SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP8806-2023 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0#131351 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0110 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por LUIS FERNANDO ACOSTA \u00a0CASTA\u00d1EDA contra la sentencia de tutela proferida el 31 de \u00a0mayo de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales presuntamente vulnerados por la Fiscal\u00eda \u00a0Seccional de la Mesa y la Alcald\u00eda Municipal de Apulo. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la direcci\u00f3n Seccional de \u00a0Fiscal\u00edas de Cundinamarca, el representante del Ministerio \u00a0P\u00fablico y el Personero de municipal de Apulo. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con la potestad otorgada por la ley1, \u00a0LUIS FERNANDO ACOSTA CASTA\u00d1EDA es veedor p\u00fablico y \u00a0ejerce el control social y de legalidad al proceso contractual de la \u00a0licitaci\u00f3n p\u00fablica LP 001-2023, el cual tiene como \u00a0prop\u00f3sito \u00abLa \u00a0construcci\u00f3n de la plaza de mercado del municipio de Apulo \u00a0Cundinamarca, en cumplimiento al Convenio Interadministrativo ICCU \u00a0991-2022\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0advertir irregularidades en el curso de ese asunto, el accionante \u00a0formul\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0y, adem\u00e1s, inform\u00f3 a la Alcald\u00eda y Personer\u00eda \u00a0del municipio de Apulo esa situaci\u00f3n. Pese a lo anterior, el \u00a0tr\u00e1mite de la licitaci\u00f3n continu\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0busca del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso \u00a0administrativo, petici\u00f3n, igualdad y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, el demandante acudi\u00f3 a la \u00a0acci\u00f3n constitucional. Su pretensi\u00f3n es que se disponga \u00a0\u00abno \u00a0seguir adelante con el proceso irregular de contrataci\u00f3n de la \u00a0licitaci\u00f3n p\u00fablica hasta tanto el juez contencioso \u00a0administrativo defina la legalidad del mismo\u00bb. \u00a0Asimismo, que se ordene a la Fiscal\u00eda actuar con celeridad en \u00a0la investigaci\u00f3n de los hechos denunciados. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 16 de mayo de 2023, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda de \u00a0tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador 22 Judicial II Penal precis\u00f3 que la demanda \u00a0incumple el requisito de subsidiariedad, pues ACOSTA CASTA\u00d1EDA \u00a0cuenta con otros mecanismos para satisfacer su pretensi\u00f3n y, \u00a0por ende, es improcedente. En ese orden, pidi\u00f3 que se niegue \u00a0la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0del t\u00e9rmino del traslado los dem\u00e1s vinculados guardaron \u00a0silencio. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 el \u00a0amparo. Expuso que el accionante no ha agotado todos los recursos de \u00a0que dispone para obtener la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite \u00a0contractual controvertido. \u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0resalt\u00f3 que no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio \u00a0irremediable que viabilice la protecci\u00f3n transitoria \u00a0solicitada. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0FERNANDO ACOSTA CASTA\u00d1EDA impugn\u00f3 el fallo. Insisti\u00f3 \u00a0en los planteamientos de la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante pretende que a \u00a0trav\u00e9s del mecanismo constitucional, se suspenda el proceso de \u00a0licitaci\u00f3n p\u00fablica LP001-2023, convocado para la \u00a0construcci\u00f3n de la plaza de mercado del municipio de Apulo \u00a0(Cundinamarca), ante la presunta estructuraci\u00f3n de actos de \u00a0corrupci\u00f3n en ese tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 \u00a0que se ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0adelantar con celeridad la investigaci\u00f3n por esos hechos. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, advierte la Sala que la demanda es completamente \u00a0improcedente, al \u00a0tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 6-5 del Decreto 2591 de \u00a01991, pues el excepcional mecanismo de protecci\u00f3n no resulta \u00a0viable cuando \u00a0se trata de censurar actos de car\u00e1cter general, impersonal y \u00a0abstracto, \u00a0como la licitaci\u00f3n p\u00fablica reprochada en este caso, por \u00a0cuanto establecen reglas aplicables a un universo de destinatarios no \u00a0determinados de antemano (CC SU\u2013037 de 2009). \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0teniendo \u00a0en cuenta que el \u00a0proceso de licitaci\u00f3n cuestionado se encuentra en curso, es al \u00a0interior de ese tr\u00e1mite que ACOSTA \u00a0CASTA\u00d1EDA debe \u00a0hacer uso de los recursos legales para obtener la suspensi\u00f3n \u00a0provisional2 \u00a0de los actos administrativos que estima irregulares y que dan lugar a \u00a0la continuaci\u00f3n de ese proceso. Particularmente, porque en la \u00a0demanda de tutela el accionante anunci\u00f3 que acudir\u00eda \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s \u00a0del medio de control de nulidad y\/o acci\u00f3n contractual, para \u00a0controvertir los actos expedidos en ese proceso contractual. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, el accionante pretende que se ordene a la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n adelantar con celeridad la investigaci\u00f3n \u00a0por los presuntos actos de corrupci\u00f3n acaecidos en el proceso \u00a0de licitaci\u00f3n LP001-2023. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte ha se\u00f1alado que el impulso de la actuaci\u00f3n \u00a0procesal no puede realizarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional3. \u00a0Sumado a lo anterior, el 175 \u00a0de la Ley 906 de 2004 dispone que la Fiscal\u00eda tiene un plazo \u00a0m\u00e1ximo de dos (2) a\u00f1os, a partir de la recepci\u00f3n \u00a0de la denuncia, para formular imputaci\u00f3n o disponer \u00a0motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. T\u00e9rmino que \u00a0se extiende a tres a\u00f1os ante el concurso de delitos o cuando \u00a0son tres o m\u00e1s los imputados. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso examinado, los \u00a0medios de prueba allegados al tr\u00e1mite constitucional, \u00a0acreditaron que el 28 de marzo de 2023 fue asignada a la Fiscal\u00eda \u00a02\u00aa Seccional de la Mesa (Cundinamarca) la denuncia formulada por \u00a0el demandante. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es palmario que el \u00a0t\u00e9rmino legalmente establecido para formular imputaci\u00f3n, \u00a0no se ha superado y la Fiscal\u00eda tiene hasta marzo de 2025 para \u00a0hacerlo, si est\u00e1n dados los presupuestos para ello, o en su \u00a0defecto, ordenar el archivo de la indagaci\u00f3n, si lo considera \u00a0viable. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que no puede atribu\u00edrsele a la autoridad judicial \u00a0accionada estar incursa en una dilaci\u00f3n injustificada o mora \u00a0judicial, pues se reitera, el t\u00e9rmino para tomar la decisi\u00f3n \u00a0que el demandante echa de menos est\u00e1 vigente. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0juez de tutela, eso es claro, no est\u00e1 legitimado ni tiene \u00a0competencia para ordenar a trav\u00e9s del mecanismo excepcional a \u00a0un fiscal que impute cargos, archive o precluya una investigaci\u00f3n. \u00a0Tal funci\u00f3n, corresponde exclusivamente a la Fiscal\u00eda \u00a0en virtud del mandato constitucional y la autonom\u00eda funcional \u00a0en el ejercicio de su labor. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0impone confirmar, por tanto, la sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas #2 de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 31 de mayo de 2023 proferido por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, \u00a0que neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00a0LUIS FERNANDO ACOSTA CASTA\u00d1EDA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n \u00a0de servicios \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Potestad conferida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 850 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 en concordancia con el art\u00edculo 66 de la Ley 80 de 1993 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el numeral 5 del art\u00edculo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02015. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La suspensi\u00f3n provisional constituye un mecanismo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0naturaleza cautelar, temporal y accesorio, tendiente a evitar que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico contin\u00faen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0surtiendo efectos (art\u00edculo 231 de la ley 1437 de 2011) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tercera, Subsecci\u00f3n A, rad. 11001032600020140010100. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T\u2013215 de 2011 y T\u2013311 de 2013. \u00a0<\/p>\n
Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 No. 7 \u2013 65 Palacio de Justicia – Bogot\u00e1, Colombia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PBX: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(571) 562 20 00 Exts.1126 -1142 – 1143 – 1144 – 1145 Fax: 1125 – \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01428 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n