{"id":74181,"date":"2024-03-08T15:44:40","date_gmt":"2024-03-08T15:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/03\/08\/sp360-202362308\/"},"modified":"2024-03-08T15:44:40","modified_gmt":"2024-03-08T15:44:40","slug":"sp360-202362308","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/03\/08\/sp360-202362308\/","title":{"rendered":"SP360-2023(62308)"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>SP360-2023 \u00a0<\/p>\n<p>Radicado \u00a0N\u00b062308 \u00a0<\/p>\n<p>Acta \u00a0163. \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0<\/p>\n<p>ASUNTO \u00a0<\/p>\n<p>La Corte procede a \u00a0examinar, de oficio, la posible vulneraci\u00f3n del principio de \u00a0legalidad de la pena impuesta a DIEGO FABI\u00c1N PE\u00d1A \u00a0ROMERO, quien fue condenado como autor del delito de homicidio \u00a0agravado, conforme a lo anunciado en el prove\u00eddo AP5517-2022 \u00a0del 30 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s del cual se inadmiti\u00f3 \u00a0la demanda de casaci\u00f3n presentada por su defensor. \u00a0<\/p>\n<p>HECHOS \u00a0<\/p>\n<p>DIEGO \u00a0FAB\u00cdAN PE\u00d1A ROMERO fue condenado en las instancias por \u00a0haber ocasionado la muerte a Cristian David Pe\u00f1a Futinico, \u00a0como consecuencia de m\u00faltiples heridas propinadas con arma \u00a0blanca. Los hechos acaecieron el 10 de agosto de 2016, \u00a0aproximadamente a las 8:30 o 9:00 a.m., en inmediaciones de la Calle \u00a0189 con Carrera 19, barrio Verbenal de Bogot\u00e1, D.C. \u00a0<\/p>\n<p>ACTUACI\u00d3N \u00a0PROCESAL RELEVANTE \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a024 de abril de 2017, ante el Juzgado 34 Penal Municipal con funci\u00f3n \u00a0de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda \u00a0374 Local, adscrita al Grupo Piloto de Homicidios Dolosos, formul\u00f3 \u00a0imputaci\u00f3n a DIEGO FABI\u00c1N PE\u00d1A ROMERO, como \u00a0autor del delito de homicidio previsto en el art\u00edculo 103 del \u00a0C\u00f3digo Penal, agravado por las circunstancias espec\u00edficas \u00a0de los numerales 6 y 7 del art\u00edculo 104 del mismo estatuto. El \u00a0cargo no fue aceptado por el imputado, quien, en audiencia \u00a0subsiguiente, celebrada de manera concentrada, qued\u00f3 sometido \u00a0a detenci\u00f3n preventiva domiciliaria. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a07 de abril de 2017, la misma Fiscal\u00eda radic\u00f3 escrito de \u00a0acusaci\u00f3n contra PE\u00d1A ROMERO, con reiteraci\u00f3n de \u00a0la calificaci\u00f3n jur\u00eddica efectuada en la imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0Juzgado 32\u00b0 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de \u00a0Bogot\u00e1 agot\u00f3 las correspondientes etapas procesales. El \u00a03 de diciembre de 2021 anunci\u00f3 sentido del fallo de car\u00e1cter \u00a0condenatorio y corri\u00f3 el traslado previsto en el art\u00edculo \u00a0447 de la Ley 906 de 2004. As\u00ed mismo, dict\u00f3 sentencia \u00a0en la que resolvi\u00f3: (i) condenar a DIEGO FABI\u00c1N PE\u00d1A \u00a0ROMERO, como autor responsable del delito de homicidio agravado, \u00a0seg\u00fan los art\u00edculos 103 y 104-6 y 7 del C\u00f3digo \u00a0Penal, a la pena principal de 400 meses de prisi\u00f3n; (ii) \u00a0imponer al procesado la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para \u00a0el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, por el mismo \u00a0lapso de la principal; (iii) negar la suspensi\u00f3n condicional \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. Consiguientemente, ordenar el traslado \u00a0inmediato del sentenciado, de su domicilio, a un establecimiento \u00a0penitenciario. \u00a0<\/p>\n<p>Interpuesto \u00a0el recurso ordinario de apelaci\u00f3n por la defensa t\u00e9cnica, \u00a0el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de \u00a0Decisi\u00f3n Penal, mediante sentencia del 4 de marzo de 2022, \u00a0modific\u00f3 parcialmente la providencia impugnada, en el sentido \u00a0de eliminar la agravante por sevicia -art\u00edculo \u00a0104-6 del C.P.