\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP9988-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 118394 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0. 196 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por AUDIAS \u00a0L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ \u00a0contra la \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Cali, por \u00a0la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00a0dignidad humana e igualdad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculados la Secretar\u00eda de la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Tercero de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, \u00a0y la Oficina Jur\u00eddica del Complejo Carcelario y Penitenciario \u00a0de Jamund\u00ed. \u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
Refiri\u00f3 \u00a0el accionante que sus derechos fundamentales estaban siendo \u00a0vulnerados por el Tribunal demandado por cuanto a la fecha no se ha \u00a0pronunciado sobre el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 \u00a0contra la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, que le neg\u00f3 solicitud \u00a0de prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto del 29 de julio del presente a\u00f1o, se avoc\u00f3 el \u00a0conocimiento de la acci\u00f3n de tutela y \u00a0orden\u00f3 correr traslado de la demanda a la autoridad judicial \u00a0accionada y dem\u00e1s partes vinculadas, a efectos de \u00a0garantizarles sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Cali inform\u00f3 haber asumido el conocimiento de la \u00a0vigilancia de las penas impuestas al accionante por el Juzgado \u00danico \u00a0Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n con \u00a0funciones de conocimiento de Yopal. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a los hechos de la demanda, afirm\u00f3 que, mediante \u00a0decisi\u00f3n del 1 de octubre de 2020, resolvi\u00f3 no conceder \u00a0el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria a L\u00f3pez L\u00f3pez, \u00a0por expresa prohibici\u00f3n legal del art\u00edculo 38G del \u00a0C\u00f3digo Penal, comoquiera que no hab\u00eda pagado ni \u00a0asegurado el pago del valor total de los perjuicios morales a los que \u00a0fue condenado, decisi\u00f3n que fue reiterada por peticiones \u00a0posteriores del condenado, por lo cual el 9 de febrero de 2021 se \u00a0concedi\u00f3 en efecto suspensivo el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto por el ahora accionante contra la providencia aludida, \u00a0ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cali, encontr\u00e1ndose pendiente de desatar. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Magistrado Carlos Antonio Barreto P\u00e9rez de la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Cali afirm\u00f3 haber sido asignado desde \u00a0el 18 de febrero del a\u00f1o en curso, el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto por el actor contra el auto del 1 de octubre de 2020 que \u00a0neg\u00f3 el sustituto de prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que, con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite tutelar se puso en \u00a0consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n, el \u00a0cual se encontraba en discusi\u00f3n y ser\u00eda notificado a \u00a0las partes tan pronto se adoptara la determinaci\u00f3n \u00a0correspondiente. Agreg\u00f3 que los asuntos est\u00e1n siendo \u00a0estudiados en el menor tiempo posible, de acuerdo con la fecha de \u00a0ingreso al despacho, y puso de presente la voluminosa asignaci\u00f3n \u00a0de acciones constitucionales, as\u00ed como procesos de Ley 600 de \u00a02000 y Ley 906 de 2004, pendientes de resolver, por lo cual, en su \u00a0sentir, la mora ha sido justificada. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Los \u00a0dem\u00e1s vinculados guardaron silencio durante el t\u00e9rmino \u00a0de traslado1. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad \u00a0con lo establecido en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal es \u00a0competente para resolver la demanda de tutela instaurada por AUD\u00cdAS \u00a0L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ, \u00a0al comprometer actuaciones de la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Cali, de quien es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0problema jur\u00eddico planteado se resolver\u00e1 atendiendo la \u00a0l\u00ednea jurisprudencial fijada por esta Corporaci\u00f3n \u00a0respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a la \u00a0mora de las autoridades en materia judicial2. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, toda persona tiene derecho a que la actuaci\u00f3n \u00a0\u2013 \u00a0judicial o administrativa \u2013 \u00a0se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas pues, de ser as\u00ed, \u00a0se vulneran los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia (T-348\/1993), \u00a0adem\u00e1s de incumplir los principios que rigen la administraci\u00f3n \u00a0de justicia -celeridad, \u00a0eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el \u00a0proceso-. