\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1961-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0#114532 \u00a0<\/p>\n
Acta 19 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el apoderado judicial de \u00a0MAR\u00cdA DEL CARMEN PADILLA DE HERN\u00c1NDEZ en procura del \u00a0amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala 1\u00aa de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculados la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el Juzgado 3\u00ba \u00a0Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana \u00a0de Pensiones -Colpensiones-, \u00a0as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso ordinario \u00a0laboral descrito en la demanda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El 10 de noviembre \u00a0de 2011, MAR\u00cdA \u00a0DEL CARMEN PADILLA DE HERN\u00c1NDEZ solicit\u00f3 \u00a0al ISS, hoy Colpensiones, el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n \u00a0de vejez. Sin embargo, mediante Resoluci\u00f3n 100351 del 21 de \u00a0febrero de 2012 le fue negado su requerimiento ante el incumplimiento \u00a0de los requisitos contenidos en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 \u00a0de 1993, modificado por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 797 de \u00a02003. Por tal raz\u00f3n, promovi\u00f3 \u00a0un proceso ordinario laboral contra esa entidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En sentencia del \u00a029 \u00a0de agosto de 2013, el Juzgado 3\u00ba Laboral del Circuito de \u00a0Barranquilla acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 \u00a0a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez \u00a0a partir del 1\u00ba de diciembre de 2011, con los respectivos \u00a0incrementos, mesadas adicionales y los intereses moratorios desde del \u00a01\u00ba de mayo de 2012. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Inconforme con esa \u00a0determinaci\u00f3n, Colpensiones apel\u00f3 y, en fallo del 20 de \u00a0mayo de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Barranquilla revoc\u00f3 la sentencia de primera \u00a0instancia. En su lugar, la absolvi\u00f3 y no impuso costas en esa \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, \u00a0la accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial promovi\u00f3 \u00a0el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. No obstante, el 27 de \u00a0noviembre en fallo SL5156-2019, la Sala 1\u00aa de Descongesti\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corte resolvi\u00f3 no casar la sentencia de \u00a0segunda instancia. Explic\u00f3 que la interesada no cumpli\u00f3 \u00a0los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n \u00a0reclamada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0se\u00f1al\u00f3 que las costas en el recurso extraordinario \u00a0estar\u00e1n a cargo de la accionante y fij\u00f3 como agencias \u00a0en derecho la suma $4.000.000 \u00abque \u00a0se incluir\u00e1n en la liquidaci\u00f3n que se practique \u00a0conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 366 del CGP\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0el representante judicial de la demandante que la decisi\u00f3n \u00a0emitida en casaci\u00f3n debe ser revocada, en raz\u00f3n a que \u00a0incurri\u00f3 en defecto sustantivo, debido a que desconoci\u00f3 \u00a0los art\u00edculos 12 del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el \u00a0Decreto 758 del mismo a\u00f1o, que consagra el r\u00e9gimen de \u00a0transici\u00f3n pensional, y 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente \u00a0asegur\u00f3 que interpret\u00f3 de manera err\u00f3nea el Acto \u00a0Legislativo 01 de 2005 en su numeral 4\u00ba reformatorio de dicho \u00a0r\u00e9gimen y, finalmente, inaplic\u00f3 el principio de la \u00a0condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y las garant\u00edas \u00a0labores. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0solicit\u00f3 que se le reconozca el pago de la pensi\u00f3n de \u00a0vejez y \u00a0del retroactivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del 14 de enero de 2021 esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. \u00a0Mediante \u00a0informe del 29 de enero siguiente la Secretar\u00eda comunic\u00f3 \u00a0que notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las autoridades \u00a0demandadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala 1\u00aa de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n \u00a0judicial detall\u00f3 el decurso de la actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 \u00a0la legalidad de su decisi\u00f3n, de la cual alleg\u00f3 copia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Colpensiones, \u00a0afirm\u00f3 que la accionante incumple los requisitos impuestos por \u00a0el Acto Legislativo 01 de 2005 para la conservaci\u00f3n del \u00a0r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de julio de 2014, \u00a0pues al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia de dicho \u00a0acto reformatorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no \u00a0demostr\u00f3 que cumpl\u00eda las 750 semanas de cotizaci\u00f3n \u00a0requeridas para conservar esa garant\u00eda. \u00a0<\/p>\n
