\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1498-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114823 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.31) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por JULI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ BOH\u00d3RQUEZ \u00a0contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales, la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del \u00a0Pueblo y la SIJIN de la Polic\u00eda Nacional, con ocasi\u00f3n \u00a0de la sentencia condenatoria proferida en su contra al interior del \u00a0proceso penal 170016106799201000005 (en adelante proceso penal \u00a02010-00005). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Del confuso escrito de tutela \u00a0se infiere que, el ciudadano JULI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ BOH\u00d3RQUEZ, \u00a0solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00a0a la libertad, que considera vulnerados como consecuencia de la \u00a0sentencia condenatoria proferida en su contra en el marco del proceso \u00a0penal 2010-00005, \u00a0al considerar que, en el curso del proceso penal, se cometieron \u00a0m\u00faltiples vulneraciones en su contra. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El accionante, fue condenado el \u00a07 de abril de 2011 a la pena principal de 448 meses de prisi\u00f3n \u00a0por el Juzgado Primero Penal del Circuito \u00a0de Manizales, por las conductas punibles de \u00a0homicidio agravado y hurto calificado agravado, en concurso; decisi\u00f3n \u00a0esta que fue confirmada el 22 de noviembre de 2013, por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Acude a la presente acci\u00f3n \u00a0constitucional con la finalidad de que se ordene a las autoridades \u00a0judiciales accionadas a intervenir ante el tr\u00e1mite y \u00a0procedimiento de una eventual acci\u00f3n de revisi\u00f3n a su \u00a0favor, con ocasi\u00f3n del proceso penal 2010-00005. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Manizales manifest\u00f3 que, en el presente \u00a0asunto no se cumple con los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, espec\u00edficamente con el de subsidiariedad e \u00a0inmediatez; teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n atacada se \u00a0profiri\u00f3 hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, adem\u00e1s, el \u00a0accionante no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00a0dentro de los t\u00e9rminos legales establecidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0El Juzgado \u00a0Primero Penal del Circuito de Manizales relat\u00f3 que, emiti\u00f3 \u00a0fallo de primera instancia dentro del proceso penal 2010-00005 y \u00a0anex\u00f3 copia de la providencia emitida el 7 de abril de 2011. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- La \u00a0Directora Seccional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0de Caldas expres\u00f3 que, las \u00a0pretensiones del accionante carecen de sustento jur\u00eddico y son \u00a0improcedentes, debido a que no existe una causa o vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos invocados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- La \u00a0SIJIN de la Polic\u00eda Nacional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n constitucional, teniendo en cuenta que, carece de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto \u00a0en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 8 del \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por \u00a0el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es \u00a0competente para resolver la acci\u00f3n de tutela impuesta por \u00a0JULI\u00c1N ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ \u00a0BOH\u00d3RQUEZ contra el Juzgado \u00a0Primero Penal del Circuito de Manizales, la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Manizales, la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la \u00a0SIJIN de la Polic\u00eda Nacional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La tutela es un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su \u00a0prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de procedibilidad que implican una \u00a0carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su \u00a0demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la propia Corte \u00a0Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
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La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito \u00a0de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en \u00a0un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que \u00a0origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Que la parte actora \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado \u00a0tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto \u00a0hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no \u00a0pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la \u00a0Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata de \u00a0acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
