\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP12329-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 111515 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0233. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante \u00a0Melquisedec \u00a0Villarreal Rosas, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 7 de julio de 2020, por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante el cual deneg\u00f3 su \u00a0derecho fundamental al m\u00ednimo vital presuntamente vulnerado \u00a0por el Presidente de la Rep\u00fablica y el Director Ejecutivo \u00a0Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0razones que motivaron la solicitud de amparo constitucional y la \u00a0pretensi\u00f3n del demandante, fueron rese\u00f1ados por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, \u00a0de la forma como sigue: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante solicit\u00f3 inaplicar el Decreto 568 de 2020 que cre\u00f3 \u00a0un impuesto solidario para aquellos funcionarios que devenguen \u00a0$10.000.000 o m\u00e1s, pues con \u00e9l se viola la Constituci\u00f3n \u00a0al verse afectado sus derechos fundamentales a la vida y m\u00ednimo \u00a0vital y m\u00f3vil, al ser el encargado de los gastos familiares, y \u00a0pese a devengar un sueldo de $11.642.388 pesos en raz\u00f3n a su \u00a0cargo de Juez Penal del Circuito, tiene m\u00faltiples obligaciones \u00a0pecuniarias ante diversas entidades bancarias, lo que hace que sus \u00a0gastos mensuales superen lo que devenga; adem\u00e1s de padecer de \u00a0diferentes afecciones de salud, entre ellas DIABETES y RINOPATIA \u00a0DIAB\u00c9TICA siendo insulinodependiente. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0justificar sus pretensiones ofreci\u00f3 como pruebas, la \u00a0constancia de lo devengado como Juez del Circuito y los gastos que \u00a0mensualmente asume como obligaciones personales. \u00a0<\/p>\n
ACTUACI\u00d3N \u00a0PROCESAL \u00a0<\/p>\n
El \u00a0asunto fue repartido al despacho ponente de esta decisi\u00f3n el \u00a014 de julio de 2020 y, el 4 de agosto siguiente el magistrado titular \u00a0para ese entonces, Jaime Humberto Moreno Acero expres\u00f3 su \u00a0impedimento para tramitar el asunto, conforme a la causal 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004. Luego de realizado los \u00a0tr\u00e1mites relativos al impedimento y teniendo en cuenta que el \u00a0aludido Magistrado dej\u00f3 de ser integrante de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, la actuaci\u00f3n fue devuelta y, por la \u00a0Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n -nuevamente- remitida al \u00a0despacho ponente el 17 de agosto de 2021. \u00a0<\/p>\n
DEL \u00a0FALLO RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial Ibagu\u00e9, mediante \u00a0sentencia de 7 de julio de 2020 declar\u00f3 improcedente el amparo \u00a0tras considerar que no se satisfizo el requisito de la \u00a0subsidiariedad, pues el accionante utiliz\u00f3 este mecanismo \u00a0p\u00fablico como v\u00eda directa, y omiti\u00f3 elevar la \u00a0respectiva solicitud al ente para el cual labora, de inaplicaci\u00f3n \u00a0del descuento por impuesto solidario refutado, adem\u00e1s de que \u00a0cuenta con otro mecanismo, como lo es participar en el tr\u00e1mite \u00a0de constitucionalidad de la norma cuya inaplicaci\u00f3n pretende. \u00a0<\/p>\n
DE LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0presentada por el accionante quien se mantuvo en las pretensiones \u00a0iniciales y reafirm\u00f3 los argumentos plasmados en el l\u00edbelo \u00a0inicial. Acot\u00f3 que los otros medios de defensa judicial no \u00a0eran eficaces y que tampoco era viable acudir a las alternativas \u00a0propuestas en el fallo de primer nivel. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 1991, \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta, en tanto lo es en relaci\u00f3n \u00a0con la sentencia adoptada en primera instancia por el Tribunal \u00a0Superior de Ibagu\u00e9, cuyo superior jer\u00e1rquico es esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el sub \u00a0judice, \u00a0el problema jur\u00eddico se contrae a resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por el accionante Melquisedec \u00a0Villarreal Rosas, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 7 de julio de 2020, por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante el cual deneg\u00f3 su \u00a0derecho fundamental al m\u00ednimo vital presuntamente vulnerado \u00a0por el Presidente de la Rep\u00fablica y el Director Ejecutivo \u00a0Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del actor, se viola la garant\u00eda superior en comento con \u00a0la aplicaci\u00f3n en su caso particular del descuento del impuesto \u00a0solidario por el Covid-19 que se establece en el Decreto Legislativo \u00a0568 del 15 de abril de 2020. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, desde \u00a0ya se anticipa que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente \u00a0por la ocurrencia del fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto \u00a0por hecho superado, tal y como ha sido dispuesto por la Corte en \u00a0providencias CSJ STP111663-2020, \u00a06 oct. 2020, rad. 822\/110777, STP4928-2021, \u00a015 abr. 2021, rad. 1020\/110962, y STP5341-2021, 22 abr. 2021, rad. \u00a0111458, entre otras, donde se analizaron casos similares al objeto de \u00a0estudio. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Sala el presente resguardo constitucional deviene inviable, habida \u00a0cuenta que durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n la Corte \u00a0Constitucional, -en ejercicio de las funciones atribuidas en el \u00a0numeral 7\u00ba del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica-, \u00a0declar\u00f3 la \u00abinexequibilidad\u00bb \u00a0del Decreto Legislativo 568 de 2020. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en sentencia C-293-20, dispuso: \u00a0<\/p>\n
