\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP2086-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0114817 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta n.\u00b0 21) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 \u00a0Gabriel Laguado Vargas frente \u00a0a \u00a0la \u00a0sentencia proferida el 18 de enero de 2021, por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la cual declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo en contra del Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Hechos \u00a0y fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0relatados por el A \u00a0quo \u00a0de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Afirma \u00a0Juan \u00a0Gabriel Laguado Vargas que \u00a0esta\u0301 condenado a 374 meses de prisi\u00f3n, cuya pena purga \u00a0desde el 4 de julio de 2007, y entre tiempo f\u00edsico y redimido \u00a0cumple 198 meses, lo que le permitir\u00eda acceder al mecanismo \u00a0sustitutivo de prisi\u00f3n domiciliaria conforme el arti\u0301culo \u00a038G del C\u00f3digo Penal, pues tambi\u00e9n ha desarrollado \u00a0actividades de trabajo y estudio, su conducta es ejemplar y no ha \u00a0tenido ninguna sanci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese contexto, se\u00f1ala que el 14 de abril de 2020 solicito\u0301 \u00a0al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Guaduas la prisi\u00f3n domiciliaria, pero \u00e9ste \u00a0lo neg\u00f3 en decisio\u0301n del 31 de agosto del mismo an\u0303o, \u00a0y a pesar de interponer el recurso de reposici\u00f3n, la misma fue \u00a0confirmada en providencia del 19 de noviembre de 2020, lo cual \u00a0vulnera su derecho al debido proceso, pues desconoce lo dispuesto en \u00a0el par\u00e1grafo 1 del arti\u0301culo 32 de la ley 1709 de 2014, \u00a0asi\u0301 como la finalidad de la pena, ya que interrumpe su proceso \u00a0de resocializaci\u00f3n y olvida que el tratamiento debe ser \u00a0progresivo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas circunstancias, solicit\u00f3 amparar el derecho invocado, y \u00a0ordenar a la autoridad judicial accionada reponer el auto del 31 de \u00a0agosto de 2020 que neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria, para \u00a0que en su lugar le sea concedida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo al considerar que no se colm\u00f3 el \u00a0requisito de subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Destac\u00f3 \u00a0que, contra el auto que neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria y \u00a0que objeta el interesado a trav\u00e9s de este mecanismo \u00a0constitucional, proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n, el \u00a0cual no fue propuesto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0tampoco evidenci\u00f3 que aquella decisi\u00f3n, trasgreda los \u00a0derechos del actor, toda vez que se emiti\u00f3 con apego a la Ley, \u00a0esto es, atendiendo la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo \u00a038G del C\u00f3digo Penal, adicionado por el precepto 28 de la Ley \u00a01709 de 2014. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento de ser notificado \u00a0Jos\u00e9 Gabriel Laguado Vargas \u00a0manifest\u00f3 que impugnaba la decisi\u00f3n sin exponer los \u00a0motivos de su inconformidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Sala determinar si el accionado vulner\u00f3 el derecho al \u00a0debido proceso invocado por \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Gabriel Laguado Vargas, \u00a0al \u00a0haber negado la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La procedencia excepcional de la tutela contra providencias \u00a0judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0repetidas ocasiones la jurisprudencia ha reiterado que el amparo \u00a0constitucional contra providencias judiciales es no s\u00f3lo \u00a0excepcional, sino excepcional\u00edsimo. \u00a0Ello \u00a0para no afectar la seguridad jur\u00eddica y como amplio respeto \u00a0por la autonom\u00eda judicial garantizada en la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional, en sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC \u00a0T\u2013780-2006, dijo: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0La \u00a0eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias \u00a0judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene \u00a0connotaci\u00f3n de excepcional\u00edsima, \u00a0lo \u00a0cual significa que procede siempre \u00a0y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la \u00a0jurisprudencia se ha encargado de especificar. \u00a0[Negrillas \u00a0y subrayas fuera del original]. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0que \u00a0esto \u00a0tenga \u00a0lugar se deben cumplir una serie de requisitos de procedibilidad, \u00a0unos de car\u00e1cter general, que habilitan su interposici\u00f3n, \u00a0y otros espec\u00edficos, que apuntan a la procedencia misma del \u00a0amparo1. \u00a0De manera que quien acude a \u00e9l tiene la carga no s\u00f3lo \u00a0respecto de su planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de los primeros se encuentran: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0Que se est\u00e9 ante un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d) \u00a0Que se cumpla con el requisito de inmediatez, esto es, que se \u00a0interponga dentro de un t\u00e9rmino razonable y justo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e) \u00a0Que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un \u00a0efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y \u00a0que afecte los derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f) \u00a0Que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la \u00a0transgresi\u00f3n y los derechos vulnerados, y, adem\u00e1s, que \u00a0esa violaci\u00f3n haya sido alegada dentro del proceso, siempre \u00a0que hubiese sido posible. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
