\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Myriam \u00a0\u00c1vila Rold\u00e1n \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
CUI: \u00a023001220400020230019301 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 133824 \u00a0<\/p>\n
STP12967-2023 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado acta \u00a0n\u00b0210) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0OBJETO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante, \u00a0Eduardo \u00a0Enrique Molina Tirado, \u00a0contra \u00a0la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2023 por la Sala \u00a0Primera de Decisi\u00f3n Constitucional de la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0s\u00edntesis, el accionante considera que la Fiscal\u00eda \u00a0Segunda delegada ante el Tribunal de Monter\u00eda1 \u00a0ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso \u00a0a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto no ha adoptado una \u00a0decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n \u00a0230016099050201600610. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0antecedentes m\u00e1s relevantes fueron resumidos por el Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 28 de diciembre de 2016, el Sr. EDUARDO ENRIQUE MOLINA TIRADO \u00a0denunci\u00f3 penalmente al Dr. FREDY JOS\u00c9 PUCHE CAUSIL, \u00a0entonces Juez Promiscuo de Familia de Ceret\u00e9, por los delitos \u00a0de \u201cprevaricato por acci\u00f3n, prevaricato por omisi\u00f3n, \u00a0fraude procesal, fraude a resoluci\u00f3n judicial, abuso de \u00a0autoridad y otras extralimitaciones de funciones que resulten \u00a0probadas\u201d, dentro de los procesos radicados No. 00264-2011 y \u00a000126-2015. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0la denuncia el Sr. MOLINA TIRADO aduce que, luego de la muerte de su \u00a0presunto padre CARLOS ESPINOSA MILANEZ en el a\u00f1o 2000 en el \u00a0Municipio de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, a pesar de ser \u00fanico \u00a0heredero, no pudo recibir sus bienes, pues fue v\u00edctima de \u00a0amenazas y presiones de grupos al margen de la ley y de otros \u00a0particulares. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0noticia criminal fue asignada inicialmente a la Fiscal\u00eda 11 \u00a0Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n \u00a0P\u00fablica de Monter\u00eda, pero, el 30 de enero de 2017, se \u00a0remiti\u00f3 a la Unidad Delegada ante Tribunal para que se \u00a0investigara al juez aforado. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0\u00e9sta qued\u00f3 a cargo de la Fiscal\u00eda Tercera \u00a0Delegada, quien el 07 de marzo de 2017 escuch\u00f3 en \u00a0interrogatorio al indiciado PUCHE CAUSIL y el 01 de noviembre del \u00a0mismo a\u00f1o recibi\u00f3 ampliaci\u00f3n de denuncia del Sr. \u00a0MOLINA TIRADO. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0despacho de la Fiscal\u00eda Tercera fue eliminado y, en \u00a0consecuencia, la investigaci\u00f3n fue asignada a su hom\u00f3loga \u00a0la Fiscal\u00eda Segunda. Sin embargo, \u00e9sta \u00faltima \u00a0tambi\u00e9n fue suprimida, por lo que el 13 de septiembre de 2023 \u00a0todas las 246 actuaciones que adelantaba se asignaron en cabeza de la \u00a0Fiscal\u00eda Primera Delegada ante este Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El \u00a0Sr. MOLINA TIRADO aduce la vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia, pues considera que desde el momento en que denunci\u00f3 \u00a0(diciembre de 2016) a la fecha de hoy, se han superado los plazos \u00a0razonables para tomar una decisi\u00f3n de fondo, esto es, para \u00a0formular imputaci\u00f3n o archivar la causa. En consecuencia, \u00a0pretende que el juez constitucional le ordene al ente acusador que \u00a0haga ello dentro del t\u00e9rmino de 3 meses. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a026 de septiembre de 2023, la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera de Decisi\u00f3n Constitucional de la Sala Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0primera medida, precis\u00f3 que, dada la supresi\u00f3n de las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otras dos delegadas, la investigaci\u00f3n fue asignada el 13 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0septiembre de 2023 a la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-vinculada-, la cual \u00abtiene \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a su cargo 325 casos, con 6 de ellos en etapa de juicio, algunos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0regidos bajo el sistema procesal de Ley 600 de 2000, otros asignados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0especialmente por el despacho del Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y otros tantos con car\u00e1cter urgente y preferente porque est\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prontos a prescribir y cuya recepci\u00f3n data desde el 2010\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Luego, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0indic\u00f3 que si bien ya se cumpli\u00f3 con el t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legal de seis a\u00f1os para formular imputaci\u00f3n y ordenar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0motivadamente el archivo, exist\u00eda un retardo de tan solo ocho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0meses, que \u00abno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcanzar\u00eda a configurar una mora judicial grosera e \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0irrazonable\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Agreg\u00f3 que no hab\u00eda pasado ni siquiera un mes desde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el asunto le fue asignado a esa Fiscal\u00eda que, adem\u00e1s, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera diligente, inmediata y oportuna\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entreg\u00f3 copias del expediente al interesado e impuls\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la actuaci\u00f3n \u00ablibrando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00f3rdenes a polic\u00eda judicial encaminadas a obtener las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0copias de los expedientes procesales en los que presuntamente se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cometieron los punibles denunciados\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tanto, estim\u00f3 que lo irrazonable e injusto ser\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imponerle a la Fiscal\u00eda Primera Delegada un corto t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tres meses para que tome una decisi\u00f3n de fondo \u00abde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera apresurada y sin los elementos de convicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0necesarios, m\u00e1s a\u00fan cuando no se acredita la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consumaci\u00f3n pr\u00f3xima e inmediata de un da\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0irremediable [\u2026], \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esto es, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delitos de prevaricato (como en cambio s\u00ed sucede en otras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuaciones que se adelantan en su despacho)\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Finalmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0resalt\u00f3 que ese funcionario no deb\u00eda asumir la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tardanza en que incurrieron sus antecesores, y que \u00abde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los elementos materiales probatorios por recaudar puede surgir la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0necesidad de obtener otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[\u2026]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
7. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02 de octubre de 2023, Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia. Adujo que (i) el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal desconoci\u00f3 el real alcance del art\u00edculo 175 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Ley 906 por cuanto se super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, y (ii) la demora no se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0puede justificar por el cambio de Fiscal\u00eda Delegada. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tanto, pidi\u00f3 que se conceda el amparo y se ordene a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionada que emita una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de dos (2) meses. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Competencia \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es competente para conocer de la impugnaci\u00f3n propuesta, de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el art\u00edculo 32 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021, toda vez que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n de primera instancia fue emitida por la Sala Primera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Decisi\u00f3n Constitucional de la Sala Penal del Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respecto de la cual ostenta la calidad de superior funcional. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Problema jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9. \u00bfLa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Monter\u00eda ha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulnerado los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administraci\u00f3n de justicia de Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al no haber adoptado una decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con la investigaci\u00f3n 230016099050201600610? \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Sobre \u00a0la mora judicial y los casos en los que el amparo es procedente \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, toda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0injustificadas. En el mismo sentido, su art\u00edculo 228 ordena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que los t\u00e9rminos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesales deben ser observados con diligencia, y que su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incumplimiento debe ser sancionado. A su vez, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley 270 de 1996 establece como principios de la administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de justicia los de acceso, celeridad y eficiencia (art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02, 4 y 7). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11. Es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0as\u00ed como el ordenamiento jur\u00eddico protege a las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0personas de los excesos de los servidores p\u00fablicos en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejercicio de sus funciones, imponi\u00e9ndoles a estos la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obligaci\u00f3n de respetar los t\u00e9rminos judiciales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecidos por el Legislador. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obstante, la mora de las autoridades judiciales no se configura por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el simple paso del tiempo, sino que exige realizar un an\u00e1lisis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completo de la situaci\u00f3n. Para determinar cu\u00e1ndo se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presentan dilaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0injustificadas -eventos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en los que procede la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela-, la jurisprudencia constitucional (CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-052-2018 y T-186-2017) y de esta Sala (CSJ STP16981-2022) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0han se\u00f1alado que debe estudiarse si (i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la ley; (ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo; y (iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las funciones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
13. Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el juez constitucional encuentra que la dilaci\u00f3n no tiene \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0justificaci\u00f3n, habr\u00e1 de intervenir en defensa de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos fundamentales del afectado, para lo cual tiene tres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alternativas: (i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0negar la violaci\u00f3n de derechos, reiterando la obligaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del accionante de someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de igualdad; (ii) disponer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0excepcionalmente la alteraci\u00f3n del orden de turnos, cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e9 en presencia de sujetos de especial protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional, o cuando la mora supere plazos razonables y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tolerables; o (iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ordenar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el amparo transitorio mientras la autoridad competente se pronuncia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de forma definitiva (CSJ STP16981-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP4526-2023 y STP9576-2023). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0particular, sobre la mora judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en las actuaciones a cargo de la Fiscal\u00eda General de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Naci\u00f3n, la Sala ha destacado el contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004 (modificado por las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0leyes 1453 y 1474 de 2011, y 2205 de 2022): \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0175. Duraci\u00f3n de los procedimientos.\u00a0[\u2026] \u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a01o. La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino m\u00e1ximo \u00a0de dos a\u00f1os contados a partir de la recepci\u00f3n de la \u00a0noticia criminis para formular imputaci\u00f3n u ordenar \u00a0motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. Este t\u00e9rmino \u00a0m\u00e1ximo ser\u00e1 de tres a\u00f1os cuando se presente \u00a0concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados. \u00a0Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de \u00a0competencia de los jueces penales del circuito especializado el \u00a0t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de cinco a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a02o. <Par\u00e1grafo adicionado por el art\u00edculo 2 de la \u00a0Ley 2205 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Trat\u00e1ndose \u00a0de los delitos de homicidio (Art. 103 C. P.), feminicidio (Art. 104A \u00a0C. P.), violencia intrafamiliar (Art. 229 C. P.) o de delitos contra \u00a0la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual (T\u00edtulo IV \u00a0C. P.), perpetrados contra menores de dieciocho (18) a\u00f1os, la \u00a0Fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de ocho (8) meses \u00a0contados a partir de’ la recepci\u00f3n de la noticia criminal para \u00a0formular la imputaci\u00f3n u ordenar mediante decisi\u00f3n \u00a0motivada el archivo de la indagaci\u00f3n, prorrogables por una \u00a0sola vez hasta por seis (6) meses cuando medie justificaci\u00f3n \u00a0razonable. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo tercero, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal (CSJ AP5373-2015) indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0la \u00a0Ley 1474 de 2011 cuya vigencia data desde el 12 de julio de 2011, \u00a0consagr\u00f3 la ampliaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para \u00a0investigaci\u00f3n, e incorpor\u00f3 un par\u00e1grafo en el \u00a0que deja sentado que contenidos en el art\u00edculo 175 se \u00a0duplicar\u00e1n cuando se trata de procesos por delitos de \u00a0competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, contra \u00a0la Administraci\u00f3n P\u00fablica y el patrimonio econ\u00f3mico \u00a0que recaigan sobre bienes del Estado, respecto de los cuales proceda \u00a0la detenci\u00f3n preventiva, que se duplicar\u00e1n cuando sean \u00a0tres (3) o m\u00e1s los imputados o los delitos objeto de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0[\u2026]. \u00a0<\/p>\n
Dicha \u00a0eventualidad aunada a que en esta oportunidad se procede por m\u00e1s \u00a0de tres delitos que atentan contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, \u00a0espec\u00edficamente en cuanto se trata de tres delitos de \u00a0prevaricato por acci\u00f3n y un delito de prevaricato por omisi\u00f3n, \u00a0son circunstancias que sin lugar a equ\u00edvocos llevan a la \u00a0conclusi\u00f3n relativa a que resultaba imperativo aplicar lo \u00a0previsto en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 de la Ley 906 \u00a0de 2004, introducido por el art\u00edculo 35 de la Ley 1474 de \u00a02011. \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien es cierto las reformas introducidas al mencionado art\u00edculo \u00a0175 a trav\u00e9s de las Leyes 1453 y 1474 de 2011 se produjeron de \u00a0manera casi simult\u00e1nea, ninguna incertidumbre se presenta \u00a0respecto a que \u00e9sta \u00faltima normatividad lo que hizo fue \u00a0adicionar un nuevo Par\u00e1grafo al art\u00edculo 175, \u00a0denominado “ampliaci\u00f3n de t\u00e9rminos para \u00a0investigaci\u00f3n”, tal y como expresamente se consign\u00f3 \u00a0en la exposici\u00f3n de motivos (ver \u00a0gaceta 607 del 7 de septiembre de 2010), donde se aduce que \u201c\u2026En \u00a0el campo procesal, se ha evidenciado la imposibilidad de llevar a \u00a0cabo una investigaci\u00f3n compleja de corrupci\u00f3n en los \u00a0t\u00e9rminos que se\u00f1ala la ley; por ello es necesaria su \u00a0ampliaci\u00f3n. Resulta necesario duplicar el t\u00e9rmino de \u00a0duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n en los casos de corrupci\u00f3n \u00a0en los cuales sean tres (3) o m\u00e1s los imputados o los delitos \u00a0objeto de investigaci\u00f3n, dada la mayor complejidad que \u00a0revisten estas investigaciones y el mayor tiempo que en consecuencia \u00a0requiere la Fiscal\u00eda para formular la acusaci\u00f3n, \u00a0solicitar la preclusi\u00f3n o aplicar el principio de oportunidad, \u00a0y preparar su participaci\u00f3n en el juicio\u2026\u201d. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales condiciones, el Par\u00e1grafo que introdujo la ley 1474 de \u00a02011, duplic\u00f3 los t\u00e9rminos para la presentaci\u00f3n \u00a0del escrito de acusaci\u00f3n, realizar las audiencias preparatoria \u00a0y de juicio oral, as\u00ed como los t\u00e9rminos m\u00e1ximos \u00a0de investigaci\u00f3n que se fijaron en el primer par\u00e1grafo \u00a0que ya hab\u00eda sido adicionado por la ley 1453 del mismo a\u00f1o, \u00a0y por consiguiente, aquellos procesos adelantados por delitos contra \u00a0la Administraci\u00f3n P\u00fablica respecto de los cuales \u00a0proceda la detenci\u00f3n preventiva, tal y como acontece en el \u00a0presente asunto, los t\u00e9rminos que modific\u00f3 la ley 1453, \u00a0se duplican, hermen\u00e9utica que se desprende del objetivo \u00a0fundamental de la reforma, que consisti\u00f3 en remover los \u00a0obst\u00e1culos injustificados generadores de impunidad, derivados \u00a0de las falencias y defectos de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0primera medida, la Sala estima que la acci\u00f3n de tutela es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedente porque fue instaurada (i) contra la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Monter\u00eda -vinculada-, autoridad que ser\u00eda responsables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(legitimaci\u00f3n por pasiva); (ii) quien \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional directamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(legitimaci\u00f3n por activa). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otra parte, (iii) la mora judicial tiene un car\u00e1cter \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0permanente y continuo, y al momento de la instauraci\u00f3n de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela (20 de septiembre de 2023) a\u00fan no se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hab\u00edan finalizado la investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0230016099050201600610 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(inmediatez); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y (iv) en el caso concreto no existe un mecanismo judicial id\u00f3neo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y eficaz (Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 6\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto 2591 de 1991) al que el demandante hubiera debido acudir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0antes de interponer la acci\u00f3n de tutela (subsidiariedad). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuanto al fondo, la Sala se aparta de la conclusi\u00f3n del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal, ya que en el caso objeto de estudio la autoridad accionad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0s\u00ed ha vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administraci\u00f3n de justicia de Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anterior, porque hay un desconocimiento del plazo razonable, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, la Fiscal\u00eda Primera delegada ante el Tribunal Superior \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Distrito Judicial de Monter\u00eda ha incurrido en una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0situaci\u00f3n de mora judicial injustificada en relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con la investigaci\u00f3n 230016099050201600610. Para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustentar lo anterior, se estudiar\u00e1n los elementos que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0configuran \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esa mora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20. (i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la Ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para adelantar la actuaci\u00f3n por parte del funcionario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competente. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De acuerdo con el art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda tiene un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os contados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir de la recepci\u00f3n de la noticia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0criminis para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formular la imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la investigaci\u00f3n cuando se presente de concurso de delitos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino que se duplica cuando -entre otros eventos- el objeto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de investigaci\u00f3n son tres o m\u00e1s delitos contra la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica (i.e. seis a\u00f1os). En el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0caso concreto, dentro del T\u00edtulo XV de la Ley 599 de 2000 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0encuentran tres de los delitos por los que cursa la investigaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a saber: prevaricato por acci\u00f3n (art\u00edculo 413), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prevaricato por omisi\u00f3n (art\u00edculo 414) y abuso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridad por acto arbitrario e injusto (art\u00edculo 416). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21. As\u00ed, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0teniendo en cuenta que Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0present\u00f3 la denuncia penal el 28 de diciembre de 2016, para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el momento en que se adopta esta decisi\u00f3n han transcurrido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00e1s de seis a\u00f1os y diez meses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
22. (ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Existencia de un motivo razonable que justifique dicha demora. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Si bien no se desconoce que la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Monter\u00eda conoce de la investigaci\u00f3n desde el 13 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0septiembre de 2023 y ha sido diligente en relaci\u00f3n con las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitudes del accionante (copias del expediente e impulso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal) -aunado a que cuenta con una importante carga laboral (ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0supra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rr. n.\u00b0 3)-, lo cierto es que los cambios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administrativos al interior de la Fiscal\u00eda -que han implicado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que no se haya adoptado una decisi\u00f3n de fondo respecto de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0investigaci\u00f3n- no pueden ser atribuidos al denunciante. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otras palabras, esa carga no debe ser soportada por \u00e9l. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo tanto, la Sala considera la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0investigaci\u00f3n ha desbordado el plazo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ya que (ii.1) el asunto por decidir no reviste de un alto grado de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0complejidad, dado que se denunci\u00f3 a una persona que fungi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0como juez por el tr\u00e1mite dado a dos procesos (\u00abNo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a000264-2011 y 00126-2015\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de sucesi\u00f3n intestada y lesi\u00f3n enorme, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respectivamente); (ii.2) el accionante no ha dilatado el proceso; y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii.3) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no se evidenciaron mayores avances en la investigaci\u00f3n por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte de los predecesores de la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Monter\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24. Adicionalmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii.4) el tiempo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0transcurrido influye de manera relevante en los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de justicia del demandante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0toda vez que, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0algunos de los delitos tienen un t\u00e9rmino no tan extenso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prescripci\u00f3n -incluso considerando el incremento del art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a083 de la Ley 599 por la calidad de servidor p\u00fablico del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0denunciado-, como el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prevaricato por omisi\u00f3n (135 meses. Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arts. 83 y 414), abuso de autoridad (90 meses. Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arts. 83 y 416), fraude procesal (144 meses. Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arts. 83 y 453) y el fraude a resoluci\u00f3n judicial (72 meses. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arts. 83 y 454). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25. (iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La tardanza es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala reitera que la tardanza en la investigaci\u00f3n es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atribuible a la Fiscal\u00eda. \u00a0<\/p>\n