-. Confirm\u00f3 el fallo de primera instancia \u00a0en los dem\u00e1s aspectos, conservando la cuantificaci\u00f3n de \u00a0las penas principal y accesoria, ya que al mantener la circunstancia \u00a0del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 104 \u201c(\u2026) \u00a0el homicidio por el que se acus\u00f3 al procesado sigue siendo \u00a0agravado, por lo que ning\u00fan efecto punitivo causa la \u00a0eliminaci\u00f3n de la primera circunstancia. Es decir, la pena \u00a0impuesta se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Tal \u00a0providencia fue recurrida en casaci\u00f3n por la defensa. En \u00a0respuesta, la Corte resolvi\u00f3 inadmitirla. Al paso, dispuso \u00a0que, una vez surtido el tr\u00e1mite atinente al mecanismo de \u00a0insistencia, regresara el asunto al despacho del Magistrado Ponente \u00a0para, de oficio, examinar si se quebrant\u00f3 el principio de \u00a0legalidad en la fijaci\u00f3n de la pena accesoria de \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones \u00a0p\u00fablicas, en pronunciamiento AP5517-2022 del 30 de noviembre \u00a0de 2022. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0la casaci\u00f3n oficiosa en el tr\u00e1mite propio de la Ley 906 \u00a0de 2004, la Corte tiene dicho que: \u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0a pesar de la inadmisi\u00f3n de una demanda, la Sala oficiosamente \u00a0puede disponer que se tramite el extraordinario recurso, supuesto en \u00a0el que ser\u00e1n objeto de la decisi\u00f3n los temas propuestos \u00a0directamente por la judicatura, esto es, que la propia Corte \u00a0determina y limita los problemas jur\u00eddicos que con car\u00e1cter \u00a0imperativo ameritan su pronunciamiento. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0tales circunstancias no hay necesidad de un debate entre las partes e \u00a0intervinientes, pues ellas no observaron, omitieron o inadvirtieron \u00a0lo que para la Corporaci\u00f3n resulta determinante y que exige su \u00a0intervenci\u00f3n en el caso concreto. Ni siquiera resulta \u00a0pertinente ordenar un traslado al Ministerio P\u00fablico pues este \u00a0especial sujeto si ten\u00eda razones para debatir o demeritar la \u00a0sentencia debi\u00f3 impugnarla. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0lo expuesto se sigue que la audiencia de sustentaci\u00f3n del \u00a0recurso de casaci\u00f3n no tiene lugar cuando la Corte hace uso de \u00a0sus poderes oficiosos, (\u2026)1. \u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0de todas formas se mantiene la facultad oficiosa de la Corte para \u00a0pasar por alto tales aspectos y dar prevalencia al derecho sustancial \u00a0sobre las formas \u2013Art. 228 constitucional-, cuando quiera que \u00a0advierta equivocaciones en la sentencia que, aunque no hayan sido \u00a0puestas de presente por quien acude a la sede extraordinaria, \u00a0implican un desmedro para las garant\u00edas del procesado o de \u00a0otras partes e intervinientes, lo cual obliga a la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal a restablecerlas. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0todas maneras, dicha facultad oficiosa est\u00e1 restringida por el \u00a0principio de raigambre constitucional de no reforma en peor, que \u00a0impide a la Corte enmendar los yerros de los que adolezca el fallo de \u00a0segunda instancia, si ello comporta desmejorar la situaci\u00f3n \u00a0del procesado cuando \u00e9ste es recurrente \u00fanico. \u00a0<\/p>\n<p>Es \u00a0as\u00ed que, al principio de limitaci\u00f3n, se sobrepone el \u00a0deber de la Corte de proteger garant\u00edas fundamentales que se \u00a0han menoscabado por v\u00eda de errores in procedendo o in \u00a0iudicando, en orden a posibilitar que de oficio la Sala decrete \u00a0nulidades o case parcial o totalmente la sentencia, dictando la de \u00a0reemplazo2. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0el presente asunto, el Juzgado 32\u00b0 Penal del Circuito con \u00a0funciones de conocimiento de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a DIEGO \u00a0PE\u00d1A, como autor responsable del delito de homicidio agravado, \u00a0seg\u00fan los art\u00edculos 103 y 104-6 y 7 del C\u00f3digo \u00a0Penal, a la pena principal de 400 meses de prisi\u00f3n; (ii) \u00a0imponer al procesado la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para \u00a0el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, por el mismo \u00a0lapso de la principal; (iii) negar la suspensi\u00f3n condicional \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0orden a preservar la legalidad de la pena impuesta, la Sala, \u00a0oficiosamente, casar\u00e1 la sentencia de segunda instancia y \u00a0proceder\u00e1 a hacer los ajustes y pronunciamientos \u00a0correspondientes en lo que toca con la sanci\u00f3n accesoria, en \u00a0cuanto, supera el l\u00edmite dispuesto en la ley. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, como la pena privativa de la libertad impuesta al \u00a0procesado ascendi\u00f3 a cuatrocientos (400) meses de prisi\u00f3n, \u00a0esto es, treinta y tres (33) a\u00f1os y cuatro (4) meses, lo \u00a0referido por el A quo, que no fue advertido por el Tribunal, \u00a0significa que en ese mismo t\u00e9rmino se fij\u00f3 la sanci\u00f3n \u00a0accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y \u00a0funciones p\u00fablicas. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 51, inciso 1\u00ba, \u00a0y 52, inciso 2\u00b0, del C\u00f3digo Penal de 2000, la \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones \u00a0p\u00fablicas no puede exceder de veinte (20) a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0anterior traduce que en el presente caso los sentenciadores \u00a0desconocieron lo dispuesto en las normas precitadas, cuando se\u00f1alaron \u00a0como monto de la pena accesoria la cantidad de cuatrocientos (400) \u00a0meses, quebrantando el principio de legalidad, garant\u00eda de \u00a0estirpe fundamental prevista en el art\u00edculo 29 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al amparo de la cual los \u00a0funcionarios judiciales est\u00e1n obligados a determinar las \u00a0sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los l\u00edmites \u00a0cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley. \u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0restablecimiento de la referida garant\u00eda deber\u00e1, por \u00a0consiguiente, concurrir la Sala, conforme lo impone el art\u00edculo \u00a0180 de la Ley 906 de 2004, en cuanto, estatuye como uno de los fines \u00a0de la casaci\u00f3n, precisamente, el respeto de las garant\u00edas \u00a0de los intervinientes. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, de oficio, se casar\u00e1 parcialmente la sentencia de \u00a0segundo grado, para fijar en veinte \u00a0(20) a\u00f1os la \u00a0pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y \u00a0funciones p\u00fablicas (CSJ SP7283-2017). \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte \u00a0Suprema De Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>Primero: \u00a0Casar parcial y oficiosamente la sentencia de segunda \u00a0instancia, para fijar en veinte (20) a\u00f1os la pena \u00a0accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y \u00a0funciones p\u00fablicas impuesta a DIEGO FABI\u00c1N PE\u00d1A \u00a0ROMERO. \u00a0<\/p>\n<p>Segundo: \u00a0En \u00a0lo dem\u00e1s, permanece inc\u00f3lume la sentencia examinada. \u00a0<\/p>\n<p>Tercero: \u00a0Devolver \u00a0la actuaci\u00f3n al despacho de origen. \u00a0<\/p>\n<p>Contra esta \u00a0providencia no proceden recursos. \u00a0<\/p>\n<p>Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n<p>HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n<p>MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n<p>GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n<p>DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n<p>Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ SP, 25 jul. 2007, rad. 27383. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ SP15269-2016, 24 oct., rad. 47640. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 SP360-2023 \u00a0 Radicado \u00a0N\u00b062308 \u00a0 Acta \u00a0163. \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0 ASUNTO \u00a0 La Corte procede a \u00a0examinar, de oficio, la posible vulneraci\u00f3n del principio de \u00a0legalidad de la pena impuesta a DIEGO FABI\u00c1N 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