\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 119459 \u00a0<\/p>\n
STP13548-2021 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta n.\u00b0 251) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno \u00a0(2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Juan \u00a0Carlos Aldaban Preciado \u00a0en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso \u00a0y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Expone \u00a0que, hasta la fecha, la alzada no ha sido resuelta, lo cual lesiona \u00a0sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La respuesta \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Abogada Asesora del Magistrado \u00c1lvaro \u00a0Valdivieso Reyes \u00a0de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0refiri\u00f3 \u00a0que el 26 de febrero de 2021, fue asignado a ese despacho el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n impetrado por el demandante dentro del proceso \u00a0n.o \u00a011001600000 \u00a020170675 01. \u00a0<\/p>\n
Adujo que se \u00a0elaboran los proyectos de decisi\u00f3n dando prelaci\u00f3n a \u00a0los asuntos pr\u00f3ximos a prescribir, junto con los que se \u00a0encuentran con persona privada de la libertad; si bien, el demandante \u00a0est\u00e1 en prisi\u00f3n, con antelaci\u00f3n exist\u00edan \u00a0asuntos en la misma condici\u00f3n que deben ser resueltos con \u00a0mayor celeridad. \u00a0<\/p>\n
Destaca que, a la \u00a0fecha, el despacho se encuentra elaborando los proyectos de decisi\u00f3n \u00a0concernientes a los procesos repartidos durante el primer trimestre \u00a0de este a\u00f1o, por lo que esperan remitir con prontitud el \u00a0proyecto de decisi\u00f3n, para el respectivo estudio de la Sala. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Problema \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Corte determinar si \u00a0en este caso el Tribunal accionado vulner\u00f3 los derechos al \u00a0debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del \u00a0demandante, por la presunta mora en resolver el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto dentro del proceso n.o \u00a011001600000 \u00a020170675 01, \u00a0que se adelanta en su contra. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Mora judicial \u00a0<\/p>\n
Conforme lo se\u00f1ala \u00a0expresamente el \u00a0art\u00edculo \u00a029 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda persona tiene \u00a0derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. \u00a0<\/p>\n
En ese sentido, el \u00a0canon \u00a0228 \u00a0Superior expresamente ordena que los \u00a0t\u00e9rminos procesales se observen con diligencia y que su \u00a0incumplimiento debe ser sancionado. \u00a0<\/p>\n
Por su parte, el \u00a0inciso 2\u00ba del precepto 10 de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9 que \u00a0ser\u00e1 \u00a0obligatorio \u00a0el cumplimiento de \u00ablos \u00a0t\u00e9rminos fijados por la ley o el funcionario para cada \u00a0actuaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Es as\u00ed como \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el ordenamiento legal \u00a0protege al ciudadano de los excesos de los servidores p\u00fablicos \u00a0en el ejercicio de sus funciones, imponi\u00e9ndoles a estos la \u00a0obligaci\u00f3n de respetar los t\u00e9rminos judiciales \u00a0previamente establecidos por el legislador, de tal suerte que obtenga \u00a0una soluci\u00f3n oportuna a las controversias planteadas ante la \u00a0jurisdicci\u00f3n, en aras de garantizar el derecho a la tutela \u00a0judicial efectiva. \u00a0<\/p>\n
De esta manera, \u00a0constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el \u00a0funcionario judicial, el proferir sus decisiones dentro de los \u00a0tiempos fijados en el procedimiento que regula la actuaci\u00f3n, \u00a0salvo que la mora est\u00e9 justificada por una \u00a0situaci\u00f3n probada y objetivamente insuperable, que impida al \u00a0juez o fiscal adoptar oportunamente la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior significa que el solo vencimiento de los t\u00e9rminos \u00a0judiciales no transgrede el derecho al debido proceso, se requiere \u00a0que la demora en resolver un asunto no est\u00e9 fundadamente \u00a0justificada para que sea clara la vulneraci\u00f3n de dicha \u00a0garant\u00eda esencial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte Constitucional ha se\u00f1alado, para los casos en los cuales \u00a0es evidente una dilaci\u00f3n injustificada, \u00a0siempre y cuando se est\u00e9 ante la existencia de un perjuicio \u00a0irremediable, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para \u00a0proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la naturaleza de la justificaci\u00f3n, sostuvo el m\u00e1ximo \u00a0Tribunal Constitucional en sentencia \u00a0CC T- 292 de 1999: \u00a0<\/p>\n
