\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1313-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 114605 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a023 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por RUBIELA \u00a0CIFUENTES ORTIZ \u00a0contra el fallo proferido el 9 de diciembre de 2020 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 el amparo reclamado contra la \u00a0 Direcci\u00f3n \u00a0Seccional \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0de Ibagu\u00e9 y la Fiscal\u00eda \u00a0Veintis\u00e9is Seccional \u00a0de la Unidad de Delitos contra la \u00a0Administraci\u00f3n P\u00fablica de la misma ciudad, por la \u00a0presunta violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido \u00a0proceso, de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de \u00a0petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RUBIELA CIFUENTES \u00a0ORTIZ demanda la protecci\u00f3n de sus derechos con fundamento en \u00a0los siguientes hechos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el a\u00f1o \u00a02018 formul\u00f3 denuncia contra Roberto Blanco Jaimes por la \u00a0presunta comisi\u00f3n de los delitos de fraude procesal y \u00a0hechos relacionados con falsedad ideol\u00f3gica e intelectual, \u00a0la cual fue asignada a la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Seccional \u00a0de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica \u00a0de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El 21 de \u00a0septiembre de 2020, mediante apoderado, pidi\u00f3 informaci\u00f3n \u00a0sobre el tr\u00e1mite dado a su denuncia y nuevamente hizo esta \u00a0solicitud en mensaje remitido el 3 de noviembre siguiente al correo \u00a0electr\u00f3nico ramiro.lozano@fiscalia.gov.co. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que se est\u00e1n vulnerando sus derechos dado que han pasado m\u00e1s \u00a0de dos a\u00f1os y la fiscal\u00eda a\u00fan no ha adoptado una \u00a0decisi\u00f3n de fondo sobre su denuncia ni ha sido requerida para \u00a0ampliarla, y tampoco se ha dado respuesta a las solicitudes de \u00a0informaci\u00f3n por parte de las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en fallo de \u00a09 de diciembre de 2020, neg\u00f3 el amparo \u00a0solicitado por RUBIELA CIFUENTES ORTIZ con fundamento en las \u00a0siguientes consideraciones: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Seccional de la Unidad de Delitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Ibagu\u00e9 dio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respuesta a las solicitudes de la accionante mediante oficio de 30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de noviembre de 2020, remitido al correo electr\u00f3nico de su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoderado, en el cual le comunic\u00f3 sobre las gestiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adelantadas en la indagaci\u00f3n preliminar iniciada con base en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su denuncia. Por lo anterior existe carencia actual de objeto por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hecho superado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bien la fiscal\u00eda accionada no ha decidido si formula \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imputaci\u00f3n o si dispone el archivo de la indagaci\u00f3n y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la presentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la denuncia, debe considerarse la carga laboral y los problemas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estructurales que impiden adoptar una decisi\u00f3n con celeridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y justifican la mora judicial. Adem\u00e1s, el t\u00e9rmino de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n constituye un l\u00edmite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable para que la autoridad judicial se pronuncie al respecto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez de tutela no est\u00e1 facultado para intervenir en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuaci\u00f3n penal en tanto no se avizora una dilaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0injustificada de los t\u00e9rminos, y, en cualquier caso, no le es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0permitido direccionar la forma en que debe ejercerse la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e1 demostrado que la accionante sea sujeto de especial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0protecci\u00f3n y se est\u00e9 ante un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
