\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP16003-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 120330 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0306 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintiuno \u00a0(2021). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por JOS\u00c9 \u00a0EDISON VERA VARELA, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 11 de octubre del presente a\u00f1o, por la \u00a0SALA \u00a0PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAY\u00c1N, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela \u00a0formulada contra el JUZGADO \u00a0SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO del \u00a0mismo distrito judicial, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al \u00a0JUZGADO \u00a0CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE POPAY\u00c1N y \u00a0a las partes e intervinientes en los procesos radicados bajo los Nos. \u00a02018-00885 y 2017-04235. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0el accionante JOS\u00c9 EDISON VERA VARELA que en el proceso \u00a0radicado bajo el No. 2017-04235, se le formul\u00f3 imputaci\u00f3n \u00a0por la presunta comisi\u00f3n de las conductas punibles de acceso \u00a0carnal violento y hurto calificado y agravado, pero el 19 de \u00a0diciembre de 2018, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popay\u00e1n \u00a0lo conden\u00f3 a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00fanicamente, \u00a0por el delito contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n \u00a0sexual. \u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que el 31 de julio de 2018, le fue imputado nuevamente y por los \u00a0mismos hechos, el delito de \u00abhurto \u00a0calificado y agravado\u00bb, \u00a0en la actuaci\u00f3n No. 2018-00885, la cual fue conocida por el \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popay\u00e1n, que el 13 de \u00a0septiembre de 2021, lo conden\u00f3 a 366 meses de prisi\u00f3n, \u00a0por dicho il\u00edcito y adem\u00e1s por secuestro simple y \u00a0secuestro agravado. \u00a0<\/p>\n
Sostuvo \u00a0que el Juzgado Segundo en cita, no tuvo en consideraci\u00f3n que \u00a0los delitos contra la libertad individual no estaban incluidos en el \u00a0escrito de acusaci\u00f3n y el de hurto calificado y agravado ya \u00a0hab\u00eda sido conocido por el Juzgado Cuarto en menci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 el amparo del derecho al \u00a0debido proceso y en consecuencia, que se dejara sin efectos el \u00a0proceso radicado bajo el No. 2018-00885. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n declar\u00f3 \u00a0improcedente la protecci\u00f3n invocada, debido a que el proceso \u00a0objeto de controversia se encuentra en curso, pues contra la \u00a0sentencia del 13 de septiembre de 2021, se instaur\u00f3 el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite., \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0presentada por el accionante JOS\u00c9 EDISON VERA VARELA, sin \u00a0argumentaci\u00f3n adicional. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 19911, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es \u00a0competente para resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el \u00a0fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, \u00a0estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo extraordinario, \u00a0preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades \u00a0p\u00fablicas o de los particulares, en \u00a0los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con \u00a0otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0el presente evento, JOS\u00c9 EDISON VERA VARELA acudi\u00f3 a la \u00a0acci\u00f3n de tutela con el objeto de que se dejara sin efecto el \u00a0proceso radicado bajo el No. 2018-00885, adelantado por los delitos \u00a0de secuestro simple y secuestro agravado, por cuanto los hechos \u00a0objeto de dicha actuaci\u00f3n fueron objeto de juzgamiento por el \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popay\u00e1n, en el proceso \u00a0No. 2017-04235, lo \u00a0que en su criterio vulner\u00f3 \u00a0su derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el art\u00edculo \u00a029 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, debe indicar la Sala, acorde con lo se\u00f1alado \u00a0por la primera instancia, que de \u00a0conformidad con lo normado en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo \u00a086 ejusdem, la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente es \u00a0procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa \u00a0judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar \u00a0un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0presupuesto ha sido reconocido de manera reiterada por la \u00a0jurisprudencia de esta Sala, como por la de la Corte Constitucional, \u00a0al sostener que la herramienta constitucional en cita no \u00a0es una tercera instancia, ni tampoco mediante ella se puede suplantar \u00a0al juez natural al interior del proceso penal para revivir etapas ya \u00a0fenecidas o exponer, en esta excepcional\u00edsima y subsidiaria \u00a0sede, cuestiones que actualmente son objeto de debate en los cauces \u00a0ordinarios. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, ha dicho la Corte Constitucional que \u00ab\u2026la \u00a0idea de aplicar la acci\u00f3n de tutela en procesos judiciales que \u00a0est\u00e1n en tr\u00e1mite o terminados, pugna, por regla \u00a0general, con el ordenamiento jur\u00eddico; porque cada \u00a0procedimiento judicial cuenta con los mecanismos que se requieren \u00a0para garantizar el debido proceso y la justicia efectiva\u00bb2. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 sobre la improcedencia \u00a0de la acci\u00f3n tutela en los casos en los que se alegue una v\u00eda \u00a0de hecho en relaci\u00f3n con una actuaci\u00f3n judicial en \u00a0tr\u00e1mite, que: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo, tambi\u00e9n, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando el proceso no ha \u00a0concluido \u00a0y se pide la protecci\u00f3n del juez constitucional para atacar \u00a0providencias judiciales en tr\u00e1mite en las que se alegue una \u00a0v\u00eda de hecho, por \u00a0la sencilla raz\u00f3n de que no obstante la posible irregularidad \u00a0que se hubiere presentado en el tr\u00e1mite del proceso \u00a0correspondiente, al no estar culminada la actuaci\u00f3n, existen \u00a0normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente \u00a0estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo \u00a0recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender \u00a0sus derechos. Es \u00a0decir, la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en estos \u00a0casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, \u00a0dentro del propio proceso. \u00a0De all\u00ed que la Corte ha se\u00f1alado que no toda \u00a0irregularidad en el tr\u00e1mite de un proceso constituye una v\u00eda \u00a0de hecho amparable a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. (Sentencia \u00a0CC T-418 de 2003). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, atendiendo el marco legal y jurisprudencial rese\u00f1ado, \u00a0resulta evidente \u00a0que en el presente caso no se cumple el requisito de la \u00a0subsidiariedad, como lo indic\u00f3 la primera instancia. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, debido a que la inconformidad que plantea el accionante se \u00a0presenta en torno a una actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, \u00a0toda vez que, de acuerdo con la demanda de tutela y las respuestas \u00a0allegadas, en el proceso No. 2018-00885, seguido contra VERA VARELA, \u00a0el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Popay\u00e1n \u00a0emiti\u00f3 condena el 13 de septiembre de 2021, en la que le \u00a0impuso 363 meses de prisi\u00f3n y multa de 13.333,32 salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por la comisi\u00f3n de \u00a0los delitos de secuestro agravado y secuestro simple. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0dicha decisi\u00f3n se instaur\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, \u00a0por lo que las diligencias fueron remitidas a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Popay\u00e1n, asignadas a la Magistrada \u00a0ponente el 21 de octubre del a\u00f1o en curso3, \u00a0el cual se encuentra pendiente de resolver. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, en el evento de que se confirme la sentencia \u00a0condenatoria, el hoy accionante puede \u00a0interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0medio id\u00f3neo de control constitucional tanto de la providencia \u00a0de segundo nivel, como del proceso penal en su integridad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, considera la Sala que el accionante cuenta con diversos \u00a0medios de defensa judicial al interior del proceso penal seguido en \u00a0su contra, por lo que un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, \u00a0constituye \u00a0un aspecto ajeno al \u00e1mbito de injerencia del juez de tutela, \u00a0que se limita a ejercer un control constitucional, pero de ninguna \u00a0manera extensivo al de acierto propio de las instancias, pues la \u00a0acci\u00f3n de amparo ha sido instituida para garantizar la defensa \u00a0de los derechos fundamentales, pero no constituye una instancia \u00a0adicional o paralela a la de los funcionarios competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente \u00a0en que se hayan agotado todos los mecanismos \u00a0ordinarios y extraordinarios de defensa judicial4, \u00a0y ello aqu\u00ed no ha ocurrido; por \u00a0lo tanto, el \u00a0juez de tutela no puede desplazar a la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u00a0en el cumplimiento propio de sus funciones, tal y como lo pretende el \u00a0demandante con esta acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Afirmar \u00a0lo contrario, equivale a que todas las decisiones -incluso las de \u00a0tr\u00e1mite- que se toman en el transcurso de la actuaci\u00f3n \u00a0penal estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n \u00a0de un juez ajeno, como si se tratara de una instancia superior \u00a0adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los \u00a0procesos judiciales y ello no es as\u00ed. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, para la Sala no es posible estudiar de fondo lo debatido \u00a0ni adelantar su posici\u00f3n al respecto, ya que \u2013se \u00a0reitera- se inmiscuir\u00eda indebidamente en un asunto de \u00a0competencia de los jueces naturales y sobre el cual existen \u00a0pendientes otros medios de defensa aptos para garantizar la \u00a0protecci\u00f3n de que se trata. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, lo procedente es confirmar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tr\u00e1mite de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnaci\u00f3n. Presentada debidamente la impugnaci\u00f3n el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo T-967 de 2010, Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De acuerdo con la consulta en la p\u00e1gina web de la Rama \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Judicial, con los datos del accionante. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a050.399, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a066.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488, entre otras. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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