\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP3452-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 115759 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0. 79 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por \u00a0EDWIN \u00a0MAURICIO RAM\u00cdREZ ALBARRAC\u00cdN, \u00a0contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el \u00a0Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la \u00a0misma ciudad, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, legalidad e igualdad, al interior \u00a0del proceso de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad con \u00a0radicado No. 11001600005720128000800. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiri\u00f3 \u00a0el \u00a0accionante que el juzgado y tribunal vulneraron sus derechos \u00a0fundamentales con las decisiones emitidas el 30 de septiembre de 2020 \u00a0y 25 de febrero de 2021, respectivamente, por medio de las cuales le \u00a0negaron el beneficio administrativo de 72 horas que solicit\u00f3, \u00a0bajo el argumento de estar inmerso en la prohibici\u00f3n descrita \u00a0en el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal por haber sido \u00a0condenado en dos oportunidades dentro de los cinco (5) a\u00f1os \u00a0anteriores. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto de 18 de marzo de 2021, esta Sala avoc\u00f3 el conocimiento \u00a0de la acci\u00f3n de tutela y \u00a0orden\u00f3 correr traslado de la demanda a las autoridades \u00a0judiciales accionadas, a efectos de garantizarles sus derechos de \u00a0defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 aleg\u00f3 \u00a0que no hubo vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales y que su \u00a0decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la prohibici\u00f3n de que \u00a0trata el art\u00edculo 68A del C.P. de conceder subrogados penales \u00a0a quienes han sido condenados por delitos hechos ocurridos en los \u00a0\u00faltimos 5 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que la tutela no pod\u00eda ser empleada como una tercera instancia \u00a0y que lo pretendido por el actor se ofrec\u00eda improcedente. En \u00a0consecuencia solicit\u00f3 negar el amparo constitucional invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Como anexo al escrito de tutela se alleg\u00f3 copia del auto \u00a0proferido en segunda instancia por el tribunal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Con apoyo en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, Consulta \u00a0de Procesos, \u00a0se extrajo el registro de actuaciones de los procesos con radicado \u00a0No. 110016000054200800158-00 y 110016102371201000669-00 en los que se \u00a0observa declarada la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n por parte \u00a0de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas que vigil\u00f3 el \u00a0cumplimiento de cada sentencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal es \u00a0competente para resolver la demanda de tutela instaurada por EDWIN \u00a0MAURICIO RAM\u00cdREZ ALBARRAC\u00cdN, \u00a0al comprometer actuaciones de la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Bogot\u00e1, de quien es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0atenci\u00f3n al problema jur\u00eddico planeado en precedencia, \u00a0es necesario recordar que la \u00a0acci\u00f3n constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina \u00a0constitucional, la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la parte accionante identifique de manera razonable tanto los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0relaci\u00f3n a las exigencias espec\u00edficas, la sentencia \u00a0C-590 de 2005, \u00a0ha indicado que debe configurarse: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, [que se puede estructurar a partir de dos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formas: (i) la absoluta, que se presenta en los eventos donde el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionario judicial sigue un procedimiento diferente al establecido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la ley, u omite alguna de las principales fases del proceso y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quebranta los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0partes; y (ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando el fallador desconoce el contenido del art\u00edculo 228 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto le impide a las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0personas el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el deber \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de dar prevalencia al derecho sustancial.1]. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[3]. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. [Como fue desarrollado en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de SU-198 de 2013, esta se configura (i) cuando el juez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0resuelve dejando de aplicar una disposici\u00f3n ius fundamental a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0un caso concreto, -\u00ab(a) cuando en la soluci\u00f3n del caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se dej\u00f3 de interpretar y aplicar una disposici\u00f3n legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata y (c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando el juez en sus resoluciones vulner\u00f3 derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conforme con la Constituci\u00f3n\u00bb-; o (ii) aplica la ley al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0margen de las disposiciones constitucionales]. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante indica que el juzgado y tribunal desconocieron sus \u00a0derechos fundamentales por negarle el beneficio administrativo de 72 \u00a0horas, bajo el argumento que ten\u00eda como antecedente penal dos \u00a0sentencias condenatorias proferidas en su contra. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0al estudio de los requisitos generales la Sala encuentra que: i) el \u00a0presente asunto es de relevancia constitucional en la medida que la \u00a0decisi\u00f3n censurada involucra derechos superiores como la \u00a0libertad y el debido proceso; ii) es evidente que la parte accionante \u00a0no cuenta con otros medios de defensa judicial pues contra la \u00a0decisi\u00f3n emitida en segunda instancia por el tribunal no \u00a0proceden recursos; iii) se encuentra acreditado el requisito de \u00a0inmediatez; iv) se identific\u00f3 plenamente como hecho que gener\u00f3 \u00a0la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos, la negativa de \u00a0conceder al accionante el permiso administrativo de 72 horas por \u00a0haber sido condenado en dos oportunidades dentro de los cinco a\u00f1os \u00a0anteriores, \u00a0y v) no se dirige contra un fallo de tutela. As\u00ed las cosas, se \u00a0observan someramente acreditados los requisitos generales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0punto a los presupuestos espec\u00edficos de procedibilidad, \u00a0una vez revisadas las particularidades del caso concreto y los \u00a0elementos de prueba allegados, encuentra esta Sala que la demanda de \u00a0amparo resulta procedente por cuanto se evidencia la configuraci\u00f3n \u00a0de un defecto f\u00e1ctico en las decisiones que se censuran, \u00a0derivadas de la falta de apoyo probatorio para soportar la aplicaci\u00f3n \u00a0del supuesto legal en el que se sustentaron. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0el art. 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, para la \u00a0concesi\u00f3n del permiso administrativo de 72 horas, beneficio \u00a0solicitado por el accionante, el interno debe cumplir las siguientes \u00a0condiciones: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab1. \u00a0Estar en la fase de mediana seguridad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del \u00a0proceso ni la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la reclusi\u00f3n \u00a0y observado buena conducta, certificada por el Consejo de \u00a0Disciplina.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal proh\u00edbe \u00a0la concesi\u00f3n de subrogados y beneficios penales a quienes han \u00a0sido condenados por delitos dolosos dentro de los 5 a\u00f1os \u00a0anteriores o por uno de los delitos contemplados en el inciso 2\u00b0 \u00a0del mismo art\u00edculo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso que se analiza, el juzgado y tribunal concluyeron que el \u00a0accionante ten\u00eda en su contra dos sentencias condenatorias (20 \u00a0de noviembre de 2008 y 29 de marzo de 2011) que \u00a0lo hac\u00edan merecedor de la prohibici\u00f3n legal contemplada \u00a0en el art\u00edculo 68A Ejusdem. \u00a0Al respecto se sostuvo: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abEDWIN \u00a0MAURICIO RAMIREZ ALBARRACIN presenta sentencia condenatoria del 20 de \u00a0noviembre de 2008 por hechos ocurridos el 10 de agosto de 2008, por \u00a0el delito de estupefacientes; igualmente, registr\u00f3 sentencia \u00a0condenatoria del 29 de marzo de 2011 por hechos ocurridos el 3 de \u00a0agosto de 2010 por el delito de constre\u00f1imiento ilegal. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el sub examine es evidente que la exclusi\u00f3n de beneficios \u00a0prevista en la norma citada anteriormente resulta aplicable porque \u00a0EDWIN MAURICIO RAMIREZ ALBARRACIN, presenta antecedentes dentro de \u00a0los cinco a\u00f1os anteriores, los cuales reconoce en su escrito \u00a0de apelaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en vigencia la referida ley \u00a0que excluye de beneficios a los condenados por delitos dolosos. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es evidente que EDWIN MAURICIO RAMIREZ ALBARRACIN no \u00a0satisface las exigencias previstas en las normas para aprobar el \u00a0beneficio administrativo que invoca, conforme a la prohibici\u00f3n \u00a0contemplada en el art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal [\u2026].\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien es cierto la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo \u00a068A del C\u00f3digo Penal permite excluir de beneficios y \u00a0subrogados penales a quienes han sido condenados por delitos dolosos \u00a0dentro de los \u00abcinco \u00a0(5) a\u00f1os anteriores\u00bb a \u00a0la fecha de la sentencia que se ejecuta, olvidan los accionados que \u00a0las sanciones proferidas contra EDWIN \u00a0MAURICIO RAM\u00cdREZ ALBARRAC\u00cdN \u00a0fueron declaradas extintas \u00a0hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os por la respectiva autoridad judicial \u00a0que vigil\u00f3 su ejecuci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, de las pruebas allegadas de oficio por este juez de tutela se \u00a0constat\u00f3 que las dos sentencias que sirvieron de sustento para \u00a0negar el aludido subrogado se profirieron en los radicados No. \u00a0110016000054200800158-00 y 110016102371201000669-00 y se declar\u00f3 \u00a0la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal en cada una de ellas \u00a0mediante autos de 11 de junio de 2014 y 16 de abril de 2012. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0sentencias CSJ STP864-2017 y STP905-2019, esta Sala de Decisi\u00f3n \u00a0determin\u00f3 que no puede tenerse en cuenta como antecedente \u00a0penal por el juez de ejecuci\u00f3n de penas para negar un \u00a0subrogado, la sentencia cuya sanci\u00f3n se ha declarado extinta, \u00a0pues de ser as\u00ed se vulnerar\u00edan garant\u00edas \u00a0superiores, como por ejemplo el principio pro \u00a0homine del \u00a0sancionado: \u00abPor \u00a0tal raz\u00f3n, el juez ejecutor ha debido analizar tal \u00a0circunstancia a la luz del principio pro \u00a0homine4, \u00a0en el entendido de que si el antecedente \u00a0se hab\u00eda declarado extinto judicialmente, \u00a0no pod\u00eda ser la raz\u00f3n para negarle a BERNAL RODR\u00cdGUEZ \u00a0el beneficio que deprec\u00f3. \u00a0El obrar del juzgado y del Tribunal \u00a0demandados, significar\u00eda que tales sanciones no tendr\u00edan \u00a0fenecimiento alguno y que, por consiguiente, el condenado no tendr\u00eda \u00a0oportunidad alguna de hacerse merecedor del beneficio.\u00bb \u00a0(Subrayado \u00a0fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0no implica que el juzgador deba obviar la existencia de antecedentes \u00a0penales siempre que se declara la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n, \u00a0pues \u00e9stos son el producto del registro y existencia de la \u00a0sanci\u00f3n misma. Sin embargo, no es admisible acudir al an\u00e1lisis \u00a0de antecedentes en cualquier tiempo de manera indiscriminada y \u00a0durante toda la ejecuci\u00f3n de la pena para negar la procedencia \u00a0de un subrogado cuando la sanci\u00f3n que origin\u00f3 ese \u00a0antecedente fue declarada extinta hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior no menoscaba la finalidad de facto que cumple el registro de \u00a0antecedentes, ni contradice los postulados del art\u00edculo 68A \u00a0del C\u00f3digo Penal y su estricta observancia por parte del juez \u00a0de ejecuci\u00f3n de penas, pues por el contrario permite una \u00a0interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica con la finalidad \u00a0resocializadora de la sanci\u00f3n, el reconocimiento de dignidad \u00a0humana del sancionado y su reinserci\u00f3n social. Ello se \u00a0acompasa al modelo \u00a0de Estado adoptado constitucionalmente que en materia penal tiene \u00a0como pol\u00edtica criminal la resocializaci\u00f3n del condenado \u00a0respetando su autonom\u00eda y dignidad humana. Su objeto no es \u00a0excluir al infractor de la sociedad sino promover su reinserci\u00f3n5. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Ley \u00a065 de 1993, en el art\u00edculo 10, principio rector, dispone: \u00a0\u00abEl \u00a0tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la \u00a0resocializaci\u00f3n del infractor de la ley penal, mediante el \u00a0examen de su personalidad y a trav\u00e9s de la disciplina, el \u00a0trabajo, el estudio, la formaci\u00f3n espiritual, la cultura, el \u00a0deporte y la recreaci\u00f3n, bajo un esp\u00edritu humano y \u00a0solidario.