\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATP075-2022 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 121606 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a007. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala decide acerca de la colisi\u00f3n negativa de competencia \u00a0planteada entre los \u00a0Juzgados \u00a02 de Penal Municipal de Pamplona y \u00a010 \u00a0Penal Municipal de C\u00facuta, \u00a0para asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela instaurada \u00a0por Tatiana \u00a0Mar\u00eda Garc\u00e9s Parada, \u00a0contra la Secretar\u00eda \u00a0de Tr\u00e1nsito Departamental de Norte de Santander. \u00a0<\/p>\n
Antecedentes \u00a0<\/p>\n
Tatiana \u00a0Mar\u00eda Garc\u00e9s Parada \u00a0interpuso demanda de amparo para la protecci\u00f3n de su derecho \u00a0fundamental de petici\u00f3n. Aduce que ha sido lesionado por la \u00a0Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito Departamental de Norte de \u00a0Santander, porque dicho ente oficial recibi\u00f3 \u00a0un oficio de embargo de un veh\u00edculo automotor librado por un \u00a0juzgado de familia, al interior de un proceso liquidatorio de \u00a0sucesi\u00f3n, pese a que la competencia para pronunciarse sobre el \u00a0contenido de esa comunicaci\u00f3n corresponde a otra entidad: \u00a0Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito Municipal de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ese motivo, la demandante afirma que solicit\u00f3 (no especifica \u00a0la fecha) a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito Departamental de \u00a0Norte de Santander la remisi\u00f3n \u00a0por competencia a la autoridad administrativa facultada para \u00a0pronunciarse al respecto. Sin embargo, aparentemente, no ha obtenido \u00a0respuesta. De ah\u00ed la presentaci\u00f3n de la demanda de \u00a0amparo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado \u00a02 Penal Municipal de Pamplona rehus\u00f3 \u00a0la competencia para conocer acerca de la petici\u00f3n de tutela y \u00a0dispuso la remisi\u00f3n del expediente contentivo de la misma a \u00a0los Juzgados Municipales de C\u00facuta (reparto), en prove\u00eddo \u00a0de 5 de enero de 2022. Sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en que \u00abni \u00a0el lugar de la ocurrencia de la supuesta vulneraci\u00f3n y tampoco \u00a0el lugar donde se despliegan los efectos de la aparente violaci\u00f3n \u00a0iusfundamental es la ciudad de Pamplona\u00bb. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0asunto fue recibido por el Juzgado \u00a010 Penal Municipal de C\u00facuta. \u00a0Tal despacho tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento del caso y \u00a0orden\u00f3 devolver el expediente a su hom\u00f3logo remitente, \u00a0para lo de su resorte, en auto de 7 de enero de 2022. Explic\u00f3 \u00a0que el domicilio de la accionante es en Pamplona, motivo por el cual \u00a0\u00abse \u00a0entiende que los efectos o violaci\u00f3n de las garant\u00edas \u00a0constitucionales surgen en el referido distrito judicial\u00bb. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado \u00a02 Penal Municipal de Pamplona \u00a0recibi\u00f3, nuevamente, el citado expediente y orden\u00f3 el \u00a0env\u00edo inmediato a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para que \u00a0resuelva el conflicto de competencia suscitado entre ambos despachos \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la \u00a0Administraci\u00f3n de Justicia, la \u00a0Sala es competente para resolver el presente conflicto negativo de \u00a0competencia, comoquiera que fue trabado entre juzgados de la misma \u00a0especialidad, pero pertenecientes a diferentes distritos judiciales. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0problema jur\u00eddico a resolver se contrae a determinar cu\u00e1l \u00a0es el ente judicial encargado de conocer, en primera instancia, el \u00a0presente tr\u00e1mite constitucional: si el Juzgado 2 \u00a0Penal Municipal de Pamplona, donde la interesada, adem\u00e1s de \u00a0estar domiciliada, radic\u00f3 el libelo introductorio y \u00a0presuntamente surten los efectos de la vulneraci\u00f3n del derecho \u00a0fundamental reclamado; o el Juzgado 10 Penal Municipal de C\u00facuta, \u00a0dado que en aquella territorialidad ni ha sucedido el agravio por el \u00a0cual protesta la memorialista ni surte efectos la aludida \u00a0vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0resolver la situaci\u00f3n planteada, la Sala acudir\u00e1 al \u00a0pronunciamiento