\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP10576-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 118208 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.203) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide la \u00a0Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por la apoderada de \u00a0ROBINSON \u00a0OROZCO CASTILLO, \u00a0contra el \u00a0fallo de tutela proferido el 18 de junio de 2021 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo invocado contra la Fiscal\u00eda 30 \u00a0Especializada de la Unidad de Casos Priorizados de Cali y la Fiscal\u00eda \u00a0161 Seccional Fiscales Priorizados en apoyo a la Fiscal\u00eda 30 \u00a0Especializada de la Unidad de Casos Priorizados de Cali \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos en la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0La apoderada judicial del accionante manifiesta que el d\u00eda 2 \u00a0de septiembre de 2019, el Fiscal 102 Seccional de la URI, solicit\u00f3 \u00a0ante el Juzgado 29 Penal Municipal con Funciones de Control de \u00a0Garant\u00edas de Cali la realizaci\u00f3n de las siguientes \u00a0audiencias: (i) legalizaci\u00f3n de captura y de incautaci\u00f3n \u00a0de elementos materiales probatorios, (ii) formulaci\u00f3n de \u00a0imputaci\u00f3n y (iii) imposici\u00f3n de medida de \u00a0aseguramiento, por hechos ocurridos el 31 de agosto de 2019, en donde \u00a0presuntamente habr\u00edan participado 6 personas que hab\u00edan \u00a0sido capturadas, entre ellas, su defendido ROBINSON OROZCO CASTILLO a \u00a0quienes se les imputar\u00eda los delitos de hurto calificado \u00a0agravado en concurso con fabricaci\u00f3n, trafico, porte de armas \u00a0de fuego, receptaci\u00f3n y uso de documentos falsos, dentro de la \u00a0investigaci\u00f3n SPOA 76001-60-00-193-2019-10877. \u00a0<\/p>\n
(ii) El Juzgado 29 \u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de \u00a0Cali el 2 de septiembre de 2019, no accedi\u00f3 a la solicitud de \u00a0declaratoria de legalidad del procedimiento de captura en flagrancia \u00a0en contra de ROBINSON OROZCO CASTILLO, HAROLD ANDRES GARC\u00cdA \u00a0VILLEGAS, CLAUDIA PATRICIA HEREDIA UPEGUI y otras tres personas m\u00e1s, \u00a0por lo que orden\u00f3 su libertad inmediata y as\u00ed mismo, \u00a0declar\u00f3 ilegal el procedimiento de incautaci\u00f3n de EMP; \u00a0respecto a la solicitud de visos de legalidad del registro voluntario \u00a0se abstuvo de emitir pronunciamiento atendiendo a la falta de actas \u00a0del registro. Decisi\u00f3n que adquiri\u00f3 firmeza ese mismo \u00a0d\u00eda al no haberse interpuso recursos. \u00a0<\/p>\n
(iii) Sostiene la \u00a0abogada, que con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado 29 Penal \u00a0Municipal dentro del radicado 76001-60-00-193- 2019-10877, el fiscal \u00a0deb\u00eda archivar la investigaci\u00f3n ya que no se pudo \u00a0constatar la existencia del hecho y no pod\u00eda utilizar las \u00a0pruebas obtenidas con violaci\u00f3n al debido proceso por ser \u00a0il\u00edcitas, debiendo ser excluidas. \u00a0<\/p>\n
(iv) Posterior a la \u00a0audiencia del 2 de septiembre de 2019 realizada dentro de la \u00a0investigaci\u00f3n 2019-10877, el d\u00eda 2 de diciembre de \u00a02020, el Juzgado 14 Penal Municipal con Funciones de Control de \u00a0Garant\u00edas de Cali ordena la captura en contra de ROBINSON \u00a0OROZCO CASTILLO, HAROLD ANDRES GARC\u00cdA VILLEGAS, CLAUDIA \u00a0PATRICIA HEREDIA UPEGUI y las otras tres personas m\u00e1s, por \u00a0solicitud del Fiscal 161 Seccional Fiscales Priorizados en apoyo a la \u00a0Fiscal\u00eda 30 Especializada de la Unidad de Casos Priorizados de \u00a0Cali, dentro de la investigaci\u00f3n con SPOA 76001-60- \u00a000-193-2019-04548; orden de captura que se fund\u00f3 en los mismos \u00a0hechos ocurridos el d\u00eda 31 de agosto de 2019 objeto del \u00a0radicado 76001-60-00-193-2019-10877 por los delitos de hurto \u00a0calificado agravado en concurso con fabricaci\u00f3n, trafico, \u00a0porte de armas de fuego, receptaci\u00f3n y uso de documentos \u00a0falsos. \u00a0<\/p>\n
(v) Considera que la \u00a0solicitud del Fiscal 161 Seccional de solicitar la expedici\u00f3n \u00a0de ordenes de captura, viola el debido proceso, por tratarse de los \u00a0mismos hechos perpetrados el 31 de agosto de 2019, por lo que se \u00a0estar\u00eda juzgando a su prohijado dos veces por lo mismo. \u00a0<\/p>\n
(vi) \u00a0Agreg\u00f3 que a ra\u00edz de las ordenes en menci\u00f3n, se \u00a0han legalizado las capturas de HAROLD ANDRES GARCIA VILLEGAS y \u00a0CLAUDIA PATRICIA HEREDIA UPEGUI, en la que el Fiscal 161 Seccional \u00a0Fiscales Priorizados en apoyo de la Fiscal\u00eda 30 Especializada \u00a0de la Unidad de Casos Priorizados de Cali, ha confesado que no tiene \u00a0pruebas para imputar el delito de concierto para delinquir; \u00a0dicionalmente, esas capturas se han legalizado con los EMP declarados \u00a0ilegales y la Fiscal\u00eda abri\u00f3 la investigaci\u00f3n \u00a02019-04548 con querella de quien no es la victima del delito de hurto \u00a0y con informe de investigaci\u00f3n de campo en el que se \u00a0relacionan 20 eventos, de los cuales en los 9 primeros no est\u00e1 \u00a0involucrado su defendido y los 10 restantes ocurrieron despu\u00e9s \u00a0de que su cliente huyera de Colombia hacia Miami por amenazas \u00a0recibidas en virtud de los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2019. \u00a0<\/p>\n
