\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114943 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.38 ) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., \u00a0veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por \u00a0MARCO \u00a0EMILIO ZABALA JAIMES, \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del proceso \u00a0ordinario laboral 110013105007199709307 (en adelante, proceso \u00a0ordinario laboral 1997-09307). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El ciudadano MARCO \u00a0EMILIO ZABALA JAIMES solicita el \u00a0amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0al no casar la sentencia de segundo grado dentro del proceso \u00a0ordinario laboral 1997-09307. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El accionante promovi\u00f3 \u00a0proceso ordinario laboral contra el Banco de la Rep\u00fablica, con \u00a0el fin que se declarara el vinculo laboral con la Entidad, el cual \u00a0finaliz\u00f3 sin mediar justa causa; y como consecuencia de ello, \u00a0se condenara al pago de la respectiva indemnizaci\u00f3n por \u00a0despido conforme al art\u00edculo 45 de la Convenci\u00f3n \u00a0Colectiva de Trabajo, la reliquidaci\u00f3n y el pago de las \u00a0prestaciones sociales legales y extralegales, la sanci\u00f3n \u00a0moratoria, la indexaci\u00f3n o correcci\u00f3n monetaria, \u00a0lo ultra y extra petita y las costas del \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 \u00a0por reparto al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, \u00a0que mediante sentencia de primera instancia del d\u00eda 30 de \u00a0abril de 2002, fall\u00f3 a favor de las pretensiones del \u00a0demandante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Inconformes con la decisi\u00f3n, \u00a0la parte demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la \u00a0sentencia proferida en primer grado, correspondiendo el conocimiento \u00a0de la alzada a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, quien, mediante fallo de segunda instancia \u00a0del d\u00eda 25 de junio de 2005, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n \u00a0adoptada por el a quo \u00a0respecto a la condena impuesta por pensi\u00f3n convencional por \u00a0despido injusto, para en su lugar, absolver al demandado de dicho \u00a0pedimento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como consecuencia de lo \u00a0anterior, expres\u00f3 la parte accionante que, present\u00f3 \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, quien \u00a0mediante sentencia con radicaci\u00f3n No. 25032 del 2 de febrero \u00a0de 2006, resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida en segunda \u00a0instancia por la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por estos motivos, acude al \u00a0presente tr\u00e1mite constitucional con la finalidad que se deje \u00a0sin efectos la sentencia del 2 de febrero de 2006 de la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, por considerar que cuenta con nuevas pruebas que \u00a0desestiman la buena fe del Banco de la Rep\u00fablica dentro del \u00a0proceso ordinario laboral de referencia, por consiguiente, solicita \u00a0que se ordene emitir un nuevo fallo conforme a este nuevo hecho y las \u00a0disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, \u00a0atinentes al caso. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n remiti\u00f3 copia de la sentencia \u00a0con radicaci\u00f3n No. 25032 del 2 de febrero de 2006, y manifest\u00f3 \u00a0que, en dicha providencia se consignaron los motivos de la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- El \u00a0Banco de la Rep\u00fablica expres\u00f3 que, el presente amparo \u00a0constitucional no cumple con los requisitos de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, \u00a0espec\u00edficamente, con el requisito de inmediatez. Lo anterior, \u00a0teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n objeto de reproche fue \u00a0proferida hace 15 a\u00f1os, sin que, desde ning\u00fan punto de \u00a0vista, esto pueda considerarse como un t\u00e9rmino razonable para \u00a0acudir a este mecanismo excepcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asever\u00f3 que, la sentencia atacada se \u00a0profiri\u00f3 en derecho, conforme al material probatorio recaudado \u00a0y en garant\u00eda de las prerrogativas constitucionales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- La \u00a0Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales asever\u00f3 \u00a0que, se evidencia en la demanda de tutela la inconformidad de la \u00a0parte accionante, por lo que acusa a la autoridad judicial accionada \u00a0de v\u00eda de hecho en la providencia atacada; sin embargo, no \u00a0existe un argumento que permita justificar la demora del actor en \u00a0acudir a este mecanismo constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE \u00a0LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo \u00a0previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el \u00a0numeral 7 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00a0modificado por el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, y el \u00a0art\u00edculo 44 del Reglamento General de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0esta Sala es competente para resolver la acci\u00f3n de tutela \u00a0interpuesta por MARCO \u00a0EMILIO ZABALA JAIMES, \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
