\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO \u00a0BERNATE \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n \u00a0No. 115133 \u00a0<\/p>\n
Acta No.43 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., febrero veintis\u00e9is (26) de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el \u00a0apoderado judicial de CARLOS \u00a0ALBERTO PEREA MONTOYA, \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculados todas las partes e intervinientes en el proceso \u00a0ordinario laboral con radicado \u00a076520310500120160015401. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Para lo que \u00a0compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y \u00a0documentos aportados al plenario la Sala destaca los siguientes \u00a0hechos jur\u00eddicamente relevantes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO PEREA MONTOYA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Administradora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombiana de Pensiones \u201cCOLPENSIONES\u201d y el Municipio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Palmira \u2013 Valle del Cauca, actuaci\u00f3n dentro de la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el prenombrado interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0septiembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Buga. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Refiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el gestor del amparo que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de julio de 2020, la Corporaci\u00f3n accionada declar\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desierto el recurso, por cuanto la demanda fue presentada fuera del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino legal previsto para ello. Frente a esa decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el aqu\u00ed demandante inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el cual fue rechazado por extempor\u00e1neo con auto del 11 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre del mismo a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. Seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el actor, el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas h\u00e1biles para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presentar la demanda empez\u00f3 a contabilizarse desde el 10 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0marzo de 2020 y fenec\u00eda el 9 de abril siguiente; empero, como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el Gobierno Nacional declar\u00f3 la emergencia sanitaria en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0virtud de la pandemia por el virus COVID-19, los t\u00e9rminos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales fueron suspendidos a partir del 16 de marzo de esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anualidad, de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0marzo anterior, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0situaci\u00f3n que se prorrog\u00f3 sucesivamente hasta el 30 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0junio de 2020, pues los t\u00e9rminos fueron reanudados a partir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del 1\u00ba de julio atendiendo lo dispuesto por esa Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv. Afirma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el promotor de la acci\u00f3n que, bajo esas circunstancias, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0radic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n el 1\u00ba de julio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02020, esto es, antes de que venciera el plazo para ello, toda vez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que, en su concepto, el mismo se extend\u00eda hasta el 27 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0julio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
v. Dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de ese contexto, el demandante critica la actuaci\u00f3n de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en tanto, en contrav\u00eda de lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispuesto en los decretos del Gobierno Nacional y las directrices \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, emiti\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acuerdo No. 51 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual, respecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del tr\u00e1mite de asuntos internos de su competencia, levant\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos a partir del 27 de mayo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siguiente, inclusive, y que sirvi\u00f3 de sustento normativo para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0declarar desierto el recurso extraordinario. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Como \u00a0consecuencia de lo anterior, la parte actora acude al juez de tutela \u00a0para que, en amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas, \u00a0intervenga \u00a0en el proceso ordinario laboral con radicado 76520310500120160015401, \u00a0deje \u00a0sin efecto los autos proferidos por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral, a trav\u00e9s de los cuales declar\u00f3 desierto el \u00a0recurso extraordinario y extempor\u00e1neo el recurso de \u00a0reposici\u00f3n, y ordene \u00a0a la autoridad convocada dar tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n \u00a0presentada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en respuesta \u00a0al requerimiento efectuado, se limit\u00f3 a aportar copia de los \u00a0prove\u00eddos objeto de reproche. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El apoderado \u00a0especial del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto \u00a0de Seguros Sociales \u201cP.A.R.I.S.S.