\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON CHAVERRA \u00a0CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP3149-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 114715 \u00a0<\/p>\n
Acta No 026 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por Yenny \u00a0Rosales de Hoyos, \u00a0contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido \u00a0proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente tr\u00e1mite se dispuso la vinculaci\u00f3n del \u00a0Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como a las \u00a0partes e intervinientes dentro del proceso penal seguido bajo el \u00a0radicado n\u00ba 1100160000502012015969. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala la \u00a0accionante que ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se tramita \u00a0apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria dictada en contra de \u00a0Ram\u00f3n Reyna Dur\u00e1n, actuaci\u00f3n en la que la \u00a0demandante Yenny \u00a0Rosales de Hoyos \u00a0funge como v\u00edctima del injusto de estafa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere que el \u00a0recurso referido a\u00fan no ha sido resuelto, pese a que fue \u00a0radicado en la Corporaci\u00f3n accionada desde el 10 de agosto de \u00a02017, circunstancia que limita el acceso a la administraci\u00f3n \u00a0justicia y viola su derecho al debido proceso, raz\u00f3n por la \u00a0cual solicita que, en amparo de sus derechos fundamentales, se ordene \u00a0al Juez colegiado resolver el asunto sometido a su conocimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. RESPUESTA DE \u00a0LOS ACCIONADOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0En informe rendido por el despacho 28 de la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se alleg\u00f3 \u00a0comunicado del 25 de febrero de 2021, suscrito por el Magistrado \u00a0Doctor Javier Armando Fletscher Plazas, en el que anunci\u00f3 que: \u00a0\u00abDe \u00a0conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 178 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal (Ley 90 6 de 2004), modificado por el art\u00edculo \u00a090 de la Ley 1395 de 2010, se convoca a audiencia \u00a0de lectura de providencia dentro \u00a0del proceso seguido contra Ram\u00f3n \u00a0Reyna Dur\u00e1n, \u00a0la cual se realizar\u00e1 de MANERA \u00a0VIRTUAL (a \u00a0trav\u00e9s del aplicativo Microsoft Teams), el jueves \u00a0once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las tres (03:00) de \u00a0la tarde.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de \u00a0Bogot\u00e1 expuso que no tiene ninguna injerencia o competencia \u00a0respecto de los hechos en que la demandante sustenta su demanda \u00a0constitucional, motivo por el cual, no ha vulnerado los derechos \u00a0fundamentales de la actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Las dem\u00e1s partes vinculadas al presente tr\u00e1mite, pese a \u00a0la notificaci\u00f3n y traslado del libelo, guardaron silencio \u00a0frente a la pretensi\u00f3n y hechos en que aquella se sustenta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, del Decreto \u00a01069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, es competente \u00a0la Sala para conocer del presente asunto, toda vez que el reproche \u00a0involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Bogot\u00e1, de la cual la Corte es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u00a0toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de tutela ante \u00a0los jueces, con miras a obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus \u00a0derechos constitucionales fundamentales, cuando por acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por cualquier \u00a0autoridad p\u00fablica o por particulares, en los casos previstos \u00a0de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de \u00a0defensa judicial, o si pese a existir, se utiliza como mecanismo \u00a0transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio de \u00a0car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En el asunto sub \u00a0examine, \u00a0la queja constitucional de la libelista se concreta a la no \u00a0resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n promovida contra la \u00a0sentencia de primera instancia, por medio de la cual, el Juzgado 16 \u00a0Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, \u00a0conden\u00f3 a Ram\u00f3n Reyna Dur\u00e1n, como responsable \u00a0del punible de estafa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLos \u00a0t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su \u00a0incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En armon\u00eda \u00a0con lo anterior, el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley Estatutaria de \u00a0la Administraci\u00f3n de Justicia se\u00f1ala: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLa \u00a0administraci\u00f3n de justicia debe ser pronta y cumplida. Los \u00a0t\u00e9rminos procesales ser\u00e1n perentorios y de estricto \u00a0cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violaci\u00f3n \u00a0constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones \u00a0penales a que haya lugar\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0En ese orden de ideas, una de las manifestaciones del derecho al \u00a0debido proceso efectivamente se materializa a trav\u00e9s del \u00a0adelantamiento sin dilaciones injustificadas de las actuaciones \u00a0judiciales y administrativas, bajo el entendido que el derecho a una \u00a0pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia es propio de un \u00a0estado social de derecho. \u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0Sin embargo, resulta pertinente recordar, adem\u00e1s, que los \u00a0funcionarios judiciales tienen la obligaci\u00f3n de respetar los \u00a0turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo, ya que, de \u00a0tal modo, las decisiones se emiten seg\u00fan el orden en que se ha \u00a0asumido el conocimiento del asunto o el mismo ha ingresado al \u00a0despacho, y de paso, se garantiza a los usuarios de la administraci\u00f3n \u00a0de justicia su acceso en condiciones de igualdad. Con ello, a la par, \u00a0se \u00abimpide \u00a0que el juez, por s\u00ed y ante s\u00ed, pueda anticipar o \u00a0posponer decisiones a su propio arbitrio, lo que sumir\u00eda a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia en un manto de duda sobre las \u00a0razones que hubieren impulsado al funcionario judicial de alterar el \u00a0orden para proferir las sentencias que son de su resorte. Es decir, \u00a0se trata de una medida que se relaciona, entre otros, con los \u00a0principios de moralidad y publicidad, de que trata el art\u00edculo \u00a0208 de la Constituci\u00f3n\u00bb1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. \u00a0La jurisprudencia