\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS \u00a02 \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP4652-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0115394 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No.69) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n formulada por H\u00c9CTOR \u00a0ALONSO ARARAT CAMPO, frente al fallo proferido el 18 de febrero de \u00a02021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela que promoviera en contra del \u00a0Juzgado 3\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Acac\u00edas y la Presidencia de la Rep\u00fablica, \u00a0por \u00a0la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido \u00a0proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el \u00a0Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u00abLa \u00a0Esperanza\u00bb \u00a0de Guaduas (Cundinamarca) y el Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de la misma municipalidad; as\u00ed \u00a0mismo, la Sala de Amnist\u00eda o Indulto y la Secretaria Judicial \u00a0de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Refiri\u00f3 el demandante que, mediante Resoluci\u00f3n No. 200 \u00a0del 6 de agosto de 2018, el gobierno nacional lo design\u00f3 como \u00a0gestor y promotor de paz, correspondiendo al Juzgado 3\u00b0 de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, \u00a0en virtud de ello, emitir pronunciamiento \u00absobre \u00a0la suspensi\u00f3n de la medida de aseguramiento\u00bb \u00a0lo cual, hasta el momento de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, \u00a0aquella autoridad no ha realizado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Como consecuencia de lo anterior, H\u00c9CTOR ALONSO ARARAT CAMPO \u00a0acude al juez de tutela para que, en amparo de las garant\u00edas \u00a0fundamentales invocadas, se ordene al demandado resolver su \u00a0solicitud. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE PRIMERA INSTANCIA \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto del 9 de febrero de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Cundinamarca avoc\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda y dispuso correr traslado a las autoridades mencionadas, \u00a0para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 3\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Acac\u00edas inform\u00f3 que vigil\u00f3 la condena de 250 \u00a0meses de prisi\u00f3n impuesta al accionante, actividad que ces\u00f3 \u00a0mediante auto 1670 de 27 de junio de 2018, cuando orden\u00f3 la \u00a0remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal ante la Jurisdicci\u00f3n \u00a0Especial para la Paz, en atenci\u00f3n a la solicitud presentada \u00a0por la Secretar\u00eda de la Sala de Amnist\u00eda o Indulto de \u00a0ese organismo. Sostuvo que el 7 de octubre de 2019, ante el reingreso \u00a0de las diligencias, el despacho se abstuvo de asumir conocimiento y \u00a0orden\u00f3 en la misma fecha, el env\u00edo del proceso por \u00a0competencia ante los juzgados hom\u00f3logos de Guaduas – \u00a0Cundinamarca, en raz\u00f3n a que el sentenciado fue trasladado al \u00a0centro carcelario de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Guaduas dio a conocer que el 22 de noviembre de 2019 \u00a0avoc\u00f3 conocimiento de la actuaci\u00f3n seguida en contra de \u00a0H\u00c9CTOR ALONSO ARARAT CAMPO, anotando que, luego de revisada no \u00a0fue hallada solicitud encaminada hacia el reconocimiento del \u00a0accionante como gestor de paz. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Amnist\u00eda o Indulto de la JEP indic\u00f3 que ARARAT \u00a0CAMPO, el 5 de abril de 2018, solicit\u00f3 el beneficio de \u00a0libertad condicionada, por haber sido miembro de las FARC-EP, \u00a0petici\u00f3n que, por medio de resoluci\u00f3n del 29 de abril \u00a0de 2019, fue negada al establecer que no cumpl\u00eda con el \u00e1mbito \u00a0de aplicaci\u00f3n material. De igual modo, refiri\u00f3 que la \u00a0Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n de ese tribunal orden\u00f3 \u00a0continuar con el tr\u00e1mite en aras de establecer si resultaba \u00a0procedente la concesi\u00f3n del beneficio de amnist\u00eda, \u00a0explicando que, luego del pertinente estudio, se determin\u00f3 la \u00a0inadmisi\u00f3n de la solicitud por falta de competencia material, \u00a0disponiendo la devoluci\u00f3n del expediente a la justicia penal \u00a0ordinaria. \u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0tanto, la Secretar\u00eda Judicial de la Sala en menci\u00f3n \u00a0manifest\u00f3 que all\u00ed no existen peticiones pendientes por \u00a0resolver, a nombre del actor. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0direcci\u00f3n del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La \u00a0Esperanza de Guaduas expuso que, tras revisar la hoja de vida del \u00a0accionante, no avizor\u00f3 solicitud presentada por aquel el 6 de \u00a0agosto de 2018. \u00a0<\/p>\n
El \u00a018 de febrero de 2021 \u00a0la Corporaci\u00f3n de primera instancia emiti\u00f3 sentencia, a \u00a0trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 la improcedencia de la \u00a0acci\u00f3n. Para fundamento de dicha determinaci\u00f3n \u00a0consider\u00f3 que la entidad demandada, as\u00ed como las \u00a0vinculadas, han atendido las solicitudes presentadas por el \u00a0tutelante, sin que se evidencie alg\u00fan requerimiento que no \u00a0haya sido atendido por aquellas. \u00a0<\/p>\n
Notificada \u00a0la decisi\u00f3n, esta fue recurrida por el peticionario, quien \u00a0sostuvo \u00a0que tiene derecho a que se emita una decisi\u00f3n de fondo, lo \u00a0cual, a su juicio, sustenta con el aporte de varios documentos que \u00a0anex\u00f3 junto a la impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo establecido por los art\u00edculos 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, es \u00a0competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0presentada contra el fallo proferido por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