Solamente \u00a0una justificaci\u00f3n debidamente probada y establecida fuera de \u00a0toda duda permite exonerar al juez de su obligaci\u00f3n \u00a0constitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, \u00a0en especial cuando de la sentencia se trata. La justificaci\u00f3n \u00a0es extraordinaria y no puede provenir apenas del argumento \u00a0relacionado con la congesti\u00f3n de los asuntos al despacho. Para \u00a0que pueda darse resulta necesario determinar en el proceso de tutela \u00a0que el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido a \u00a0cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y \u00a0legales, de modo tal que la demora en decidir sea para \u00e9l el \u00a0resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se \u00a0constituya en motivo insuperable de abstenci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0as\u00ed como la doctrina de esa Corporaci\u00f3n ha decantado \u00a0que la mora judicial o administrativa que vulnera el debido proceso, \u00a0debe reunir las siguientes caracter\u00edsticas: (i)\u00a0el \u00a0incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para \u00a0adelantar alguna actuaci\u00f3n por parte del funcionario \u00a0competente; (ii)\u00a0que \u00a0la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra \u00a0an\u00e1lisis sobre la complejidad del asunto, la actividad \u00a0procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el \u00a0an\u00e1lisis global de procedimiento;\u00a0(iii)\u00a0la \u00a0falta de motivo o \u00a0justificaci\u00f3n\u00a0razonable\u00a0en \u00a0la demora. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, debe resaltar la Sala que no toda dilaci\u00f3n dentro \u00a0del proceso judicial es vulneratoria de derechos fundamentales, por \u00a0lo que la tutela no procede autom\u00e1ticamente ante el \u00a0incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario \u00a0judicial, sino que debe \u00a0acreditarse la falta de diligencia \u00a0de la autoridad p\u00fablica. \u00a0Adem\u00e1s de lo anterior, debe \u00a0demostrarse que con la mora, se produzca un perjuicio irremediable \u00a0que haga procedente la tutela en el asunto en particular1. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Caso concreto \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este evento el actor acude al amparo para poner de presente que \u00a0interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio \u00a0emitido en su contra por el \u00a0Juzgado 11 Penal Municipal de conocimiento de Bogot\u00e1, en el \u00a0mes de diciembre de 2020, el \u00a0cual no ha sido resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0esa capital. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0los elementos de juicio allegados a la actuaci\u00f3n se conoce que \u00a0el 26 \u00a0de febrero de 2021, fue asignado a la Sala demandada el recurso de \u00a0apelaci\u00f3n incoado dentro del proceso n.o \u00a011001600000 \u00a020170675 01. \u00a0<\/p>\n
A su turno el \u00a0accionado, en el tr\u00e1mite del amparo, dio cuenta que elabora \u00a0los proyectos de decisi\u00f3n dando prelaci\u00f3n a los asuntos \u00a0pr\u00f3ximos a prescribir, junto con los que se encuentran con \u00a0persona privada de la libertad y, si bien, el demandante est\u00e1 \u00a0en prisi\u00f3n, lo cierto es que con antelaci\u00f3n exist\u00edan \u00a0asuntos en la misma condici\u00f3n que deb\u00edan ser resueltos \u00a0con mayor celeridad. \u00a0<\/p>\n
Destac\u00f3 \u00a0que, a la fecha, se encuentra elaborando los proyectos concernientes \u00a0a los asunto repartidos durante el primer trimestre de este a\u00f1o, \u00a0por lo que esperan remitir con prontitud el proyecto de decisi\u00f3n, \u00a0para el respectivo estudio de la Sala. \u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0circunstancias, permiten concluir entonces que, el juzgado accionado \u00a0ha expuesto objetivamente las causas que han imposibilitado emitir \u00a0respuesta de fondo al requerimiento del actor. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, se est\u00e1 surtiendo el recurso de alzada, motivo por \u00a0el cual el interesado deber\u00e1 aguardar el turno correspondiente \u00a0para obtener la decisi\u00f3n final. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, no hay lugar a prodigar el amparo solicitado, m\u00e1xime \u00a0cuando el juez constitucional no puede alterar los turnos dispuestos \u00a0para resolver los procesos, en tanto ello implicar\u00eda lesionar \u00a0los derechos de otras personas que tambi\u00e9n se encuentran a la \u00a0espera de que su asunto sea decidido, toda vez que al tenor de lo \u00a0previsto por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, ellos se \u00a0resuelven seg\u00fan el orden de entrada al despacho, el cual s\u00f3lo \u00a0puede alterarse en casos excepcionales. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0advertirse que la lesi\u00f3n a invocada por el demandante no ha \u00a0operado, se negar\u00e1 el amparo. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.o \u00a03 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar \u00a0el \u00a0amparo a los derechos invocados por \u00a0Juan \u00a0Carlos Aldaban Preciado. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Gerson \u00a0Chaverra Castro \u00a0<\/p>\n
Diego \u00a0Eugenio Corredor Beltr\u00e1n \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en decisiones CSJ STP, 19 mar. 2013, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 65770 y CSJ STP, 9 jul. 2013, Rad. 67.797. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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