\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS #2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP17089-2022 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0#127396 \u00a0<\/p>\n
Acta 291 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por DAMI\u00c1N ANDR\u00c9S \u00a0HERN\u00c1NDEZ ZAPATA contra la sentencia de tutela proferida el 19 \u00a0de septiembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Ibagu\u00e9, mediante la cual neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales presuntamente vulnerados por los Juzgados 6\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad \u00a0y 4\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, DAMI\u00c1N ANDR\u00c9S \u00a0HERN\u00c1NDEZ ZAPATA se encuentra recluido en la \u00a0C\u00e1rcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar \u2013CPMSMEL\u2013, \u00a0descontando la pena de 128 meses de prisi\u00f3n impuesta el 16 de \u00a0enero de 2017 por el Juzgado 4\u00b0 Penal del Circuito Especializado \u00a0de Villavicencio, tras declararlo penalmente responsable del delito \u00a0de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefaciente. El \u00a0despacho no \u00a0le concedi\u00f3 la condena de ejecuci\u00f3n condicional ni la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0considerar reunidos los requisitos previstos en los art\u00edculos \u00a038B y 64 del C\u00f3digo Penal, modificados por la Ley 1709 de \u00a02014, la parte actora solicit\u00f3 el reconocimiento del sustituto \u00a0de prisi\u00f3n domiciliaria y el subrogado de libertad \u00a0condicional. Sin embargo, mediante providencia del 5 de julio de \u00a02022, el Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 de manera desfavorable sus \u00a0requerimientos. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria con sustento en su condici\u00f3n de padre cabeza de \u00a0familia, el accionante la impugn\u00f3 a trav\u00e9s de los \u00a0recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. Mediante auto del \u00a010 de agosto siguiente, el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas \u00a0resolvi\u00f3 no reponer su providencia y concedi\u00f3 la alzada \u00a0propuesta ante el Juzgado 4\u00b0 Penal del Circuito Especializado de \u00a0Villavicencio que, el 8 de septiembre siguiente, la confirm\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 \u00a0el demandante que dichas providencias vulneran los derechos \u00a0fundamentales de los ni\u00f1os, vida, dignidad humana y \u00a0\u00abresocializaci\u00f3n\u00bb. \u00a0Argument\u00f3 que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo \u00a032 de la Ley 1709 de 2014, que modific\u00f3 el art\u00edculo 64 \u00a0de la Ley 599 de 2000, prev\u00e9 que la exclusi\u00f3n de \u00a0beneficios y subrogados penales no se aplica a la libertad \u00a0condicional ni al art\u00edculo 38G de esa normativa. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, rese\u00f1\u00f3 que la Corte Constitucional declar\u00f3 \u00a0exequible el presupuesto de previa valoraci\u00f3n de la conducta \u00a0punible contenida en el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, en \u00a0el entendido de que los jueces tambi\u00e9n deben examinar \u00ablas \u00a0circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal \u00a0en la sentencia condenatoria, que sean favorables al otorgamiento de \u00a0la libertad condicional\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, acudi\u00f3 ante el juez de tutela para reclamar el \u00a0amparo constitucional y, consecuente con ello, que se conceda la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria con sustento en su condici\u00f3n de \u00a0padre cabeza de familia o, de manera subsidiaria, la libertad \u00a0condicional. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de esa ciudad asegur\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales planteada por el demandante no tuvo lugar. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 4\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio \u00a0describi\u00f3 la actuaci\u00f3n penal y defendi\u00f3 la \u00a0legalidad de su pronunciamiento judicial. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0tribunal neg\u00f3 \u00a0el amparo, \u00a0tras \u00a0verificar que los autos criticados relacionados con la negativa de la \u00a0concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria estuvieron \u00a0debidamente sustentados y abordaron el asunto acorde con la normativa \u00a0y jurisprudencia aplicable. Frente al otorgamiento de la libertad \u00a0condicional advirti\u00f3 que se incumpli\u00f3 el presupuesto de \u00a0subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