Pretensi\u00f3n: \u00a0Se ampare su derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia \u00a0se ordene a los Fiscales accionados la cesaci\u00f3n de actos \u00a0perturbadores, se cancele la orden de captura emitida en contra de \u00a0ROBINSON OROZCO CASTILLO dentro del SPOA 76001-60-00-193-2019-04548, \u00a0se ordene el archivo de dicha investigaci\u00f3n en su nombre y se \u00a0informe a la Interpol que cancele cualquier orden de circular emitida \u00a0a su nombre. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo invocado, al considerar que, no se cumple con \u00a0el requisito general de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que el escenario propicio para controvertir las decisiones que \u00a0se profieran en el curso del proceso penal 2019-04548, son ante el \u00a0mismo juez ordinario. \u00a0<\/p>\n
Asever\u00f3 \u00a0que, en el presente asunto, no se evidencia la amenaza de un \u00a0perjuicio irremediable que justifique la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte accionante \u00a0interpuso recurso de impugnaci\u00f3n, y solicit\u00f3 que se \u00a0revoque el fallo de tutela de primera instancia, pues, a su criterio, \u00a0el juez de primera instancia impone a la parte actora una carga no \u00a0prevista en la ley como requisito de procedibilidad para lograr la \u00a0protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Aleg\u00f3 \u00a0que, el a \u00a0quo no \u00a0analiz\u00f3 los hechos y argumentos que sustentaron la demanda \u00a0constitucional, cuando es evidente la configuraci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable al tratarse el presente asunto de una persona \u00a0que tuvo que solicitar asilo en Estados Unidos, por las amenazas que \u00a0surgieron con ocasi\u00f3n a los hechos ocurridos en agosto de \u00a02019. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 \u00a0de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesto por la apoderada de ROBINSON \u00a0OROZCO CASTILLO, \u00a0contra el \u00a0fallo de tutela proferido el 18 de junio de 2021 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo invocado contra la Fiscal\u00eda 30 \u00a0Especializada de la Unidad de Casos Priorizados de Cali y la Fiscal\u00eda \u00a0161 Seccional Fiscales Priorizados en apoyo a la Fiscal\u00eda 30 \u00a0Especializada de la Unidad de Casos Priorizados de Cali. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
La tutela \u00a0es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. Que se \u00a0cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a \u00a0partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. Que la \u00a0parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que \u00a0generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre \u00a0que esto hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, que se \u00a0presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la \u00a0providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
ii) Defecto procedimental \u00a0absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al \u00a0margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, el \u00a0cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la \u00a0aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la \u00a0decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge \u00a0cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por \u00a0parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una \u00a0decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin \u00a0motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios \u00a0judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos \u00a0de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0impugnaci\u00f3n se centra en un punto espec\u00edfico: \u00a0determinar si \u00a0efectivamente existe una vulneraci\u00f3n \u00a0a los derechos fundamentales de ROBINSON \u00a0OROZCO CASTILLO, \u00a0por parte de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n del proceso \u00a0penal 2019-04548, y \u00a0en consecuencia, debe concederse el amparo. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jur\u00eddico \u00a0aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela \u00a0de primera instancia, comoquiera que la presente solicitud de amparo \u00a0incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, \u00abque \u00a0se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, la presente \u00a0acci\u00f3n \u00a0de tutela se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que \u00a0el proceso \u00a0penal 2019-04548, se \u00a0encuentra en curso. \u00a0<\/p>\n