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CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 del 30 de noviembre de \u00a02017, por el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 \u00a0del Decreto 1069 de 2015, y el \u00a0Acuerdo 006 de 2002, la \u00a0Sala es competente para tramitar y decidir la acci\u00f3n de \u00a0tutela, por cuanto el procedimiento involucra \u00a0a la Sala 1\u00ba de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Encuentra la \u00a0Corte, en primer lugar, que se incumple el presupuesto de inmediatez, \u00a0porque la jurisprudencia constitucional pide que quien sienta \u00a0lesionados o amenazados sus derechos fundamentales interponga la \u00a0demanda dentro de un t\u00e9rmino de seis meses y, en el presente \u00a0asunto, la censura se produce un a\u00f1o despu\u00e9s de la \u00a0expedici\u00f3n de la providencia reprochada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En segundo \u00a0t\u00e9rmino, siendo \u00a0la tutela un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0\u00abciertos \u00a0y rigurosos requisitos de procedibilidad\u00bb \u00a0(CC C-590 de 2005 y T-332 de 2006), \u00a0que \u00a0implican una carga para ella no solamente en su planteamiento, sino \u00a0tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n, pues las sentencias que \u00a0hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada gozan de la triple presunci\u00f3n \u00a0de acierto, legalidad y constitucionalidad, que brindan seguridad \u00a0jur\u00eddica a las decisiones judiciales, necesaria para la \u00a0consolidaci\u00f3n del Estado de Derecho. Solo por vulneraciones \u00a0constitucionales, relativas a los derechos fundamentales, mediante \u00a0acciones reflejadas en los hechos, oportuna y claramente planteados y \u00a0demostrados, se puede desvirtuar dicha presunci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el caso \u00a0examinado, advierte la Sala que el apoderado judicial de la \u00a0accionante no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos \u00a0espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, \u00a0es decir, no acredit\u00f3 que la providencia reprobada, esto es, \u00a0la emitida en sede de casaci\u00f3n, est\u00e9 fundada en \u00a0conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que \u00a0corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este \u00a0excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales \u00a0invocados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el contrario, \u00a0para la Corte es palmario que el reproche gira en torno a la presunta \u00a0configuraci\u00f3n \u00a0de un defecto procedimental por exceso \u00a0ritual manifiesto, \u00a0pues la Sala especializada \u00a0no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia debido a que la \u00a0censura incumple con \u00a0el m\u00ednimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la \u00a0sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, lo cual \u00a0comprometi\u00f3 la prosperidad del asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional, el exceso \u00a0ritual manifiesto \u00a0constituye una afectaci\u00f3n de los derechos al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia y a la primac\u00eda del derecho \u00a0sustancial, pues los funcionarios judiciales, bajo el pretexto del \u00a0apego a las normas procedimentales, incumplen con las obligaciones de \u00a0impartir justicia, buscar que las sentencias se fundamenten en una \u00a0verdad judicial, garantizar la efectividad de las prerrogativas \u00a0fundamentales y evitar pronunciamientos inhibitorios que obstaculicen \u00a0la administraci\u00f3n de justicia y la efectividad de los derechos \u00a0sustantivos (CC. T\u2013363 de 2013 y T-429 de 2016, entre otras). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el aludido defecto se convierte en una barrera cuando el \u00a0juez ignora completamente el procedimiento establecido o incurre en \u00a0un exceso de rigor formal en la aplicaci\u00f3n de las reglas \u00a0procedimentales o adjetivas (CC SU 355 de 2017). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, ello no significa que bajo el amparo del principio de \u00a0prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo \u00a0228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sea posible omitir, \u00a0soslayar o sustituir los procedimientos, o prescindir de las \u00a0exigencias adjetivas que la normatividad procesal requiere en algunos \u00a0casos como condici\u00f3n necesaria para tener acceso al ejercicio \u00a0de un derecho, por cuanto estos tambi\u00e9n cuentan, como ya se \u00a0dijo, \u00abcon \u00a0firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las \u00a0actuaciones de los jueces\u00bb \u00a0(CC C-173 de 19). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es una instancia \u00a0adicional, en tanto tiene por objeto el enjuiciamiento de la \u00a0sentencia, no del caso concreto que le dio origen. Por ende, s\u00f3lo \u00a0cuando el tribunal de casaci\u00f3n ha encontrado que, \u00a0evidentemente, el juez de instancia incurri\u00f3 en un error de \u00a0aplicaci\u00f3n, apreciaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la \u00a0norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podr\u00e1 \u00a0pronunciarse sobre el caso concreto, actuando ya no como tribunal de \u00a0casaci\u00f3n sino como juez de instancia. La raz\u00f3n, la \u00a0necesidad de un pronunciamiento que reemplace el que se ha casado (CC \u00a0T\u2013321 de 1998). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n en casaci\u00f3n, \u00a0la demanda no s\u00f3lo debe reunir los requisitos formales \u00a0previstos en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del \u00a0Trabajo y de la Seguridad Social, sino adicionalmente debe ser una \u00a0acusaci\u00f3n l\u00f3gica y ajustada a las exigencias m\u00ednimas \u00a0de orden t\u00e9cnico. En tal virtud, la imposici\u00f3n de una \u00a0debida fundamentaci\u00f3n no puede calificarse como exceso \u00a0ritual manifiesto. Asimismo, \u00a0la desestimaci\u00f3n de los cargos por el referido motivo permite \u00a0considerar que la decisi\u00f3n es violatoria de los derechos de \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso o \u00a0cualquier otra garant\u00eda de orden superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ninguna forma puede sostenerse, entonces, que los requisitos m\u00ednimos \u00a0que debe cumplir la demanda para habilitar su estudio, constituyen \u00a0una barrera formal para la satisfacci\u00f3n de derechos \u00a0sustanciales, pues el an\u00e1lisis respecto de estos \u00faltimos \u00a0ya tuvo lugar por parte de las dos instancias que adelantaron la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el caso de la demandante, la Sala accionada encontr\u00f3 varios \u00a0desaciertos formales que no pod\u00edan corregirse por virtud del \u00a0car\u00e1cter dispositivo que rige al recurso de casaci\u00f3n y, \u00a0por tanto, desestim\u00f3 el \u00fanico cargo formulado. Al \u00a0respecto precis\u00f3, \u00a0que no \u00a0indic\u00f3 por cual v\u00eda formul\u00f3 su ataque, es decir, \u00a0directa o indirecta, as\u00ed como tampoco, distingui\u00f3 los \u00a0errores de hecho o de derecho, ni acus\u00f3 \u00a0las pruebas dejadas de apreciar o se\u00f1al\u00f3 las \u00a0indebidamente valoradas, lo cual impide un pronunciamiento de fondo. \u00a0<\/p>\n
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A \u00a0la par, refiri\u00f3 que si bien se\u00f1al\u00f3 el quebranto \u00a0del art\u00edculo \u00a012 \u00a0del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, \u00a0en concordancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, \u00a0omiti\u00f3 \u00a0especificar el concepto de violaci\u00f3n, si es por infracci\u00f3n, \u00a0aplicaci\u00f3n directa o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea lo \u00a0que imposibilita realizar el juicio de legalidad frente al fallo \u00a0recurrido y, adem\u00e1s, unificar la jurisprudencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, la Sala 1\u00ba de Descongesti\u00f3n laboral adujo que la \u00a0afirmaci\u00f3n efectuada por el recurrente respecto de que el \u00a0Tribunal desconoci\u00f3 que PADILLA DE HERN\u00c1NDEZ es \u00a0beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n o que estuviera \u00a0afiliada al ISS desde antes de la vigencia del aludido Acuerdo 049 de \u00a019, carece de veracidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Contrario \u00a0a