\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP5167-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0115736 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado Acta N.o \u00a0 \u00a092) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por Breidis \u00a0Javier Z\u00fa\u00f1iga Pineda, \u00a0frente a la decisi\u00f3n proferida el 10 de febrero de 2021 por la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Distrito \u00a0Judicial de Barranquilla, mediante la cual neg\u00f3 el amparo \u00a0dentro de la acci\u00f3n interpuesta contra el Juzgado Quinto de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad -J5EPMS- de esa \u00a0misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Hechos y fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Expres\u00f3 el accionante que el 9 de noviembre de 2020 solicit\u00f3 \u00a0ante el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Barranquilla copia de la sentencia a trav\u00e9s de la \u00a0cual fue condenado y cuya vigilancia es ejercida por ese despacho, \u00a0sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n \u00a0hubiese recibido pronunciamiento alguno. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Barranquilla \u00a0neg\u00f3 el amparo al acreditar que la autoridad accionada cumpli\u00f3 \u00a0su deber de otorgar respuesta a lo pedido. Lo anterior, en raz\u00f3n \u00a0a que, seg\u00fan obra en el expediente, el 11 de noviembre de 2020 \u00a0le fue enviada la copia de la sentencia requerida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Breidis \u00a0Javier Z\u00fa\u00f1iga Pineda \u00a0manifiesta no estar de acuerdo con el fallo proferido, teniendo en \u00a0cuenta que \u201cning\u00fan \u00a0funcionario judicial puede estar por encima de la Constituci\u00f3n \u00a0y las leyes\u201d \u00a0y porque \u201cdebe \u00a0responder favorablemente\u201d \u00a0a las peticiones realizadas, para as\u00ed evitar el agravio del \u00a0debido proceso y el derecho a la defensa al interior del \u201cproceso \u00a0penal que vigila el juzgado accionado\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponde a la Corte determinar si la autoridad accionada vulner\u00f3 \u00a0el derecho de petici\u00f3n, ante la alegada falta de respuesta a \u00a0la solicitud del 9 de noviembre de 2020, relacionada con la \u00a0expedici\u00f3n de copia de sentencia mediante la cual fue \u00a0condenado y cuya vigilancia corresponde a dicho despacho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. En el presente \u00a0asunto, Breidis \u00a0Javier Z\u00fa\u00f1iga Pineda se \u00a0encuentra inconforme porque, seg\u00fan dice, el Juzgado \u00a0Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad no \u00a0ha respondido la petici\u00f3n presentada el \u00a09 de noviembre de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Ha sido \u00a0pac\u00edfica la jurisprudencia al se\u00f1alar que cuando un \u00a0ciudadano acude a la v\u00eda tutelar por considerar lesionados sus \u00a0prerrogativas fundamentales, tiene la carga procesal de probar sus \u00a0afirmaciones. \u00a0Sobre ello ha dicho la Corte Constitucional que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0quien \u00a0pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe \u00a0demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su \u00a0pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien \u00a0conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las \u00a0consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la \u00a0amenaza de afectaci\u00f3n. (Sentencia CC T-835\/00). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto la Sentencia T- 997 de 20051 \u00a0reiter\u00f3 lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa carga \u00a0de la prueba en uno y otro momento del an\u00e1lisis corresponde a \u00a0las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el \u00a0sentido de que elev\u00f3 la petici\u00f3n y de la fecha en la \u00a0cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondi\u00f3 \u00a0oportunamente. La prueba de la petici\u00f3n y de su fecha traslada \u00a0a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para \u00a0defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la \u00a0petici\u00f3n s\u00ed fue contestada, resolviendo de fondo y \u00a0oportunamente (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No basta por \u00a0tanto que el accionante afirme que su derecho de petici\u00f3n se \u00a0vulner\u00f3 por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha \u00a0afirmaci\u00f3n con elementos que permitan comprobar lo dicho, de \u00a0modo que quien dice haber presentado una solicitud y no haber \u00a0obtenido respuesta deber\u00e1 presentar copia de la misma recibida \u00a0por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna \u00a0informaci\u00f3n sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar \u00a0que acompa\u00f1aron la petici\u00f3n, a fin de que el juez pueda \u00a0ordenar la verificaci\u00f3n.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese \u00a0contexto, es deber del juez constitucional desplegar una actividad \u00a0probatoria a fin de establecer si los derechos fundamentales \u00a0invocados est\u00e1n siendo efectivamente conculcados, pero tambi\u00e9n \u00a0es su deber negar la protecci\u00f3n cuando los medios con que el \u00a0ordenamiento cuenta para conocer lo ocurrido no le permiten \u00a0establecer el quebrantamiento, porque las sentencias judiciales no \u00a0pueden sino basarse en los hechos probados, conforme las reglas y \u00a0oportunidades procesales.3 \u00a0<\/p>\n
4. Para el caso \u00a0concreto, se observa que Z\u00fa\u00f1iga \u00a0Pineda incumpli\u00f3 \u00a0el deber probatorio que le corresponde, pues aunque en la impugnaci\u00f3n \u00a0insiste en que su solicitud debe resolverse favorablemente, no \u00a0existen elementos de juicio suficientes para endilgarle \u00a0responsabilidad alguna al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0y Medidas de Seguridad de Barranquilla. Lo anterior se explica en \u00a0que, seg\u00fan constancia aportada, resulta evidente que el 11 de \u00a0noviembre de 2020 -dentro \u00a0del t\u00e9rmino consagrado en la Ley 1755 de 2015- \u00a0la autoridad accionada remiti\u00f3 lo pedido en archivo digital a \u00a0la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico \u00a0joaquinsa1951@gmail.com, \u00a0correspondiente \u00e9sta \u00faltima a la del apoderado del \u00a0inconforme, la cual coincide con la indicada en el ac\u00e1pite de \u00a0notificaciones del libelo introductorio. \u00a0<\/p>\n
Como quiera que el \u00a0fin perseguido por el demandante era obtener pronunciamiento sobre \u00a0tal tem\u00e1tica, resulta incuestionable que el mismo ocurri\u00f3 \u00a0antes de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, lo \u00a0que torna la negativa del amparo deprecado por ausencia de \u00a0vulneraci\u00f3n de derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo anterior, no hay lugar a emitir ninguna orden contra el \u00a0juzgado accionado pues \u00a0la situaci\u00f3n que el actor consideraba como vulneradora de sus \u00a0derechos fundamentales, resulta inexistente, tal y como lo refiri\u00f3 \u00a0el A \u00a0quo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 \u00a03 \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Gerson \u00a0Chaverra Castro \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Diego \u00a0Eugenio Corredor Beltr\u00e1n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0M.P \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dicha ocasi\u00f3n se reiter\u00f3 la posici\u00f3n expuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la Sentencia T- 1160 A de 2001 M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espinosa en la cual se analiz\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0carga de la prueba por parte de las partes involucradas en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derecho de petici\u00f3n, para demostrar la presentaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la petici\u00f3n por un lado y la respuesta de la entidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demandada, por el otro. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-767 de 2004. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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