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, la mora de las autoridades en materia judicial no se deduce \u00a0por el mero paso del tiempo, sino que exige hacer un an\u00e1lisis \u00a0completo de la situaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed que, para determinar cu\u00e1ndo se presentan dilaciones \u00a0injustificadas \u00a0en la administraci\u00f3n de justicia y, por consiguiente, en qu\u00e9 \u00a0eventos procede la acci\u00f3n de tutela frente a la protecci\u00f3n \u00a0del acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia \u00a0constitucional, con sujeci\u00f3n a distintos pronunciamientos de \u00a0la CIDH y de la Corte IDH (T-052\/18, \u00a0T-186\/2017, \u00a0T-803\/2012 \u00a0y T-945A\/2008), \u00a0ha se\u00f1alado que debe estudiarse: \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Si se \u00a0presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en \u00a0la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo \u00a0es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, \u00a0cuando el n\u00famero de procesos que corresponde resolver al \u00a0funcionario es elevado (T-030\/2005), \u00a0de tal forma que la capacidad log\u00edstica y humana est\u00e1 \u00a0mermada y se dificulta evacuarlos en tiempo (T494\/14), \u00a0entre otras m\u00faltiples causas (T-527\/2009); \u00a0y \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Si la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de \u00a0las funciones por parte de una autoridad judicial \u00a0(T-230\/2013, \u00a0reiterada en T-186\/2017). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0entonces, resulta necesario para el juez constitucional evaluar, bajo \u00a0el acervo probatorio correspondiente, si en casos de mora judicial \u00a0\u00e9sta es justificada o no, pues no se presume ni es absoluta \u00a0(T-357\/2007). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0el caso sub \u00a0judice, el \u00a0accionante \u00a0AUD\u00cdAS \u00a0L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ acudi\u00f3 \u00a0a la acci\u00f3n de tutela con el \u00e1nimo que se amparen sus \u00a0garant\u00edas superiores y se ordene a la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Cali resolver de fondo el recurso de apelaci\u00f3n que \u00a0present\u00f3 contra el auto emitido el 01 de octubre de 2020 que \u00a0resolvi\u00f3 no conceder la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n \u00a0por prisi\u00f3n domiciliaria por expresa prohibici\u00f3n del \u00a0art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo informado tanto por el accionante como por el Tribunal accionado, \u00a0se observa que, desde la asignaci\u00f3n del proceso penal en \u00a0segunda instancia el 18 de febrero de 2021, a la fecha de formulaci\u00f3n \u00a0de la demanda de amparo, se super\u00f3 el t\u00e9rmino previsto \u00a0en la Ley 906 de 2004 para que el Tribunal Superior de Cali emitiera \u00a0la decisi\u00f3n correspondiente. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, de las pruebas allegadas al plenario se puede corroborar \u00a0que, en la fecha, se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n de la Sala \u00a0de discusi\u00f3n el proyecto que resuelve la apelaci\u00f3n \u00a0elevada por el ahora accionante, encontr\u00e1ndose pendiente \u00a0adoptar la decisi\u00f3n y posteriormente notificar a las partes de \u00a0lo resuelto, aunado a que justific\u00f3 su tardanza en atenci\u00f3n \u00a0a los turnos asignados a cada uno de los asuntos que ingresan al \u00a0Despacho, aunado al alto n\u00famero de acciones de tutelas de \u00a0primera y segunda instancia, as\u00ed como los procesos de Ley 906 \u00a0de 2004 y Ley 600 de 2000 pendientes por resolver. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, no podr\u00eda atribuirse una tardanza injustificada \u00a0al \u00a0magistrado del Tribunal Superior de Cali Carlos Antonio Barreto P\u00e9rez \u00a0en el estudio y elaboraci\u00f3n del proyecto que resuelve el \u00a0recurso de apelaci\u00f3n del accionante, pues los \u00a0argumentos ofrecidos por el magistrado ponente en la presente acci\u00f3n \u00a0de tutela justifican su tardanza, de ah\u00ed que la demora en \u00a0resolver el recurso de apelaci\u00f3n no puede serle imputable como \u00a0una omisi\u00f3n en el cumplimiento de sus funciones judiciales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, lo procedente ser\u00e1 negar el amparo de los \u00a0derechos fundamentales invocados, por cuanto ninguna vulneraci\u00f3n \u00a0puede atribuirse a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito \u00a0Judicial de Cali. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 \u00a0de la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0DECLARAR \u00a0IMPROCEDENTE el \u00a0amparo reclamado por \u00a0AUD\u00cdAS \u00a0L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ, \u00a0por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0este fallo a las partes de conformidad con el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Enviar \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n \u00a0de este fallo, en caso de no ser impugnado. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hasta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el momento de entrega del proyecto al Despacho, no se hab\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recibido m\u00e1s contestaciones a la tutela. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ 28 abr. 2020, rad. 116; STP5364-2020, STP5366-2020; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP4350-2020; 26 may. 2020, rad. 38 y STP4128-2020. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP9988-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 118394 \u00a0 Acta \u00a0n\u00b0. 196 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por AUDIAS \u00a0L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ \u00a0contra la \u00a0Sala \u00a0Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,39],"tags":[],"class_list":["post-59057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}