constitucional, asimismo, ha se\u00f1alado que la \u00a0noci\u00f3n de plazo razonable es vital para determinar en cada \u00a0caso concreto s\u00ed el derecho al debido proceso en tanto \u00a0garant\u00eda de recibir resoluci\u00f3n oportuna, ha sido \u00a0vulnerado, y ello s\u00f3lo se entiende si la dilaci\u00f3n o \u00a0mora de la autoridad judicial ha sido injustificada, por lo cual \u00a0\u00fanicamente ser\u00e1 transgresora del derecho aludido la \u00a0denegaci\u00f3n o inobservancia de t\u00e9rminos que se presente \u00a0sin causa que lo justifique o raz\u00f3n que las fundamente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre la \u00a0naturaleza de la justificaci\u00f3n, sostuvo el m\u00e1ximo \u00a0Tribunal Constitucional en sentencia \u00a0CC T- 292 de 1999: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abSolamente \u00a0una justificaci\u00f3n debidamente probada y establecida fuera de \u00a0toda duda permite exonerar al juez de su obligaci\u00f3n \u00a0constitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, \u00a0en especial cuando de la sentencia se trata. La justificaci\u00f3n \u00a0es extraordinaria y no puede provenir apenas del argumento \u00a0relacionado con la congesti\u00f3n de los asuntos al despacho. Para \u00a0que pueda darse resulta necesario determinar en el proceso de tutela \u00a0que el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido a \u00a0cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y \u00a0legales, de modo tal que la demora en decidir sea para \u00e9l el \u00a0resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se \u00a0constituya en motivo insuperable de abstenci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4. \u00a0Es as\u00ed como la doctrina de esa Corporaci\u00f3n ha decantado \u00a0que la mora judicial o administrativa que vulnera el debido proceso, \u00a0debe reunir las siguientes caracter\u00edsticas: (i)\u00a0el \u00a0incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para \u00a0adelantar alguna actuaci\u00f3n por parte del funcionario \u00a0competente;\u00a0(ii)\u00a0que \u00a0la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra \u00a0an\u00e1lisis sobre la complejidad del asunto, la actividad \u00a0procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el \u00a0an\u00e1lisis global de procedimiento; (iii) \u00a0la \u00a0falta de motivo o \u00a0justificaci\u00f3n\u00a0 \u00a0razonable\u00a0en \u00a0la demora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior, sin \u00a0perjuicio de la realidad judicial que se vive en algunos despachos \u00a0donde la carga laboral supera cualquier posibilidad de respetar \u00a0cabalmente los t\u00e9rminos, raz\u00f3n por la cual constituye \u00a0un problema de naturaleza administrativa que de ninguna manera puede \u00a0imput\u00e1rsele al funcionario judicial y que hace necesario que \u00a0se examine cada caso en particular, como que tampoco su carga la debe \u00a0soportar el demandante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Dicho lo anterior, la Corte advierte que en el presente evento \u00a0resulta improcedente el amparo reclamado, pues seg\u00fan el \u00a0informe rendido por la Colegiatura accionada, el recurso de alzada \u00a0contra el fallo condenatorio proferido por el Juzgado 16 Penal del \u00a0Circuito ya cuenta con decisi\u00f3n y ser\u00e1 notificado en \u00a0audiencia de lectura de fallo a realizarse el 11 de marzo de 2021, \u00a0conforme los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 179 \u00a0de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De modo que, el \u00a0objeto perseguido por la libelista consistente en la resoluci\u00f3n \u00a0de la alzada, al interior del proceso penal, en el que funge como \u00a0v\u00edctima, fue atendido, de \u00a0all\u00ed que, la demanda de tutela carece de objeto al haberse ya \u00a0realizado el prop\u00f3sito que con ella se persegu\u00eda2 \u00a0y, por lo tanto, cualquier pronunciamiento que al respecto emita el \u00a0juez constitucional, resultar\u00eda inane. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente al punto la \u00a0Corte Constitucional ha puntualizado lo siguiente (CC \u00a0T-463\/97): \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026el \u00a0objeto esencial de la acci\u00f3n de tutela es garantizar la \u00a0efectiva e inmediata protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, \u00a0pues, ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez \u00a0constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir \u00a0un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al \u00a0afectado, siempre y cuando exista motivo para ello. Pero si la \u00a0situaci\u00f3n f\u00e1ctica que gener\u00f3 la amenaza o \u00a0vulneraci\u00f3n ya ha sido superada, la decisi\u00f3n que pueda \u00a0proferir el juez de tutela no tendr\u00eda ninguna resonancia \u00a0frente a la posible acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad \u00a0p\u00fablica, pues, a los afectados ya se les satisfizo lo \u00a0pretendido en el escrito de tutela, mediante la actuaci\u00f3n \u00a0positiva de las autoridades p\u00fablicas al garantizar eficazmente \u00a0el derecho fundamental.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Por consiguiente, \u00a0imperioso resulta que se declare la carencia actual de objeto por \u00a0hecho superado respecto de la garant\u00eda fundamental objeto de \u00a0demanda, pues los argumentos aducidos por la autoridad accionada as\u00ed \u00a0lo demuestran. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Las anteriores \u00a0consideraciones son suficientes para negar el amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
* * * * * * \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero.- \u00a0Declarar improcedente, la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0Yenny \u00a0Rosales de Hoyos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo.- \u00a0Notificar \u00a0esta decisi\u00f3n en los t\u00e9rminos consagrados en el Decreto \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercero.- \u00a0De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u00a0de la Corporaci\u00f3n, enviar el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON CHAVERRA \u00a0CASTRO \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO EUGENIO \u00a0CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Martha Liliana \u00a0Triana Suarez \u00a0<\/p>\n
Secretaria ( e ) \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional, Sentencia T-429 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2005 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Resolver el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condenatoria proferida en contra de Ram\u00f3n Reyna Dur\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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