\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP3653-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 115412 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a079 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n presentada por DUV\u00c1N \u00a0HERLEY RODR\u00cdGUEZ HOLGU\u00cdN \u00a0frente al fallo proferido por la SALA \u00a0ONCE PENAL DE DECISI\u00d3N CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL \u00a0SUPERIOR \u00a0 DEL DISTRITO \u00a0JUDICIAL DE \u00a0MEDELL\u00cdN, \u00a0el \u00a018 de febrero de 2021, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida \u00a0contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, y \u00a0neg\u00f3 el amparo invocado contra el \u00a0Director General, Oficina Jur\u00eddica y el Consejo de Evaluaci\u00f3n \u00a0y Tratamiento del CPAMS LA DORADA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DUV\u00c1N \u00a0HERLEY RODR\u00cdGUEZ HOLGU\u00cdN promueve acci\u00f3n de \u00a0tutela con ocasi\u00f3n de la sentencia condenatoria proferida por \u00a0el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, el 6 de \u00a0noviembre de 2015, en el proceso n\u00b0 53606300501201300007, \u00a0por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n y porte de \u00a0estupefacientes, pues considera que le vulner\u00f3 el derecho a \u00a0tener un juicio justo y se profiri\u00f3 en un proceso afectado de \u00a0la nulidad de que trata el art\u00edculo 457 de la Ley 906 de 2004, \u00a0dado que la \u00a0defensa \u201cno \u00a0despleg\u00f3 sus armas y estrategias para derruir la teor\u00eda \u00a0con la que estaba siendo acusado\u201d. \u00a0Enuncia que tampoco se cumplieron los principios de publicidad, \u00a0contradicci\u00f3n ni inmediaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que se encuentra cumpliendo una pena por otro delito en el CPAMS LA \u00a0DORADA desde hace m\u00e1s de 11 a\u00f1os, y el INPEC no lo ha \u00a0promovido a la fase de mediana seguridad en el tratamiento \u00a0penitenciario por el requerimiento derivado de la sentencia \u00a0cuestionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Once Penal de Decisi\u00f3n Constitucional del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn \u00a0declar\u00f3 improcedente la demanda tutelar presentada contra el \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0de Itag\u00fc\u00ed tras considerar que no cumpli\u00f3 el \u00a0presupuesto de subsidiariedad, toda vez que si el accionante ten\u00eda \u00a0alguna inconformidad con la sentencia dictada el 6 de noviembre de \u00a02015, pod\u00eda acudir al recurso ordinario de apelaci\u00f3n y \u00a0al extraordinario de casaci\u00f3n, pero no agot\u00f3 esos \u00a0medios de defensa judicial. Afirm\u00f3 que tampoco se re\u00fane \u00a0la condici\u00f3n de inmediatez pues desde la audiencia de \u00a0verificaci\u00f3n de preacuerdo realizada el 26 de agosto de 2015 \u00a0hasta la presentaci\u00f3n de la demanda de tutela han pasado 5 \u00a0a\u00f1os y 6 meses y desde la fecha en que se dict\u00f3 la \u00a0sentencia han trascurrido 5 a\u00f1os y 3 meses y no se ha \u00a0demostrado una justificaci\u00f3n para la inactividad del \u00a0accionante, por lo que no puede acudir a la acci\u00f3n de tutela \u00a0para subsanar su incuria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que sin perjuicio de lo anterior no advirti\u00f3 afectaci\u00f3n \u00a0de los derechos al debido proceso y a la defensa pues en el proceso \u00a0estuvo asistido por un defensor, se le brindaron las garant\u00edas \u00a0y no hay evidencia de que la inactividad de la defensa redundara en \u00a0perjuicio del sentenciado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo fallo el tribunal neg\u00f3 el amparo solicitado respecto \u00a0de la actuaci\u00f3n del Director General, Oficina Jur\u00eddica \u00a0y el Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento del CPAMS LA DORADA, \u00a0con fundamento en que el \u00a0accionante manifest\u00f3 su inconformidad porque se encuentra en \u00a0la fase de \u201calta \u00a0seguridad\u201d, \u00a0pero no enunci\u00f3 ni aport\u00f3 prueba siquiera sumaria de \u00a0que hubiese presentado alguna petici\u00f3n o solicitud buscando su \u00a0reclasificaci\u00f3n ante el \u00c1rea de Tratamiento del CPAMS \u00a0LA DORADA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DUV\u00c1N \u00a0HERLEY RODR\u00cdGUEZ HOLGU\u00cdN impugn\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0y como fundamento se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0juzgado accionado no puede calificarlo como traficante de \u00a0estupefacientes sin pruebas que lo demuestren. Como la sentencia \u00a0carece de fundamento f\u00e1ctico debe aplicarse el art\u00edculo \u00a0457 de la Ley 906 de 2004 y declarar la nulidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Relat\u00f3 \u00a0que desde que fue privado de la libertad solicit\u00f3 ser incluido \u00a0en alguna actividad para descontar pena y desde el 5 de agosto de \u00a02010 est\u00e1 desarrollando una actividad educativa, que le ha \u00a0sido certificada para el c\u00f3mputo de la pena, y el \u00e1rea \u00a0de disciplina lo ha calificado con conducta ejemplar para el a\u00f1o \u00a02013. Todas las actividades que ha desarrollado en el centro \u00a0carcelario han sido reconocidas por el Juzgado 5 de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas de Medell\u00edn y siempre se ha distinguido por su buena \u00a0conducta en los centros donde ha permanecido privado de la libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que el 11 de julio de 2018 y el 11 de mayo de 2020 la direcci\u00f3n \u00a0del CPAMS La Dorada le neg\u00f3 la solicitud para ser promovido a \u00a0la fase de mediana seguridad en raz\u00f3n al requerimiento por el \u00a0delito de tr\u00e1fico de estupefacientes, por lo que inici\u00f3 \u00a0la b\u00fasqueda de herramientas legales constitucionales para \u00a0desvirtuar los argumentos expuestos por el INPEC para mantenerlo en \u00a0fase de alta seguridad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, el 28 de septiembre de 2020 solicit\u00f3 se le concediera la \u00a0impugnaci\u00f3n de la sentencia de 6 de noviembre de 2015 por \u00a0considerar que tiene derecho a la doble instancia, pero el juzgado \u00a0accionado consider\u00f3 improcedente la impugnaci\u00f3n porque \u00a0la sentencia condenatoria hab\u00eda resultado de un preacuerdo y \u00a0no hab\u00eda sido apelada. Esta decisi\u00f3n, dice, vulner\u00f3 \u00a0sus derechos al recurso efectivo, al debido proceso y de acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ausencia de conocimientos legales y un error de la defensa t\u00e9cnica \u00a0no apel\u00f3 la sentencia, perdiendo la oportunidad y agravando su \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica, por no tener una defensa adecuada. \u00a0Agreg\u00f3 que al verse hostigado por el juez y no tener otra \u00a0opci\u00f3n acept\u00f3 llegar a un preacuerdo con la Fiscal\u00eda \u00a0para no recibir una pena m\u00e1s alta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3 \u00a0que, como los hechos que motivaron la acci\u00f3n de tutela son \u00a0violatorios de derechos fundamentales, es procedente la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n instaurada por DUV\u00c1N HERLEY RODR\u00cdGUEZ \u00a0HOLGU\u00cdN contra el fallo de tutela que profiri\u00f3, el 18 \u00a0de febrero de 2021 la Sala Once Penal de Decisi\u00f3n \u00a0Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0el presente evento, DUV\u00c1N HERLEY RODR\u00cdGUEZ HOLGU\u00cdN \u00a0pretende que, a trav\u00e9s del fallo de tutela se declare la \u00a0nulidad de lo actuado en el proceso n\u00b0 0536063005012013000007 \u00a0que \u00a0culmin\u00f3 con la sentencia condenatoria proferida el 6 de \u00a0noviembre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de \u00a0Itag\u00fc\u00ed, como responsable del delito de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, y en consecuencia se \u00a0modifique la fase del cumplimiento de la condena impuesta por el \u00a0Juzgado 3\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, \u00a0en \u00a0el proceso n\u00b0 \u00a0050016000206201020843 \u00a0por el delito de Homicidio Agravado, pasando de alta a mediana \u00a0seguridad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Pues bien, el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos \u00a0previstos de manera expresa en la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Han \u00a0de recordarse, para la soluci\u00f3n del caso, los requisitos de \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de amparo contra providencias \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0requisitos generales contemplan, \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional. Adem\u00e1s, que se hayan agotado todos los medios \u00a0\u2013 ordinarios y extraordinarios \u2013 de defensa judicial al \u00a0alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la \u00a0consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, \u00a0el cual impone que la tutela se haya instaurado en un t\u00e9rmino \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0vulneraci\u00f3n; as\u00ed mismo, cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0afecta los derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0que el accionante \u00abidentifique \u00a0de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n \u00a0como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible\u00bb1. \u00a0Y \u00a0finalmente, que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, los