\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP637-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0.114687 \u00a0<\/p>\n
Aprobaci\u00f3n Acta No. 19. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
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ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por MARTA ISABEL \u00a0HOYOS UPEGUI, contra el fallo de tutela proferido por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 2 de diciembre \u00a0de 2020 por medio del cual se neg\u00f3 el amparo invocado contra \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la \u00a0Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00a0la seguridad social, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A dicha actuaci\u00f3n fueron vinculados Juzgado 5\u00ba Laboral \u00a0del Circuito de esa misma ciudad. Las empresas p\u00fablicas de \u00a0Medell\u00edn y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y \u00a0Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PROBLEMA JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si la Administradora Colombiana de \u00a0Pensiones-Colpensiones, vulner\u00f3 los derechos de la accionante \u00a0al emitir el acto administrativo SUB163447 de 30 de julio de 2020, en \u00a0tanto que, en su criterio no dio cumplimiento a la sentencia judicial \u00a0proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, \u00a0que dispuso cancelar la pensi\u00f3n bajo los lineamientos del \u00a0Acuerdo 049 de 1990. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a023 de noviembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda y dio \u00a0traslado a las autoridades accionadas a fin de garantizar sus \u00a0derechos a la defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, \u00a0relacion\u00f3 la providencia emitida por la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de Medell\u00edn, que modific\u00f3 el fallo \u00a0del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad, resaltando \u00a0que, mediante Resoluci\u00f3n Nro. SUB277233 de 7 de octubre de \u00a02019, la entidad reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n de vejez a la \u00a0actora, con una cuant\u00eda inicial de $2.218.867 y mediante \u00a0Resoluci\u00f3n SUB 26071 de 29 de enero de 2020 se ingres\u00f3 \u00a0en n\u00f3mina en cuant\u00eda de $2.303.184 efectiva a partir \u00a0del 31 de enero de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 que, mediante comunicaci\u00f3n externa de 3 de \u00a0febrero de 2020 se solicit\u00f3 dar cumplimiento al fallo \u00a0proferido por el juzgado cognoscente, por lo que esa entidad con \u00a0Resoluci\u00f3n SUB 163447 de 30 de julio de 2020, resolvi\u00f3 \u00a0obedecerlo, actuando en derecho y dentro del marco de sus \u00a0competencias, por lo que, en su criterio, en este asunto no se puede \u00a0endilgar vulneraci\u00f3n alguna a derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Juez Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, \u00a0explic\u00f3 que, el 16 de agosto de 2017 profiri\u00f3 sentencia \u00a0de primera instancia, acogiendo las pretensiones de la demanda, \u00a0advirtiendo que el disfrute de la prestaci\u00f3n se solo se har\u00eda \u00a0efectivo cuando se reportara la novedad de retiro, decisi\u00f3n \u00a0que fue modificada el 18 de mayo de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el sentido de \u00a0indicar que las prestaci\u00f3n pensional reconocida a favor de la \u00a0actora deb\u00eda liquidarse aplicando la Ley 71 de 1988 o la Ley \u00a033 de 1985, seg\u00fan resultara m\u00e1s favorable, decisi\u00f3n \u00a0sobre la que se deneg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n radicada \u00a0por la parte actora en procura de que se indicara que la pensi\u00f3n \u00a0de vejez tambi\u00e9n podr\u00eda liquidarse con el Decreto 758 \u00a0de 1990. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0mediante fallo adoptado el 2 de diciembre de 2020, neg\u00f3 el \u00a0amparo incoado, en tanto que Colpensiones dio cabal cumplimiento a la \u00a0decisi\u00f3n emitida por el Tribunal de Medell\u00edn, que \u00a0determin\u00f3 la normatividad que deb\u00eda aplicarse al \u00a0momento de liquidar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, lo que no \u00a0evidencia vulneraci\u00f3n a derecho alguno. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 el fallo y \u00a0mencion\u00f3 que, Colpensiones mmediante acto \u00a0administrativo Nro. SUB 277233 del 7 de octubre de 2019, reconoci\u00f3 \u00a0el derecho en aplicaci\u00f3n del decreto 758 de 1990, por \u00a0contemplar este una condici\u00f3n m\u00e1s favorable, subsanado \u00a0el equ\u00edvoco en que incurri\u00f3 el Tribunal de Medell\u00edn \u00a0y con Resoluci\u00f3n SUB 26071 de 29 de enero de 2020 la incluy\u00f3 \u00a0en n\u00f3mina reconociendo una pensi\u00f3n equivalente a \u00a0$2.303.184 recibida desde el 31 de enero al 31 de julio de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 revisar si la actuaci\u00f3n de la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn estuvo conforme \u00a0a derecho, pues a su juicio de all\u00ed devino la vulneraci\u00f3n \u00a0de sus prerrogativas, m\u00e1xime cuando, se\u00f1al\u00f3 \u00a0Colpensiones en anterior acto administrativo reconoci\u00f3 la \u00a0pensi\u00f3n aplicando el Decreto 758 de 1990 y en esos t\u00e9rminos \u00a0fue propuesta la adici\u00f3n de la sentencia al Tribunal, la que \u00a0fue denegada