A partir \u00a0de las alegaciones presentadas por la parte accionante en su recurso \u00a0de impugnaci\u00f3n, la Sala advierte que el fundamento de su \u00a0solicitud de amparo es el desacuerdo con las decisiones de las \u00a0autoridades accionadas y vinculadas dentro del proceso penal \u00a02019-04548, al considerar que existen irregularidades procesales \u00a0dentro del mismo, las cuales ameritan la cancelaci\u00f3n de la \u00a0orden de captura vigente en contra del se\u00f1or OROZCO \u00a0CASTILLO, \u00a0el archivo del proceso penal de referencia, y por consiguiente, la \u00a0cancelaci\u00f3n de la circular de la Interpol que pesa en su \u00a0nombre. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el \u00a0derecho de defensa y propender por las garant\u00edas judiciales, \u00a0debe hacerlo dentro de la actuaci\u00f3n ordinaria, no por v\u00eda \u00a0de tutela, toda vez que \u00e9sta no puede emplearse para \u00a0retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal, ni como \u00a0mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural \u00a0ordinario funda su decisi\u00f3n cuando el proceso no ha culminado. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuaci\u00f3n \u00a0son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver \u00a0con las garant\u00edas que conforman el debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Bueno \u00a0es precisar que, mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier \u00a0solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe \u00a0hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas \u00a0las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la \u00a0actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la \u00a0eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara \u00a0de una instancia superior adicional a las previstas para el normal \u00a0desenvolvimiento de los procesos judiciales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0insiste en que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo adecuado \u00a0para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que se estimen \u00a0lesionados en el tr\u00e1mite de un proceso judicial, pues para \u00a0ello el ordenamiento jur\u00eddico ha dise\u00f1ado una serie de \u00a0instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la correcci\u00f3n \u00a0de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5. \u00a0<\/p>\n
En sentencia T-335 de 2018, el m\u00e1ximo \u00a0\u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra \u00a0procesos judiciales en curso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el \u00a0proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n \u00a0de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo \u00a0alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que \u00a0deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. \u00a0Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y \u00a0agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran \u00a0previstos en el ordenamiento jur\u00eddico.\u00bb \u00a0<\/p>\n
Justamente, ha explicado la Sala que \u00a0las caracter\u00edsticas de subsidiaridad y residualidad, que son \u00a0predicables de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional, \u00a0disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo \u00a0excepcional de amparo, para lograr la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional en procesos en tr\u00e1mite, porque ello, adem\u00e1s \u00a0de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como \u00a0la independencia y la autonom\u00eda funcional que rigen la \u00a0actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en \u00a0el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, estableci\u00f3 que \u00a0tampoco puede acudirse a este excepcional\u00edsimo medio de \u00a0defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el \u00a0amparo se concibi\u00f3 precisamente para suplir la ausencia de \u00a0\u00e9stos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide \u00a0considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual \u00a0acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es \u00a0decir, no se haya agotado la actuaci\u00f3n del juez ordinario, el \u00a0afectado tendr\u00e1 la posibilidad de reclamar al interior del \u00a0tr\u00e1mite el respeto de las garant\u00edas constitucionales, \u00a0sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0tampoco se advierte la existencia de una situaci\u00f3n excepcional \u00a0que habilite el amparo para evitar la configuraci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Por lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0CONFIRMAR \u00a0el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR \u00a0a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0expedito. \u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-103 de 2014 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a040.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 57.583, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a059.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a067.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP10576-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 118208 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.203) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 VISTOS \u00a0 Decide la \u00a0Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por la apoderada de \u00a0ROBINSON \u00a0OROZCO CASTILLO, \u00a0contra el \u00a0fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,39],"tags":[],"class_list":["post-58314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}