\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
AP916-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 54036 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 57 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Decide la Corte \u00a0la solicitud de pruebas presentada por la defensora de confianza del \u00a0ciudadano colombiano Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia, \u00a0requerido en extradici\u00f3n por el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para comparecer a los procesos que all\u00ed se \u00a0le siguen por delitos de tr\u00e1fico de estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Gobierno de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia, mediante Notas Verbales \u00a0n.\u00ba 0592 del 15 de mayo de 20121 \u00a0y 1833 del 25 de septiembre de 20152, \u00a0pidi\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0colombiano Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia, \u00a0las cuales se formalizaron con la comunicaci\u00f3n diplom\u00e1tica \u00a0n.\u00b0 1731 del 3 de octubre de 20183. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior, a \u00a0efectos de que comparezca a los procesos que en ese pa\u00eds se \u00a0tramitan en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Sur de Florida4 \u00a0y en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este \u00a0de Nueva York5, \u00a0por \u00abdelitos \u00a0federales de tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0Canciller\u00eda con oficio DIAJI n.\u00ba 2751 del 3 de octubre de \u00a020188, \u00a0remiti\u00f3 copia de la documentaci\u00f3n pertinente al \u00a0Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho, entidad \u00a0que, a su vez, hizo llegar el expediente a esta Corporaci\u00f3n el \u00a019 del mismo mes y a\u00f1o9. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Recibida \u00a0la actuaci\u00f3n, con auto del 6 de noviembre de esa anualidad10, \u00a0se reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al defensor de \u00a0confianza designado por el requerido Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0y se orden\u00f3 correr traslado por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas \u00a0a los intervinientes, en orden a que pidieran las pruebas que \u00a0consideraran necesarias. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Dentro del lapso previsto en el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de \u00a02004 el representante de Moreno \u00a0Tuberquia \u00a0formul\u00f3 \u00a0recusaci\u00f3n contra los Magistrados de la Corte Suprema de \u00a0Justicia que suscribieron el concepto CSJ CP026-2017 del 22 de \u00a0febrero de 2017 -Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera, \u00a0Patricia \u00a0Salazar Cu\u00e9llar, \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, \u00a0Eugenio \u00a0Fern\u00e1ndez Carlier \u00a0y Luis \u00a0Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa-, \u00a0al amparo de la causal 6\u00aa del art\u00edculo 56 de la Ley 906 \u00a0de 2004, quienes mediante providencia \u00a0del 20 de mayo de 2020 no aceptaron la recusaci\u00f3n planteada. \u00a0<\/p>\n
6. A \u00a0trav\u00e9s de prove\u00eddo del 3 de julio posterior, la Sala \u00a0declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n presentada por el \u00a0apoderado del reclamado Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0<\/p>\n
7. Igualmente, \u00a0dentro del mismo escrito, el abogado solicit\u00f3 como medios \u00a0probatorios los siguientes11: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Oficiar al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control \u00a0de Garant\u00edas Ambulante de Antioqu\u00eda para que remita \u00a0copia del registro audiovisual de las audiencias preliminares \u00a0llevadas a cabo el 6 de agosto de 2018 dentro del radicado \u00a0050001600020620114772 adelantado en contra de su prohijado. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Requerir a la Fiscal\u00eda 26 Especializada de Medell\u00edn a \u00a0efecto de que certifique si formul\u00f3 imputaci\u00f3n en \u00a0contra de Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0por el punible de fabricaci\u00f3n, porte o tr\u00e1fico de \u00a0estupefacientes como tambi\u00e9n si el reclamdo confes\u00f3 su \u00a0participaci\u00f3n en este tipo de conducta punible. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Ordenar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que informe \u00a0si Moreno \u00a0Tuberquia \u00a0solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad y, \u00a0en caso afirmativo, precisar si cumple los requisitos para acceder a \u00a0ese beneficio. \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Disponer \u00a0que la embajada del Estado requirente acredite la idoneidad del \u00a0traductor. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0 Instar al INPEC para indique el lugar en el cual se encuentra \u00a0recluido su representado y por cuenta de qu\u00e9 autoridad se \u00a0encuentra privado de la libertad. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, aport\u00f3 \u00a0copia del registro magnetof\u00f3nico de las audiencias de \u00a0legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00a0e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento desarrolladas en \u00a0contra del reclamado. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0ellos, pretende probar que Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0est\u00e1 siendo judicializado en Colombia por los mismos hechos \u00a0por los que es requerido, con lo que se vulnera el principio de \u00a0prohibici\u00f3n de doble juzgamiento. \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Por \u00a0otra parte, la Procuradora \u00a0Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal deprec\u00f3 \u00a0establecer la existencia en Colombia de anotaciones, \u00a0registros o antecedentes de investigaciones penales adelantadas en \u00a0contra \u00a0del requerido12. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con el canon 35 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u00a0modificado por el precepto 1\u00ba del Acto Legislativo n.\u00ba 01 \u00a0de 1997, la extradici\u00f3n se solicitar\u00e1, conceder\u00e1 \u00a0u ofrecer\u00e1 de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en \u00a0su defecto, con la ley, verbigracia, la 906 de 2004, en su art\u00edculo \u00a0490 y siguientes. \u00a0<\/p>\n
Dado \u00a0que el tratado de extradici\u00f3n suscrito el 14 de septiembre de \u00a01979 entre Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica, no es \u00a0aplicable en el orden interno debido a la inconstitucionalidad de la \u00a0Ley 27 de 1980, declarada por la Corte Suprema de Justicia en la \u00a0sentencia de 12 de diciembre de 198613, \u00a0el concepto deber\u00e1 guiarse por la observaci\u00f3n de las \u00a0exigencias contenidas en los art\u00edculos 502 y 493 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
Por ello, \u00a0espec\u00edficamente, las solicitudes que en ese sentido se hagan \u00a0deben estar orientadas a constatar los siguientes aspectos: (i) \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada; (ii) \u00a0la plena identidad del requerido; (iii) \u00a0la doble incriminaci\u00f3n de la conducta y la previsi\u00f3n en \u00a0la legislaci\u00f3n nacional de una pena cuyo m\u00ednimo no sea \u00a0inferior a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n; (iv) \u00a0la similitud de la providencia proferida en el extranjero con una \u00a0sentencia o acusaci\u00f3n; (v) \u00a0el acatamiento de lo se\u00f1alado en los tratados p\u00fablicos, \u00a0cuando fuere el caso; (vi) \u00a0la presencia de aspectos ligados a la imposici\u00f3n de \u00a0condicionamientos \u00a0en caso de emitirse concepto favorable a la extradici\u00f3n; (vii) \u00a0la existencia, o no, de las restricciones contenidas en el canon 35 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica y en el precepto \u00a0transitorio 19 del Acto Legislativo n.\u00ba 01 de 2017, \u00a0as\u00ed como (viii) \u00a0la concurrencia, o no, de circunstancias que inhiben la extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La verificaci\u00f3n \u00a0de los presupuestos fijados en la ley y en los instrumentos \u00a0internacionales para acceder al pedido de entrega en extradici\u00f3n \u00a0ser\u00e1 el objeto del concepto que habr\u00e1 de rendir la \u00a0Corte al Gobierno Nacional. \u00a0<\/p>\n
De manera \u00a0correlativa, las peticiones probatorias formuladas por los \u00a0intervinientes en este tr\u00e1mite jur\u00eddico administrativo \u00a0deben estar encaminadas a concretar o desvirtuar dichos presupuestos, \u00a0conforme criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, si las solicitudes probatorias no \u00a0est\u00e1n \u00a0orientadas a constatar los anteriores aspectos, no \u00a0guardan relaci\u00f3n con esos temas, o versan sobre hechos \u00a0notoriamente impertinentes, superfluos o carentes de utilidad, deben \u00a0desestimarse. \u00a0<\/p>\n
2. Bajo \u00a0los anteriores par\u00e1metros, esta Corporaci\u00f3n se \u00a0pronunciar\u00e1 sobre la petici\u00f3n examinada, en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
2.1.- Prueba \u00a0denegada. \u00a0<\/p>\n
El apoderado \u00a0judicial reclama que se ordene al Estado requirente certifique la \u00a0veracidad de la traducci\u00f3n oficial de todos los documentos \u00a0aportados en idioma ingl\u00e9s, \u00a0sin embargo, por tratarse de una traducci\u00f3n no oficial, se \u00a0torna innecesaria, por lo que se negar\u00e1 su pr\u00e1ctica. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior, toda \u00a0vez que, la Sala observa que aquellos se expidieron conforme al rito \u00a0descrito en el inciso final del art\u00edculo 495 de la Ley 906 de \u00a02004, el cual no estipula ning\u00fan tr\u00e1mite en particular. \u00a0En efecto, dicho precepto \u00fanicamente prev\u00e9 la \u00a0traducci\u00f3n al castellano de los documentos requeridos y, \u00a0jam\u00e1s, que ella tenga car\u00e1cter oficial o que se efect\u00fae \u00a0por alg\u00fan ente espec\u00edfico. \u00a0<\/p>\n
En este sentido, \u00a0frente a asuntos regidos por la Ley 600 de 2000, la Corte, con \u00a0criterio que a\u00fan se mantiene en vigencia de la Ley 906 de \u00a02004, ha sido constante en sostener que: \u00a0<\/p>\n