requisitos de car\u00e1cter espec\u00edfico han \u00a0sido reiterados en pac\u00edfica jurisprudencia a partir de la \u00a0sentencia C-590\/05. \u00a0 Estos son: (i) \u00a0defecto \u00a0org\u00e1nico2; \u00a0(ii) \u00a0defecto procedimental absoluto3; \u00a0(iii) \u00a0defecto \u00a0f\u00e1ctico4; \u00a0(iv) \u00a0defecto material o sustantivo5; \u00a0(v) \u00a0error inducido6; \u00a0(vi) \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n7; \u00a0(vii) \u00a0desconocimiento del precedente8; \u00a0y (viii) \u00a0violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0la decisi\u00f3n CC C-590\/05 ampliamente referida, la procedencia \u00a0de la tutela contra una providencia emitida por un juez se habilita, \u00a0\u00fanicamente, cuando superado el filtro de verificaci\u00f3n \u00a0de los requisitos generales, se configure al menos uno de los \u00a0defectos espec\u00edficos antes mencionados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En \u00a0el presente caso, en primer lugar, le corresponde a la Sala verificar \u00a0si le asisti\u00f3 raz\u00f3n a la primera instancia al declarar \u00a0improcedente el amparo invocado por DUV\u00c1N HERLEY RODR\u00cdGUEZ \u00a0HOLGU\u00cdN, en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito con \u00a0funci\u00f3n de conocimiento de Itag\u00fc\u00ed o si, por el \u00a0contrario, se deben acoger los argumentos del impugnante y en esa \u00a0medida, \u00a0revocar el fallo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala encuentra que el reclamo del accionante en relaci\u00f3n con \u00a0la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2015, \u00a0dentro \u00a0del proceso n\u00b0 053606300501201300007 \u00a0no \u00a0tiene vocaci\u00f3n de prosperar porque, como lo se\u00f1al\u00f3 \u00a0el a \u00a0quo, \u00a0no se satisface la condici\u00f3n de subsidiariedad, \u00a0como \u00a0requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencias \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el art\u00edculo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: \u201cCuando \u00a0existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que \u00a0aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 \u00a0apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las \u00a0circunstancias en que se encuentra el solicitante\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este caso el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, \u00a0en sentencia de 6 de noviembre de 2015 conden\u00f3 a DUV\u00c1N \u00a0HERLEY \u00a0RODR\u00cdGUEZ HOLGU\u00cdN como responsable del delito \u00a0de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, a \u00a0la pena principal de 67 meses de prisi\u00f3n y multa de 5 SMLMV \u00a0para el a\u00f1o 2013, con ocasi\u00f3n del preacuerdo suscrito \u00a0entre el accionante, asesorado por su defensora, y la fiscal\u00eda, \u00a0providencia que no fue apelada, de \u00a0manera que el no agotamiento de los medios judiciales de defensa que \u00a0ten\u00eda a su alcance imposibilita la intervenci\u00f3n del \u00a0juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la acci\u00f3n de tutela es improcedente porque el accionante pudo \u00a0haber propuesto sus cuestionamientos, alegar que se vici\u00f3 su \u00a0consentimiento o la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas \u00a0fundamentales en la audiencia de verificaci\u00f3n del preacuerdo9 \u00a0y, una vez proferida la sentencia condenatoria de primera instancia, \u00a0tambi\u00e9n ten\u00eda la potestad de presentar recurso de \u00a0apelaci\u00f3n, pero no agot\u00f3 este medio de defensa \u00a0judicial, lo que, conforme al citado art\u00edculo 6-2 del Decreto \u00a02591 de 1991, hace improcedente el amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, teniendo en cuenta que la acci\u00f3n de tutela no puede \u00a0ser ejercida como una instancia alternativa o sustitutiva de otros \u00a0medios que establece el ordenamiento jur\u00eddico para \u00a0controvertir las decisiones judiciales, no es posible al juez \u00a0constitucional intervenir \u00a0para pronunciarse sobre asuntos que debieron ser expuestos en la \u00a0audiencia de verificaci\u00f3n del preacuerdo o a trav\u00e9s del \u00a0ejercicio oportuno del recurso de apelaci\u00f3n y, de ser el caso, \u00a0el extraordinario de casaci\u00f3n, pues esto desnaturaliza este \u00a0mecanismo constitucional de defensa de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, sostiene el tutelante que \u201cla \u00a0defensa no despleg\u00f3 sus armas y estrategias para derruir la \u00a0teor\u00eda con la que estaba siendo acusado\u201d \u00a0lo que conlleva a la nulidad, con fundamento en el art\u00edculo \u00a0457 del C.P.P.; sin embargo, no es la acci\u00f3n de tutela el \u00a0medio para analizar la configuraci\u00f3n del se\u00f1alado \u00a0supuesto invalidante, dado que el accionante cont\u00f3 con la \u00a0opci\u00f3n de manifestar sus objeciones al preacuerdo en la \u00a0audiencia de verificaci\u00f3n, pero de acuerdo a la prueba \u00a0documental allegada, ninguna observaci\u00f3n hizo al respecto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0como se indic\u00f3, el tutelante tampoco aleg\u00f3 la causal de \u00a0nulidad a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n contra la \u00a0sentencia de 6 de noviembre de 2015, lo que hace improcedente la \u00a0tutela, en tanto el actor no agot\u00f3 los medios ordinarios de \u00a0defensa que ten\u00eda a su alcance. