\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP2330-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 115220 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.56) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por ALIX \u00a0TERESA BERRIO RUEDA, contra \u00a0la Sala Plena del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, \u00a0con ocasi\u00f3n al proceso disciplinario 2020-00001, que cursa en \u00a0contra de la accionante. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La ciudadana \u00a0ALIX TERESA BERRIO RUEDA, solicita el \u00a0amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia e igualdad, los cuales considera \u00a0vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al declarar \u00a0infundada la solicitud de recusaci\u00f3n formulada en contra de la \u00a0titular del Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, con ocasi\u00f3n \u00a0del proceso disciplinario 2020-00001 que \u00a0cursa en su contra. \u00a0<\/p>\n
Narr\u00f3 que, mediante auto \u00a0del 16 de diciembre de 2020, la titular del Juzgado accionado, \u00a0dispuso iniciar investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra. \u00a0<\/p>\n
El d\u00eda 12 de enero de \u00a02021, elev\u00f3 escrito de recusaci\u00f3n en contra de la \u00a0mencionada funcionaria, al considerar que, con la apertura de la \u00a0investigaci\u00f3n disciplinaria y al realizarse una valoraci\u00f3n \u00a0probatoria sobre su responsabilidad, se incurri\u00f3 en un \u00a0prejuzgamiento, lo cual es causal de impedimento para conocer del \u00a0asunto. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta mediante auto \u00a0del 14 de enero de 2021, no acept\u00f3 la solicitud elevada al \u00a0sostener que, la formulaci\u00f3n de la accionante, no respond\u00eda \u00a0al car\u00e1cter taxativo y restrictivo de las causales de \u00a0impedimento y recusaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, se \u00a0remitieron las diligencias a la \u00a0Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, \u00a0quien el d\u00eda 28 de enero de 2021 \u00a0emiti\u00f3 pronunciamiento en el cual, \u00a0declar\u00f3 infundada la solicitud de recusaci\u00f3n, al \u00a0expresar que, el denominado prejuzgamiento citado por la procesada, \u00a0no se encuentra previsto como motivo de separaci\u00f3n de la causa \u00a0disciplinaria en el art\u00edculo 84 de la Ley 734 de 2002. \u00a0<\/p>\n
Por estos motivos la accionante \u00a0acude al presente tr\u00e1mite constitucional, con la finalidad que \u00a0se deje sin efectos la decisi\u00f3n de 28 de enero de 2021 y se \u00a0ordene al Tribunal accionado, emitir una nueva decisi\u00f3n que en \u00a0derecho corresponda. \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0La Sala Plena del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta manifest\u00f3 que, mediante \u00a0providencia del 28 de enero de 2021, se declar\u00f3 infundada la \u00a0solicitud de recusaci\u00f3n impetrada por la accionante, teniendo \u00a0en cuenta que, no puede estimarse como prejuzgamiento la apertura de \u00a0la investigaci\u00f3n respectiva, puesto que ning\u00fan an\u00e1lisis \u00a0probatorio, ni juicio de valor, fue emitido por la funcionaria \u00a0recusada. \u00a0<\/p>\n
2.- La \u00a0titular del Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta asever\u00f3 \u00a0que, con la apertura de la investigaci\u00f3n disciplinaria, o con \u00a0alguna otra actuaci\u00f3n adelantada al interior de dicho tr\u00e1mite, \u00a0no ha incurrido en conductas que afecten su imparcialidad en el \u00a0ejercicio de la acci\u00f3n disciplinaria. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la accionante \u00a0pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una tercera \u00a0instancia, con el fin de lograr el objetico de sus pretensiones a \u00a0trav\u00e9s de un nuevo debate jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto \u00a0en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por \u00a0el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es \u00a0competente para resolver la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0ALIX TERESA BERRIO RUEDA, \u00a0contra la Sala \u00a0Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y \u00a0el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento \u00a0de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n al \u00a0proceso disciplinario 2020-00001, que cursa en contra de la \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
La tutela es un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su \u00a0prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de procedibilidad que implican una \u00a0carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su \u00a0demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la propia Corte \u00a0Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito \u00a0de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en \u00a0un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que \u00a0origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. Que la parte actora \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado \u00a0tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto \u00a0hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no \u00a0pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la \u00a0Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata de \u00a0acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
La presente acci\u00f3n de \u00a0tutela se centra en un punto espec\u00edfico: determinar \u00a0si con las decisiones emitidas por la \u00a0la Sala \u00a0Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y \u00a0el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento \u00a0de la misma ciudad, mediante \u00a0las cuales se declar\u00f3 infundada la solicitud de recusaci\u00f3n \u00a0propuesta por la se\u00f1ora ALIX \u00a0TERESA BERRIO RUEDA \u00a0dentro del \u00a0proceso disciplinario 2020-00001, \u00a0se configuran los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe \u00a0concederse el amparo. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jur\u00eddico \u00a0aplicable, la Sala considera que se debe negar el amparo invocado, \u00a0comoquiera que la presente solicitud constitucional no cumple el \u00a0requisito general de subsidiariedad, esto es, \u00abque \u00a0se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0principio, es claro para esta Sala que, la finalidad de la parte \u00a0actora, es acudir a la acci\u00f3n de tutela como una v\u00eda \u00a0alterna para que se brinde un concepto diferente al que dieron los \u00a0\u00f3rganos ordinarios competentes en el asunto que ya se \u00a0encuentra concluido; no obstante, adicional a lo expuesto, la \u00a0presente acci\u00f3n \u00a0de tutela se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que \u00a0el proceso disciplinario 2020-00001, \u00a0se encuentra \u00a0en curso. \u00a0<\/p>\n