Declarar \u00a0INEXEQUIBLES\u00a0los \u00a0art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, \u00a07\u00ba y 8\u00ba del\u00a0Decreto Legislativo 568 de 2020 \u201cPor \u00a0el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del \u00a0Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica \u00a0dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020\u201d. Esta decisi\u00f3n \u00a0tendr\u00e1 efectos\u00a0RETROACTIVOS.\u00a0En \u00a0consecuencia, los dineros que los sujetos pasivos del impuesto han \u00a0cancelado se entender\u00e1n como abono del impuesto de renta para \u00a0la vigencia 2020, y que deber\u00e1 liquidarse y pagarse en 2021. \u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0circunstancia por s\u00ed misma configura \u00a0la hip\u00f3tesis requerida para declarar la \u201ccarencia \u00a0actual de objeto por hecho superado\u201d, \u00a0toda vez que la pretensi\u00f3n de la tutela era la \u201cinaplicaci\u00f3n\u201d, \u00a0en \u00a0la situaci\u00f3n particular, del \u00a0\u201cimpuesto solidario\u201d con \u00a0ocasi\u00f3n a la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital \u00a0derechos, \u00a0reivindicaci\u00f3n que, sin lugar a dudas, se materializ\u00f3 \u00a0desde el momento que dicha disposici\u00f3n desapareci\u00f3 del \u00a0mundo jur\u00eddico, \u00a0satisfaci\u00e9ndose as\u00ed el inter\u00e9s perseguido \u00a0finalmente por el promotor del resguardo al incoar este mecanismo \u00a0excepcional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0eventos como el presente, la competencia del juez de tutela se agota \u00a0al verificar el restablecimiento de los derechos fundamentales que se \u00a0estimaron violentados. Resulta claro, de acuerdo con lo establecido \u00a0por la Sala, que durante el tr\u00e1mite ces\u00f3 la presunta \u00a0violaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales que podr\u00eda \u00a0haber tenido lugar anteriormente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, debe concluirse, que se configura el fen\u00f3meno conocido \u00a0como hecho \u00a0superado, \u00a0evento que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, al \u00a0tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de \u00a01991. En virtud de tal situaci\u00f3n, cualquier pronunciamiento \u00a0del juez constitucional en este momento carecer\u00eda de objeto, \u00a0al desaparecer la raz\u00f3n de ser del instituto, es decir, la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas fundamentales de la \u00a0parte demandante. \u00a0<\/p>\n
[\u2026], \u00a0seg\u00fan \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, el \u00a0objeto de la acci\u00f3n de tutela consiste en la protecci\u00f3n \u00a0oportuna de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u00a0o de un particular. En atenci\u00f3n a esta norma, la protecci\u00f3n \u00a0judicial se concreta en una orden de inmediato cumplimiento que \u00a0cumple el prop\u00f3sito de evitar, hacer cesar o reparar1 \u00a0la vulneraci\u00f3n. As\u00ed, la entidad o particular accionado \u00a0tiene la obligaci\u00f3n de realizar una determinada conducta que \u00a0variar\u00e1 dependiendo de las consideraciones del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0reiterada jurisprudencia2, \u00a0esta Corporaci\u00f3n ha precisado que la acci\u00f3n de tutela, \u00a0en principio, \u201cpierde su raz\u00f3n de ser cuando durante el \u00a0tr\u00e1mite del proceso, la situaci\u00f3n que genera la amenaza \u00a0o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados es \u00a0superada o finalmente produce el da\u00f1o que se pretend\u00eda \u00a0evitar con la solicitud de amparo\u201d3. \u00a0En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado \u00a0pues ante la ausencia de supuestos f\u00e1cticos, la decisi\u00f3n \u00a0que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la \u00a0pretensi\u00f3n se convertir\u00eda en ineficaz4. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una \u00a0autoridad p\u00fablica o un particular que act\u00fae o deje de \u00a0hacerlo, y \u201cpreviamente al pronunciamiento del juez de tutela, \u00a0sucede lo requerido, es claro que se est\u00e1 frente a un hecho \u00a0superado, porque desaparece la vulneraci\u00f3n o amenaza de los \u00a0derechos fundamentales\u201d5. \u00a0En otras palabras, ya no existir\u00edan circunstancias reales que \u00a0materialicen la decisi\u00f3n del juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la Corte confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por \u00a0advertirse la configuraci\u00f3n de la carencia actual de objeto \u00a0por hecho superado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte \u00a0Suprema de Justicia en Sala de Decisi\u00f3n Penal de Tutelas No. \u00a03, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Ejecutoriada \u00a0esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enti\u00e9ndase \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reparaci\u00f3n en el sentido de remedio judicial. Es decir, c\u00f3mo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hacer para que una vez causada la lesi\u00f3n, se restablezca el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derecho o se garantice su vigencia. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-970 de 2014. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00edd. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al respecto, se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-588A de 2014, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-253 de 2004. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-168 de 2008. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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