por la citada Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE \u00a0LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1, numeral 7\u00ba del Decreto 1069 de 2015, modificado por \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0en armon\u00eda con el art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 44 del Reglamento \u00a0Interno de la Corte Suprema de Justicia \u00a0(Acuerdo 006 de diciembre 12 de 2002), \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El problema jur\u00eddico planteado se resolver\u00e1 \u00a0atendiendo la l\u00ednea jurisprudencial fijada por esta \u00a0Corporaci\u00f3n1 \u00a0respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, concretamente, cuando no se agotaron los \u00a0medios de defensa judicial con los que contaba el accionante para la \u00a0protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, a saber2: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab3. \u00a0Recu\u00e9rdese que el legislador instituy\u00f3 diversas \u00a0herramientas al interior del proceso para que los sujetos procesales \u00a0sean o\u00eddos, reclamen la protecci\u00f3n de sus derechos \u00a0constitucionales e intenten la modificaci\u00f3n de una decisi\u00f3n \u00a0que consideren lesiva de sus pretensiones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. As\u00ed, \u00a0contempl\u00f3 una serie de recursos que resultan id\u00f3neos \u00a0para lograr el restablecimiento del orden jur\u00eddico quebrantado \u00a0y el respeto de las garant\u00edas constitucionales y legales as\u00ed \u00a0como provocar el escrutinio de la determinaci\u00f3n judicial por \u00a0otros funcionarios, quienes est\u00e1n igualmente llamados a velar \u00a0por la preservaci\u00f3n de la integridad de los derechos \u00a0consagrados en la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. Es por ello reiterado el \u00a0criterio de esta Corporaci\u00f3n, en cuanto a que la procedencia \u00a0del amparo constitucional contra decisiones judiciales est\u00e1 \u00a0atada a que previamente se agoten todos los mecanismos ordinarios y \u00a0extraordinarios de defensa judicial, pues, salvo el caso del \u00a0perjuicio irremediable debidamente comprobado, el juez de tutela no \u00a0puede desconocer la existencia del juez natural e invadir su \u00a0competencia. Lo anterior significa, que si existen o existieron \u00a0mecanismos de defensa judicial id\u00f3neos y eficaces para \u00a0proteger el derecho fundamental que se estima conculcado o amenazado, \u00a0no hay lugar a otorgar el amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte Constitucional al \u00a0respecto precis\u00f3 en sentencia CC \u00a0T-477 del 19 de mayo de 2004: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
“…quien no ha hecho uso \u00a0oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece \u00a0para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se \u00a0abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son \u00a0adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede \u00a0admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el \u00a0interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya trasgresi\u00f3n u \u00a0ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n \u00a0propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si \u00a0se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito \u00a0de resarcir los da\u00f1os causados por el propio descuido \u00a0procesal”.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior se funda en uno de los m\u00e1s \u00a0preciados principios constitucionales (art\u00edculo 228 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica), que orientan el desarrollo de la actividad \u00a0judicial, como lo es la autonom\u00eda e independencia de los \u00a0jueces, el cual igualmente se encuentra ilustrado por la seguridad \u00a0jur\u00eddica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Ha sido insistente esta Sala en se\u00f1alar que la \u00a0acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario, \u00a0preferente, sumario y establecido constitucionalmente, por medio del \u00a0cual se les ha confiado a los Jueces de la Rep\u00fablica la \u00a0protecci\u00f3n de forma inmediata de los derechos fundamentales de \u00a0las personas, cuando por la actividad u omisi\u00f3n de cualquier \u00a0autoridad p\u00fablica o de particulares, en los eventos \u00a0establecidos en la ley, se genere una amenaza o vulneraci\u00f3n a \u00a0los mismos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0car\u00e1cter estrictamente subsidiario impide que la acci\u00f3n \u00a0de tutela se emplee como un medio alternativo para atacar, impugnar o \u00a0censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial \u00a0cuando las razones all\u00ed expuestas no son compartidas por quien \u00a0formula el reproche; criterio que se debe reiterar en el presente \u00a0asunto, en el cual la demanda se dirige a resquebrajar la firmeza de \u00a0una decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En esta ocasi\u00f3n, la demandante acude a la v\u00eda \u00a0tutelar y censura el acto administrativo SUB 163447 de 30 de julio de \u00a02020, que recalcul\u00f3 la mesada de la demandante en cumplimiento \u00a0del fallo judicial emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior \u00a0de Medell\u00edn que modific\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado \u00a0Quinto Laboral de esa ciudad, que, en su criterio, es