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, el a \u00a0quo \u00a0tambi\u00e9n argument\u00f3 la falta de inmediatez, \u00a0sin embargo, debe tenerse en cuenta que el accionante fue condenado \u00a0por un delito cometido mientras estaba cumpliendo la pena de prisi\u00f3n \u00a0por el punible de homicidio agravado, de modo que la sanci\u00f3n \u00a0impuesta en la sentencia ahora cuestionada est\u00e1 por ejecutarse \u00a0y la repercusi\u00f3n desfavorable \u00a0generada por la misma es actual. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esto, debe tenerse presente que la jurisprudencia constitucional (CC \u00a0SU-108\/2018) ha se\u00f1alado que ese requisito puede entenderse \u00a0superado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCuando \u00a0a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneraci\u00f3n o \u00a0amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es \u00a0decir, su situaci\u00f3n desfavorable como consecuencia de la \u00a0afectaci\u00f3n de sus derechos contin\u00faa \u00a0y \u00a0es actual. \u00a0Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la \u00a0exigencia de la inmediatez no es imponer un t\u00e9rmino de \u00a0prescripci\u00f3n o caducidad a la acci\u00f3n de tutela sino \u00a0asegurarse de que se trate de una amenaza o violaci\u00f3n de \u00a0derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protecci\u00f3n \u00a0inmediata\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunque \u00a0tales consideraciones, ligadas al caso concreto, permit\u00edan \u00a0entender satisfecho el presupuesto de inmediatez, \u00a0la ausencia del requisito de subsidiariedad lleva \u00a0a confirmar la decisi\u00f3n del a \u00a0quo, \u00a0que declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n respecto a la \u00a0censura dirigida contra el Juzgado \u00a0Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En relaci\u00f3n con el Director General, Oficina Jur\u00eddica y \u00a0el Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento del CPAMS LA DORADA, \u00a0quienes fueron vinculados a la acci\u00f3n de tutela, la Sala no \u00a0encuentra que las actuaciones de tales autoridades hayan quebrantado \u00a0los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues fundaron \u00a0la negativa a clasificarlo en fase de mediana seguridad, \u00a0precisamente, a ra\u00edz de la emisi\u00f3n de la sentencia \u00a0proferida el 6 de noviembre de 2015, por el Juzgado Segundo Penal del \u00a0Circuito de Itag\u00fc\u00ed sin que ese aspecto haya sido \u00a0discutido por el libelista, de alguna manera, en el escrito de tutela \u00a0o en la impugnaci\u00f3n formulada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de lo anterior se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n \u00a0impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. REMITIR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cque se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ello\u201d. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecido\u201d. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cse decide con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que afecta derechos fundamentales\u201d. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cque implica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional\u201d. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcance\u201d. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0293, par\u00e1grafo, de la Ley 906 de 2004. CSJ SP \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 nov. 2013, rad. 39.834 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0 Magistrada \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 STP3653-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 115412 \u00a0 Acta \u00a079 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n presentada por DUV\u00c1N […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,35],"tags":[],"class_list":["post-55608","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55608\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}