DAMI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S HERN\u00c1NDEZ ZAPATA impugn\u00f3 el fallo. \u00a0Reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para pronunciarse en segunda instancia respecto de la \u00a0decisi\u00f3n adoptada por un \u00a0tribunal \u00a0superior \u00a0de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, el demandante present\u00f3 acci\u00f3n de \u00a0tutela con el objetivo de cuestionar las decisiones adversas \u00a0adoptadas en sede de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad \u00a0en torno al sustituto de prisi\u00f3n domiciliaria con sustento en \u00a0su condici\u00f3n de padre cabeza de familia y el subrogado de \u00a0libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el primer aspecto, se advierte que los Juzgados \u00a06\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u00a0y 4\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio negaron la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria al amparo de las previsiones de la Ley \u00a0750 de 2002, tras considerar que no se prob\u00f3 la situaci\u00f3n \u00a0de vulnerabilidad del menor H.A.H.R. y, por tanto, la calidad de \u00a0padre cabeza de familia de HERN\u00c1NDEZ ZAPATA. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tal efecto, explic\u00f3 que el hijo del actor eventualmente cuenta \u00a0con el apoyo de las se\u00f1oras Julieth Alejandra Hern\u00e1ndez \u00a0Zapata y Ligia In\u00e9s Zapata, en su calidad de hermana y madre \u00a0del accionante, respectivamente, con quienes comparte lazos de \u00a0familiaridad. De otra parte, destac\u00f3 que no se demostr\u00f3 \u00a0que DAMI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S HERN\u00c1NDEZ ZAPATA \u00a0cuente con recursos econ\u00f3micos o que se le concediera permiso \u00a0para trabajar. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, por tanto, que los argumentos expuestos por el \u00a0interesado, los cuales se limitan a demandar la concesi\u00f3n de \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria a su favor pretextando el inter\u00e9s \u00a0superior de H.A.H.R., no desvirt\u00faan el fundamento de las \u00a0decisiones reprochadas. Estas se advierten congruentes con el marco \u00a0jur\u00eddico aplicable, principalmente lo establecido en las Leyes \u00a082 de 1998, 750 de 2002 y 906 de 2004 (en los apartados pertinentes), \u00a0y las sentencias CC C-154\/2007 y CC C\u2013318\/2008. \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0luego, la Corte no desconoce el eventual drama familiar que DAMI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S HERN\u00c1NDEZ ZAPATA y su hijo pueden estar viviendo \u00a0dada su separaci\u00f3n producto de la reclusi\u00f3n intramural \u00a0a la que fue condenado. Sin embargo, ello no es suficiente para que \u00a0el juez constitucional entre a otorgar beneficios que est\u00e1n \u00a0sujetos a criterios de legalidad, los cuales necesariamente deben ser \u00a0analizados y considerados por la autoridad competente. \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0al segundo asunto controvertido, esto es, la negativa del Juzgado 6\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u00a0de concederle la libertad condicional, se incumple el presupuesto de \u00a0subsidiariedad, toda vez que el demandante omiti\u00f3 interponer \u00a0los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra dicha \u00a0decisi\u00f3n. Recu\u00e9rdese que solo se promovi\u00f3 la \u00a0alzada para atacar la resoluci\u00f3n desfavorable de la concesi\u00f3n \u00a0de la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, desech\u00f3 la oportunidad de promover a su favor \u00a0los medios de defensa id\u00f3neos, en los cuales habr\u00eda \u00a0podido aducir argumentos similares a los expuestos en el presente \u00a0tr\u00e1mite. Como no agot\u00f3 esos mecanismos judiciales, la \u00a0solicitud de amparo al respecto se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, en fin, la sentencia de primera instancia \u00a0impugnada. \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, \u00a0la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas #2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 19 de septiembre de 2022 proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante el cual neg\u00f3 el \u00a0amparo solicitado por DAMI\u00c1N ANDR\u00c9S HERN\u00c1NDEZ \u00a0ZAPATA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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