\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
GERARDO \u00a0BARBOSA CASTILLO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP- \u00a01680-2023 \u00a0<\/p>\n
Colisi\u00f3n \u00a0de competencia en tutela No. 134823 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 249 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s \u00a0(2023). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la colisi\u00f3n negativa de competencias suscitada entre \u00a0los Juzgados \u00a02\u00ba y 15 Penales del Circuito de Santa Marta y Barranquilla, \u00a0respectivamente, en virtud de la cual reh\u00fasan el conocimiento \u00a0de la acci\u00f3n de tutela promovida por BILAL ALGHANDOUR contra \u00a0la Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA \u00a0ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
BILAL \u00a0ALGHANDOUR, de nacionalidad libanesa, promovi\u00f3 acci\u00f3n \u00a0de tutela en procura de sus derechos fundamentales a la salud, vida y \u00a0unidad familiar presuntamente vulnerados por la Unidad Administrativa \u00a0Especial de Migraci\u00f3n Colombia. Explic\u00f3 que pese a \u00a0haber contra\u00eddo matrimonio civil el 30 de mayo de 2023 con \u00a0una ciudadana colombiana, la Unidad Administrativa \u00a0Especial de Migraci\u00f3n, mediante \u00a0Resoluci\u00f3n No. \u00a020237135401000672E del 17 de octubre de 2023, dispuso su deportaci\u00f3n \u00a0por infracci\u00f3n del art\u00edculo 2.2.1.11.2.12 \u00a0del decreto 1067 del 2015. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, pretende que, en amparo de sus garant\u00edas \u00a0fundamentales, se ordene a la entidad accionada revocar el mencionado \u00a0acto administrativo y proferir uno nuevo que garantice su permanencia \u00a0en territorio colombiano mientras adelanta los tr\u00e1mites \u00a0necesarios para la expedici\u00f3n de su c\u00e9dula de \u00a0extranjer\u00eda. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Inicialmente, \u00a0la acci\u00f3n correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 15 Penal \u00a0del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, por auto del 1\u00ba \u00a0de diciembre de 2023, rehus\u00f3 su competencia para conocer el \u00a0asunto argumentando que del contenido de la demanda y sus anexos \u00a0evidenci\u00f3 que el lugar donde ocurrieron los hechos, se \u00a0producen sus efectos y se domicilia el actor es en Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, con fundamento en lo dispuesto en los art\u00edculos 37 del \u00a0Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba \u00a0del Decreto 333 de 2021 -modificatorio \u00a0del art\u00edculo \u00a02 .2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015-, \u00a0remiti\u00f3 las diligencias a los juzgados penales del circuito de \u00a0Santa Marta (reparto). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Santa Marta, con auto de la \u00a0misma fecha -1\u00ba \u00a0de diciembre-, \u00a0se \u00a0abstuvo de avocar el conocimiento de la acci\u00f3n y remiti\u00f3 \u00a0el expediente a esta Corporaci\u00f3n. Adujo que Barranquilla, \u00a0adem\u00e1s de ser la ciudad donde se producen los efectos de la \u00a0denunciada vulneraci\u00f3n, es el domicilio del actor, tal como se \u00a0indic\u00f3 con precisi\u00f3n en la demanda y se ratific\u00f3 \u00a0por \u00e9l mismo ante requerimiento efectuado por el despacho. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley \u00a0270 de 1996, la Sala est\u00e1 facultada para resolver la \u00a0definici\u00f3n de competencia cuando involucra autoridades \u00a0judiciales de diferentes distritos judiciales. Tal precepto resulta \u00a0aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto \u00a0en este no se regula expresamente lo concerniente a incidentes de \u00a0colisi\u00f3n de competencia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Conforme a los par\u00e1metros que brindan los art\u00edculos 86 \u00a0de la Constituci\u00f3plann Pol\u00edtica, 37 del Decreto 2591 de \u00a01991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 \u2013 modificado por \u00a0el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021-, son competentes para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela por el factor territorial, a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde, (i) ocurre la \u00a0violaci\u00f3n o la amenaza de los derechos fundamentales, o (ii) \u00a0se producen sus efectos. \u00a0<\/p>\n
Este \u00a0sistema atributivo de competencia preventiva significa que los jueces \u00a0con jurisdicci\u00f3n en cualquiera de estos lugares son \u00a0competentes para conocer de la acci\u00f3n de amparo y que el \u00a0demandante puede escoger libremente entre ellos, sin que al juez \u00a0elegido le sea dable alegar incompetencia por el factor territorial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al se\u00f1alar \u00a0que la competencia geogr\u00e1fica se establece por el lugar donde \u00a0se presenta la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales o el \u00a0sitio donde surtieren sus efectos, bajo el entendido que todos los \u00a0jueces en el respectivo \u00e1mbito son competentes para conocer \u00a0del amparo. Por tanto, cuando exista divergencia entre los dos \u00a0criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, \u00a0cuando el lugar de la trasgresi\u00f3n o amenaza difiere del de sus \u00a0consecuencias, se confiere prevalencia a la elecci\u00f3n del \u00a0promotor (CC \u00a0A 012 de 2017 y CC A 041 de 2018). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En el presente asunto, la censura planteada por BILAL ALGHANDOUR, se \u00a0contrae a cuestionar un acto administrativo proferido por la \u00a0Direcci\u00f3n Regional Atl\u00e1ntico de la Unidad \u00a0Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia, mediante el \u00a0cual le fue impuesta una sanci\u00f3n de deportaci\u00f3n por \u00a0infracci\u00f3n del art\u00edculo 2.2.1.11.2.12 \u00a0del decreto 1067 del 2015. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0de la informaci\u00f3n aportada a la actuaci\u00f3n se establece \u00a0que el domicilio del accionante se encuentra en la ciudad de \u00a0Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0este contexto, es claro para la Sala que el Juzgado 2\u00ba Penal del \u00a0Circuito de Santa Marta no es territorialmente competente para \u00a0conocer y decidir la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0ALGHANDOUR, pues ninguna de las partes tiene domicilio en dicha \u00a0ciudad lo cual excluye lo referente a que la presunta lesi\u00f3n a \u00a0los derechos fundamentales invocados ocurri\u00f3 o surti\u00f3 \u00a0efectos en ese lugar. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0expuesto constituye raz\u00f3n suficiente para dirimir la colisi\u00f3n \u00a0de competencia propuesta asignando el conocimiento de la demanda de \u00a0tutela al Juzgado 15 Penal del Circuito de Barranquilla, despacho \u00a0judicial al cual se dispondr\u00e1 remitir de manera inmediata el \u00a0expediente para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR que la competencia para conocer la acci\u00f3n \u00a0promovida por BILAL ALGHANDOUR contra la Unidad \u00a0Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia \u00a0corresponde al Juzgado 15 Penal del Circuito de \u00a0Barranquilla, de conformidad con las consideraciones anotadas \u00a0en precedencia. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0REMITIR \u00a0inmediatamente \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n a la \u00a0aludida autoridad judicial, para \u00a0que, sin m\u00e1s dilaciones, asuma el procedimiento de amparo. \u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0COMUNICAR la \u00a0presente decisi\u00f3n a la parte accionante y al Juzgado 2\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Santa Marta, conforme \u00a0al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
CUARTO. \u00a0Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
COMUN\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
GERARDO \u00a0BARBOSA CASTILLO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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