\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP3982-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0No. 114985 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No.82) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos en la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.Manifiesta \u00a0el accionante que actualmente se encuentra privado de la libertad en \u00a0el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasuga\u0301- \u00a0Cundinamarca, al haber sido condenado por el Juzgado Penal del \u00a0Circuito de dicha localidad, en sentencia del 2 de julio de 2015, \u00a0imponie\u0301ndosele la pena de 105 meses de prisio\u0301n, e \u00a0indicando que ha estado privado de la libertad desde el 1\u00b0 de \u00a0marzo de 2015. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sen\u0303ala que dentro del cumplimiento de tal sancio\u0301n, se le \u00a0concedio\u0301 la prisio\u0301n domiciliaria, la cual le fue revocada \u00a0en providencia del 26 de febrero de 2019 por el Juzgado de Ejecucio\u0301n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasuga\u0301 con sede en \u00a0Soacha, el cual vigila su condena, y confirmada en segunda instancia \u00a0el 31 de julio de 2019 por el Juzgado Penal del Circuito de \u00a0Fusagasuga\u0301. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Indica que el 21 de febrero de 2020, el juez vigilante de la pena, la \u00a0nego\u0301 la concesio\u0301n de la libertad condicional, decisio\u0301n \u00a0contra la cual su defensor interpuso los recursos de reposicio\u0301n \u00a0y apelacio\u0301n, siendo resuelto el primero de ellos en auto del 20 \u00a0de mayo de 2020, mantenie\u0301ndose la negativa del mencionado \u00a0subrogado, concedie\u0301ndose la alzada ante el juez de \u00a0conocimiento. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Aduce que pese a ello, hasta el momento de radicar la accio\u0301n de \u00a0tutela, no se teni\u0301a conocimiento de la resolucio\u0301n de \u00a0fondo del recurso de apelacio\u0301n interpuesto, lo cual genera un \u00a0estado de zozobra respecto a la posibilidad de acceder a la libertad \u00a0condicional, al cumplir las 3\u20444 (sic) de la pena. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Manifiesta que eleva la accio\u0301n de tutela en contra de la \u00a0providencia emitida el 21 de febrero de 2020 por el Juzgado de \u00a0Ejecucio\u0301n de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasuga\u0301 \u00a0con sede en Soacha, al incurrirse en un error fa\u0301ctico debido a \u00a0la falta de valoracio\u0301n de la prueba, ya que al momento de \u00a0solicitar dicho subrogado, supera el cumplimiento de las 3\u20444 \u00a0partes (sic) de la pena, fundamenta\u0301ndose la negativa en el \u00a0factor subjetivo en lo atinente a la gravedad de la conducta, siendo \u00a0e\u0301ste el mismo motivo que origino\u0301 la revocatoria de la \u00a0prisio\u0301n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Advierte que ello vulnera el principio del non bis in i\u0301dem, \u00a0dado que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y ser \u00a0ello el sustento de una nueva decisio\u0301n que le nego\u0301 la \u00a0libertad, puesto que la gravedad de la conducta fue un asunto tenido \u00a0en cuenta al momento de revocarse la prisio\u0301n domiciliaria, lo \u00a0cual supone estar privado de la libertad de manera indefinida y sin \u00a0beneficio alguno, siendo inservible su buena conducta y \u00a0comportamiento en el centro carcelario. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que, las \u00a0autoridades judiciales accionadas cumplieron con los lineamientos \u00a0normativos y jurisprudenciales que rigen la concesi\u00f3n de la \u00a0libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0que, se constituy\u00f3 en el presente caso una carencia actual del \u00a0objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que, el Juzgado Penal \u00a0del Circuito de Fusagasug\u00e1, resolvi\u00f3 el d\u00eda 3 de \u00a0noviembre de 2020, el recurso de alzada, mediante el cual confirmo la \u00a0decisi\u00f3n del a quo. \u00a0<\/p>\n
Asever\u00f3 que, el motivo de la negativa objeto de reproche se \u00a0dio en raz\u00f3n al mal comportamiento del accionante mientras se \u00a0encontraba en prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no se advierte con esta \u00a0decisi\u00f3n un quebrantamiento a los derechos fundamentales del \u00a0accionante, por el solo hecho de no acceder a sus solicitudes de \u00a0libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
R\u00d3MULO \u00a0GONZ\u00c1LEZ MORENO \u00a0interpuso recurso de impugnaci\u00f3n contra el fallo de tutela de \u00a0primera instancia, reiterando su solicitud de libertad condicional \u00a0mediante esta v\u00eda constitucional, puesto que considera, no han \u00a0sido acertadas, ni ajustadas a derecho, las decisiones de las \u00a0autoridades judiciales accionadas al negar este subrogado penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asever\u00f3 \u00a0el accionante que, cumple con los requisitos establecidos en el \u00a0art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal; adem\u00e1s, considera \u00a0que el \u00fanico criterio para otorgar el subrogado penal, no \u00a0puede ser la valoraci\u00f3n de la conducta mientras se encontraba \u00a0en prisi\u00f3n domiciliaria, cuando lo realmente importante, son \u00a0los fines de resocializaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social que \u00a0se buscan a trav\u00e9s del otorgamiento de este beneficio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resalt\u00f3 que, se configura un \u00a0el fallo de primera instancia, un error de hecho y de derecho frente \u00a0al examen del asunto puesto a consideraci\u00f3n del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que, el a \u00a0quo se \u00a0niega \u00a0a cumplir el mandato legal de garantizar al condenado el pleno goce \u00a0de su derecho, como lo establece la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 \u00a0de 1991, en concordancia con el art\u00edculo 44 del Reglamento \u00a0Interno de esta Corporaci\u00f3n, esta Sala es competente para \u00a0resolver el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por R\u00d3MULO \u00a0GONZ\u00c1LEZ MORENO, \u00a0contra el \u00a0fallo de tutela proferido el 13 de enero de 2021 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, \u00a0que neg\u00f3 \u00a0la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasug\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial \u00a0siempre que esto hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, que se \u00a0presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la \u00a0providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) Defecto procedimental \u00a0absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al \u00a0margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, el \u00a0cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la \u00a0aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la \u00a0decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge \u00a0cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por \u00a0parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una \u00a0decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin \u00a0motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios \u00a0judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos \u00a0de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0impugnaci\u00f3n se centra en dos puntos principales: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Determinar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0si efectivamente existe una vulneraci\u00f3n a los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso del accionante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por parte del Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasug\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasug\u00e1, con ocasi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la solicitud de libertad condicional elevada por el accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Determinar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0si la solicitud de amparo interpuesta R\u00d3MULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ MORENO, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la negativa de las autoridades judiciales accionadas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conceder el subrogado de libertad condicional, cumple con alguno de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela contra providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0al primer problema jur\u00eddico planteado, de \u00a0las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que, tal como lo \u00a0determin\u00f3 el juez de primera instancia, con anterioridad a la \u00a0presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, fueron \u00a0resueltas las peticiones elevadas por el accionante ante el Juzgado \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasug\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior, \u00a0teniendo en cuenta que, el Juzgado Penal \u00a0del Circuito de Fusagasug\u00e1, \u00a0mediante auto del 3 de noviembre de 2020, resolvi\u00f3 el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa del actor contra el \u00a0auto que neg\u00f3 al se\u00f1or R\u00d3MULO \u00a0GONZ\u00c1LEZ MORENO la \u00a0concesi\u00f3n del subrogado penal de libertad condicional. En \u00a0dicho auto, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasug\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, frente a los reproches elevados ante la negativa de las \u00a0autoridades judiciales accionadas de conceder el subrogado de \u00a0libertad condicional, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar \u00a0el fallo de tutela impugnado, comoquiera que las decisiones \u00a0censuradas no incurren en alguna v\u00eda de hecho, por el \u00a0contrario, son fruto de autonom\u00eda e independencia propia de \u00a0las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia \u00a0aplicable al asunto, puesto a su conocimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se constata en este asunto, que los \u00a0funcionarios accionados al valorar el acervo probatorio y la \u00a0normatividad que regula en caso, concluyeron que el quejoso no tiene \u00a0derecho a la libertad condicional atendiendo a que no cumpli\u00f3 \u00a0con el requisito subjetivo de acreditar buena conducta previsto en el \u00a0art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal vigente para la \u00e9poca \u00a0de los hechos, el cual a su tenor reza: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0El juez conceder\u00e1 la libertad condicional al condenado a pena \u00a0privativa de la libertad mayor de tres (3) a\u00f1os, cuando haya \u00a0cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre \u00a0que su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el juez \u00a0deducir , \u00a0motivadamente, que no existe necesidad para continuar \u00a0con la \u00a0ejecuci\u00f3n de la pena. \u00a0-Se destaca- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El fundamento de tal determinaci\u00f3n \u00a0se dio en raz\u00f3n a que, el accionante viol\u00f3 la \u00a0obligaci\u00f3n de buena conducta cuando se le concedi\u00f3 la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria, incumpliendo a las obligaciones \u00a0contra\u00eddas para estar en su residencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, es claro que el \u00a0tutelante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la \u00a0jurisdicci\u00f3n penal y, con ello, protestar por el sentido de la \u00a0decisi\u00f3n adoptada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Entendiendo, \u00a0como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta \u00a0jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda \u00a0pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado \u00a0plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de \u00a0procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en los autos \u00a0que negaron el beneficio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Argumentos como los presentados por \u00a0el accionante son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir \u00a0un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para \u00a0ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed \u00a0ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar \u00a0como instancia adicional de la justicia ordinaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es competencia del Juez de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad realizar la valoraci\u00f3n previa \u00a0de la conducta, al momento de pronunciarse sobre la solicitud de \u00a0libertad condicional, lo cual es una manifestaci\u00f3n de la \u00a0actividad judicial, que est\u00e1 amparada por los principios de \u00a0autonom\u00eda e independencia, por lo que, por regla general, el \u00a0Juez Constitucional no puede inmiscuirse en esta valoraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, y como el accionante no acredit\u00f3 la existencia de \u00a0un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervenci\u00f3n \u00a0del Juez Constitucional, la Sala confirmar\u00e1 en su integridad \u00a0la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0CONFIRMAR el \u00a0fallo de tutela impugnado, por las razones expuesta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR \u00a0a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP3982-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0No. 114985 \u00a0 (Aprobado \u00a0Acta No.82) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ANTECEDENTES \u00a0 Y \u00a0 FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,35],"tags":[],"class_list":["post-55657","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55657\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}