\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Myriam \u00a0\u00c1vila Rold\u00e1n \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
CUI: \u00a073001220400020230067801 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 132784 \u00a0<\/p>\n
STP9607-2023 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0acta n\u00b0172) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0OBJETO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por el apoderado de \u00a0Flor \u00a0Smith Triana Trujillo \u00a0contra \u00a0la sentencia proferida el 8 de agosto de 2023 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la tutela por \u00a0carencia actual de objeto en contra de la Fiscal 26 Seccional de esa \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actora acudi\u00f3 al amparo para exponer que interpuso m\u00faltiples \u00a0solicitudes pidiendo a la accionada que adopte una decisi\u00f3n de \u00a0fondo en la indagaci\u00f3n n.o \u00a073001-6000-432-2018-00453, en la que obra como denunciante, sin que \u00a0aquello haya sucedido. \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0impugna el fallo de primer grado al considerar que la respuesta de \u00a0fiscal\u00eda no es suficiente, toda vez que lo solicitado fue que \u00a0adopte una decisi\u00f3n de fondo, lo que sigue sin ocurrir. \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0HECHOS \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0El \u00a0apoderado de Flor \u00a0Smith Triana Trujillo \u00a0refiri\u00f3 que entre el a\u00f1o 2020 al 2023 interpuso \u00a0m\u00faltiples solicitudes a la fiscal\u00eda accionada para que \u00a0adopte una decisi\u00f3n de fondo en la indagaci\u00f3n n.o \u00a073001-6000-432-2018-00453, en la que obra como denunciante. Sin \u00a0embargo, hasta la interposici\u00f3n del amparo la demandada, la \u00a0accionada no hab\u00eda \u201cformulado \u00a0imputaci\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la \u00a0solicitud de amparo y declar\u00f3 la carencia actual de objeto. \u00a0<\/p>\n
2.1.- \u00a0De forma gen\u00e9rica refiri\u00f3 que la accionada demostr\u00f3 \u00a0haber respondido los requerimientos de la actora y le inform\u00f3 \u00a0que desde el 10 de julio de 2020 \u201cse \u00a0solicit\u00f3 audiencia de preclusi\u00f3n, la cual no ha sido \u00a0fijada, motivo por el cual se requerir\u00e1 al Centro de Servicios \u00a0Judiciales del Sistema Penal Acusatorio para que informe a qu\u00e9 \u00a0juzgado fue asignada, por qu\u00e9 no se ha realizado o si fue \u00a0retirada o devuelta\u201d. \u00a0Lo anterior, en su criterio, configur\u00f3 hecho superado. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0El \u00a0apoderado de Flor \u00a0Smith Triana Trujillo \u00a0impugn\u00f3 y \u00a0refiri\u00f3 que, si bien recibi\u00f3 respuesta, hasta la fecha, \u00a0la accionada no ha adoptado una decisi\u00f3n de fondo como lo \u00a0requiri\u00f3 en el libelo inicial. Adem\u00e1s, puso en duda la \u00a0supuesta presentaci\u00f3n de una preclusi\u00f3n. Agreg\u00f3 \u00a0que el lapso para que la accionada adelante la investigaci\u00f3n \u00a0est\u00e1 vencido. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Competencia \u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0La \u00a0Sala es competente para conocer de la presente impugnaci\u00f3n \u00a0conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 \u00a0de 1991 y el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado \u00a0por el Decreto 333 de 2021, toda vez que la decisi\u00f3n de \u00a0primera instancia fue resuelta por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, de la cual esta \u00a0corporaci\u00f3n es superior funcional. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Problema jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Conforme \u00a0al escrito de impugnaci\u00f3n le corresponde a la sala determinar, \u00a0si la \u00a0Fiscal 26 Seccional de Ibagu\u00e9 ha incurrido en mora al tramitar \u00a0la indagaci\u00f3n 73001-6000-432-2018-00453, \u00a0en \u00a0la que Flor \u00a0Smith Triana Trujillo, \u00a0obra \u00a0como denunciante. \u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0Para resolver este problema, primero, se har\u00e1 un recuento \u00a0jurisprudencial sobre la mora judicial y, luego, se analizar\u00e1 \u00a0el posible quebranto a las garant\u00edas invocadas por la parte \u00a0actora. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Sobre la mora judicial y su an\u00e1lisis en el caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.- \u00a0As\u00ed, la necesidad de que las causas judiciales avancen en \u00a0debida forma y dentro de los t\u00e9rminos definidos por la ley \u00a0implica la salvaguarda de derechos de los sujetos procesales tales \u00a0como el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho de contradicci\u00f3n, \u00a0entre otros, al tiempo que se garantiza la efectividad de los fines y \u00a0funciones del Estado. \u00a0<\/p>\n