Las pruebas \u00a0atinentes a verificar el procedimiento seguido para realizar la \u00a0traducci\u00f3n del ingl\u00e9s al castellano del \u201cafidivid\u201d \u00a0(sic) y de los dem\u00e1s documentos que sirven de soporte a la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n por un perito oficial designado \u00a0en desarrollo del presente tr\u00e1mite ha sostenido la Corte que \u00a0son pruebas irrelevantes para cuestionar la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n aportada, ya que seg\u00fan el inciso final \u00a0del art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la \u00a0traducci\u00f3n de la documentaci\u00f3n solo \u00a0exige que se haga \u00a0al idioma castellano, es decir, que no impone ninguna exigencia en \u00a0cuanto a las formalidades que deben cumplirse ni a que la traducci\u00f3n \u00a0provenga de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0basta, entonces, que la traducci\u00f3n haya sido realizada al \u00a0idioma castellano por una persona reconocida como \u00a0traductor oficial. \u00a0(CSJ \u00a0AP, 18 mar. 2003, rad. 20288. Ver tambi\u00e9n CSJ AP 4 feb. 2004, \u00a0rad. 21500, CSJ AP, 15 feb. 2012, rad. 37679). \u00a0<\/p>\n
Si esto es as\u00ed, \u00a0existiendo norma especial (art\u00edculo 495 de la Ley 906 de \u00a02004), que regula el caso, y estando acreditado que la traducci\u00f3n \u00a0fue realizada por un int\u00e9rprete reconocido como traductor \u00a0juramentado, no resulta viable la solicitud de la defensa. \u00a0<\/p>\n
2.2. Pruebas \u00a0que se decretar\u00e1n: \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 \u00a0el defensor que se hace necesario requerir \u00a0a distintas autoridades -numerales a, b, c, y e de esta providencia-, \u00a0en \u00a0aras de garantizar el principio constitucional del non \u00a0bis in \u00eddem. \u00a0En similar sentido, la \u00a0representante del Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 \u00a0determinar \u00a0la existencia en Colombia de \u00a0investigaciones penales adelantadas en contra \u00a0del requerido. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0los \u00a0informes solicitados se pretende \u00a0demostrar que Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0es juzgado en este pa\u00eds por los mismos hechos por los cuales \u00a0es requerido por la justicia norteamericana. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0las \u00a0postulaciones, \u00a0acorde con la l\u00ednea jurisprudencial vigente de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, resultan pertinentes. No solo para verificar \u00a0la potencial afectaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional \u00a0en cita, sino en aras de constatar si se hace necesario emitir alguna \u00a0clase de condicionamiento especial relacionado con lo previsto en el \u00a0art. 504 de la Ley 906 de 200414. \u00a0Por consiguiente, se oficiar\u00e1: \u00a0<\/p>\n
– \u00a0A la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Direcci\u00f3n \u00a0de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda \u00a0Nacional, para que consulten \u00a0en sus bases de datos si obra alguna investigaci\u00f3n en contra \u00a0de Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia \u00a0y, en caso afirmativo, comuniquen el n\u00famero de radicaci\u00f3n, \u00a0los hechos objeto de investigaci\u00f3n y el estado actual del \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
– \u00a0Igualmente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que \u00a0informe si a nombre del requerido se tramit\u00f3 o tramita la \u00a0aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad y, de ser as\u00ed, \u00a0se \u00a0precise el contexto f\u00e1ctico en que se desarroll\u00f3 o \u00a0desarrolla el mismo, las autoridades judiciales que conocieron o la \u00a0conocen, el delito por el que se procede, el estado en que se \u00a0encuentra, y para que remitan copias de las decisiones de fondo \u00a0adoptadas al interior del diligenciamiento. \u00a0<\/p>\n
– \u00a0Al \u00a0Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas \u00a0Ambulante de Antioqu\u00eda y la Fiscal\u00eda 26 Especializada \u00a0de Medell\u00edn, para que \u00a0detallen qu\u00e9 actuaciones procesales han conocido en contra de \u00a0Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia. \u00a0Adem\u00e1s, deber\u00e1n allegar copia de las piezas procesales \u00a0relevantes que dentro de esos asuntos se hayan proferido. \u00a0<\/p>\n
– Al Instituto \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, con el prop\u00f3sito \u00a0de que manifieste por cuenta de qu\u00e9 autoridad y durante qu\u00e9 \u00a0lapso ha estado privado de la libertad Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia. \u00a0<\/p>\n
La anterior \u00a0informaci\u00f3n deber\u00e1 ser allegada en \u00a0el perentorio t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, al que se \u00a0refiere el inciso 2\u00ba del art. 500 de la Ley 906 de 200415. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante lo expuesto, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n \u00a0dirigida a incorporar y tener como elementos de convicci\u00f3n, la \u00a0copia \u00a0de las audiencias de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n \u00a0de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento \u00a0desarrolladas en contra del reclamado \u00a0dentro del radicado 050001600020620114772, \u00a0\u00e9sta ser\u00e1 denegada, debido a que dichos elementos ser\u00e1n \u00a0solicitados, de forma directa, al juzgado que efectu\u00f3 las \u00a0respectivas diligencias y, a que el mismo defensor reconoci\u00f3 \u00a0que los archivos anexados presentaban inconvenientes de audio. \u00a0Por tanto, se dispondr\u00e1 el desglose y entrega de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n anexada. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0De oficio y para verificar la \u00a0posible aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda de no \u00a0extradici\u00f3n plasmada \u00a0en el art\u00edculo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, \u00a0la Sala \u00a0dispondr\u00e1 requerir a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la \u00a0Paz, con \u00a0el fin de que informe, \u00a0en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, si Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia, \u00a0se someti\u00f3 al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n \u00a0y No Repetici\u00f3n (SIVJRNR), en punto de verificar si le es o no \u00a0aplicable la garant\u00eda constitucional de no \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Negar por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0improcedente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la solicitud probatoria que se alude en el ac\u00e1pite 2.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la parte considerativa de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Practicar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pruebas ordenadas en el numeral 2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de esta determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. No tener como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prueba los documentos mencionados en el numeral 2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de esta decisi\u00f3n, por las razones all\u00ed se\u00f1aladas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Previo su desglose, devu\u00e9lvase la documentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0allegada por la defensa de Carlos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antonio Moreno Tuberquia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo decidido en el numeral 1\u00b0 de esta decisi\u00f3n, procede el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recurso de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a 14 de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a 27, ib. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 37 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a 43, ib. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0n.\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a010-20763-CR-LENARD(s) dictada el 10 de febrero de 2012. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0n.\u00ba 14-0625 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(S-3) (DLI) proferida el 12 de agosto de 2015. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 255 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a 257, ib. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Notificada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de agosto de 2018. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 269, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ib. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 267 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 15, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ib. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 1 a 2, Cuaderno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Corte. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 11 ib. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a 52, ib. \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a083 y 84, ib. \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Publicada en Gaceta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Judicial: Tomo CLXXXVII\u20132 n.\u00b0 2426, p\u00e1g. 580\u2013604. \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0504. ENTREGA DIFERIDA. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejecutiva que conceda la extradici\u00f3n, podr\u00e1 diferir la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0preclusi\u00f3n de la instrucci\u00f3n o sentencia absolutoria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0haya terminado el proceso. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0previsto en este art\u00edculo, el funcionario judicial de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recluido el interno, pondr\u00e1 a \u00f3rdenes del gobierno al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitado en extradici\u00f3n, tan pronto como cese el motivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para la reclusi\u00f3n en Colombia. \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vencido el t\u00e9rmino de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0traslado, se abrir\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a pruebas la actuaci\u00f3n por el t\u00e9rmino de diez (10) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0d\u00edas, m\u00e1s el de distancia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dentro del cual se practicar\u00e1n las solicitadas y las que a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0emitir concepto. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 AP916-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 54036 \u00a0 Acta No. 57 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Decide la Corte \u00a0la solicitud de pruebas presentada por la defensora de confianza del \u00a0ciudadano colombiano Carlos \u00a0Antonio Moreno Tuberquia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,34],"tags":[],"class_list":["post-54712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}