Referente \u00a0a la acci\u00f3n p\u00fablica que nos ocupa, ha de precisarse que \u00a0el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que se trata de un mecanismo concebido para la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten \u00a0amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, \u00a0siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a \u00a0menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esa l\u00ednea de pensamiento, se ha de anotar que en el presente \u00a0asunto no fue acreditada, por la parte actora, irregularidad alguna \u00a0que deba ser reparada a trav\u00e9s de esta v\u00eda de amparo. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, toda vez que el accionante no prob\u00f3 que hubiere \u00a0acudido ante el Juzgado 3\u00b0 \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas \u00a0o a alg\u00fan otro \u00f3rgano judicial de la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria, a \u00a0efectos de requerir \u00a0la emisi\u00f3n de un pronunciamiento relacionado con la \u00a0posibilidad de que fuera decretada en su favor \u00abla \u00a0suspensi\u00f3n de la medida de aseguramiento\u00bb, \u00a0derivada de la presunta condici\u00f3n de gestor de paz. \u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese \u00a0aqu\u00ed que la jurisprudencia \u00a0ha \u00a0sido pac\u00edfica al se\u00f1alar que cuando un ciudadano acude \u00a0a este tr\u00e1mite constitucional, \u00a0tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones, se\u00f1al\u00e1ndose \u00a0al respecto que \u00abquien \u00a0pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe \u00a0demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su \u00a0pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien \u00a0conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las \u00a0consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la \u00a0amenaza de afectaci\u00f3n.\u00bb1 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal orden de ideas, siendo obligaci\u00f3n del extremo accionante \u00a0acopiar \u00a0los elementos que permitan vislumbrar la \u00a0existencia de la vulneraci\u00f3n y allegarlos al juzgador para \u00a0fundar su pretensi\u00f3n, H\u00c9CTOR ALONSO ARARAT CAMPO no \u00a0acompa\u00f1\u00f3 la demanda de alg\u00fan elemento de juicio, \u00a0verbi \u00a0gratia, \u00a0copia de la solicitud formulada ante la administraci\u00f3n de \u00a0justicia, o documento, informe, numero de radicaci\u00f3n, etc. que \u00a0acreditara que, por cualquiera de las v\u00edas dispuestas, \u00a0concurri\u00f3 ante un despacho judicial con la intenci\u00f3n de \u00a0formular una pretensi\u00f3n y obtener el reconocimiento de un \u00a0derecho, y que esa fue radicada en aquel. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, junto a la sustentaci\u00f3n de la alzada, el aludido se\u00f1or \u00a0alleg\u00f3 3 documentos, en los cuales, seg\u00fan apunt\u00f3: \u00a0\u00abest\u00e1 \u00a0lo que yo reclamo, con mucha certeza\u00bb, \u00a0esos los siguientes: i) copia de acta de compromiso como gestor de \u00a0paz (sin diligenciar), ii) oficio de fecha 9 de agosto de 2017 \u00a0(suscrito por quien, para la \u00e9poca, fung\u00eda como Alto \u00a0Comisionado para la Paz), en el que se le reconoce como integrante de \u00a0las FARC-EP, iii) impreso rubricado por Diego Fernando Fl\u00f3rez \u00a0Corzo, Subdirector de Gesti\u00f3n Legal del Proceso de \u00a0Reintegraci\u00f3n de la Agencia para la Reincorporaci\u00f3n y \u00a0la Normalizaci\u00f3n, y, iv) copia de auto proferido por la \u00a0Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Especial \u00a0para la Paz, escritos de los cuales, valga insistir, no se desprende \u00a0que ARARAT CAMPO hubiese acudido ante un funcionario adscrito a la \u00a0Rama Judicial en aras de promover requerimiento en busca de obtener \u00a0\u00abla \u00a0suspensi\u00f3n de la medida de aseguramiento\u00bb. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed que sea dado afirmar que, sin la demostraci\u00f3n de \u00a0que hubiere presentado o radicado la solicitud a la que hace menci\u00f3n \u00a0en su demanda, la decisi\u00f3n que correspond\u00eda proferir \u00a0es, justamente, la de no acceder al amparo requerido, ello por cuanto \u00a0no existe certeza de la violaci\u00f3n de derecho alguno. Lo \u00a0anterior de conformidad con lo dispuesto de vieja data por la Corte \u00a0Constitucional, \u00f3rgano que, sobre lo que se trata, deline\u00f3 \u00a0lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0para que se amenace uno o varios derechos constitucionales \u00a0fundamentales, es necesario un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, \u00a0de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o \u00a0o en el menoscabo material o moral\u201d. As\u00ed las cosas, si \u00a0quien presenta acci\u00f3n de tutela no demuestra los supuestos \u00a0f\u00e1cticos en que funda su pretensi\u00f3n o si dentro del \u00a0proceso se demuestra que la alegada violaci\u00f3n o amenaza no \u00a0existi\u00f3, la acci\u00f3n de tutela debe ser denegada \u00a0(Sentencias T-082\/98 y T-341\/05, entre muchas otras). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, refulge di\u00e1fano que la protecci\u00f3n \u00a0constitucional deviene improcedente y, por tanto, habr\u00e1 de \u00a0confirmarse el fallo de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 \u00a0por \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-835\/00 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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