\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1972-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 115005 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a038 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por HENRY \u00a0MURILLO ARBOLEDA \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 26 de enero de 2021 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 improcedente \u00a0la acci\u00f3n de tutela para la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso y a la defensa, y neg\u00f3 el \u00a0amparo del derecho fundamental a la igualdad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HENRY \u00a0MURILLO ARBOLEDA promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por la presunta \u00a0violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00a0la defensa y a la igualdad, con fundamento en los siguientes hechos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a030 de noviembre de 2016, la Sala Disciplinaria de la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n expidi\u00f3 el fallo de segunda \u00a0instancia dentro del proceso disciplinario n\u00b0 161-5622 (IUS \u00a02009-195204), adelantando contra el accionante, el cual qued\u00f3 \u00a0ejecutoriado el 21 de diciembre de 2016. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El 17 de marzo de \u00a02017, esa autoridad, expidi\u00f3 un acto administrativo mediante \u00a0el cual aclar\u00f3 el fallo anterior, en el sentido de se\u00f1alar \u00a0que la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del disciplinado es \u00a010288429 y no 10228429, como se hab\u00eda consignado all\u00ed. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A juicio de la \u00a0parte actora este acto vulnera el debido proceso porque (i) la Sala \u00a0Disciplinaria debi\u00f3 expedir un fallo corregido, adicionado o \u00a0aclarado, conforme lo establece el art\u00edculo 121 de la Ley 734 \u00a0de 2002 y no un acto administrativo que no cumple los requisitos de \u00a0un fallo, y (ii) esa autoridad ya no ten\u00eda competencia para \u00a0expedir el acto de 17 de marzo de 2017 porque el art\u00edculo 285 \u00a0de la Ley 1564 de 2012 se\u00f1ala que la aclaraci\u00f3n \u00a0proceder\u00e1 dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la \u00a0providencia y, en este caso, la decisi\u00f3n de segunda instancia \u00a0qued\u00f3 en firme el 21 de diciembre de 2016. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta actuaci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n desconoce el principio de igualdad porque en otros \u00a0procesos disciplinarios si se ha dispuesto la modificaci\u00f3n de \u00a0los numerales del fallo inicial y ordenado notificar a todos los \u00a0sujetos procesales. \u00a0<\/p>\n
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El acto \u00a0administrativo cuestionado fue expedido con el fin de inscribir en el \u00a0SIRI la sanci\u00f3n disciplinaria que hab\u00eda sido impuesta a \u00a0la c\u00e9dula de ARTURO OROZCO D\u00cdAZ y no a la del \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, \u00a0el certificado de antecedentes que expide la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n contiene una falsedad pues indica que la \u00a0sanci\u00f3n impuesta tiene efectos desde el 21 de diciembre de \u00a02016 cuando qued\u00f3 ejecutoriado el fallo de segunda instancia, \u00a0pero \u00e9ste tiene una c\u00e9dula err\u00f3nea y por eso \u00a0dicha providencia no puede ser referente para inscribir la sanci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al referirse a la \u00a0inmediatez de la acci\u00f3n de tutela indic\u00f3 que por los \u00a0mismos hechos investigados disciplinariamente se adelant\u00f3 en \u00a0su contra un proceso penal, el cual dur\u00f3 desde el 21 de abril \u00a0de 2015 hasta el 22 de octubre de 2018, fecha en la que la fiscal\u00eda \u00a0solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n porque \u201cla \u00a0afectaci\u00f3n al bien jur\u00eddico no fue significativa y no \u00a0hubo detrimento patrimonial\u201d. \u00a0 Por lo anterior se concentr\u00f3 en la defensa dentro del proceso \u00a0penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0la vulneraci\u00f3n al debido proceso y al derecho a la igualdad, \u00a0es permanente en el tiempo, continua y actual dado que la sanci\u00f3n \u00a0impuesta por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n vence \u00a0el 21 de diciembre de 2026. