\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP11019 \u00a0– 2021 \u00a0<\/p>\n
Tutela \u00a0de 1\u00aa instancia No. 117189 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 175 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Resolver \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por PEDRO ANDR\u00c9S SILVA \u00a0BECERRA contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de C\u00facuta, el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, el Juzgado 2\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n y el Juzgado 1\u00ba Penal \u00a0del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga, por la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la \u00a0dignidad humana, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la demanda de tutela y los medios de prueba aportados al expediente, \u00a0se destacan como hechos jur\u00eddicamente relevantes los \u00a0siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a026 de noviembre de 2014, el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Descongesti\u00f3n de Bucaramanga conden\u00f3 al accionante a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la pena privativa de la libertad de 123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0meses de prisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El 30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de enero de 2015, obtuvo una segunda condena, proferida por el mismo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juzgado, donde fue condenado a 58 meses y 2 d\u00edas de prisi\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Posteriormente, el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito del mismo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar, lo conden\u00f3 a 64 meses de prisi\u00f3n. En ninguna de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ellas se le concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la pena ni la prisi\u00f3n domiciliaria. Le fue atribuido, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otros, el delito de extorsi\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por hechos ocurrido el 26 de junio de 2013. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vigilancia de la ejecuci\u00f3n de las mencionadas sentencias le \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y medidas de Seguridad de Bucaramanga, el cual acumul\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddicamente las penas privativas de la libertad antes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se\u00f1aladas en 192 meses y 1 d\u00eda de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Reasignadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las diligencias, el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medidas de Seguridad de C\u00facuta, mediante autos del 12 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enero y 1\u00ba de marzo de 2021, respectivamente, neg\u00f3 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SILVA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BECERRA la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria prevista en el art\u00edculo 38G del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00f3digo Penal, y el beneficio administrativo de permiso hasta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por 72 horas para salir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del penal sin vigilancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0primera providencia cobr\u00f3 ejecutoria en esa sede. Mientras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que, contra la segunda, el sentenciado interpuso recurso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, como acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 de abril de 2021, el juzgado ejecutor confirm\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recurrida en reposici\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, con decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del 28 siguiente, declar\u00f3 improcedente el mecanismo de amparo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional, entre otros motivos, por encontrarse pendiente de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0resolver el recurso de alzada, el cual fue decidido por esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colegiatura con prove\u00eddo del 2 de junio del a\u00f1o en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0curso, en el sentido de confirmar el auto impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7. Sustentado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en este marco f\u00e1ctico, PEDRO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANDR\u00c9S SILVA BECERRA afirma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que las decisiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferidas por el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medidas de Seguridad de C\u00facuta presentan v\u00edas de hecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en desmedro de sus derechos fundamentales, en la medida que el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0permiso administrativo y el sustituto penal le fueron negados sin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tener en consideraci\u00f3n que, en virtud del principio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0favorabilidad, tiene derecho a su reconocimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Asegura \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que ha agotado todos los mecanismos judiciales que tiene a su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcance para acceder a dichas prerrogativas, pero las dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades accionadas se han negado a acceder a lo solicitado. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de C\u00facuta inform\u00f3 que con autos del 12 de enero de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02021 y 1\u00ba de marzo de 2021 neg\u00f3 al accionante la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en el lugar de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0residencia, descrita en el art\u00edculo 38G del c\u00f3digo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal, y el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por expresa prohibici\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2006, al haber sido condenado por el delito de extorsi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta aport\u00f3 el prove\u00eddo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del 2 de junio de 2021, mediante el cual confirm\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la decisi\u00f3n de primera instancia que neg\u00f3 el permiso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administrativo hasta de 72 horas, solicitado por el accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades vinculadas guardaron silencio en lo que es objeto de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
Competencia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo establecido en el \u00a0numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de \u00a02015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de \u00a02021, esta Sala es competente para resolver en primera instancia la \u00a0presente acci\u00f3n de tutela, por \u00a0cuanto involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Determinar \u00a0si el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de \u00a0Seguridad y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, violan \u00a0los derechos fundamentales de PEDRO ANDR\u00c9S SILVA BECERRA, al \u00a0negarle el otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria prevista en \u00a0el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal y el permiso \u00a0administrativo para salir del establecimiento carcelario hasta por 72 \u00a0horas. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. As\u00ed lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispone el art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n Nacional y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo reitera el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esta acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0necesario, para su procedencia, que cumpla los requisitos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0car\u00e1cter general definidos por la doctrina constitucional, y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se demuestre que la actuaci\u00f3n o decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuestionada presenta un defecto org\u00e1nico, procedimental, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, sustantivo, de motivaci\u00f3n, error inducido, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desconocimiento del precedente o violaci\u00f3n directa de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constituci\u00f3n (C-590\/05 y T-332\/06). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presente asunto, PEDRO ANDR\u00c9S SILVA BECERRA orienta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n a demostrar que las decisiones dictadas el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 de enero y 1\u00ba de marzo de 2021 por el Juzgado 2\u00ba de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de C\u00facuta, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mediante las cuales le neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prevista en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal y el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0permiso administrativo de hasta por 72 horas, as\u00ed como la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia emitida el 2 de junio del a\u00f1o en curso por la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, que confirm\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la negativa de conceder el beneficio administrativo, incurren en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0v\u00edas de hecho que comprometen sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0primer lugar, debe decirse que frente a la decisi\u00f3n del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juzgado de ejecuci\u00f3n de negar el sustituto penal no se cumple \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presupuesto de subsidiariedad, porque el sentenciado ten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la posibilidad de impugnarla por v\u00eda de reposici\u00f3n y\/o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apelaci\u00f3n, pero no lo hizo, permitiendo que el auto censurado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cobrara firmeza. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0actor debi\u00f3 utilizar los medios de control judicial que le \u00a0ofrec\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir la \u00a0decisi\u00f3n que en sede de tutela reprocha de ilegal, a fin de \u00a0que el funcionario competente revisara los reparos propuestos y \u00a0decidiera lo que en derecho correspond\u00eda, y no acudir a la \u00a0acci\u00f3n de tutela, porque esto desconoce la autonom\u00eda de \u00a0la funci\u00f3n jurisdiccional y convierte la acci\u00f3n \u00a0constitucional en un mecanismo de desplazamiento indebido del juez \u00a0natural. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Sin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prejuicio de lo anotado, la Sala tampoco advierte que la aludida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n, junto con las que le negaron el permiso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administrativo de hasta 72 horas para salir del establecimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0carcelario, actualicen una v\u00eda de hecho que habiliten la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedencia del amparo. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que mediante autos interlocutorios \u00a0del 12 de enero y 1\u00ba de marzo de 2021, el Juzgado 2\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta \u00a0neg\u00f3 a PEDRO \u00a0ANDR\u00c9S SILVA BECERRA \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria contemplada en el art\u00edculo 38G \u00a0y el permiso administrativo de hasta 72 horas para salir del penal, \u00a0en \u00a0aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de conceder beneficios o \u00a0subrogados penales cuando se procede por el delito de extorsi\u00f3n, \u00a0contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, por \u00a0considerar que esta norma se hallaba vigente al momento de los \u00a0hechos, ocurridos el 26 de junio de 2013, por los cuales fue \u00a0condenado. \u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0consideraciones, fueron adem\u00e1s acogidas por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta en el \u00a0pronunciamiento del 8 de julio de 2020, al desatar el recurso de \u00a0apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 \u00a0el beneficio administrativo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0actor alega tener derecho a los beneficios administrativos y \u00a0judiciales que le fueron negados, en aplicaci\u00f3n del principio \u00a0de favorabilidad, sin embargo, no cumple la carga de se\u00f1alar \u00a0cu\u00e1les disposiciones normativas debieron aplicarse en su caso, \u00a0por ser m\u00e1s beneficiosas a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0se evidencia que las decisiones cuestionadas constituyan una v\u00eda \u00a0de hecho, puesto \u00a0que est\u00e1n fundadas en normatividad vigente y jurisprudencia \u00a0relacionada con el tema debatido. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0negativa a conceder la prisi\u00f3n domiciliaria y el permiso de \u00a0salida, como lo se\u00f1alaron en sus decisiones las autoridades \u00a0accionadas, tiene fundamento en la prohibici\u00f3n contemplada en \u00a0el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006, que a su tenor reza: \u00a0<\/p>\n
\u201cExclusi\u00f3n \u00a0de beneficios y subrogados. Cuando \u00a0se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, \u00a0secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y \u00a0confesi\u00f3n, \u00a0ni se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos \u00a0de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n \u00a0condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la \u00a0pena, o libertad condicional.(\u2026)\u201d \u00a0(Subrayas fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0encuentran soporte en la sentencia C-073 de 2010 de la Corte \u00a0Constitucional, mediante la cual, al declarar exequible dicha \u00a0disposici\u00f3n normativa, insisti\u00f3 que el legislador goza \u00a0de amplio margen de configuraci\u00f3n normativa, lo cual le \u00a0permite determinar cu\u00e1les delitos deben gozar de beneficios y \u00a0cu\u00e1les no, atendiendo su gravedad y las pol\u00edticas \u00a0criminales: \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026El \u00a0legislador goza de un amplio margen de configuraci\u00f3n normativa \u00a0al momento de dise\u00f1ar el proceso penal, y, por ende, de \u00a0conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo \u00a0anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al \u00a0juez constitucional determinar qu\u00e9 comportamiento delictual \u00a0merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, m\u00e1s \u00a0severo que otro, decisi\u00f3n que, en un Estado Social y \u00a0Democr\u00e1tico de Derecho, pertenece al legislador quien, \u00a0atendiendo a consideraciones \u00e9tico-pol\u00edticas y de \u00a0oportunidad, determinar\u00e1 las penas a imponer y la manera de \u00a0ejecutarlas1. \u00a0En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen \u00a0de configuraci\u00f3n, sobre cu\u00e1les delitos permite qu\u00e9 \u00a0tipo de beneficios penales y sobre cu\u00e1les no. Dentro de esos \u00a0criterios, los m\u00e1s importantes son: (i) el an\u00e1lisis de \u00a0la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del dise\u00f1o \u00a0de las pol\u00edticas criminales, cuyo sentido incluye razones \u00a0pol\u00edticas de las cuales no puede apropiarse el juez \u00a0constitucional\u201d \u00a02. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 2, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
R \u00a0E S U E L V E: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Negar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el amparo invocado, con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamento en las motivaciones planteadas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0este prove\u00eddo de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De no ser impugnada esta sentencia, env\u00edese \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01968 y Lopera M, G, Principio de proporcionalidad y ley penal, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Madrid, 2006, p. 144. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia C- 073 de 2010.- \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP11019 \u00a0– 2021 \u00a0 Tutela \u00a0de 1\u00aa instancia No. 117189 \u00a0 Acta \u00a0No. 175 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Resolver \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por PEDRO ANDR\u00c9S SILVA \u00a0BECERRA contra la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,38],"tags":[],"class_list":["post-57591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}