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, valorar como antecedente penal dos sentencias cuya condena \u00a0hab\u00eda declarada extinta hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os, para \u00a0posteriormente aplicar la prohibici\u00f3n legal contenida en el \u00a0art\u00edculo 68A del C.P. y negar el beneficio administrativo de \u00a072 horas reclamado, configura un defecto en la decisi\u00f3n que se \u00a0censura en desmedro de los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0ese entendido, como el antecedente penal que sirvi\u00f3 de \u00fanico \u00a0sustento para negar el beneficio reclamado por EDWIN \u00a0MAURICIO RAM\u00cdREZ \u00a0hab\u00eda sido declarado extinto por la autoridad judicial 5 a\u00f1os \u00a0antes de proferirse los autos que negaron el beneficio, lo natural y \u00a0l\u00f3gico es que no se hubiese tenido en cuenta al momento de \u00a0resolver la procedencia del subrogado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Constatada \u00a0la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental del accionante, lo \u00a0procedente ser\u00e1 dejar sin efectos las decisiones cuestionadas \u00a0para que el juez natural tenga la oportunidad de valorar nuevamente \u00a0lo solicitado, para lo cual deber\u00e1 observar la extinci\u00f3n \u00a0de la sanci\u00f3n penal decretada en los radicados \u00a0110016000054200800158-00 y 110016102371201000669-00, conforme se \u00a0indic\u00f3 en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia se deja sin efectos los autos de 30 \u00a0de septiembre de 2020 y 25 de febrero de 2021, proferidos en su orden \u00a0por el Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma \u00a0ciudad al interior del proceso de ejecuci\u00f3n de sentencia No. \u00a011001600005720128000800 que se sigue contra el accionante, para que \u00a0en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n que resuelva de fondo \u00a0el beneficio administrativo de 72 horas deprecado, de conformidad con \u00a0lo se\u00f1alado en la parte motiva de este fallo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. \u00a01, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Conceder \u00a0el \u00a0amparo del derecho fundamental al debido proceso de EDWIN \u00a0MAURICIO RAM\u00cdREZ ALBARRAC\u00cdN. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Dejar sin efecto los \u00a0autos de 30 \u00a0de septiembre de 2020 y 25 de febrero de 2021 proferidos, en su \u00a0orden, por el Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Ordenar al \u00a0Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Bogot\u00e1 que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes \u00a0a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n proceda a resolver \u00a0nuevamente la solicitud del accionante del beneficio de permiso \u00a0administrativo de 72 horas, de conformidad con los lineamientos \u00a0expuestos en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Notificar \u00a0esta \u00a0providencia a las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Enviar \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n \u00a0de este fallo, en caso de no ser impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional, SU-355 de 2017. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional, sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. Sentencias T-462 de 2003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02000 y T-1031 de 2001\u00bb. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Que en sentencia C-355\/06 se sintetiz\u00f3 como: \u201cun \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0criterio de interpretaci\u00f3n del derecho de los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0humanos, seg\u00fan el cual se debe dar a las normas la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ex\u00e9gesis m\u00e1s amplia posible, es decir, se debe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0preferir su interpretaci\u00f3n extensiva, cuando ellas reconocen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos internacionalmente protegidos. A contrario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sensu, debe optarse por la interpretaci\u00f3n m\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0restringida cuando se trata de establecer restricciones o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0suspensiones al ejercicio de tales los derechos\u201d. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STP864-2017. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencia T-865 de 2012. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencia C-261 de 1996. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP3452-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 115759 \u00a0 Acta \u00a0n\u00b0. 79 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por \u00a0EDWIN \u00a0MAURICIO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,35],"tags":[],"class_list":["post-55601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}