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El acto \u00a0administrativo de 17 de marzo de 2017 no tiene recursos, de manera \u00a0que no puede acudir ante lo contencioso administrativo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en fallo de \u00a026 de enero de 2021, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de \u00a0tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso y a la defensa por no cumplir el requisito de \u00a0inmediatez, ya que se dirige contra un acto realizado el 17 de marzo \u00a0de 2017, dentro del proceso disciplinario n\u00b0161-5622. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Argumenta que \u00a0\u201cEl \u00a0accionante no refiri\u00f3 razones que justifiquen su inactividad, \u00a0pues la sanci\u00f3n disciplinaria en segunda instancia es del 2016 \u00a0y el acto que \u00a0corrigi\u00f3 \u00a0su \u00a0c\u00e9dula es \u00a0de \u00a0 2017.Inclusive desde el 2012 \u00a0hab\u00eda sido \u00a0 sancionado \u00a0 en \u00a0 \u00a0primera \u00a0 instancia, y luego \u00a0 del \u00a0 tiempo transcurrido \u00a0desde \u00a0 entonces pretende \u00a0que \u00a0se \u00a0garanticen \u00a0sus derechos dentro de \u00a0aquella actuaci\u00f3n, sin referir una fuerza mayor o caso \u00a0fortuito, o un hecho nuevo que cambiara las circunstancias en que se \u00a0tom\u00f3 la decisi\u00f3n ni demostr\u00f3 una vulneraci\u00f3n \u00a0permanente de \u00a0sus \u00a0derechos, \u00a0ni \u00a0una \u00a0debilidad \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0 se \u00a0lo \u00a0haya impedido\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, neg\u00f3 \u00a0el amparo del derecho fundamental a la igualdad porque el tutelante \u00a0no expuso como se materializ\u00f3 la vulneraci\u00f3n por la \u00a0entidad accionada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, \u00a0desvincul\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales \u00a0de la acci\u00f3n de tutela porque las funciones que le competen no \u00a0tienen relaci\u00f3n con los derechos del accionante que se alegan \u00a0vulnerados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HENRY MURILLO \u00a0ARBOLEDA impugn\u00f3 el fallo de primera instancia al considerar \u00a0que no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos en el escrito \u00a0de tutela para justificar por qu\u00e9 no present\u00f3 la \u00a0demanda de amparo con anterioridad y que se contraen a que se \u00a0concentr\u00f3 a ejercer la defensa en el proceso penal que se le \u00a0adelant\u00f3 por los mismos hechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00a0no se hizo un estudio de fondo de las pruebas allegadas, y solicit\u00f3 \u00a0se aplique la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 20 \u00a0del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE \u00a0LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnaci\u00f3n \u00a0presentada por el accionante contra el fallo proferido por la Sala \u00a0Penal de Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 26 de enero de 2021. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0este caso, HENRY MURILLO ARBOLEDA solicita que se declare la nulidad \u00a0del acto expedido el 17 de marzo de 2017 por la Sala Disciplinaria de \u00a0la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la actuaci\u00f3n \u00a0subsiguiente, as\u00ed mismo reclama la cancelaci\u00f3n del \u00a0registro de la sanci\u00f3n que le fue impuesta dentro del proceso \u00a0disciplinario 161-5622 (IUS 2009-195204) en el sistema SIRI de esa \u00a0entidad, teniendo en cuenta que la aclaraci\u00f3n del n\u00famero \u00a0de c\u00e9dula relacionado en el fallo disciplinario de segunda \u00a0instancia no se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de un \u201cfallo\u201d \u00a0aclaratorio sino del mencionado acto administrativo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Pues \u00a0bien, el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos \u00a0previstos de manera expresa en la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Observa \u00a0la Sala que el libelo no cumple la condici\u00f3n general de \u00a0inmediatez \u00a0en \u00a0el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, pues el acto de la sala \u00a0Disciplinaria de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0que aqu\u00ed se controvierte, fue emitido el 17 de marzo de 2017 y \u00a0el actor acudi\u00f3 m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os despu\u00e9s, \u00a0a la extraordinaria v\u00eda de amparo. \u00a0<\/p>\n
