ser inferior a esa cantidad, en cambio, el ad quem estar\u00eda obligado a denegarlo, en esa sede.<\/p>\n<p>En suma, el \u00f3rgano que tiene competencia para definir el monto de la cuant\u00eda, en aras de acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es el Tribunal de segunda instancia, seg\u00fan se desprende del art\u00edculo 342 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto, se\u00f1ala que \u00abla cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u201d; es decir, para cuando arribe el libelo casacional a esta Corporaci\u00f3n, el t\u00f3pico de la cuant\u00eda ha debido ser determinado por el Ad quem.<\/p>\n<p>As\u00ed las cosas, tal y como lo ha definido esta Corporaci\u00f3n, si el Tribunal no se ha ocupado de examinar la concurrencia del requisito de la cuant\u00eda o equivoca su cuantificaci\u00f3n, no proceder\u00e1 el examen de la demanda de casaci\u00f3n, dado que el recurso se habr\u00eda concedido, en esas circunstancias, de manera prematura, lo que conlleva la devoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen, para lo de su competencia.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed se verifica que la decisi\u00f3n que puso fin al incidente de reparaci\u00f3n integral fue adoptada con bastante posterioridad al arriba citado auto AP5449-2019.<\/p>\n<p>Pese a ello, una vez se interpuso y sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn se limit\u00f3 a remitir de manera autom\u00e1tica la actuaci\u00f3n a la Corte, incluso, pasando por alto que el representante de los demandantes le advirti\u00f3 al magistrado ponente que se incumpl\u00eda el requisito de cuant\u00eda, controversia que zanj\u00f3 el funcionario significando que este es un tema propio de la Corte.<\/p>\n<p>Se itera, entonces, que lo correcto es que, a la par del requisito de procedibilidad atinente a la oportunidad, se examine, en los t\u00e9rminos del anotado canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso, si el monto de lo pretendido por la v\u00edctima supera o no los 1000 s.m.l.m.v., para decidir si es procedente conceder el recurso o, por el contrario, denegarlo.<\/p>\n<p>En consecuencia, se dispondr\u00e1 devolver el diligenciamiento al Tribunal de origen, para que adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda.<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,<\/p>\n<p>RESUELVE<\/p>\n<p>Primero: \u00a0Abstenerse de examinar los presupuestos l\u00f3gicos y de argumentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por el apoderado del condenado, contra la sentencia proferida, el 9 de julio de 2024, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn.<\/p>\n<p>Segundo: DEVOLVER el expediente a la colegiatura indicada en el ac\u00e1pite que precede, para lo de su cargo.<\/p>\n<p>DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n<p>MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n<p>GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n<p>FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n<p>GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n<p>JORGE HERN\u00c1N DIAZ SOTO<\/p>\n<p>HU<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Casaci\u00f3n acusatorio n\u02da 67537 CUI: 05001600020620068073302 MAURICIO ANDR\u00c9S OCHOA LONDO\u00d1O DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N Magistrado ponente AP6538-2024 Radicaci\u00f3n N\u00b067537 Acta 265. 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