\u201d \u00a0acudi\u00f3 \u00a0al tr\u00e1mite para informar que \u201cuna \u00a0vez revisados los aplicativos de consulta con que cuenta la entidad, \u00a0la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito \u00a0de tutela se pudo establecer que en el proceso laboral de la \u00a0referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto I.S.S., como \u00a0tampoco a este Patrimonio\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A pesar de haber \u00a0sido notificados, los dem\u00e1s vinculados al tr\u00e1mite no se \u00a0pronunciaron dentro del t\u00e9rmino concedido para tal efecto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo establecido en el art\u00edculo 2\u00ba, numeral 7\u00ba del \u00a0Decreto 1983 de 2017, en concordancia con el art\u00edculo 44 del \u00a0Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal es competente para resolver la acci\u00f3n \u00a0interpuesta, en tanto se dirige contra la hom\u00f3loga Laboral de \u00a0esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Referente a la \u00a0acci\u00f3n p\u00fablica que nos ocupa, ha de precisarse que el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que se trata de un mecanismo concebido para la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten \u00a0amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, \u00a0siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a \u00a0menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La doctrina \u00a0constitucional ha sido clara y enf\u00e1tica en se\u00f1alar que \u00a0cuando se trata de providencias judiciales, la acci\u00f3n de \u00a0tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como \u00a0regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los \u00a0funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma \u00a0oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnaci\u00f3n \u00a0instituidos en los c\u00f3digos de procedimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, por \u00a0v\u00eda jurisprudencial1 \u00a0se ha venido decantando el \u00a0alcance de tal postulado, dando paso a la \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando se trate de \u00a0actuaciones que carezcan de motivaci\u00f3n o fundamento objetivo, \u00a0contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el \u00a0capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales, de ah\u00ed \u00a0que, por excepci\u00f3n se permitir\u00e1 que el juez de tutela \u00a0pueda intervenir en orden a hacer cesar los efectos nocivos que la \u00a0v\u00eda de hecho detectada puede ocasionar en relaci\u00f3n con \u00a0los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el prop\u00f3sito \u00a0de permitir que el juez constitucional pueda revisar esas \u00a0actuaciones, se han establecido unos requisitos generales de \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales, los cuales consisten en \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional. \u00a0Adem\u00e1s, que se hayan agotado todos los medios \u00a0\u2013 \u00a0ordinarios y extraordinarios \u2013 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, \u00a0el cual impone que la tutela se haya instaurado en un t\u00e9rmino \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0vulneraci\u00f3n; as\u00ed mismo, cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0afecta los derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0que el accionante \u00abidentifique \u00a0de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n \u00a0como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible\u00bb2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0por \u00faltimo, que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, \u00a0de acuerdo con la jurisprudencia, se incurre en v\u00eda de hecho \u00a0cuando existe: a) \u00a0un \u00a0defecto org\u00e1nico \u00a0(falta de competencia del funcionario judicial); b) \u00a0un \u00a0defecto procedimental absoluto \u00a0(desconocer el procedimiento legal establecido); c) \u00a0un \u00a0defecto f\u00e1ctico \u00a0(que la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n probatoria); \u00a0d) \u00a0un \u00a0defecto material o sustantivo \u00a0(aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); e) \u00a0un \u00a0error inducido \u00a0(que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado con base en el \u00a0enga\u00f1o de un tercero); f) \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n \u00a0(ausencia de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la \u00a0providencia); g) \u00a0un \u00a0desconocimiento del precedente \u00a0y h) \u00a0la violaci\u00f3n \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo ese \u00a0derrotero, se impone recordarle a la parte accionante que, siendo la \u00a0tutela un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0\u201cciertos \u00a0y rigurosos requisitos de procedibilidad\u201d \u00a0CC \u00a0C-590\/05 y T-332\/06 que \u00a0implican \u00a0una carga para ella no solamente en su planteamiento, sino \u00a0tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional, pues las sentencias que hacen tr\u00e1nsito \u00a0a cosa juzgada gozan de la triple presunci\u00f3n de acierto, \u00a0legalidad y constitucionalidad, que brindan seguridad jur\u00eddica \u00a0a las decisiones judiciales, necesaria para la consolidaci\u00f3n \u00a0del Estado de Derecho. Solo por vulneraciones constitucionales, \u00a0relativas a los derechos fundamentales, mediante acciones reflejadas \u00a0en los hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se \u00a0puede desvirtuar dicha presunci\u00f3n. Adem\u00e1s, solo cuando \u00a0se supera el cumplimiento de los presupuestos generales, habr\u00e1 \u00a0lugar a examinar la configuraci\u00f3n de alguno de los citados \u00a0defectos, en la providencia judicial que se cuestiona. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Descendiendo al \u00a0sub-lite, \u00a0al aplicar los anteriores postulados al caso concreto, en lo que hace \u00a0referencia a la trascendencia constitucional del asunto, es claro que \u00a0la controversia en estudio cumple este requisito, pues versa sobre la \u00a0posible vulneraci\u00f3n del n\u00facleo b\u00e1sico del \u00a0derecho fundamental al debido proceso de CARLOS \u00a0ALBERTO PEREA MONTOYA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n se \u00a0entiende cumplida la exigencia relacionada con la presentaci\u00f3n \u00a0oportuna de este mecanismo excepcional, en tanto la petici\u00f3n \u00a0de amparo se formul\u00f3 3 meses despu\u00e9s de emitida la \u00a0\u00faltima de las providencias refutadas por el aqu\u00ed \u00a0demandante, esto es, el auto de fecha 11 de noviembre de 2020, de \u00a0manera que la protecci\u00f3n constitucional se est\u00e1 \u00a0solicitando dentro de un t\u00e9rmino razonable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, en \u00a0esta ocasi\u00f3n no se est\u00e1 cuestionando una sentencia de \u00a0tutela, pues la queja se orienta a controvertir unas decisiones \u00a0proferidas en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, al interior del \u00a0proceso ordinario laboral con radicado 76520310500120160015401. \u00a0<\/p>\n
