\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP4451-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 116088 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 97 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por \u00a0LUIS EDGAR GUTI\u00c9RREZ GUTI\u00c9RREZ, \u00a0contra \u00a0el fallo de 19 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, \u00a0declar\u00f3 improcedente la tutela por la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0de derechos fundamentales en contra del presidente \u00a0de la Rep\u00fablica, Ministerios del Trabajo y Hacienda y Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico, director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n \u00a0y la Procuradur\u00eda General del Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Le \u00a0corresponde a esta Sala determinar si las autoridades demandadas \u00a0vulneraron los derechos fundamentales incoados por el actor a partir \u00a0de la promulgaci\u00f3n del Decreto 1779 de 24 de diciembre de \u00a02020, a trav\u00e9s del cual se reajust\u00f3 la asignaci\u00f3n \u00a0mensual a los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica en un \u00a05.12%, mientras que a los pensionaros solo les fue reconocido un \u00a01.61%. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto de 8 de marzo de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Neiva, Huila, avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n de tutela \u00a0y orden\u00f3 correr traslado de la demanda a las partes accionadas \u00a0y vinculadas a fin de garantizarles sus derechos de defensa y \u00a0contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n de la demanda de tutela, por falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, debido a que, a su \u00a0juicio, no adelant\u00f3 actuaci\u00f3n alguna en detrimento de \u00a0los intereses del actor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica-DANE-, \u00a0luego de rese\u00f1ar las funciones asignadas legalmente, indic\u00f3 \u00a0que no es competente para solucionar las peticiones del accionante y \u00a0si bien, se menciona en la demanda, como fuente de algunos datos, \u00a0ello corresponde a la conclusi\u00f3n propia del libelista, las que \u00a0no son susceptibles de verificar o validar en el escenario de la \u00a0acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El \u00a0apoderado general del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n- \u00a0DNP-, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, y de otro lado \u00a0resalt\u00f3 que los Decretos 1785,1786 y 1779 de 2020 gozan de \u00a0presunci\u00f3n de legalidad y a la fecha se encuentran vigentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente al Decreto \u00a01779 de 2020, mencion\u00f3 que este tiene origen en el art\u00edculo \u00a0187 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en este caso, el \u00a0Contralor General de la Republica, con base en los decretos expedidos \u00a0por el Gobierno Nacional mediante los cuales fijaron las escalas de \u00a0remuneraci\u00f3n de los servidores de la administraci\u00f3n \u00a0central se\u00f1al\u00f3, a trav\u00e9s de certificaci\u00f3n \u00a0de 9 de marzo de 2020, que el promedio ponderado de los cambios \u00a0ocurridos en la remuneraci\u00f3n de tales servidores para la \u00a0vigencia fiscal de 2020 fue de 5.12%. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, \u00a0resalt\u00f3 que la DNP no tuvo participaci\u00f3n alguna en el \u00a0proceso de expedici\u00f3n del mencionado Decreto, por lo que no \u00a0puede predicarse vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La asesora jur\u00eddica del Ministerio del Trabajo, resalt\u00f3 \u00a0la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n al \u00a0incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto que, de \u00a0estar inconforme con la expedici\u00f3n del Decreto 1779 de 2020, \u00a0dispone de medios de defensa judicial ordinarios, tales como el medio \u00a0de control contemplado en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto \u00a0es la acci\u00f3n de nulidad, mediante el cual le permitir\u00eda \u00a0controvertir la constitucionalidad y legalidad del acto \u00a0administrativo de car\u00e1cter personal objeto de la controversia \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La apoderada de la presidencia de la Rep\u00fablica, mencion\u00f3 \u00a0que, en el asunto no se prob\u00f3 la afectaci\u00f3n alegada, \u00a0por lo que solicita se declare la improcedencia