\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP324-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 115600 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0. 61 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso conocer del amparo constitucional demandado por SANTIAGO \u00a0GARC\u00cdA S\u00c1NCHEZ y \u00a0ROMELIA S\u00c1NCHEZ DURANGO, \u00a0contra la SALA \u00a0PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN y \u00a0el \u00a0JUZGADO QUINCE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCI\u00d3N DE CONOCIMIENTO \u00a0DE MEDELL\u00cdN, \u00a0ante la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00a0dentro del proceso 050016000206201828161, adelantado contra SANTIAGO \u00a0GARC\u00cdA S\u00c1NCHEZ, \u00a0si no se observara la necesaria integraci\u00f3n al contradictorio \u00a0de esta Colegiatura. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
Del \u00a0escrito se infiere que SANTIAGO GARC\u00cdA S\u00c1NCHEZ y \u00a0ROMELIA S\u00c1NCHEZ DURANGO consideran quebrantados sus derechos \u00a0fundamentales porque mediante sentencia proferida el 22 de enero de \u00a02019 por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Medell\u00edn, y \u00a0confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad \u00a0en fallo de 21 de junio de 2019, SANTIAGO GARC\u00cdA S\u00c1NCHEZ \u00a0 fue condenado como autor de los punibles de hurto calificado y \u00a0agravado, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de \u00a0armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de \u00a0edad para la comisi\u00f3n de delitos, no se dosific\u00f3 de \u00a0manera adecuada la pena, pues consideran que hubo yerros al \u00a0determinar el delito m\u00e1s gravoso y la forma de aplicar la \u00a0disminuci\u00f3n de la pena por reparaci\u00f3n se\u00f1alada \u00a0en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, en principio esta Sala ser\u00eda \u00a0competente para resolver el presente asunto en primera instancia; no \u00a0obstante, el examen del escrito de tutela y de las pruebas adjuntadas \u00a0al mismo permite concluir que ello no es posible por cuanto la Sala \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia no es la autoridad legalmente \u00a0facultada para obrar en calidad de juez de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior por cuanto se estableci\u00f3 que tuvo conocimiento del \u00a0proceso penal en el que se profirieron las decisiones judiciales \u00a0cuestionadas, dado que, mediante auto CSJ AP3085\u20132020 \u00a0de \u00a018 de noviembre de 2020 (Rad. 56165) inadmiti\u00f3 la demanda de \u00a0casaci\u00f3n presentada por la defensa de SANTIAGO GARC\u00cdA \u00a0S\u00c1NCHEZ contra el fallo de segundo grado ahora controvertido \u00a0por la v\u00eda de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0dicha providencia, luego de analizar el contenido del libelo de la \u00a0demanda se indic\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0documento que se examina no satisface estos aspectos metodol\u00f3gicos \u00a0y, de entrada, avizora la Sala que el recurrente no expuso un solo \u00a0argumento tendiente a corroborar la necesidad de la casaci\u00f3n, \u00a0a partir de uno de los taxativos fines se\u00f1alados en el ya \u00a0citado precepto 180, lo que traduce una insuficiente sustentaci\u00f3n \u00a0del recurso. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso presente, el impugnante se duele de que el error endilgado \u00a0consisti\u00f3 en condenar a su prohijado por la comisi\u00f3n de \u00a0los punibles de hurto calificado y agravado, fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, \u00a0partes o municiones, y uso de menores de edad para la comisi\u00f3n \u00a0de delitos, siendo que el il\u00edcito base, a su juicio, debi\u00f3 \u00a0ser el primero de ellos, debido a que contiene la pena m\u00e1s \u00a0grave, antes de efectuar la reducci\u00f3n punitiva de que trata el \u00a0art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, motivo por el cual \u00a0estima que se dict\u00f3 una sentencia condenatoria por fuera de \u00a0los l\u00edmites punitivos establecidos por el legislador, con lo \u00a0que, en \u00faltimas, argumenta una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00a0de los preceptos que consagran el concurso de conductas punibles, as\u00ed \u00a0como la aplicabilidad de la mentada causal de rebaja (como fen\u00f3meno \u00a0post delictual), vale decir, no hace cosa distinta a centrar su \u00a0alegato en cr\u00edticas personales que involucran el tema \u00a0hermen\u00e9utico. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0ello revela el desconocimiento que tiene de las exigencias de l\u00f3gica \u00a0y adecuada fundamentaci\u00f3n que le corresponde observar, pues, \u00a0en el fondo se dedica a disentir del an\u00e1lisis que, conforme a \u00a0la supuesta interpretaci\u00f3n normativa desacertada, le permiti\u00f3 \u00a0al juzgador colegiado imponer a su prohijado la pena de 12 a\u00f1os \u00a0y 6 meses de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Dicha \u00a0glosa debi\u00f3 proponerla al amparo de la violaci\u00f3n \u00a0directa de la norma, en la modalidad explicada, de manera aut\u00f3noma \u00a0e independiente, para lo cual le incumb\u00eda argumentar y \u00a0demostrar su trascendencia en la confutada decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, ninguno de tales derroteros es acatado en la demanda. En su \u00a0inconformidad con la presunta interpretaci\u00f3n equivocada, el \u00a0censor se queda corto, en tanto, no exhibe que, en esa tarea, el \u00a0Tribunal incurri\u00f3 en yerros con incidencia en el fallo \u00a0recurrido, soslayando los razonamientos que la judicatura expuso en \u00a0orden a describir el procedimiento de dosificaci\u00f3n punitiva \u00a0del enjuiciado por la comisi\u00f3n de los delitos descritos, lo \u00a0que conlleva a la inadmisi\u00f3n del cargo. \u00a0<\/p>\n
Aunado \u00a0a lo anterior, suficiente para desestimar el libelo sujeto a examen, \u00a0encuentra la Sala que del contenido de la demanda y de la revisi\u00f3n \u00a0de la actuaci\u00f3n, no se percibe la necesidad de hacer uso del \u00a0mecanismo oficioso de enmienda para garantizar los fines del recurso \u00a0extraordinario previstos en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de \u00a02004, menos en lo que a la tasaci\u00f3n de la pena efectuada por \u00a0el juez de instancia en este caso se refiere, al no advertirse \u00a0configurados los reparos denunciados por el casacionista. [\u2026] \u00a0<\/p>\n
La \u00a0inobservancia de lo precedente demuestra que el recurrente pierde de \u00a0vista que, en el caso de la especie, el punible m\u00e1s grave es \u00a0el denominado uso \u00a0de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos, \u00a0derivado de un ejercicio de individualizaci\u00f3n concreta en el \u00a0que el a \u00a0quo arrib\u00f3 \u00a0a la pena de 11 a\u00f1os (o 132 meses) de prisi\u00f3n, \u00a0dosificaci\u00f3n avalada por el ad \u00a0quem, \u00a0mientras que el hurto calificado y agravado, luego de la correcci\u00f3n \u00a0efectuada por el juez plural, se circunscribi\u00f3 a 42 meses, en \u00a0lugar de los 48 deducidos por el fallador singular. \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0no es adecuado aducir como lo plantea el censor que, a voces del \u00a0art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, es el reato contra el \u00a0patrimonio econ\u00f3mico el que establece la pena m\u00e1s \u00a0grave, pues, ello equivale a acudir a la punibilidad en abstracto, \u00a0eventualidad que la Corte se ha encargado de desestimar en la \u00a0jurisprudencia, y ahora reafirma\u201d. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo prove\u00eddo, la Corte descart\u00f3 alguna vulneraci\u00f3n \u00a0de garant\u00edas fundamentales que implicara el ejercicio de las \u00a0facultades que, oficiosamente, le asisten. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0situaci\u00f3n descrita impone que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia deba ser vinculada al tr\u00e1mite \u00a0de tutela como sujeto pasivo del contradictorio. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, acorde \u00a0con lo previsto en las normas correspondientes del Decreto 1069 de \u00a02015 y el art\u00edculo 44 del reglamento interno de la Corporaci\u00f3n \u00a0(Acuerdo 006 de 2002), conocer en primera instancia de la presente \u00a0acci\u00f3n constitucional, por lo que se dispondr\u00e1 la \u00a0remisi\u00f3n inmediata de las diligencias. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el fin de acreditar lo aqu\u00ed se\u00f1alado, junto con la \u00a0actuaci\u00f3n se remitir\u00e1 copia del auto CSJ AP3085\u20132020 \u00a0de \u00a018 de noviembre de 2020 al que se hizo alusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1: \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Remitir \u00a0por competencia el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de \u00a0esta Corporaci\u00f3n, para que all\u00ed se le imparta el \u00a0tr\u00e1mite correspondiente a la demanda de tutela, de conformidad \u00a0con las consideraciones de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Anexar \u00a0a esta providencia copia del auto CSJ AP3085\u20132020 \u00a0de \u00a018 de noviembre de 2020. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comunicar al accionante la presente decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ARRP \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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