\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 120112 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0300 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno \u00a0(2021). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por \u00a0JEFFERSSON \u00a0OLAYA ORTEGA frente \u00a0al fallo de tutela proferido el 24 de septiembre de 2021, por la SALA \u00a0PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual neg\u00f3 el amparo dirigido contra el Juzgado Octavo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, y el \u00a0Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Cali. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0los rese\u00f1\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Cali: \u00a0<\/p>\n
\u201c1.1- \u00a0Indic\u00f3 el se\u00f1or Olaya Ortega que el 24 de septiembre de \u00a02019 fue condenado por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de \u00a0Palmira a 36 meses de prisi\u00f3n, por las conductas punibles de \u00a0secuestro simple y concusi\u00f3n, radicaci\u00f3n No. \u00a02019-00560-00, y la vigilancia de la sentencia le correspondi\u00f3 \u00a0al Juzgado 1\u00b0 de EPMS de Palmira, judicatura que el 29 de julio \u00a0de 2020 le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria especial \u00a0previo dep\u00f3sito de cauci\u00f3n de 3 SMLMV y suscripci\u00f3n \u00a0de actas de obligaci\u00f3n, dinero que cancel\u00f3 el 4 de \u00a0agosto de 2020 ante el Banco Agrario. \u00a0<\/p>\n
1.2- Seg\u00fan \u00a0el accionante, el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Palmira remiti\u00f3 por competencia su \u00a0proceso a los Juzgados de esa misma especialidad, empero, en la \u00a0ciudad de Cali, siendo asignado al Juzgado 8\u00b0 de EPMS de Cali, \u00a0\u00faltimo que en decisi\u00f3n del 23 de julio de 2021 declar\u00f3 \u00a0cumplida la pena que le fue impuesta. \u00a0<\/p>\n
1.3- Afirm\u00f3 \u00a0el actor que mediante mensajes de datos del 17, 23 y 25 de agosto de \u00a02021, requiri\u00f3 al Juzgado 8\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0y Medidas de Seguridad de Cali la devoluci\u00f3n de la cauci\u00f3n \u00a0por \u00e9l cancelada, no obstante, dicho ente no se ha pronunciado \u00a0al respecto. \u00a0<\/p>\n
1.4- El \u00a0demandante solicit\u00f3 que se ordene a los despachos judiciales \u00a0accionados la devoluci\u00f3n del dinero que cancel\u00f3 por \u00a0concepto de la cauci\u00f3n que le fue impuesta el 29 de julio de \u00a02020\u201d. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 el amparo invocado, tras \u00a0advertir que, en el auto del 21 de julio de 2021, el Juzgado Octavo \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, adem\u00e1s \u00a0de declarar cumplida la pena que le fue impuesta al accionante, \u00a0tambi\u00e9n orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de la cauci\u00f3n \u00a0prendaria constituida el 4 de agosto de 2020 por valor de $2.633.409. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que dicha informaci\u00f3n le fue debidamente notificada al \u00a0accionante y, adem\u00e1s, le fue reiterado el 15 de septiembre de \u00a02021, ante la petici\u00f3n impetrada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, consider\u00f3 que hay carencia de objeto por hecho \u00a0superado. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0propuesta por JEFFERSSON OLAYA ORTEGA, quien afirm\u00f3, en \u00a0t\u00e9rminos generales, que no le sirve que se haya ordenado la \u00a0devoluci\u00f3n, sino que requiere que \u00e9sta se haga efectiva \u00a0con car\u00e1cter inmediato, lo cual no ha sucedido. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que, en la respuesta que brind\u00f3 el Secretario del Centro de \u00a0Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Cali, queda claro que todav\u00eda no se ha librado la \u00a0autorizaci\u00f3n de pago, \u201clo \u00a0que significa que NO ES UN HECHO SUPERADO\u201d. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n instaurada por JEFFERSSON OLAYA ORTEGA contra el \u00a0fallo de tutela que emiti\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Cali. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces, con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n, le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos \u00a0previstos de manera expresa en la ley, siempre \u00a0que no exista otro medio de defensa judicial \u00a0o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio \u00a0para evitar un \u00a0perjuicio de car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0el presente evento, JEFFERSSON OLAYA ORTEGA cuestiona, \u00a0a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de amparo, la omisi\u00f3n del \u00a0Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Cali en librar la autorizaci\u00f3n de pago para que le sea \u00a0devuelta la suma de $2.633.409, \u00a0correspondiente a la cauci\u00f3n prendaria constituida el 4 de \u00a0agosto de 2020. \u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que dicha situaci\u00f3n resulta violatoria de su derecho \u00a0fundamental de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Ahora bien, el reclamo del accionante no tiene vocaci\u00f3n de \u00a0prosperar, ya que hay carencia actual de objeto, en tanto se \u00a0configura, en el caso, el fen\u00f3meno de hecho superado, que se \u00a0produce \u00abcuando \u00a0entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de \u00a0tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n \u00a0contenida en la demanda de amparo\u00bb \u00a0(CC T-200\/13). \u00a0<\/p>\n
Esto, \u00a0debido a que en la demanda de amparo constitucional se busca que se \u00a0le ordene a una autoridad p\u00fablica que act\u00fae (el \u00a0Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Cali) y, \u00a0previamente al pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, las \u00a0omisiones reprochadas por el accionante ya fueron cumplidas, pues, \u00a0seg\u00fan se observa en el sistema de consulta de la Rama \u00a0Judicial, el 29 de septiembre de 2021, mediante el Oficio 280, se \u00a0autoriz\u00f3 el pago del t\u00edtulo judicial ante el Juzgado \u00a0Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Palmira, con lo que JEFFERSSON OLAYA ORTEGA puede hacerlo valer y \u00a0obtener la devoluci\u00f3n de la suma pretendida. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0es claro que se est\u00e1 frente a un hecho superado y no se \u00a0vislumbra alg\u00fan perjuicio irremediable que materialice la \u00a0intervenci\u00f3n del juez de tutela, con lo que cualquier \u00a0pronunciamiento u orden emitida carece de objeto, al desaparecer la \u00a0raz\u00f3n de ser del instituto, es decir, la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales del demandante. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0este panorama, se hace imperioso confirmar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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