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Ahora bien, el \u00a0ciudadano accionante concentra su ataque en el hecho de que la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de providencia del 22 de \u00a0julio de 2020, declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario \u00a0promovido por el gestor del amparo, aduciendo para ello el Acuerdo No \u00a051 del 22 de mayo de 2020, expedido por esa Sala Especializada, que \u00a0levant\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales a partir del 27 de \u00a0mayo, inclusive, el cual, en concepto del promotor del resguardo, \u00a0desconoce el Acuerdo PCSJA20-11517 \u00a0del \u00a015 de marzo de ese mismo a\u00f1o, emanado del Consejo Superior de \u00a0la Judicatura, as\u00ed como los subsiguientes acuerdos que de \u00a0manera consecutiva suspendieron los t\u00e9rminos hasta el 30 de \u00a0junio de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Examinados los \u00a0medios de convicci\u00f3n allegados a la actuaci\u00f3n, \u00a0encuentra la Sala que la protecci\u00f3n reclamada no tiene \u00a0vocaci\u00f3n de prosperidad, \u00a0debido a que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n \u00a0tutelar, en la medida en que el \u00a0demandante pudo rebatir la providencia motivo de inconformidad, a \u00a0trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n oportuna del recurso de \u00a0reposici\u00f3n, establecido en el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo \u00a0Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; pero, adem\u00e1s de \u00a0que present\u00f3 fue una solicitud de \u201creconsideraci\u00f3n\u201d, \u00a0entendida como reposici\u00f3n por la autoridad demandada, en aras \u00a0de salvaguardar sus garant\u00edas procesales, la misma fue \u00a0allegada fuera del t\u00e9rmino legal, si se parte del hecho de que \u00a0el auto del 22 de julio de 2020, se notific\u00f3 por estado del 5 \u00a0de agosto siguiente, y el apoderado del accionante solo radic\u00f3 \u00a0su memorial hasta el 19 de agosto, pese a que el t\u00e9rmino para \u00a0interponer recursos fenec\u00eda el 10 de agosto anterior, \u00a0circunstancias que, en conjunto, se \u00a0traducen en el desperdicio de \u00a0una oportunidad procesal y en un evidente descuido \u00a0que permiti\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada en sede de \u00a0tutela cobrara firmeza. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo ese \u00a0entendimiento, refulge n\u00edtido que la justicia constitucional \u00a0no \u00a0es opci\u00f3n a la que se pueda acudir en \u00faltimo momento \u00a0para revivir oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, \u00a0m\u00e1xime si se tiene en cuenta que al juez de tutela le est\u00e1 \u00a0vedado interferir la \u00f3rbita del funcionario cognoscente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En esas \u00a0condiciones, resulta inadmisible que \u00a0ahora la parte actora pretenda subsanar tal proceder, a trav\u00e9s \u00a0de esta v\u00eda excepcional de protecci\u00f3n, pues como de \u00a0manera reiterada lo ha sostenido la Corte Constitucional \u00abuna \u00a0de las condiciones de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0consiste en que el accionante no sea responsable de los hechos que \u00a0presuntamente vulneran los derechos invocados, pues su finalidad no \u00a0es subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir\u2026\u00bb \u00a0(C.C.S.T- \u00a01231\/2008), \u00a0lo cual es expresi\u00f3n del principio \u00abNemo \u00a0auditur propriam turpitudinem allegans\u00bb3, \u00a0que en trat\u00e1ndose del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela \u00a0implica que: \u00ab(i) \u00a0el juez constitucional no puede amparar situaciones donde la supuesta \u00a0vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, no se deriva de la \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad sino de la \u00a0negligencia imprudencia o descuido del particular; (ii) la incuria \u00a0del accionante no puede subsanarse por medio de la acci\u00f3n de \u00a0tutela; (iii) la imposibilidad de alegar la propia culpa o desidia \u00a0para solicitar la protecci\u00f3n de un derecho cuyo riesgo ha sido \u00a0generado por el mismo accionante\u00bb (C.C.S.T-1231\/2008). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, \u00a0como \u00a0el gestor de la acci\u00f3n no agot\u00f3 ese medio de \u00a0impugnaci\u00f3n, la solicitud de amparo se torna improcedente \u00a0\u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 \u00a0de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u00a0\u2013Sentencia \u00a0T \u2013 1217 de 2003, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de esta v\u00eda \u00a0excepcional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder a la protecci\u00f3n bajo esa modalidad es necesario que el \u00a0interesado haya hecho uso \u00a0adecuado \u00a0de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por sustracci\u00f3n \u00a0de materia, al no encontrar satisfechos a cabalidad los requisitos \u00a0generales se\u00f1alados, esta Corporaci\u00f3n queda relevada de \u00a0adelantar estudio de fondo de la queja, respecto de la existencia de \u00a0un defecto espec\u00edfico en las decisiones que controvierte el \u00a0demandante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corolario de lo \u00a0se\u00f1alado en precedencia, la Sala negar\u00e1 por \u00a0improcedente la protecci\u00f3n constitucional invocada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, SALA \u00a0 SEGUNDA \u00a0 \u00a0 DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. NEGAR \u00a0por improcedente el amparo constitucional invocado por el apoderado \u00a0judicial de CARLOS \u00a0ALBERTO PEREA MONTOYA, \u00a0de conformidad con las razones consignadas en la \u00a0 parte motiva de \u00a0esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 30 \u00a0del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada, \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO \u00a0BERNATE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO OSPITIA \u00a0GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C-590\/05 y T-332\/06. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 HUGO QUINTERO \u00a0BERNATE \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter Radicaci\u00f3n \u00a0No. 115133 \u00a0 Acta No.43 \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., febrero veintis\u00e9is (26) de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 \u00a0\u00a0 Resuelve \u00a0la Sala la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54827","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54827"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54827\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}