de la demanda, m\u00e1xime \u00a0cuando el actor cuenta con otros mecanismos judiciales id\u00f3neo \u00a0para examinar la legalidad del decreto censurado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. La \u00a0Secretar\u00eda del Congreso de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 \u00a0que los salarios de los miembros del congreso de la Rep\u00fablica \u00a0se fijan de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 187 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y no de manera arbitraria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, \u00a0mencion\u00f3 que el actor cuenta con otros medios de an\u00e1lisis \u00a0de legalidad tales como: acci\u00f3n de inconstitucionalidad ante \u00a0la Corte Constitucional, la acci\u00f3n de nulidad por \u00a0inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el Gobierno \u00a0Nacional, ante el Consejo de Estado, entre otras, por lo que, en esta \u00a0oportunidad, la demanda deviene improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0prove\u00eddo de 19 de marzo del a\u00f1o en curso, la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Neiva, Huila, declar\u00f3 la \u00a0improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, al evidenciar incumplido \u00a0el requisito de subsidiariedad, toda vez que cuenta el actor con \u00a0otros mecanismos judiciales para ventilar, cuestionar y demandar la \u00a0ilegalidad o inconstitucionalidad del Decreto que considera lesivo de \u00a0sus derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notificado de la \u00a0decisi\u00f3n emitida por el Tribunal, el accionante la impugn\u00f3 \u00a0e insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de derechos, por cuanto: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0La acci\u00f3n de tutela se interpuso como mecanismo transitorio \u00a0ante el inminente perjuicio irremediable causado en contra de los \u00a0pensionados, quienes merecen toda la protecci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0El perjuicio irremediable se acredita con los diversos decretos \u00a0presidenciales y los comparativos de incrementos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0En este caso, a su juicio, es m\u00e1s eficaz una acci\u00f3n de \u00a0tutela que un proceso \u00a0civil \u00a0que tardar\u00eda por lo menos 5 a\u00f1os en dirimirse, lo que \u00a0pone en juego por contera sus derechos. \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, \u00a0solicit\u00f3 revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en \u00a0su lugar, ordenar a los accionados: \u00abexpedir \u00a0el Decreto Presidencial, que por facultades extraordinarias por la \u00a0pandemia del covid-19 tiene el se\u00f1or presidente, por medio del \u00a0cual se incremente en 3,51% mi ajuste anual de pensi\u00f3n a \u00a0partir del 1\u00ba de enero de 2021\u00bb. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo \u00a0establecido en el art\u00edculo \u00a032 del decreto 2591 de 1991, el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del \u00a0Decreto 1069 de 2015 y 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, \u00a0Huila, al ser su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha sostenido (CSJ \u00a0STP8641-2018, 5 jul 2018, Rad.99281; STP8369-2018, 28 jun 2018, \u00a0Rad.98927; entre otros) \u00a0de manera insistente, que este instrumento de defensa tiene un \u00a0car\u00e1cter estrictamente subsidiario y como tal no constituye un \u00a0medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las \u00a0determinaciones expedidas dentro de un proceso judicial o \u00a0administrativo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia \u00a0constitucional ha identificado tres causales que conllevan a la \u00a0improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales, que consisten en: que (i) el asunto est\u00e9 en \u00a0tr\u00e1mite; (ii) no \u00a0se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y \u00a0extraordinarios; \u00a0y, (iii) el amparo constitucional se utilice para revivir etapas \u00a0procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico (CC-T-016-19). \u00a0<\/p>\n