vulnerador de \u00a0sus derechos pues desmejor\u00f3 la cuant\u00eda de la pensi\u00f3n \u00a0de vejez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 en el libelo que \u00abse deje \u00a0sin efecto el acto administrativo SUB 163447 de 30 de julio de 2020, \u00a0y contin\u00fae reconociendo la pensi\u00f3n de vejez reconocida \u00a0mediante la resoluci\u00f3n SUB26071 del 29 de enero de 2020\u2026\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. Delimitado lo anterior y de conformidad con las pruebas \u00a0allegadas a la demanda de tutela, se advierte que la actora promovi\u00f3 \u00a0un proceso ordinario laboral en contra de Colpensiones y Protecci\u00f3n \u00a0S.A. a fin de obtener la declaratoria de la ineficacia del traslado \u00a0de r\u00e9gimen y la declaraci\u00f3n de su derecho a la pensi\u00f3n \u00a0de vejez bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. La demanda fue asignada al Juzgado Quinto Laboral del \u00a0Circuito de Medell\u00edn, despacho que accedi\u00f3 a sus \u00a0pretensiones, no obstante, una vez impugnado el fallo, la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, lo modific\u00f3 en \u00a0sentencia de 18 de mayo de 2018 y conden\u00f3 a Colpensiones a que \u00a0\u00abuna vez la demandante reporte la novedad de retiro del \u00a0sistema, liquide la pensi\u00f3n de vejez aplicando la ley 71 de \u00a01988 y la Ley 33 de 1985, y le reconozca la prestaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica con la normatividad mas favorable a los intereses de \u00a0la afiliada\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. Frente a esa determinaci\u00f3n, la actora solicit\u00f3 \u00a0aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la providencia, pues en su \u00a0sentir, err\u00f3 el Tribunal en ordenar la aplicaci\u00f3n de \u00a0las Leyes 71 de 1998 o 33 de 1985, en tanto que, en su criterio la \u00a0legislaci\u00f3n aplicable era el Decreto 758 de 1990., empero la \u00a0Sala Laboral de ese distrito judicial en auto de 24 de octubre de \u00a02018 no accedi\u00f3 a la adici\u00f3n y recalc\u00f3 que la \u00a0norma aplicable en este asunto no era el Decreto 758 de 1990 sino la \u00a0Ley 71 de 1988 o la Ley 33 de 1985. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4. Por su parte, Colpensiones hab\u00eda emitido la \u00a0Resoluci\u00f3n SUB126071 de 29 de enero de 2020, sin embargo, \u00a0acogiendo la tesis del Tribunal y dando cabal cumplimiento a la \u00a0misma, profiri\u00f3 una nueva Resoluci\u00f3n el 30 de julio de \u00a02020, recalculando la mesada en aplicaci\u00f3n a la Ley 33 de 1985 \u00a0y 71 de 1988. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Visto es que, la accionante pretende a trav\u00e9s de \u00a0esta v\u00eda constitucional, insistir en la revocatoria de un acto \u00a0administrativo, del que se se\u00f1ala no tiene recursos debido a \u00a0que ejecuta una providencia judicial, en atenci\u00f3n a su \u00a0inconformidad respecto a la cuant\u00eda de la mesaba pensional y \u00a0de la aplicaci\u00f3n de una norma, que en su criterio no le es \u00a0favorable. \u00a0<\/p>\n
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Sin embargo, como lo concluyera el juez constitucional de primera \u00a0instancia, del examen de la demanda y de los anexos al mismo, se \u00a0verifica que Colpensiones no vulner\u00f3 derechos de la actora, \u00a0pues tal entidad se limit\u00f3 a dar cumplimiento a una orden \u00a0judicial, emitida en este caso, por la Sala Laboral del Tribunal de \u00a0Cali, pues se itera se se\u00f1al\u00f3 por parte de esa \u00a0Colegiatura que la pensi\u00f3n deb\u00eda liquidarse en \u00a0aplicaci\u00f3n las leyes 71 de 1988 y 33 de 1985 y as\u00ed lo \u00a0hizo la Administradora en cita. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, en la impugnaci\u00f3n la actora se muestra abiertamente \u00a0inconforme con la decisi\u00f3n del Tribunal, empero, es de indicar \u00a0que, en la demanda inicial se censur\u00f3 el acto administrativo, \u00a0que como se vio no vulner\u00f3 derechos, por lo que su censura en \u00a0esta instancia, deviene imposible de examinar, dada la pretensi\u00f3n \u00a0inicial de la demanda \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, debe precisar esta Sala que, de ser la censura en \u00a0contra del fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior \u00a0de Medell\u00edn, tal providencia data de 18 de mayo de 2018 y no \u00a0fue objeto de recurso extraordinario, por lo que una acci\u00f3n de \u00a0tutela, devendr\u00eda abiertamente improcedente al incumplir los \u00a0requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, al corroborar la inexistente \u00a0vulneraci\u00f3n de derechos por parte de las accionadas, se \u00a0confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES \u00a0DE TUTELA N\u00b0 1, administrando justicia, en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por \u00a0el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. ENV\u00cdESE la actuaci\u00f3n a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino \u00a0indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP637-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n N\u00b0.114687 \u00a0 Aprobaci\u00f3n Acta No. 19. \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero dos mil veintiuno (2021). \u00a0 Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por MARTA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}