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HENRY MURILLO \u00a0ARBOLEDA indica que no present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela \u00a0antes porque por los mismos hechos se adelant\u00f3 un proceso \u00a0penal y se enfoc\u00f3 en adelantar su defensa ante la justicia \u00a0penal; sin embargo, esta afirmaci\u00f3n no convalida la \u00a0interposici\u00f3n pasados m\u00e1s de tres a\u00f1os de la \u00a0acci\u00f3n de tutela porque ese hecho no configura una \u00a0circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impidiera \u00a0ejercer la acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A lo anterior cabe \u00a0agregar que, seg\u00fan lo indica el accionante, se ocup\u00f3 de \u00a0su defensa dentro de esa actuaci\u00f3n penal desde el \u00a021 de abril de 2015 hasta el 22 de octubre de 2018, y han pasado m\u00e1s \u00a0de dos a\u00f1os desde que culmin\u00f3, sin que hubiera ejercido \u00a0la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0sostiene que se cumple con el requisito de inmediatez porque la \u00a0vulneraci\u00f3n al debido proceso y al derecho a la igualdad es \u00a0actual dado que la sanci\u00f3n impuesta por la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n vence el 21 de diciembre de 2026. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No se acoge esta \u00a0argumentaci\u00f3n del accionante en raz\u00f3n a que en la \u00a0acci\u00f3n de tutela no debate la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n \u00a0de destituci\u00f3n e inhabilidad general por 10 a\u00f1os1, \u00a0sino de manera concreta el acto de correcci\u00f3n del n\u00famero \u00a0de c\u00e9dula indicado en el fallo de segunda instancia y que tuvo \u00a0lugar el 17 de marzo de 2017. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Si bien a\u00fan \u00a0se est\u00e1 ejecutando la sanci\u00f3n disciplinaria de \u00a0inhabilidad por 10 a\u00f1os, no puede aducirse que existe una \u00a0situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n permanente y actual, pues lo \u00a0censurado no guarda relaci\u00f3n alguna con la imposici\u00f3n \u00a0de la misma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 la \u00a0finalidad de la tutela como v\u00eda judicial de protecci\u00f3n \u00a0expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional \u00a0la verificaci\u00f3n del tiempo transcurrido entre el hecho \u00a0generador de la solicitud y la petici\u00f3n de amparo, pues un \u00a0lapso irrazonable puede llegar a revelar que la protecci\u00f3n que \u00a0se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud, alterar el \u00a0car\u00e1cter preferente y sumario para el que est\u00e1 \u00a0reservado la acci\u00f3n\u201d (SU-055\/18). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En esas \u00a0condiciones, como lo se\u00f1al\u00f3 el a \u00a0quo, \u00a0el amparo invocado por el demandante es improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A la raz\u00f3n \u00a0antes expuesta cabe agregar que tampoco se cumple el presupuesto de \u00a0subsidiariedad \u00a0toda vez que el accionante pod\u00eda haber acudido a la \u00a0jurisdicci\u00f3n contenciosa para demandar el acto cuestionado, \u00a0sin que sea de recibo que la ausencia de recursos por la v\u00eda \u00a0gubernativa le impidiera ejercer el medio de control de nulidad y \u00a0restablecimiento ante la jurisdicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, la omisi\u00f3n en el agotamiento de los medios ordinarios \u00a0de defensa es una raz\u00f3n adicional para declarar improcedente \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por HENRY MURILLO ARBOLEDA \u00a0contra la Sala Disciplinaria de la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, ha de \u00a0recordarse que la tutela no es una instancia adicional para revivir \u00a0oportunidades perdidas dentro de la actuaci\u00f3n sancionatoria \u00a0administrativa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, \u00a0como la finalidad de la acci\u00f3n de tutela no es la de servir de \u00a0instancia alternativa o adicional a los medios judiciales de defensa, \u00a0se \u00a0impone confirmar la decisi\u00f3n que declar\u00f3 improcedente \u00a0la demanda de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, a\u00fan \u00a0si en gracia a discusi\u00f3n se aborda el fondo del reclamo \u00a0postulado, tampoco se advierte alg\u00fan defecto espec\u00edfico \u00a0en la decisi\u00f3n cuestionada que