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AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El problema jur\u00eddico que \u00a0convoca a la Sala en esta oportunidad consiste en: determinar si la \u00a0solicitud de amparo interpuesta por JULI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ BOH\u00d3RQUEZ, \u00a0contra la sentencia proferida el 7 de abril \u00a0de 2011 por el Juzgado Primero Penal del \u00a0Circuito de Manizales, decisi\u00f3n que fue confirmada el \u00a022 de noviembre de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Manizales, cumple con \u00a0los requisitos generales necesarios para su procedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al examinar las pruebas obrantes en \u00a0el expediente, la Sala puede concluir que la presente solicitud de \u00a0amparo debe ser declarada improcedente, comoquiera que no cumple a \u00a0cabalidad con los precitados requisitos generales de procedibilidad \u00a0de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto, se avizora que no \u00a0cumple con el requisito de inmediatez, es decir, \u00abque \u00a0la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y \u00a0proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u00bb, \u00a0ni tampoco con el de subsidiariedad o, en otras palabras, \u00abque \u00a0se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo concerniente al primero \u00a0de estos, esta Corporaci\u00f3n advierte que la \u00faltima \u00a0decisi\u00f3n censurada por el accionante fue proferida hace m\u00e1s \u00a0de siete (7) a\u00f1os, excediendo considerablemente lo que se \u00a0podr\u00eda considerar como un plazo razonable, sin establecer en \u00a0su escrito alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, en lo que ata\u00f1e al \u00a0requisito de subsidiariedad, se puede evidenciar que el accionante no \u00a0agot\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa para el \u00a0cumplimiento de sus pretensiones, esto es, el recurso extraordinario \u00a0de casaci\u00f3n en contra de la providencia de segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre el particular, en sentencia \u00a0T-108 de 2003, la Corte Constitucional afirm\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de \u00a0procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al \u00a0menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al \u00a0mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De \u00a0lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una \u00a0v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y \u00a0se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y \u00a0residual. El \u00a0peticionario ni siquiera intent\u00f3 hacer uso del mencionado \u00a0recurso para cuestionar la providencia dictada en el proceso \u00a0ordinario laboral\u2026omisi\u00f3n que no puede suplirse ahora \u00a0mediante la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0pues como fue explicado ella no constituye una tercera v\u00eda o \u00a0un instancia para reabrir debates concluidos, ni un forma de enmendar \u00a0insuficiencias en la gesti\u00f3n de los asuntos propios. \u00a0(Resaltado fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, la Sala no puede \u00a0perder de vista que en el presente tr\u00e1mite constitucional \u00a0JULI\u00c1N ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ \u00a0BOH\u00d3RQUEZ pretende demostrar \u00a0que, existieron irregularidades en el curso \u00a0del proceso penal 2010-00005; \u00a0sin embargo, al revisar las providencias \u00a0aportadas en su escrito, se puede constatar que en ning\u00fan \u00a0momento present\u00f3 estos argumentos ante los jueces ordinarios, \u00a0por lo cual, no puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela en aras \u00a0de reabrir debates probatorios que no fueron debidamente \u00a0aprovechados, pues esta figura no tiene la finalidad de suplir las \u00a0negligencias de los ciudadanos frente a los elementos de hecho o \u00a0derecho que hubiesen servido para defender sus intereses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual forma, el accionante \u00a0considera que, conviene interponer acci\u00f3n de revisi\u00f3n \u00a0en el presente asunto, por lo tanto, esta Sala advierte que, si \u00a0considera que posee elementos materiales probatorios que no exist\u00edan \u00a0al momento de surtirse el proceso penal adelantado en su contra, los \u00a0cuales versan sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha \u00a0oportunidad y que tienen la vocaci\u00f3n probatoria suficiente \u00a0para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad hacer uso de la \u00a0acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo \u00a0192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por estos motivos, al no cumplirse a \u00a0cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra providencias judiciales y, comoquiera que tampoco \u00a0existen elementos que permitan flexibilizar estos requisitos, lo \u00a0procedente es declarar improcedente la presente solicitud de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por JULI\u00c1N \u00a0ANDR\u00c9S L\u00d3PEZ BOH\u00d3RQUEZ \u00a0contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales, la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del \u00a0Pueblo y la SIJIN de la Polic\u00eda Nacional, por las razones \u00a0expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los sujetos procesales por el medio m\u00e1s expedito el presente \u00a0fallo, inform\u00e1ndoles que puede ser impugnado dentro de los \u00a0tres d\u00edas siguientes, contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Si no fuere impugnado, \u00a0env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su \u00a0eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el \u00a0art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
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4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 STP1498-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114823 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.31) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54376","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54376\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}