\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14632-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0# 119494 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0254 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la acci\u00f3n de tutela promovida por JOS\u00c9 \u00a0MANUEL OCAMPO L\u00d3PEZ en procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0el \u00a0Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n y \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculadas las \u00a0partes e intervinientes del proceso penal seguido contra el \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Contra JOS\u00c9 \u00a0MANUEL OCAMPO L\u00d3PEZ se adelanta un proceso penal bajo el \u00a0tr\u00e1mite de la Ley 906 de 2004, como presunto autor de los \u00a0delitos de concierto para delinquir, rebeli\u00f3n y reclutamiento \u00a0il\u00edcito. \u00a0<\/p>\n
Por tales hechos, \u00a0el 17 de junio de 2020 la Fiscal\u00eda 11 Especializada DECOC \u00a0present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n. El asunto correspondi\u00f3 \u00a0por reparto, al Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito Especializado de \u00a0Popay\u00e1n, el cual fij\u00f3 como fecha para la audiencia el 9 \u00a0de marzo de 2021. \u00a0<\/p>\n
En curso de la \u00a0referida diligencia, el apoderado judicial del accionante solicit\u00f3 \u00a0la nulidad de la actuaci\u00f3n. Para el efecto, argument\u00f3 \u00a0que el escrito de acusaci\u00f3n no fue presentado dentro del \u00a0t\u00e9rmino legalmente establecido para ello, es decir, dentro de \u00a0los 120 d\u00edas siguientes a la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00a0\u2014acorde con lo dispuesto por los art\u00edculos 175 y 294 de \u00a0la Ley 906 de 2004\u2014 \u00a0y, por ende, el Fiscal carece de competencia para continuar \u00a0conociendo del tr\u00e1mite. Sin embargo, el Juzgado accionado no \u00a0accedi\u00f3 a esa pretensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n, en \u00a0prove\u00eddo del 12 de agosto de 2021 la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Popay\u00e1n confirm\u00f3 el auto de primera \u00a0instancia. Explic\u00f3 que la defensa convalid\u00f3 la \u00a0actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, tras omitir utilizar el \u00a0mecanismo de recusaci\u00f3n, el cual permite separar al \u00a0funcionario del conocimiento del asunto, e incluso le impide \u00a0presentar la acusaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El demandante \u00a0afirm\u00f3 que las decisiones adoptadas por las autoridades \u00a0judiciales accionadas incurrieron en defecto sustancial ante la \u00a0indebida \u00abaplicaci\u00f3n \u00a0de la ley\u00bb. \u00a0En consecuencia, solicit\u00f3 que a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional y en amparo de sus derechos fundamentales al debido \u00a0proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, se dejen sin \u00a0efectos. \u00a0<\/p>\n
Su \u00a0pretensi\u00f3n es que se suspenda la audiencia de acusaci\u00f3n \u00a0programada para el pasado 20 de septiembre y, como tal, se declare la \u00a0nulidad \u00abdesde \u00a0el d\u00eda en que se radic\u00f3 la acusaci\u00f3n\u00bb, \u00a0pues insisti\u00f3 \u00a0en la falta \u00a0de competencia del Fiscal, con quien asegur\u00f3, no tendr\u00e1 \u00a0garant\u00edas procesales y, por ende, \u00abla \u00a0causal de nulidad contin\u00faa vigente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
En auto del 20 de \u00a0septiembre de 2021, la Sala admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a las autoridades aludidas y \u00a0a las partes e intervinientes reconocidos \u00a0en la actuaci\u00f3n penal. Mediante informe del 22 de septiembre \u00a0siguiente, la Secretar\u00eda de la Sala comunic\u00f3 que \u00a0notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las autoridades \u00a0demandadas y, adem\u00e1s, alleg\u00f3 auto del 16 de ese mismo \u00a0mes \u2014suscrito \u00a0por el entonces Magistrado Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier\u2014, \u00a0en el cual inform\u00f3 que igual demanda constitucional fue \u00a0allegada directamente a ese despacho y, por ende, la remiti\u00f3 a \u00a0esa dependencia para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Popay\u00e1n alleg\u00f3 copia de la \u00a0decisi\u00f3n cuestionada y se remiti\u00f3 a los planteamientos \u00a0all\u00ed expuestos. \u00a0<\/p>\n
