\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1873-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114795 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.38) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide la Sala el recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesto por EDWIN \u00a0FRANCO SEGURA, HARRINSON G\u00d3MEZ ANDRADE y CARLOS JAIR GARC\u00cdA, \u00a0contra el fallo de tutela proferido el 18 de noviembre de 2020 por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que \u00a0neg\u00f3 el amparo invocado contra la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Laboral \u00a0del Circuito de Buenaventura. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos en la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0convocantes instauran acci\u00f3n de tutela con el prop\u00f3sito \u00a0de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00a0libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0respaldar su solicitud, narran que en la actualidad se adelanta \u00a0proceso penal en su contra por la presunta comisi\u00f3n de los \u00a0delitos de fabricaci\u00f3n, trafico y porte de estupefacientes en \u00a0concurso con fabricaci\u00f3n, trafico, porte o tenencia de armas \u00a0de fuego. \u00a0<\/p>\n
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Se\u00f1alan \u00a0que el 2 de junio de 2020 el Juez Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n \u00a0de Control de Garant\u00edas de Buenaventura declaro\u0301 la \u00a0legalidad de su captura, aprob\u00f3\u0301 la formulaci\u00f3n de \u00a0imputaci\u00f3n de cargos y les impuso medida de aseguramiento \u00a0privativa de la libertad intramuros. \u00a0<\/p>\n
Afirman \u00a0que contra las anteriores decisiones instauraron recurso de \u00a0apelaci\u00f3n, no obstante, el Juez Primero Penal del Circuito de \u00a0Buenaventura las confirmo\u0301 mediante providencia cuya fecha no \u00a0indican. \u00a0<\/p>\n
Mencionan \u00a0que promovieron acci\u00f3n constitucional de habeas corpus contra \u00a0los funcionarios judiciales en referencia para lograr su libertad y \u00a0el asunto se asigno\u0301 al Juez Primero Laboral del Circuito de \u00a0Buenaventura, autoridad que declaro\u0301 improcedente su pretensi\u00f3n \u00a0a trav\u00e9s de auto de 22 de julio de 2020. \u00a0<\/p>\n
Agregan \u00a0que impugnaron esta \u00faltima decisi\u00f3n y por medio de \u00a0providencia de 11 de agosto de 2020 la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior de Buga la confirmo\u0301. \u00a0<\/p>\n
Argumentan \u00a0que el Tribunal encausado transgredi\u00f3\u0301 sus derechos \u00a0fundamentales, pues paso\u0301 por alto que la autoridad que los \u00a0capturo\u0301 \u00abno los puso a disposici\u00f3n del juez de \u00a0control de garant\u00edas en el t\u00e9rmino de treinta y seis \u00a0horas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0lo anterior, se infiere que solicitan la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos fundamentales que invocan y que, como medida para \u00a0restablecerlos, se deje sin efecto el auto que el 11 de agosto de \u00a02020 profiri\u00f3\u0301 el Tribunal accionado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de \u00a0esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo deprecado, al \u00a0considerar que, es razonable la decisi\u00f3n de los Juzgados \u00a0accionados al negar la acci\u00f3n constitucional de habeas corpus, \u00a0por encontrarse en curso el proceso penal en contra de los \u00a0accionantes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que, las decisiones atacadas \u00a0se ajustan a las reglas m\u00ednimas de razonabilidad, por lo que \u00a0se descarta la vulneraci\u00f3n de otros derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los accionantes impugnaron el fallo \u00a0de tutela de primera instancia, sin que se evidencie dentro del \u00a0expediente, las razones de su inconformidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto \u00a0en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es \u00a0competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto \u00a0por EDWIN FRANCO SEGURA, HARRINSON G\u00d3MEZ \u00a0ANDRADE y CARLOS JAIR GARC\u00cdA, \u00a0contra el fallo de tutela proferido el 18 de noviembre de 2020 por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que \u00a0neg\u00f3 el amparo invocado contra la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Laboral \u00a0del Circuito de Buenaventura. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La tutela es un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su \u00a0prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de procedibilidad que implican una \u00a0carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su \u00a0demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la propia Corte \u00a0Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
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c. Que se cumpla el requisito \u00a0de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en \u00a0un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que \u00a0origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Que la parte actora \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado \u00a0tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto \u00a0hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no \u00a0pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la \u00a0Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata de acciones \u00a0de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden \u00a0tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La impugnaci\u00f3n se centra \u00a0en un punto espec\u00edfico: determinar si la solicitud de amparo \u00a0invocada por EDWIN \u00a0FRANCO SEGURA, HARRINSON G\u00d3MEZ ANDRADE y CARLOS JAIR GARC\u00cdA, \u00a0contra la decisi\u00f3n del 11 de agosto de 2020 de la Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior de Buga, mediante la cual confirm\u00f3 el \u00a0auto de 22 de julio de 2020 del Juzgado \u00a0Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, en el que se declar\u00f3 \u00a0 improcedente la acci\u00f3n \u00a0constitucional de habeas corpus elevada por los accionantes, cumple \u00a0con los requisitos necesarios de \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para resolver el problema jur\u00eddico \u00a0planteado en precedencia, se analizar\u00e1 i) la l\u00ednea \u00a0jurisprudencial que respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de \u00a0tutela frente a procesos en curso ha establecido la Corte \u00a0Constitucional y ii) el n\u00facleo esencial de la dignidad \u00a0humana y la necesaria intervenci\u00f3n del juez constitucional \u00a0para su protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En sentencia T-335 de 2018, el m\u00e1ximo \u00a0\u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. \u00a0La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra \u00a0procesos judiciales en curso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En efecto, \u00a0la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan \u00a0se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de \u00a0tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo \u00a0alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que \u00a0deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. \u00a0Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y \u00a0agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran \u00a0previstos en el ordenamiento jur\u00eddico.