En el caso bajo \u00a0examen se verifica el incumplimiento del requisito de subsidiariedad \u00a0de la acci\u00f3n, tal y como lo rese\u00f1\u00f3 el a \u00a0quo \u00a0constitucional, pues el gestor no ha agotado todos mecanismos de \u00a0defensa disponibles. Motivo por el cual, desde ya se anticipa que \u00a0habr\u00e1 de confirmarse la sentencia por las razones que pasan a \u00a0exponerse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0Decreto presidencial n\u00famero 1779 de 24 de diciembre de 2020, \u00a0se increment\u00f3 el salario m\u00ednimo legal vigente de los \u00a0congresistas en un 5.12%. Para el accionante, tal aumento resulta \u00a0vulnerador de sus derechos, en tanto que, en su calidad de \u00a0pensionado, solo lo fue en un 1.61%. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, a trav\u00e9s de la tutela expone sus censuras y \u00a0solicita se ordene a las autoridades demandadas se emita otro \u00a0decreto, en el que se reajuste su pensi\u00f3n en un 3.51 %. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En abundante jurisprudencia1, \u00a0la Corte Constitucional ha \u00a0desarrollado una l\u00ednea de interpretaci\u00f3n uniforme que, \u00a0ratifica la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de \u00a0tutela no es el mecanismo id\u00f3neo y apropiado para controvertir \u00a0actos cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta, resultando \u00a0en estos casos improcedente, y adem\u00e1s admite que, \u00a0excepcionalmente,es \u00a0posible acudir al mecanismo de amparo constitucional, cuando se \u00a0compruebe que de la aplicaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de un acto \u00a0de esta naturaleza se origina la vulneraci\u00f3n o amenaza a alg\u00fan \u00a0derecho fundamental de una persona determinada o determinable, y \u00a0siempre que se trate de conjurar la posible configuraci\u00f3n de \u00a0un perjuicio o da\u00f1o irremediable en los t\u00e9rminos \u00a0definidos por la jurisprudencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este asunto, el actor se encuentra inconforme con el incremento en el \u00a0salario realizado a los miembros del congreso, mediante decreto \u00a0presidencial pues a su parecer desconoce derechos en tanto que, a los \u00a0pensionados, solo les fue reconocido el 1.61%. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, se observa que la censura no devela la necesidad \u00a0imperiosa de restablecer un derecho fundamental propio, individual y \u00a0singularizado, sino que indica su intenci\u00f3n de controvertir la \u00a0idoneidad del decreto censurado, como tambi\u00e9n la \u00a0compatibilidad de tal acto de car\u00e1cter general con el derecho \u00a0a la igualdad, en raz\u00f3n a las diferencias entre los \u00a0incrementos salariales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, como lo indicar\u00e1 el juez de tutela de primera \u00a0instancia, cuenta el accionante con otros mecanismos judiciales \u00a0id\u00f3neos para la obtenci\u00f3n de sus pretensiones, en \u00a0relaci\u00f3n con el examen de legalidad de tales decretos \u00a0(art\u00edculo 137 de la Ley 1437 de 2011) a trav\u00e9s de la \u00a0acci\u00f3n de nulidad, la que deber\u00e1 ser examinada por el \u00a0juez natural competente, al tratarse de un acto administrativo de \u00a0contenido general, demandable ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa \u00a0administrativa, en la que puede solicitar desde la misma demanda la \u00a0suspensi\u00f3n provisional del acto y donde se examinar\u00e1 su \u00a0legalidad y constitucionalidad \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Ahora, en trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de tutela como \u00a0mecanismo transitorio, la subsidiariedad podr\u00eda obviarse si y \u00a0solo si se configura un perjuicio irremediable, sin embargo, \u00a0considera esta Sala que comparar el incremento salarial de los \u00a0miembros del congreso frente a los pensionados, no es prueba de tal \u00a0situaci\u00f3n, es una manifestaci\u00f3n gen\u00e9rica de su \u00a0censura y \u00a0no reviste las caracter\u00edsticas de gravedad e inminencia que \u00a0hagan necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0este escenario, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado, conforme a lo anotado en este prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Cfr, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1993. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP4451-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 116088 \u00a0 Acta No. 97 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 Se pronuncia la \u00a0Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por \u00a0LUIS EDGAR GUTI\u00c9RREZ […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,35],"tags":[],"class_list":["post-55741","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}