Por su parte, la \u00a0Procuradur\u00eda 153 Judicial II en lo Penal de esa ciudad se \u00a0opuso a la prosperidad de la presente acci\u00f3n. Argument\u00f3 \u00a0que se trata de un proceso en curso. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo \u00a0normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del \u00a0Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para resolver este asunto \u00a0en primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra a un \u00a0Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0caso, la \u00a0acci\u00f3n de tutela resulta improcedente. En primer lugar, porque \u00a0la actuaci\u00f3n penal se encuentra en curso y, es en ese \u00a0escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe el \u00a0demandante, por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s de su defensor, \u00a0presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n \u00a0que estime desconocedora de sus garant\u00edas, tal y como lo viene \u00a0haciendo. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, en \u00a0virtud de la existencia de mecanismos ordinarios de defensa, la \u00a0tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos \u00a0previstos por el art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991 (CC \u00a0T\u2013418 de 2003). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, la demanda no prospera, por cuanto las \u00a0decisiones reprochadas son razonables y se sustentaron \u00a0en los hechos probados, las \u00a0disposiciones legales y la jurisprudencia \u00a0vigente \u00a0sobre la materia, \u00a0lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Tribunal adujo que la causal de recusaci\u00f3n \u00a0contenida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 \u00a0de 2004, era el mecanismo id\u00f3neo al que debi\u00f3 acudir el \u00a0accionante para evitar que el Fiscal asignado continuara a cargo del \u00a0tr\u00e1mite seguido en contra de OCAMPO \u00a0L\u00d3PEZ. \u00a0No obstante, omiti\u00f3 hacer uso de ese mecanismo y, por ende, \u00a0era inviable anular \u00abla \u00a0presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n o rechazar el \u00a0mismo\u00bb, pues \u00a0con tal desatenci\u00f3n convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n de la \u00a0Fiscal\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 \u00a0que para decretar una nulidad no basta con se\u00f1alar la \u00a0irregularidad, pues es necesario demostrar la incidencia que la misma \u00a0tuvo en la afectaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales del \u00a0procesado, aspecto que no se demostr\u00f3 en el caso examinado. \u00a0Particularmente, cuando el acto procesal cumpli\u00f3 las \u00a0finalidades para las cuales est\u00e1 establecido en la \u00a0ley. As\u00ed, el simple incumplimiento de un t\u00e9rmino \u2014que \u00a0adem\u00e1s tiene un procedimiento para eludir sus efectos en caso \u00a0de que ocurra\u2014, \u00a0no comporta por s\u00ed mismo una causal de nulidad. \u00a0<\/p>\n
Para la Sala, las \u00a0providencias adoptadas no comportan defectos susceptibles de ser \u00a0enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional, toda vez que lo \u00a0que se extracta a partir de las piezas procesales obrantes, no es \u00a0otra cosa que la disparidad de criterios. \u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0precisarse, por tanto, que cuando una disposici\u00f3n o un \u00a0problema jur\u00eddico admite varias y diferentes interpretaciones \u00a0y soluciones, la selecci\u00f3n que haga el fallador de una de \u00a0ellas, siempre que sea el resultado de un juicio serio, prudente y \u00a0motivado, no puede ser cuestionada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, so pena de afectar la independencia judicial (CC T-780 de \u00a02006). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, la Corte tampoco puede acceder a la suspensi\u00f3n \u00a0de la actuaci\u00f3n procesal requerida por el accionante, pues \u00a0acorde con el art\u00edculo 62 de la Ley 906 de 2004, esta s\u00f3lo \u00a0procede cuando se presenta la recusaci\u00f3n o se manifieste el \u00a0impedimento del funcionario judicial. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, el art\u00edculo 66 de la misma normativa prev\u00e9 \u00a0que el Estado, por conducto de la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n, est\u00e1 obligado a ejercer la acci\u00f3n penal \u00a0y a realizar la investigaci\u00f3n de los hechos que revistan las \u00a0caracter\u00edsticas de un delito. Por ende, determin\u00f3 el \u00a0legislador, no tiene la facultad de suspender, interrumpir ni \u00a0renunciar a la persecuci\u00f3n penal, salvo en los casos que \u00a0establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, el peticionario asegur\u00f3 que carece de garant\u00edas \u00a0procesales para que el Fiscal a cargo continu\u00e9 con el \u00a0conocimiento del asunto. Al respecto, advierte la Corte que, para \u00a0conjurar dicha situaci\u00f3n, tiene la posibilidad de solicitar la \u00a0variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n y \u00a0designaci\u00f3n de otro Fiscal, \u00a0tal como lo dispone el art\u00edculo 12 de la Resoluci\u00f3n \u00a000985 de 2018, oportunidad en la que deber\u00e1 exponer las \u00a0razones que acrediten las causas \u00a0externas al proceso que perturben la objetividad del funcionario, as\u00ed \u00a0como la imparcialidad en sus actuaciones. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, \u00a0por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas # 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela presentada por \u00a0JOS\u00c9 \u00a0MANUEL OCAMPO L\u00d3PEZ \u00a0contra \u00a0el Juzgado \u00a01\u00ba Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n y \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATAE \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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