\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP4103-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 115735 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0. 90 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante \u00a0\u00c1NGEL \u00a0CALIXTO V\u00c1SQUEZ FERN\u00c1NDEZ, \u00a0contra el fallo de tutela emitido el 18 de febrero del a\u00f1o \u00a0curso por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Bogot\u00e1, mediante la cual le neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado 6\u00b0 de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, el \u00a0Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional \u00a0Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, y la Embajada de la \u00a0Rep\u00fablica de Costa Rica. \u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Determinar \u00a0si el Juzgado 6\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Bogot\u00e1, el Ministerio de Justicia y del Derecho o \u00a0el INPEC vulneran los derechos fundamentales del accionante al no \u00a0disponer su traslado y repatriaci\u00f3n a Costa Rica, ordenada por \u00a0la citada cartera ministerial mediante Resoluci\u00f3n No. 1395 de \u00a02019. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Juzgado 6\u00ba d Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0se\u00f1al\u00f3 que actualmente conoce de la ejecuci\u00f3n de \u00a0la sanci\u00f3n impuesta al accionante por el Juzgado \u00danico \u00a0Penal del Circuito Especializado de San Andr\u00e9s al hallarlo \u00a0responsable del delito de tr\u00e1fico de estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otro lado sostuvo que no tiene injerencia sobre el proceso de \u00a0repatriaci\u00f3n solicitado puesto que se trata de un asunto de \u00a0competencia exclusiva de la autoridad penitenciaria en cabeza del \u00a0INPEC y la Embajada de Costa Rica. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Ministerio de Justicia y del Derecho inform\u00f3 que mediante \u00a0Resoluci\u00f3n No. 1395 de 21 de octubre de 2019 autoriz\u00f3 \u00a0la solicitud de repatriaci\u00f3n del accionante, correspondiendo \u00a0su materializaci\u00f3n a la Rep\u00fablica de Costa Rica, quien \u00a0deber\u00e1 coordinar con el INPEC la fecha y hora entrega del \u00a0sentenciado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales \u00a0le comunic\u00f3 al Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica, \u00a0al Ministerio de Relaciones Exteriores y al INPEC, la firmeza de la \u00a0resoluci\u00f3n que autoriz\u00f3 el traslado para que, dentro \u00a0del \u00e1mbito de sus competencias, procedieran a adelantar los \u00a0tr\u00e1mites necesarios que condujeran a materializar la \u00a0repatriaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0adujo que una vez autorizado el traslado el ministerio pierde \u00a0competencia funcional para su materializaci\u00f3n, pues su \u00a0coordinaci\u00f3n hace parte un acto propio de las instituciones \u00a0penitenciarias de las Rep\u00fablicas de Colombia y Costa Rica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, \u00a0manifest\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y \u00a0est\u00e1 a la espera de la nota verbal por parte de la Embajada de \u00a0Costa Rica en la que notifique el itinerario de traslado del \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Embajada de la Rep\u00fablica de Costa Rica inform\u00f3 que \u00a0corri\u00f3 traslado del tr\u00e1mite de repatriaci\u00f3n del \u00a0accionante a la oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio \u00a0P\u00fablico de su pa\u00eds para los fines pertinentes. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el \u00a0amparo reclamado por ausencia de la vulneraci\u00f3n alegada. De \u00a0las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite de tutela logr\u00f3 \u00a0advertir que las entidades colombianas adelantaron el tr\u00e1mite \u00a0pertinente para lograr su repatriaci\u00f3n y solo est\u00e1 a la \u00a0espera que el gobierno de la Rep\u00fablica de Costa Rica, a trav\u00e9s \u00a0de su embajada, fije fecha y hora para disponer el traslado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notificado \u00a0del contenido del fallo el accionante lo impugn\u00f3 insistiendo \u00a0en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por no \u00a0disponer su repatriaci\u00f3n efectiva a su pa\u00eds de origen. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0en concordancia con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al ser su superior \u00a0funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Sala, a efectos de resolver el problema jur\u00eddico planteado \u00a0frente a las autoridades y entidades colombianas, atender\u00e1 los \u00a0antecedentes jurisprudenciales que al respecto ha establecido la \u00a0Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n cuando en el asunto \u00a0que se examina se presenta la inexistencia de vulneraci\u00f3n de \u00a0derechos fundamentales1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo concebido \u00a0para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, \u00a0cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n, siempre que no exista otro recurso o medio de \u00a0defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio \u00a0para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0sede de impugnaci\u00f3n, el juez constitucional debe verificar el \u00a0contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y \u00a0con el fallo, tanto que si a su juicio la sentencia carece de \u00a0fundamento, proceder\u00e1 a revocarla o de lo contrario la \u00a0confirmar\u00e1, tal como lo dispone el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, por el cual se regula el tr\u00e1mite \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Confrontados \u00a0los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n y la \u00a0respuesta ofrecida por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el \u00a0Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pronto \u00a0advierte la Sala la improcedencia de la solicitud de amparo y por \u00a0ende la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que el derecho a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia implica garantizar a toda persona \u00a0la \u00a0posibilidad de poder acudir en condiciones de igualdad ante los \u00a0jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del \u00a0orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el \u00a0restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con \u00a0estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente \u00a0establecidos y plena observancia de las garant\u00edas sustanciales \u00a0y procedimentales previstas en las leyes (CC T-421 de 2018 y C-426 \u00a0de 2002). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0tratado vigente suscrito entre el gobierno de la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia y el gobierno de la Rep\u00fablica de Costa Rica sobre el \u00a0traslado de personas condenadas para ejecuci\u00f3n de sentencias \u00a0penales, aprobado mediante Ley 404 de 1997, determina que tanto el \u00a0Estado que dict\u00f3 la sentencia \u00abEstado \u00a0Trasladante\u00bb, como \u00a0el Estado que recibe a la persona sancionada \u00abEstado \u00a0Receptor\u00bb tienen \u00a0potestad para conceder o negar el traslado del sancionado, pues hace \u00a0parte de sus facultades soberanas y discrecionales como Estados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, el art\u00edculo 10\u00ba de la citada disposici\u00f3n \u00a0se\u00f1ala que una vez aprobado el traslado, la fecha entrega y \u00a0repatriaci\u00f3n del sancionado ser\u00e1n convenidas de com\u00fan \u00a0acuerdo por los Estados parte, no obstante impone al Estado \u00a0Receptor \u00a0hacerse cargo de los gastos que implique dicho traslado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO \u00a0X. ENTREGA DEL CONDENADO Y CARGAS ECON\u00d3MICAS. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La entrega del condenado por las autoridades del Estado Trasladante a \u00a0las del Estado Receptor se efectuar\u00e1 en el lugar en que \u00a0convengan las Partes. El Estado Receptor ser\u00e1 responsable de \u00a0la custodia de la persona condenada desde el momento en que se \u00a0produzca la entrega. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0definici\u00f3n del lugar de entrega deber\u00e1 ser convenida \u00a0caso por caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Estado \u00a0Receptor se har\u00e1 cargo de los gastos del traslado \u00a0desde el momento en que la persona condenada quede bajo su custodia.\u00bb \u00a0(Subrayado fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto se tiene que la cartera ministerial, dentro del \u00a0\u00e1mbito de sus competencias, adelant\u00f3 el tr\u00e1mite \u00a0que le correspond\u00eda y expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. \u00a01395 de 2019, por medio de la cual autoriz\u00f3 la repatriaci\u00f3n \u00a0de \u00c1NGEL \u00a0CALIXTO V\u00c1SQUEZ FERN\u00c1NDEZ. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abPara \u00a0la efectiva materializaci\u00f3n del traslado del se\u00f1or \u00a0V\u00c1SQUEZ FERN\u00c1NDEZ \u00c1NGEL CALIXTO, los gastos que \u00a0ocasione ser\u00e1n asumidos por la Rep\u00fablica de Costa Rica, \u00a0para cuyo prop\u00f3sito las autoridades penitenciarias de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia trasladar\u00e1n a un lugar mutuamente \u00a0acordado en el territorio nacional, al extranjero en menci\u00f3n, \u00a0entreg\u00e1ndolo a los funcionarios costarricenses designados \u00a0[\u2026].