g) \u00a0Que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0segundos, por su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia \u00a0adolece de alg\u00fan defecto org\u00e1nico, procedimental \u00a0absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, un error inducido, o \u00a0carece por completo de motivaci\u00f3n, desconoce el precedente o \u00a0viola directamente la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0En este evento, a pesar de colmarse los requisitos generales de \u00a0procedibilidad, no se satisface el de subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, no hay duda de que el asunto que concita la atenci\u00f3n \u00a0de la Sala tiene relevancia constitucional, en tanto se invoca la \u00a0protecci\u00f3n de un derecho fundamental que se denuncia \u00a0quebrantado a partir del ejercicio de funciones propias de la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, sin embargo, ello no es suficiente \u00a0para asumir el an\u00e1lisis de fondo de la acci\u00f3n, pues \u00a0seg\u00fan quedara expresado anteriormente, es necesario que \u00a0tambi\u00e9n se verifique el requisito relativo al agotamiento \u00a0de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial \u00a0que la parte interesada ten\u00eda a su alcance para exponer su \u00a0inconformidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, la jurisprudencia \u00a0constitucional, as\u00ed como la de esta Colegiatura, ha sido \u00a0reiterativa en se\u00f1alar que, en virtud del principio de \u00a0subsidiariedad, los conflictos jur\u00eddicos relacionados con los \u00a0derechos fundamentales deben ser, en principio, definidos por las \u00a0v\u00edas ordinarias y extraordinarias y s\u00f3lo ante la \u00a0ausencia de dichos senderos o, cuando las mismas no son id\u00f3neas \u00a0o efectivas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, \u00a0resulta admisible acudir a la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese entendido, el \u00a0car\u00e1cter residual del instrumento constitucional impone al \u00a0demandante la obligaci\u00f3n de desplegar su actuar dirigido a \u00a0poner en marcha los recursos ofrecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0en aras de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el \u00a0agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional en sentencia CC C-054-2010 dijo: \u00a0<\/p>\n
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La \u00a0jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en se\u00f1alar \u00a0que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los \u00a0conflictos jur\u00eddicos relacionados con los derechos \u00a0fundamentales deben ser en principio resueltos por las v\u00edas \u00a0ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y s\u00f3lo ante la \u00a0ausencia de dichas v\u00edas o cuando las mismas no resultan \u00a0id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio \u00a0irremediable, resulta admisible acudir a la acci\u00f3n de amparo \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela \u00a0impone al interesado la obligaci\u00f3n de desplegar todo su actuar \u00a0dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos \u00a0dentro del ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de \u00a0sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de \u00a0relieve que para acudir a la acci\u00f3n de tutela el peticionario \u00a0debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos \u00a0ordinarios, pero tambi\u00e9n que la falta injustificada de \u00a0agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del \u00a0mecanismo de amparo establecido en el art\u00edculo 86 superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el \u00a0medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a \u00e9l \u00a0y, adem\u00e1s, pudiendo evitarlo, permite que \u00e9ste caduque, \u00a0no podr\u00e1 posteriormente acudir a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0procura de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental. En \u00a0estas circunstancias, la acci\u00f3n de amparo constitucional no \u00a0podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de \u00a0protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra \u00a0subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo \u00a0tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n \u00a0iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno \u00a0del mismo\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En el presente caso, el accionante acude al amparo para cuestionar la \u00a0decisi\u00f3n adoptada el 31 de agosto de 2020, por el Juzgado 2\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas, por \u00a0medio de la cual neg\u00f3 su petici\u00f3n de prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, se advierte que contra aquella determinaci\u00f3n el \u00a0interesado \u00fanicamente interpuso recurso de reposici\u00f3n, \u00a0m\u00e1s \u00a0no, el ordinario de apelaci\u00f3n. Es decir que \u00a0desech\u00f3 la \u00a0herramienta jur\u00eddica a su alcance y perdi\u00f3 la \u00a0oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo pretendido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como quiera que la tutela no tiene por objeto suplantar los \u00a0mecanismos de defensa judicial ordinarios de los interesados y s\u00f3lo \u00a0puede ser pedida una vez agotados todos ellos, es claro que no est\u00e1 \u00a0cumplido el principio de subsidiaridad que la rige y, por ende, es \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Al \u00a0margen de lo anterior, la Sala estima que el prove\u00eddo \u00a0censurado a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional fue \u00a0razonable, toda vez que se emiti\u00f3 con apego a la Ley que \u00a0regula la materia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V\u00e9ase \u00a0que el canon 38G del C\u00f3digo Penal, modificado por el precepto \u00a04\u00ba de la Ley 2014 de 2019, prev\u00e9 que \u201cla \u00a0pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de \u00a0residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la \u00a0condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales \u00a03 y 4 del art\u00edculo 38B\u201d, \u00a0ejusdem, \u00a0excepto: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la \u00a0v\u00edctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por \u00a0alguno de los siguientes delitos del presente c\u00f3digo: \u00a0genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparici\u00f3n \u00a0forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; \u00a0tr\u00e1fico de menores; uso de menores de edad para la comisi\u00f3n \u00a0de delitos; tr\u00e1fico de migrantes; trata de personas; delitos \u00a0contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales; \u00a0extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de \u00a0activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas \u00a0con fines terroristas; financiaci\u00f3n del terrorismo y de \u00a0actividades de delincuencia organizada; administraci\u00f3n de \u00a0recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; \u00a0financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de \u00a0recursos relacionados con actividades terroristas; fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso \u00a0privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados \u00a0con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en \u00a0el art\u00edculo\u00a0375\u00a0y \u00a0el inciso 2 del art\u00edculo\u00a0376; \u00a0peculado por apropiaci\u00f3n; concusi\u00f3n; cohecho propio; \u00a0cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; inter\u00e9s indebido \u00a0en la celebraci\u00f3n de contratos; contrato sin cumplimientos de \u00a0requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tr\u00e1fico \u00a0de influencias de servidor p\u00fablico; enriquecimiento il\u00edcito; \u00a0prevaricato por acci\u00f3n; falso testimonio; soborno; soborno en \u00a0la actuaci\u00f3n penal; amenazas a testigo; ocultamiento, \u00a0alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material \u00a0probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado \u00a0(Resaltado fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En este caso, el \u00a0accionante fue condenado el 2 de junio de 2009, por el Juzgado 3\u00ba \u00a0Penal del Circuito \u00a0Especializado de Bucaramanga a la pena de 293 meses de prisi\u00f3n, \u00a0por el delito de acceso carnal violento. Esa determinaci\u00f3n fue \u00a0apelada y en fallo del 23 de abril de 2010, la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 \u00a0la responsabilidad \u00a0del demandante y ajust\u00f3 la sanci\u00f3n a 251 meses y 29 \u00a0d\u00edas de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, aparece claro que en virtud de la conducta il\u00edcita \u00a0por la cual fue declarado penalmente responsable al actor, esto es, \u00a0de un delito en contra de la libertad y formaci\u00f3n sexuales, \u00a0era dable aplicar la prohibici\u00f3n del referido precepto 38G del \u00a0C\u00f3digo Penal y, en su lugar, negar el pedimento de prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, tal y como en este caso lo hizo el juzgado demandado en \u00a0el prove\u00eddo del 31 \u00a0de agosto de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las anteriores consideraciones, se ratificar\u00e1 el fallo \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Gerson \u00a0Chaverra Castro \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n
Diego \u00a0Eugenio Corredor Beltr\u00e1n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo .C-590 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49.752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP2086-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0114817 \u00a0 (Aprobado \u00a0Acta n.\u00b0 21) \u00a0 \u00a0\u00a0 Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Se \u00a0resuelve la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}