ello, destac\u00f3 que tras contrastar el reporte de semanas \u00a0cotizadas estableci\u00f3 que en principio la \u00a0accionante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n \u00a0pensional contenido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y, \u00a0por ello, le era aplicable para efectos de su pensi\u00f3n el \u00a0Acuerdo 049, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuyo art\u00edculo \u00a012 establece como requisitos para adquirir la pensi\u00f3n de \u00a0vejez, tener 55 a\u00f1os de edad en el caso de las mujeres y un \u00a0m\u00ednimo de 500 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos \u00a020 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad mencionada o \u00a01.000 semanas en cualquier tiempo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, los medios de convicci\u00f3n acreditaron que la \u00a0demandante perdi\u00f3 el beneficio de la transici\u00f3n \u00a0consagrada en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez \u00a0que en los 20 a\u00f1os inmediatamente anteriores al cumplimiento \u00a0de la edad solo registraba 333 semanas sufragadas y las 1.000 semanas \u00a0las complet\u00f3 en julio del a\u00f1o 2011. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que por regla general, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n no \u00a0puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 del \u00a031 de julio de 2010. No obstante, si bien existe una excepci\u00f3n, \u00a0\u00e9sta solo aplica para los trabajadores que, estando cubiertos \u00a0con esa garant\u00eda, cuenten con 750 semanas cotizadas a la \u00a0entrada en vigencia del \u00a0Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, al 29 de julio de 2005. En tal \u00a0virtud, para esos empleados el \u00a0plazo fue ampliado hasta el 31 de julio de 2014. Pese a ello, destac\u00f3 \u00a0que la demandante \u00a0no acredit\u00f3 el cumplimiento de las aludidas semanas como \u00a0tampoco contaba con su equivalente en tiempo de servicios. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, entendiendo que el ataque lo encamin\u00f3 por la senda \u00a0directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del \u00a0Acto Legislativo 01 de 2005, \u00abel \u00a0recurrente no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de se\u00f1alarle \u00a0a la Corte cu\u00e1l \u00a0fue la intelecci\u00f3n equivocada del Tribunal sobre dicho \u00a0precepto supralegal, ni cu\u00e1l ser\u00eda la interpretaci\u00f3n \u00a0que corresponde al citado texto\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0adujo que la accionante no puede adquirir el derecho pensional \u00a0reclamado bajo el r\u00e9gimen del Acuerdo 049 de 1990, aprobado \u00a0por el Decreto 758 de igual a\u00f1o, dado que, al cumplimiento de \u00a0la edad m\u00ednima pensional, 4 de enero de 2005, no contaba con \u00a0500 semanas cotizadas, pues solo acumul\u00f3 333 y, a 31 de julio \u00a0de 2010, fecha hasta la cual reg\u00eda el beneficio de la \u00a0transici\u00f3n, tampoco ten\u00eda 1.000 semanas cotizadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para la Corte, por \u00a0tanto, la providencia revisada no comporta los vicios alegados, \u00a0susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo \u00a0constitucional. Prevalece el principio de autonom\u00eda judicial \u00a0que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la \u00a0controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo \u00a0porque la demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, \u00a0por tanto, la protecci\u00f3n demandada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas # 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por el \u00a0apoderado judicial de MAR\u00cdA DEL CARMEN PADILLA DE HERN\u00c1NDEZ, \u00a0en procura del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados la \u00a0Sala de \u00a0Descongesti\u00f3n 1\u00ba de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de \u00a0la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada, \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Secretaria \u00a0(E) \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP1961-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0#114532 \u00a0 Acta 19 \u00a0 \u00a0\u00a0 Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 \u00a0\u00a0 Resuelve la Sala \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54468","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54468"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54468\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}