\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, las pruebas aportadas permitieron establecer que dicha \u00a0resoluci\u00f3n fue notificada tanto al INPEC como a la Embajada de \u00a0la Rep\u00fablica de Costa Rica, quien a su vez corri\u00f3 \u00a0traslado de su contenido a la Oficina de Asesor\u00eda T\u00e9cnica \u00a0y Relaciones Internaciones del Ministerio P\u00fablico de su pa\u00eds \u00a0para que adelantara los tr\u00e1mites necesarios y as\u00ed fijar \u00a0itinerario que materializar\u00eda la repatriaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n tambi\u00e9n da cuenta en el proceso de \u00a0repatriaci\u00f3n del accionante el Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho de Colombia tuvo contacto con el Jefe de la Unidad de \u00a0Repatriaciones del Ministerio de Justicia de Costa Rica, Dr. Walter \u00a0Correa, quien le inform\u00f3 que programar\u00eda las \u00a0repatriaciones pendientes para el a\u00f1o 2020, no obstante dicho \u00a0tr\u00e1mite no se ha efectuado por circunstancias ajenas al Estado \u00a0colombiano o sus autoridades en el territorio nacional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, los tr\u00e1mites que sobre el particular corresponde \u00a0adelantar al gobierno de la Rep\u00fablica de Costa Rica escapan \u00a0del \u00e1mbito de competencia funcional de este juez de tutela, \u00a0pues desde la perspectiva del derecho internacional y el principio de \u00a0soberan\u00eda territorial, cada Estado tiene la potestad de \u00a0establecer los procedimientos y normas que atender\u00e1n las \u00a0controversias que se generen dentro de su territorio, as\u00ed como \u00a0de investir de competencia y jurisdicci\u00f3n a las autoridades \u00a0judiciales que las resolver\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, si alguna inconformidad le genera al accionante el \u00a0tr\u00e1mite adelantado por el gobierno de la Rep\u00fablica de \u00a0Costa Rica a su solicitud de repatriaci\u00f3n, deber\u00e1 \u00a0acudir directamente a la embajada o ante el Ministerio de Justicia de \u00a0su pa\u00eds (Costa \u00a0Rica) \u00a0y activar los mecanismos con que cuenta el ordenamiento jur\u00eddico \u00a0de ese pa\u00eds para impartir celeridad a su proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En \u00a0ese orden, acudir a la acci\u00f3n de tutela para pretender el \u00a0amparo de un derecho fundamental que no se advierte vulnerado, \u00a0resulta a todas luces improcedente. Recuerda \u00a0la Sala que si bien la tutela es un mecanismo que en sus t\u00e9rminos \u00a0procesales es m\u00e1s efectivo que los medios ordinarios propios \u00a0del proceso, no se puede desconocer que su ejercicio es por regla \u00a0general subsidiario y no principal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0no existir una conducta transgresora de derechos, atribuible a las \u00a0partes accionadas, resulta \u00a0acertada la decisi\u00f3n del a quo de negar la solicitud de amparo \u00a0invocada. Sobre el particular la Corte Constitucional ha se\u00f1alado \u00a0que es improcedente la acci\u00f3n tutela cuando no ha habido \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de parte de la autoridad accionada de \u00a0la cual pueda predicarse la vulneraci\u00f3n del derecho \u00a0fundamental. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab4.2.1\u00a0Improcedencia \u00a0de la acci\u00f3n de tutela ante la inexistencia de una conducta \u00a0respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de \u00a0derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n\u00a0efectiva, \u00a0inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos \u00a0fundamentales,\u00a0\u201ccuando \u00a0quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la \u00a0acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u00a0o de los particulares [de \u00a0conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto \u00a02591 de 1991]\u201d. \u00a0As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo \u00a0constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no \u00a0existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a \u00a0la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n \u00a0de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u00bb2. \u00a0(Cita \u00a0textual). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, acreditada entonces la inexistencia de la vulneraci\u00f3n \u00a0alegada, lo procedente ser\u00e1 impartir confirmaci\u00f3n al \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0a \u00a0las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez \u00a0ejecutoriado el presente prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-115\/2018, T-130\/2014 y T-226\/2003; y CSJ STP14284-2017, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP14641-2019, STP14603-2019 y STP14592-2019, entre otras. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-130\/2014. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP4103-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 115735 \u00a0 Acta \u00a0n\u00b0. 90 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 Procede \u00a0la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante \u00a0\u00c1NGEL \u00a0CALIXTO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,35],"tags":[],"class_list":["post-55682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55682"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55682\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}