f. Conclusi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26. Con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0base en el an\u00e1lisis de procedencia y el estudio de fondo, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala revocar\u00e1 la sentencia de primera instancia, que neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela. En su lugar, conceder\u00e1 el amparo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de justicia de Eduardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enrique Molina Tirado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anterior, tras evidenciar que en el caso concreto se configur\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una situaci\u00f3n de mora judicial injustificada en el tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la investigaci\u00f3n 230016099050201600610. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En particular, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porque se desconoci\u00f3 el plazo razonable en tanto se super\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el t\u00e9rmino previsto para emitir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una decisi\u00f3n de fondo (seis a\u00f1os), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin que los problemas administrativos al interior de la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deban ser asumidos por el accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tanto, la Sala ordenar\u00e1 a la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Monter\u00eda que, en un t\u00e9rmino de seis meses, adopte una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0230016099050201600610, de conformidad con lo dispuesto en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2006. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29. Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bien, por regla general, en este tipo de asuntos el plazo que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determina la Sala para el cumplimiento es de tres meses, en este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0caso concreto se justifica uno mayor teniendo en cuenta que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0investigaci\u00f3n le fue asignada a la Fiscal\u00eda Primera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 13 de septiembre de 2023. \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Revocar la \u00a0sentencia impugnada y, en su lugar, conceder \u00a0la \u00a0tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a \u00a0la administraci\u00f3n de justicia de Eduardo \u00a0Enrique Molina Tirado. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar a \u00a0la Fiscal\u00eda Primera Delegada \u00a0ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0que, en un t\u00e9rmino de seis (6) meses contado a partir de la \u00a0notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, adopte una decisi\u00f3n \u00a0de fondo en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n \u00a0230016099050201600610, \u00a0de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 175 de la Ley \u00a0906 de 2006. \u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
Cuarto. \u00a0Notif\u00edquese \u00a0de acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De acuerdo con el juez de tutela de primera instancia, \u00abal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente tr\u00e1mite tutelar fueron vinculados oficiosamente como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0terceros con inter\u00e9s las partes e intervinientes dentro del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SPOA No. 230016099505201600610\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A partir del derecho internacional de los derechos humanos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Interamericana de Derechos Humanos), la jurisprudencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional ha reiterado que el plazo razonable -como componente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del debido proceso- debe ser analizado a partir de cuatro elementos: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abi)\u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0complejidad del asunto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que implica un an\u00e1lisis de las circunstancias de\u00a0jure\u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de\u00a0facto\u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0caso concreto; ii)\u00a0la\u00a0actividad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal del implicado, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en donde las actuaciones del\u00a0interesado\u00a0pueden \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ser determinantes para la pronta resoluci\u00f3n del proceso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(impulso procesal) o, por el contrario, para su dilaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asimismo, iii) la\u00a0conducta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de las autoridades\u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el inter\u00e9s en el proceso por parte de los funcionarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales. Por \u00faltimo, iv) la\u00a0afectaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0generada en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0involucrada en el proceso\u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determina si el paso del tiempo en el proceso incide o influye de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera relevante e intensa en la situaci\u00f3n jur\u00eddica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(derechos y deberes) de los investigados\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CC T-099-2021). \u00a0<\/p>\n
Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 No. 7 \u2013 65 Palacio de Justicia – Bogot\u00e1, Colombia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PBX: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(571) 562 20 00 Exts.1126 -1142 – 1143 – 1144 – 1145 Fax: 1125 – \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01428 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n