\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP14427-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 119438 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n Acta No. 280) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil \u00a0veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por el \u00a0apoderado de GUIDO ANTONIO FERN\u00c1NDEZ MEDINA, contra el \u00a0fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Barranquilla el 29 de julio de 2021, que \u00a0neg\u00f3 la solicitud de amparo formulada contra el Juzgado \u00a0Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Barranquilla y el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos en el fallo de tutela de primera instancia, en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
Relat\u00f3 la parte activa, en el escrito de \u00a0acci\u00f3n de tutela que: (i) su apoderado actual dentro del \u00a0radicado de la referencia presento ante el Juzgado segundo de \u00a0ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de Barranquilla \u00a0solicitud de redenci\u00f3n de pena, ya \u00a0que fue condenado por el Juzgado 16 penal del circuito de Bogot\u00e1 \u00a0mediante sentencia del 31 de julio de 2017 a la pena principal de 84 \u00a0meses de prisi\u00f3n, por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n \u00a0agravado y le fue concedido el sustituto de prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. (ii) La solicitud presentada por su defensor fue \u00a0desatada desfavorablemente por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla ante lo cual present\u00f3 \u00a0recurso de apelaci\u00f3n el d\u00eda 02 de noviembre del a\u00f1o \u00a02020; (iii) Acto seguido el Centro de Servicios Administrativo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad de Barranquilla \u00a0corri\u00f3 traslado a las partes, sin embargo hasta la presente \u00a0fecha no tiene raz\u00f3n alguna de resoluci\u00f3n del mismo, \u00a0por lo que solicita el amparo de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Barranquilla, mediante decisi\u00f3n adoptada el \u00a029 de julio de 2021, neg\u00f3 el amparo invocado por el \u00a0accionante, al evidenciar que se constituy\u00f3 en el presente \u00a0caso una carencia actual del objeto por hecho superado, por cuanto \u00a0cesaron los motivos que originaron la tutela, y en consecuencia, ya \u00a0no existe vulneraci\u00f3n o amenaza de derecho fundamental alguno \u00a0que pueda llevar al juez de tutela a emitir una orden tendiente, a \u00a0lograr que se adopten las medidas pertinentes para que las \u00a0autoridades \u00a0accionadas impulsen los tr\u00e1mites pertinentes \u00a0respecto a la remisi\u00f3n de las diligencia al juez competente, \u00a0con el fin de brindar respuesta al recurso de alzada interpuesto \u00a0contra el auto de 2 de noviembre de 2021. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La parte accionante impugn\u00f3 el fallo \u00a0proferido en primera instancia, al considerar que, si bien el Centro \u00a0de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Barranquilla envi\u00f3 el expediente al Juzgado 16 \u00a0Penal del Circuito de Bogot\u00e1 para resolver la alzada; alega \u00a0que dicho tr\u00e1mite no es correcto, pues quien debe analizar en \u00a0el presente asunto el recurso de apelaci\u00f3n, es la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Barranquilla, teniendo en cuenta que el \u00a0se\u00f1or FERN\u00c1NDEZ MEDINA se encuentra purgando \u00a0condena con ocasi\u00f3n al proceso surtido bajo la Ley 600 de \u00a02000. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 1991, y el art\u00edculo 44 del Reglamento General de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, esta Sala es competente para resolver el recurso \u00a0de impugnaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de GUIDO \u00a0ANTONIO FERN\u00c1NDEZ MEDINA, contra el fallo de tutela \u00a0proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Barranquilla el 29 de julio de 2021, que neg\u00f3 \u00a0la solicitud de amparo formulada contra el Juzgado Segundo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y el \u00a0Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Requisitos \u00a0de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales \u00a0<\/p>\n
La tutela es un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su \u00a0prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente \u00a0relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y \u00a0extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona \u00a0afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el \u00a0requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere \u00a0interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir \u00a0del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro \u00a0que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia \u00a0que se impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
e. Que la parte actora \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado \u00a0tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto \u00a0hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las exigencias espec\u00edficas, se han \u00a0establecido las que a continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez \u00a0actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece \u00a0del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto \u00a0legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
iv) Defecto material o \u00a0sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas \u00a0inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue \u00a0v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o \u00a0lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el \u00a0incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
vii) Desconocimiento del \u00a0precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la \u00a0Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y \u00a0el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho \u00a0alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para \u00a0garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, \u00a0no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por \u00a0la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
Se evidencia del escrito de \u00a0impugnaci\u00f3n presentado por la parte actora, que se establecen \u00a0nuevos hechos y pretensiones, las cuales no estaban contenidas en la \u00a0acci\u00f3n de tutela originaria, y frente a la cual, el juez de \u00a0primera instancia, resolvi\u00f3 \u00a0el asunto de fondo puesto a consideraci\u00f3n por el accionante. \u00a0<\/p>\n
Siendo as\u00ed, la \u00a0impugnaci\u00f3n se centrar\u00e1 solo en lo dispuesto en la \u00a0acci\u00f3n de tutela original, y frente a lo cual, fall\u00f3 el \u00a0a quo; \u00a0es decir, determinar si efectivamente existe una \u00a0vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de petici\u00f3n y \u00a0debido proceso del se\u00f1or GUIDO ANTONIO FERN\u00c1NDEZ \u00a0MEDINA, por parte del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y el Centro de Servicios \u00a0de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, luego de examinar las pruebas \u00a0obrantes en el expediente, la Sala advierte que las pretensiones del \u00a0accionante fueron resueltas adecuadamente, \u00a0torn\u00e1ndose innecesario determinar si existe o no vulneraci\u00f3n \u00a0de derechos constitucionales y, por ende, lo pertinente es denegar su \u00a0solicitud de amparo como consecuencia de una carencia actual de \u00a0objeto. \u00a0<\/p>\n
En lo concerniente, la carencia actual de objeto \u00a0por hecho superado se configura cuando se garantiza lo \u00a0requerido previamente a la expedici\u00f3n del respectivo fallo de \u00a0tutela. As\u00ed lo reiter\u00f3 la Corte Constitucional mediante \u00a0la sentencia SU-540 de 2007: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) si lo pretendido con la acci\u00f3n de \u00a0tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al \u00a0pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que \u00a0se est\u00e1 frente a un hecho superado, porque desaparece la \u00a0vulneraci\u00f3n o amenaza de vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se \u00a0satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda \u00a0antes de proferirse el fallo, con lo cual \u201cla posible orden que \u00a0impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. \u00a0<\/p>\n
De las pruebas obrantes en el expediente, se \u00a0evidencia que, una vez notificado y \u00a0enterado del presente tramite tutelar, el Centro de Servicios \u00a0de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Barranquilla fue advertido de la omisi\u00f3n generada con \u00a0ocasi\u00f3n a la falta de remisi\u00f3n del expediente objeto de \u00a0escrutinio; por lo tanto, el 19 de julio de 2021, remiti\u00f3 el \u00a0mismo al juez competente de resolver la alzada. \u00a0<\/p>\n
Aunado a lo anterior, se evidencia del recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesto por la parte accionante, que el tr\u00e1mite mencionado \u00a0anteriormente, fue notificado al se\u00f1or FERN\u00c1NDEZ \u00a0MEDINA y su apoderado. \u00a0<\/p>\n
Por estos motivos, dado que las pretensiones del accionante fueron \u00a0resueltas, y no existen puntos adicionales que ameriten un \u00a0pronunciamiento por parte de esta Sala de Decisi\u00f3n de Tutela, \u00a0lo procedente es confirmar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES \u00a0DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, \u00a0por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
TERCERO. Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino \u00a0indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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