imponga la intervenci\u00f3n \u00a0del juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el contrario, \u00a0el acto expedido el 17 de marzo de 2017 por la Sala Disciplinaria de \u00a0la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se muestra \u00a0razonable y ajustado a derecho toda vez que encuentra fundamento en \u00a0el art\u00edculo 121 de la Ley 734 de 2002, el cual no fija un \u00a0lapso perentorio para hacer correcciones como la efectuada por la \u00a0autoridad accionada, ni hace remisi\u00f3n, para efecto del t\u00e9rmino \u00a0al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el acto \u00a0cuestionado de manera clara se expuso el fundamento y alcance de la \u00a0decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cConsultada \u00a0la solicitud de copias elevada por el mismo HENRY MURILLO ARBOLEDA, \u00a0junto con el mismo requerimiento realizado por la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada para la Moralidad P\u00fablica, advierte la Sala \u00a0Disciplinaria que hubo un error en el n\u00famero de identificaci\u00f3n \u00a0del citado ciudadano, en los fallos de primera y segunda instancia, \u00a0antes referidos, en atenci\u00f3n a que el n\u00famero real de la \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del susodicho ciudadano es \u00a010.288.429 y no 10.228.429. \u00a0As\u00ed las cosas, teniendo como \u00a0fundamento legal el art\u00edculo 121 de la Ley 734 de 2002, se \u00a0proceder\u00e1 a aclarar en su parte pertinente la providencia del \u00a030 de noviembre de 2016, proferida por esta dependencia\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, en coherencia \u00a0con ello en la parte resolutiva dispuso: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPRIMERO: \u00a0ACLARAR la providencia de segunda instancia del 30 de noviembre de \u00a02016, por medio de la cual esta dependencia, desat\u00f3 el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo del 14 de diciembre \u00a0de 2012, en el sentido que el n\u00famero de c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda de HENRY MURILLO ARBOLEDA es de 10.288.429 y no \u00a010.228.429, conforme qued\u00f3 establecido en la parte motiva de \u00a0esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pero \u00a0precisando que la demanda de amparo para la protecci\u00f3n del \u00a0principio de igualdad tampoco supera el requisito de inmediatez, por \u00a0lo que tambi\u00e9n frente a este reclamo la acci\u00f3n es \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, \u00a0en la impugnaci\u00f3n el accionante pide aplicar \u00a0la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 20 del Decreto \u00a02591 de 19912 \u00a0porque la respuesta de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0fue presentada por fuera del t\u00e9rmino dado para el efecto, sin \u00a0embargo, se advierte que la respuesta de esta entidad se alleg\u00f3 \u00a0antes de dictarse el fallo, por lo que no es viable aplicar la \u00a0presunci\u00f3n contenida en la citada norma, de hacerlo se \u00a0desconocer\u00eda el derecho a la defensa de la accionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA NO. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado, por las razones antes se\u00f1aladas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Impuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la Procuradur\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Moralidad \u00a0P\u00fablica el 14 de diciembre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012 y en segunda \u00a0instancia \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Disciplinaria \u00a0de \u00a0la \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procuradur\u00eda General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0con \u00a0fallo \u00a0del \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a030 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02016. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ARTICULO 20. PRESUNCION \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE VERACIDAD.\u00a0Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0previa. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0 Magistrada \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 STP1972-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 115005 \u00a0 Acta \u00a038 \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por HENRY \u00a0MURILLO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}