La tutela \u00a0es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Que se \u00a0cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a \u00a0partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Que la \u00a0parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que \u00a0generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre \u00a0que esto hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0presente acci\u00f3n de tutela se centra en un punto espec\u00edfico: \u00a0determinar si la solicitud de amparo \u00a0interpuesta contra la sentencia \u00a0proferida el 2 de febrero de 2006 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0cumple a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al examinar las pruebas \u00a0obrantes y el marco jur\u00eddico aplicable, la Sala advierte que \u00a0lo pertinente es negar por improcedente la presente acci\u00f3n de \u00a0tutela, comoquiera que no cumple a \u00a0cabalidad con los precitados requisitos generales, en especial, el \u00a0principio de inmediatez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte \u00a0Constitucional ha establecido que, si bien la acci\u00f3n de tutela \u00a0procede excepcionalmente contra providencias judiciales, dicha \u00a0prosperidad est\u00e1 supeditada al cumplimiento de rigurosos \u00a0requisitos, los cuales se han dividido en dos grupos: unos generales \u00a0que se deben presentar en su totalidad, aunado a unos espec\u00edficos, \u00a0de los cuales es necesario la configuraci\u00f3n de, por lo menos, \u00a0uno de estos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro los requisitos generales que \u00a0ha establecido la Corte Constitucional para la procedencia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, se encuentra el principio de inmediatez, el \u00a0cual dispone que la acci\u00f3n de tutela debe ser interpuesta \u00a0dentro de un plazo razonable contado a partir del hecho vulnerado, \u00a0presupuesto que surge que su finalidad es la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese sentido, el \u00f3rgano de \u00a0cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado que \u00a0realmente no existe un t\u00e9rmino fijo de caducidad para la \u00a0acci\u00f3n de tutela, sin embargo, estableci\u00f3 que 6 meses \u00a0es un tiempo prudencial en la mayor\u00eda de los casos, pero es \u00a0deber del juez de tutela en cada caso examinar el debido cumplimiento \u00a0de este principio. Al respecto podemos acudir a la SU184-19: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional, en aras de determinar que no existe \u00a0una tardanza injustificada o irrazonable al momento de acudir a la \u00a0acci\u00f3n de tutela, ha evaluado dicho periodo a partir de las \u00a0siguientes reglas: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0que \u00a0exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los \u00a0accionantes; \u00a0<\/p>\n
(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0que \u00a0la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de \u00a0los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0que \u00a0exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n \u00a0y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado \u00a0y; \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el asunto bajo examen, las \u00a0pretensiones de la parte actora se encuentran dirigidas a cuestionar \u00a0la legalidad de la decisi\u00f3n \u00a0proferida el 2 de \u00a0febrero de 2006 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n, donde se decidi\u00f3 \u00a0no casar la sentencia de segundo grado dentro del proceso ordinario \u00a0laboral 1997-09307. Siendo \u00a0as\u00ed, la parte actora tard\u00f3 15 \u00a0a\u00f1os en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional, lo \u00a0cual desborda lo que es considerado como plazo razonable por esta \u00a0Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, y como el accionante \u00a0no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que \u00a0haga necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, la \u00a0Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es menester aclarar que, denegar y \u00a0declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue \u00a0explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de \u00a02008: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Denegar \u00a0la acci\u00f3n implica un an\u00e1lisis de fondo, mientras que la \u00a0improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales \u00a0indispensables para que se constituya regularmente la relaci\u00f3n \u00a0procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisi\u00f3n de fondo \u00a0sobre el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. \u00a0En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito \u00a0l\u00f3gico-jur\u00eddico esencial para que la relaci\u00f3n \u00a0procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debi\u00f3 \u00a0haber declarado improcedente la acci\u00f3n (\u2026) \u00a0(Resalta \u00a0la Sala). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En este caso el amparo debe \u00a0declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos \u00a0generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de \u00a0fondo de las razones de inconformidad que plante\u00f3 el \u00a0accionante con relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n objeto de la \u00a0presente solicitud de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE \u00a0el amparo solicitado por MARCO \u00a0EMILIO ZABALA JAIMES \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los sujetos procesales por el medio m\u00e1s expedito el presente \u00a0fallo, inform\u00e1ndoles que puede ser impugnado dentro de los \u00a0tres d\u00edas siguientes, contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Si no fuere impugnado, \u00a0env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
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