9.- \u00a0Por lo anterior, las dilaciones injustificadas representan \u00a0vulneraciones a los derechos de los sujetos procesales, pues, las \u00a0demoras en las diligencias judiciales pueden generar una prolongaci\u00f3n \u00a0de los da\u00f1os y perjuicios que fueron sometidos a consideraci\u00f3n \u00a0de la judicatura o, tambi\u00e9n, pueden implicar limitaciones \u00a0prolongadas carentes de fundamento de los derechos de las partes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
10.- \u00a0La Corte Constitucional ha determinado que la acci\u00f3n de tutela \u00a0es procedente para proteger los derechos fundamentales que puedan ser \u00a0vulnerados en aquellos casos en los cuales es evidente una dilaci\u00f3n \u00a0injustificada en los procedimientos y se est\u00e9 ante la \u00a0existencia de un perjuicio irremediable.\u202f\u00a0 \u00a0<\/p>\n
11.- \u00a0Metodol\u00f3gicamente, la demora o dilaci\u00f3n injustificada \u00a0en los procedimientos judiciales se establece a partir del concepto \u00a0de \u00abplazo \u00a0razonable\u00bb. \u00a0Para ello, la jurisprudencia constitucional con base en los \u00a0instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos2 \u00a0ha precisado la existencia de unos est\u00e1ndares para evaluar \u00a0cada situaci\u00f3n. En concreto, se ha definido la necesidad de \u00a0ponderar aspectos como la complejidad del asunto, la conducta \u00a0procesal de los intervinientes, la gesti\u00f3n de las autoridades \u00a0judiciales, la gravedad del asunto sometido a consideraci\u00f3n de \u00a0la justicia, las posibilidades materiales del restablecimiento de los \u00a0derechos de los sujetos procesales, etc. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
12.- \u00a0De esta manera, aunque proferir sus decisiones dentro de los tiempos \u00a0fijados en la ley para el procedimiento que regula la actuaci\u00f3n \u00a0constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el \u00a0funcionario judicial, el solo vencimiento de los t\u00e9rminos \u00a0judiciales no transgrede per \u00a0se el \u00a0derecho al debido proceso ni implica la configuraci\u00f3n de una \u00a0mora judicial. Para ello, es necesario determinar, con base en los \u00a0elementos se\u00f1alados, que la tardanza en resolver el asunto \u00a0carece de una justificaci\u00f3n constitucionalmente admisible.\u202f\u00a0\u202f\u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Caso concreto \u00a0<\/p>\n
13.- \u00a0En este asunto, se conoce que el 22 de diciembre de 2017 Flor \u00a0Smith Triana Trujillo \u00a0interpuso \u00a0denuncia por el delito de fraude procesal, a la que le fue asignado \u00a0el CUI 73001-6000-432-2018-00453 \u00a0y le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 26 \u00a0Seccional de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
14.- \u00a0En \u00a0orden, el \u00a0asunto ha estado a cargo de la accionada por 5 a\u00f1os y 8 meses, \u00a0aproximadamente, es decir, que objetivamente se venci\u00f3 el \u00a0t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os, previsto en el par\u00e1grafo del \u00a0art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
15.- \u00a0En \u00a0relaci\u00f3n con la complejidad del asunto y la carga laboral que \u00a0afronta la fiscal\u00eda accionada, aquella no esgrimi\u00f3 \u00a0ning\u00fan tipo de informaci\u00f3n. \u00a0As\u00ed, no acredit\u00f3 \u00a0motivos derivados del debate jur\u00eddico, probatorio o f\u00e1ctico \u00a0que justifique el empleo de un mayor recurso temporal en la \u00a0resoluci\u00f3n del conflicto planteado. \u00a0<\/p>\n
15.1.- \u00a0Ahora de la informaci\u00f3n aportada a esta actuaci\u00f3n se \u00a0conoce que hasta el 2020, la accionada libr\u00f3 12 \u00f3rdenes \u00a0a polic\u00eda judicial. Igualmente, obra escrito de solicitud de \u00a0preclusi\u00f3n de atipicidad del hecho investigado de fecha 10 de \u00a0julio de 2020. \u00a0<\/p>\n
15.2.- \u00a0Por lo anterior, quien aqu\u00ed funge como ponente, requiri\u00f3 \u00a0a la demandada para que informara del estado de la actuaci\u00f3n, \u00a0espec\u00edficamente, lo acontecido con el requerimiento de \u00a0preclusi\u00f3n y el 8 de septiembre de esta anualidad, la \u00a0accionada refiri\u00f3, de forma gen\u00e9rica, que la solicitud \u00a0en menci\u00f3n no fue realizada y que la indagaci\u00f3n estaba \u00a0activa. \u00a0<\/p>\n
16.- \u00a0Ante este panorama, la Sala advierte que, si \u00a0bien hay \u00a0informaci\u00f3n sobre las \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial \u00a0que fueron libradas por la accionada, se desconocen las actuaciones \u00a0concretas del tr\u00e1mite que se surti\u00f3 y los motivos por \u00a0los cuales desde el 2020 el asunto qued\u00f3 paralizado. \u00a0<\/p>\n