CC Auto 068 de 2018, donde explic\u00f3 lo \u00a0siguiente: \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Dicho lo anterior, resulta importante considerar que la \u00a0jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que \u00a0determinan la competencia en la admisi\u00f3n de tutela son el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u00a0dicha acci\u00f3n puede interponerse ante \u00a0cualquier juez; \u00a0y el art\u00edculo 37 de Decreto 2591 de 1991 que establece las \u00a0reglas de competencia (i) territorial \u00a0y (ii) de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de \u00a0comunicaci\u00f3n, que se asignan a los jueces del circuito. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Sobre esta base, en virtud del principio pro \u00a0homine, \u00a0la Corte Constitucional ha determinado que, a la hora de definir la \u00a0competencia por el factor territorial en materia de tutela, el \u00a0demandante puede interponer la acci\u00f3n ante (i) el juez o \u00a0tribunal con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde \u00a0ocurriere la violaci\u00f3n o amenaza \u00a0de los derechos fundamentales invocados; o (ii) el juez o tribunal \u00a0con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde \u00a0se produjeren los efectos de la supuesta vulneraci\u00f3n o amenaza \u00a0de los derechos fundamentales invocados. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la \u00a0competencia a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \u00a01991, est\u00e1 determinada por la \u00a0elecci\u00f3n que realice el accionante \u00a0entre \u00a0los jueces que cuenten con la competencia territorial \u00a0para conocer el asunto, de tal forma que, cuando exista desacuerdo \u00a0respecto de los criterios que definen el factor territorial, se le \u00a0dar\u00e1 prevalencia a la escogencia que haya realizado quien \u00a0presenta la acci\u00f3n de tutela. \u00a0(\u00c9nfasis \u00a0fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0regla indicada no permite excluir la competencia de alguna de las \u00a0autoridades judiciales en conflicto, al advertirse que ambas est\u00e1n \u00a0facultadas para conocer de la demanda, a prevenci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Pues, \u00a0si se analiza la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental \u00a0invocado, bien puede considerarse perpetrada en Pamplona, municipio \u00a0donde la suplicante del amparo est\u00e1 domiciliada y, por \u00a0reflejo, donde se proyecta la lesi\u00f3n alegada; o en C\u00facuta, \u00a0sitio de ubicaci\u00f3n de la Secretar\u00eda \u00a0de Tr\u00e1nsito Departamental de Norte de Santander,1 \u00a0quien aparentemente no ha respondido la petici\u00f3n de remisi\u00f3n \u00a0formulada por la actora. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este orden de ideas, por haber sido el \u00a0Juzgado 2 \u00a0Penal Municipal de Pamplona la \u00a0primera autoridad a quien fue repartido el asunto, en tanto la \u00a0accionante ejerci\u00f3 su derecho de acci\u00f3n en esa urbe, se \u00a0impone designar a ese despacho para adelantar el presente tr\u00e1mite \u00a0constitucional (CSJ ATP2796-2015, \u00a025 may. 2015, rad. 79916, reiterado en CSJ ATP7037-2016, \u00a013 oct. 2016, rad. 88617). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n inmediata del \u00a0expediente al citado fallador singular para que, sin m\u00e1s \u00a0dilaciones, proceda a dar curso a la reclamaci\u00f3n efectuada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala destaca que, cuando se trata de fijar la competencia en acciones \u00a0de tutela, el prop\u00f3sito de la legislaci\u00f3n reglamentaria \u00a0es facilitar a las personas el acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia, sin ning\u00fan tipo de formalismo distinto a los \u00a0estrictamente necesarios. Ello, con la finalidad de resolver sobre la \u00a0supuesta lesi\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, de \u00a0manera eficaz y oportuna. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la \u00a0Sala \u00a0de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Asignar el \u00a0conocimiento de este asunto al \u00a0Juzgado \u00a02 \u00a0Penal Municipal de Pamplona, \u00a0a donde se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n, para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Comunicar \u00a0lo \u00a0aqu\u00ed resuelto al Juzgado 10 Penal Municipal de C\u00facuta y \u00a0a la memorialista. \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n