A partir \u00a0de las alegaciones presentadas por el accionante en su demanda \u00a0tutelar, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo \u00a0es el desacuerdo con la determinaci\u00f3n adoptada por las \u00a0autoridades accionadas al no aceptar la recusaci\u00f3n propuesta \u00a0dentro del proceso disciplinario \u00a02020-00001 contra la \u00a0titular del Juzgado Tercero Penal \u00a0del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, puesto \u00a0que, no puede entenderse como \u00a0prejuzgamiento la apertura de la investigaci\u00f3n respectiva, y \u00a0mucho menos, que por esta circunstancia, se haya configurado un \u00a0an\u00e1lisis probatorio o juicio de valor por parte de la \u00a0funcionaria recusada. \u00a0<\/p>\n
Siendo as\u00ed, la \u00a0circunstancia anteriormente expuesta no configura un requisito de \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el \u00a0derecho de defensa y propender por las garant\u00edas judiciales, \u00a0debe hacerlo dentro de la actuaci\u00f3n, no por v\u00eda de \u00a0tutela, toda vez que \u00e9sta no puede emplearse para retrotraer \u00a0las actuaciones dentro del proceso penal. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuaci\u00f3n \u00a0son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver \u00a0con las garant\u00edas que conforman el debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Bueno \u00a0es precisar que, mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier \u00a0solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe \u00a0hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas \u00a0las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la \u00a0actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la \u00a0eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara \u00a0de una instancia superior adicional a las previstas para el normal \u00a0desenvolvimiento de los procesos judiciales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0insiste en que, la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo \u00a0adecuado para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que \u00a0eventualmente sean lesionados en el tr\u00e1mite de un proceso \u00a0judicial, pues para ello el ordenamiento jur\u00eddico ha dise\u00f1ado \u00a0una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la \u00a0correcci\u00f3n de las decisiones judiciales que se adopten en su \u00a0interior5. \u00a0<\/p>\n
En sentencia T-335 de 2018, el m\u00e1ximo \u00a0\u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra \u00a0procesos judiciales en curso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el \u00a0proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n \u00a0de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo \u00a0alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que \u00a0deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. \u00a0Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y \u00a0agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran \u00a0previstos en el ordenamiento jur\u00eddico.\u00bb \u00a0<\/p>\n
Justamente, ha explicado la Sala que \u00a0las caracter\u00edsticas de subsidiaridad y residualidad, que son \u00a0predicables de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional, \u00a0disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo \u00a0excepcional de amparo, para lograr la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional en procesos en tr\u00e1mite, porque ello, adem\u00e1s \u00a0de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como \u00a0la independencia y la autonom\u00eda funcional que rigen la \u00a0actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en \u00a0el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, estableci\u00f3 que \u00a0tampoco puede acudirse a este excepcional\u00edsimo medio de \u00a0defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el \u00a0amparo se concibi\u00f3 precisamente para suplir la ausencia de \u00a0\u00e9stos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide \u00a0considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual \u00a0acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es \u00a0decir, no se haya agotado la actuaci\u00f3n del juez ordinario, el \u00a0afectado tendr\u00e1 la posibilidad de reclamar al interior del \u00a0tr\u00e1mite el respeto de las garant\u00edas constitucionales, \u00a0sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en el presente asunto tampoco se advierte la existencia de una \u00a0situaci\u00f3n excepcional que habilite el amparo para evitar la \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ALIX \u00a0TERESA BERRIO RUEDA, contra \u00a0la Sala Plena del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, \u00a0por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los sujetos procesales por el medio m\u00e1s expedito el presente \u00a0fallo, inform\u00e1ndoles que puede ser impugnado dentro de los \u00a0tres d\u00edas siguientes, contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Si no fuere impugnado, \u00a0env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-103 de 2014 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a040.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a057.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a066.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP2330-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 115220 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.56) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 VISTOS \u00a0 Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,34],"tags":[],"class_list":["post-54994","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54994","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54994"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54994\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54994"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}