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Justamente, ha explicado la Sala que las \u00a0caracter\u00edsticas de subsidiaridad y residualidad que son \u00a0predicables de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional, \u00a0disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo \u00a0excepcional de amparo para lograr la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional en procesos en tr\u00e1mite, porque ello adem\u00e1s \u00a0de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como \u00a0la independencia y la autonom\u00eda funcional que rigen la \u00a0actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en \u00a0el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, estableci\u00f3 que tampoco puede \u00a0acudirse a este excepcional\u00edsimo medio de defensa para \u00a0reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se \u00a0concibi\u00f3 precisamente para suplir la ausencia de \u00e9stos \u00a0y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo \u00a0como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para \u00a0enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. \u00a0<\/p>\n
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As\u00ed las cosas, mientras un proceso se \u00a0encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuaci\u00f3n \u00a0del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la posibilidad de \u00a0reclamar al interior del tr\u00e1mite el respeto de las garant\u00edas \u00a0constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la \u00a0tutela5. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, de las pruebas obrantes en el \u00a0expediente, la Sala pudo evidenciar el proceso penal 2020-00528, \u00a0donde fungen como demandados los accionantes, se encuentra en curso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bueno \u00a0es precisar que, mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier \u00a0solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe \u00a0hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas \u00a0las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la \u00a0actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la \u00a0eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara \u00a0de una instancia superior adicional a las previstas para el normal \u00a0desenvolvimiento de los procesos judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese sentido, es preciso \u00a0recordarle al actor que, al interior de los procesos penales, \u00a0tiene eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los \u00a0derechos presuntamente lesionados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es m\u00e1s, ante eventuales decisiones \u00a0desfavorables, podr\u00e1n interponer los \u00a0recursos ordinarios que contra ellas proceda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, no puede el juez constitucional \u00a0entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural, cuando \u00a0a\u00fan el accionante tienen la posibilidad de reclamar lo alegado \u00a0ante el juez competente, pues de lo contrario, se desbordar\u00edan \u00a0los principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este \u00a0tr\u00e1mite constitucional tan exclusivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto, el m\u00e1ximo \u00f3rgano \u00a0constitucional ha se\u00f1alado que \u00abla \u00a0acci\u00f3n de tutela no es procedente frente a procesos en tr\u00e1mite \u00a0o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jur\u00eddico tiene \u00a0establecido medios de defensa judiciales id\u00f3neos y eficaces \u00a0para asegurar la protecci\u00f3n de los derechos y las garant\u00edas \u00a0fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situaci\u00f3n, \u00a0se estar\u00eda quebrantando el mandato del art\u00edculo 86 \u00a0superior y desnaturalizando la figura de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0(CC T-1343\/01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, luego de examinar los \u00a0elementos obrantes en el expediente y el marco jur\u00eddico \u00a0aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo proferido \u00a0en primera instancia, comoquiera que, no puede pretender el \u00a0accionante que por v\u00eda de tutela se cuestione o controviertan \u00a0las decisiones de un juez de igual naturaleza, que ha fallado sobre \u00a0el mismo asunto a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de h\u00e1beas \u00a0corpus. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se evidencia que la parte \u00a0accionante pretende con la presente acci\u00f3n \u00a0constitucional, que se declare su libertad, bajo el argumento que se \u00a0encuentran detenidos de forma ilegal, sin embargo, este ciudadano \u00a0previo a la presente acci\u00f3n, present\u00f3 h\u00e1beas \u00a0corpus por hechos similares a los que respaldan su acci\u00f3n de \u00a0tutela, el cual fue declarado improcedente por los jueces de primera \u00a0y segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En dicha actuaci\u00f3n, el \u00a0Juzgado Primero \u00a0Laboral del Circuito de Buenaventura mediante decisi\u00f3n del 22 \u00a0de julio de 2020, declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo. Decisi\u00f3n que fue confirmada el 11 \u00a0de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Buga, en segunda \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, es importante \u00a0llamar la atenci\u00f3n de EDWIN \u00a0FRANCO SEGURA, HARRINSON G\u00d3MEZ ANDRADE y CARLOS JAIR GARC\u00cdA, \u00a0al presentar una acci\u00f3n de tutela por hechos similares a los \u00a0que respaldaron el h\u00e1beas corpus dentro del proceso de \u00a0referencia, ignorando que la acci\u00f3n de tutela tiene la \u00a0finalidad de proteger derechos fundamentales y no controvertir \u00a0decisiones que fueron adversas a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A ra\u00edz de lo anterior, la Sala \u00a0confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pero aclarar\u00e1 \u00a0el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones \u00a0diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional \u00a0mediante la sentencia T-883 de 2008: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Denegar \u00a0la acci\u00f3n implica un an\u00e1lisis de fondo, mientras que la \u00a0improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales \u00a0indispensables para que se constituya regularmente la relaci\u00f3n \u00a0procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisi\u00f3n de fondo \u00a0sobre el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. En este orden de \u00a0ideas, ante la ausencia de un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico \u00a0esencial para que la relaci\u00f3n procesal pudiera constituirse, \u00a0el juez de instancia debi\u00f3 haber declarado improcedente la \u00a0acci\u00f3n (\u2026) \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En este caso el amparo debe declarase \u00a0improcedente al presentase una ausencia del requisito de \u00a0procedibilidad, lo que impidi\u00f3 realizar un an\u00e1lisis de \u00a0fondo de las pretensiones del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio \u00a0m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a040.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a057.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a066.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
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