17.- As\u00ed, \u00a0resulta claro que desde el 2017 la indagaci\u00f3n referida no ha \u00a0permanecido totalmente inm\u00f3vil. Sin embargo, se advierte \u00a0negligencia \u00a0en el impulso de ese asunto, toda vez que la Fiscal\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n, lejos de ce\u00f1irse al procedimiento \u00a0establecido para esos casos, ha desbordado ampliamente los t\u00e9rminos \u00a0judiciales, pues han trascurrido 5 a\u00f1os y 8 meses sin que se \u00a0conozca un avance significativo en la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
18.- Esta inacci\u00f3n \u00a0constituye una dilaci\u00f3n infundada, toda vez que las \u00a0actuaciones que le son confiadas a la fiscal\u00eda no pueden \u00a0quedar en el limbo de forma indefinida y lesionar los derechos, en \u00a0este caso, de la actora, quien est\u00e1 a la espera del resultado \u00a0de la indagaci\u00f3n desde el 2017. \u00a0<\/p>\n
19.- As\u00ed \u00a0las cosas, las particularidades de este caso concreto se adecuan a \u00a0las caracter\u00edsticas exigidas por la jurisprudencia \u00a0constitucional y de esta Sala para la configuraci\u00f3n de la mora \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Conclusi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
20.- \u00a0La Sala revocar\u00e1 el fallo de primer grado al considerar que la \u00a0pretensi\u00f3n del actor no se dirigi\u00f3 exclusivamente a \u00a0obtener respuesta a las solicitudes de impulso, como lo entendi\u00f3 \u00a0el a \u00a0quo, \u00a0sino a exponer la mora de la fiscal\u00eda accionada. \u00a0<\/p>\n
22.- \u00a0En consecuencia, se ordenar\u00e1 al accionado que en el lapso de \u00a0tres (03) meses, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta \u00a0decisi\u00f3n, defina \u00a0la situaci\u00f3n de la indagaci\u00f3n n.o \u00a073001-6000-432-2018-00453, \u00a0conforme lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 de \u00a0la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.o \u00a03 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Revocar la \u00a0sentencia impugnada \u00a0y, en su lugar, conceder \u00a0el amparo a los derechos al debido proceso y al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia de Flor \u00a0Smith Triana Trujillo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ordenar \u00a0a la Fiscal\u00eda \u00a026 Seccional de Ibagu\u00e9 que, \u00a0dentro de los tres (03) meses, contados a partir de la notificaci\u00f3n \u00a0de esta providencia, defina \u00a0la situaci\u00f3n de la indagaci\u00f3n n.o \u00a073001-6000-432-2018-00453, \u00a0conforme lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 de \u00a0la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0Notif\u00edquese \u00a0de acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Entre otros, Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a014.3.c del PIDCP, art\u00edculo 40.2.b.iii de la Convenci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sobre los Derechos del Ni\u00f1o, art\u00edculo 18.3.c de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Migrantes; art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08.1 de la Convenci\u00f3n Americana, art\u00edculo 67.1.c del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Estatuto de la CPI. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respecto, es preciso destacar que Colombia ha ratificado los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0instrumentos internacionales que contienen los criterios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0orientadores del \u201cplazo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable\u201d, las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cdilaciones injustificadas\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y la \u201cadministraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de justicia pronta\u201d a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trav\u00e9s de las siguientes leyes: Ley 74 de 1968 -Pacto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos-; Ley 12 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01991 -Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o-; Ley 146 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1994 -Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Migrantes-; Ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016 de 1972 -Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos-. \u00a0<\/p>\n
Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 No. 7 \u2013 65 Palacio de Justicia – Bogot\u00e1, Colombia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PBX: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(571) 562 20 00 Exts.1126 -1142 – 1143 – 1144 – 1145 Fax: 1125 – \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01428 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n