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La accionante \u00a0RUBIELA CIFUENTES ORTIZ manifiesta su inconformidad con el fallo de \u00a0primera instancia porque considera que no se hizo un estudio de fondo \u00a0de los deberes de la fiscal\u00eda y del desarrollo del proceso, \u00a0pues ha existido una tardanza en el proceso penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00a0no se aplicaron los art\u00edculos 138, 205 y 207 de la Ley 906 de \u00a02004 y del art\u00edculo 86 de la Ley 1564, y tampoco tuvo en \u00a0cuenta el art\u00edculo 414 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00a0se encuentra en condici\u00f3n de vulnerabilidad porque los \u00a0denunciados han embargado unos predios que no son de su propiedad \u00a0sino de sus hermanos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuestion\u00f3 \u00a0que no se haya realizado una inspecci\u00f3n judicial y ordenado la \u00a0\u201cdeclaraci\u00f3n de parte\u201d porque todas las pruebas \u00a0que conlleven a la verdad deben ser practicadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00a0revocar el fallo impugnado y que se haga efectiva la igualdad entre \u00a0las partes que ordena el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE \u00a0LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnaci\u00f3n \u00a0instaurada por la accionante contra el fallo proferido por la Sala \u00a0Penal de Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el 9 de diciembre de \u00a02020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0RUBIELA CIFUENTES ORTIZ acude a la acci\u00f3n de tutela porque las \u00a0autoridades accionadas no han dado respuesta a las solicitudes \u00a0radicadas el 21 de septiembre y 3 de noviembre de 2020 referidas al \u00a0tr\u00e1mite de la denuncia que radic\u00f3 en el a\u00f1o \u00a02018. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0considera que se presenta mora judicial en la fase de indagaci\u00f3n \u00a0preliminar y, por consiguiente, se \u00a0est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso \u00a0y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0En relaci\u00f3n con el primer hecho en que se fundamenta la \u00a0petici\u00f3n de amparo, relacionada con la ausencia de respuesta a \u00a0las solicitudes de informaci\u00f3n \u00a0e impulso procesal, se \u00a0configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en raz\u00f3n \u00a0a que la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Seccional de la Unidad de \u00a0Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Ibagu\u00e9 \u00a0dio respuesta a la accionante mediante oficio 20460-01-01-26-311 de \u00a030 de noviembre de 2020, enviado a la direcci\u00f3n de correo \u00a0electr\u00f3nico de la denunciante y de su apoderado, en el cual le \u00a0inform\u00f3 sobre la actividad investigativa adelantada de acuerdo \u00a0al programa metodol\u00f3gico y que agotado \u00e9ste adoptar\u00eda \u00a0las decisiones correspondientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, el hecho en que se fundament\u00f3 el desconocimiento del \u00a0derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ha sido \u00a0superado porque se contest\u00f3 a la solicitud de impulso \u00a0procesal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Ahora bien, pasa la Sala a examinar los cuestionamientos por la mora \u00a0en la gesti\u00f3n de investigaci\u00f3n y la definici\u00f3n \u00a0de la indagaci\u00f3n preliminar n\u00b0730016099093201807595, \u00a0iniciada a partir de la denuncia formulada por la accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, toda persona tiene derecho a que la actuaci\u00f3n \u00a0\u2013 \u00a0judicial o administrativa \u2013 \u00a0se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas, pues, de configurarse \u00a0\u00e9stas, se vulneran los derechos al debido proceso y de acceso \u00a0efectivo a la administraci\u00f3n de justicia (T-348\/1993), \u00a0adem\u00e1s de incumplir los principios que rigen la administraci\u00f3n \u00a0de justicia -celeridad, \u00a0eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el \u00a0proceso-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, la \u00a0mora de las autoridades en materia judicial no se deduce por el mero \u00a0paso del tiempo, sino que exige hacer un an\u00e1lisis completo de \u00a0la situaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para determinar \u00a0cu\u00e1ndo se presentan dilaciones \u00a0injustificadas \u00a0en la administraci\u00f3n de justicia y, por consiguiente, en qu\u00e9 \u00a0eventos procede la acci\u00f3n de tutela frente a la protecci\u00f3n \u00a0del acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia \u00a0constitucional, con sujeci\u00f3n a distintos pronunciamientos de \u00a0la CIDH y de la Corte IDH (T-052\/18, \u00a0T-186\/2017, \u00a0T-803\/2012 \u00a0y T-945A\/2008), \u00a0ha se\u00f1alado que debe estudiarse: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Si se \u00a0presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en \u00a0la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo \u00a0es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, \u00a0cuando el n\u00famero de procesos que corresponde resolver al \u00a0funcionario es elevado (T-030\/2005), \u00a0de tal forma que la capacidad log\u00edstica y humana est\u00e1 \u00a0mermada y se dificulta evacuarlos en tiempo (T494\/14), \u00a0entre otras m\u00faltiples causas (T-527\/2009); \u00a0y \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Si la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de \u00a0las funciones por parte de una autoridad judicial \u00a0(T-230\/2013, \u00a0reiterada en T-186\/2017). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0entonces, resulta necesario para el juez constitucional evaluar, bajo \u00a0el acervo probatorio correspondiente, si en casos de mora judicial \u00a0\u00e9sta es justificada o no, pues no puede presumirse ni es \u00a0absoluta (T-357\/2007). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Una vez hecho ese \u00a0ejercicio, si el \u00a0juez de tutela encuentra que la dilaci\u00f3n no tiene \u00a0justificaci\u00f3n alguna, habr\u00e1 de intervenir en defensa de \u00a0los derechos fundamentales del afectado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Puede negar \u00a0la violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso a \u00a0la administraci\u00f3n de justicia, por lo que se reitera la \u00a0obligaci\u00f3n de someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos \u00a0de igualdad; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Puede disponer excepcionalmente \u00a0la alteraci\u00f3n del orden para proferir la decisi\u00f3n que \u00a0se eche de menos, cuando el juez est\u00e1 en presencia de un \u00a0sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, o cuando la mora \u00a0judicial supere los plazos razonables y tolerables de soluci\u00f3n, \u00a0en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; \u00a0y \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Puede ordenar un amparo transitorio en relaci\u00f3n con los \u00a0derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial \u00a0competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la \u00a0controversia planteada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el caso concreto el Fiscal Veintis\u00e9is \u00a0Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n \u00a0P\u00fablica de Ibagu\u00e9 reconoci\u00f3 \u00a0que adelanta la indagaci\u00f3n preliminar n\u00b0730016099093201807595, \u00a0la cual recibi\u00f3 como parte de las 1910 carpetas que recibi\u00f3 \u00a0el 11 de enero de 2019, cuando fue trasladado a esa fiscal\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0indic\u00f3 que la indagaci\u00f3n cuenta con un programa \u00a0metodol\u00f3gico y una orden a polic\u00eda judicial que no ha \u00a0tenido respuesta en dos a\u00f1os por lo que orden\u00f3 requerir \u00a0en forma inmediata a la servidora de polic\u00eda judicial para que \u00a0explique los motivos por los cuales no se ha pronunciado. Igualmente \u00a0indic\u00f3 que el 30 de noviembre de 2020 expidi\u00f3 la orden \u00a0a polic\u00eda judicial n\u00b0 6138968 para que en 30 d\u00edas \u00a0se realicen algunas actividades de polic\u00eda judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0que la mora en revisar el expediente se deriva de la excesiva carga \u00a0laboral, las limitaciones de la pandemia y la falta de personal que \u00a0han dificultado el desarrollo de sus funciones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, en el fallo impugnado se argumenta que no existe una \u00a0dilaci\u00f3n desmesurada e injustificada y, por tanto, no hay \u00a0afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante \u00a0porque: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cello \u00a0 obedece \u00a0al \u00a0hecho \u00a0notorio consistente \u00a0en que la mayor\u00eda \u00a0 de \u00a0los \u00a0Fiscales \u00a0Delegados \u00a0tanto \u00a0a \u00a0nivel \u00a0nacional \u00a0en \u00a0general \u00a0como \u00a0a \u00a0nivel \u00a0de \u00a0esta \u00a0Seccional \u00a0en \u00a0particular, \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0 forma \u00a0parte \u00a0el Veintis\u00e9is \u00a0Seccional \u00a0radicado \u00a0en \u00a0esta \u00a0 capital, est\u00e1n afectados \u00a0con \u00a0una alta carga \u00a0laboral \u00a0y \u00a0 problemas estructurales que les impide obtener respuesta oportuna en \u00a0relaci\u00f3n con las \u00f3rdenes de trabajo impartidas, sin \u00a0 las cuales, por supuesto, no es posible adoptar la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0correspondiente con celeridad. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0el tiempo empleado por aquella \u00a0est\u00e1 razonablemente \u00a0 justificado en virtud de circunstancias que la propia jurisprudencia \u00a0 constitucional \u00a0ha \u00a0avalado \u00a0en \u00a0casos \u00a0de \u00a0mora \u00a0judicial, \u00a0ya que, \u00a0 se \u00a0itera, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la misma \u00a0y \u00a0la \u00a0del \u00a0\u00f3rgano \u00a0de \u00a0 cierre \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad \u00a0penal, debido a tales vicisitudes institucionales \u00a0 \u00a0que \u00a0obedece \u00a0en \u00a0 esencia \u00a0a \u00a0causas \u00a0estructurales, \u00a0el t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0 prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0se \u00a0erige \u00a0como \u00a0 un \u00a0tiempo l\u00edmite razonable para que la autoridad instructora \u00a0determine si es viable o no formular imputaci\u00f3n, por supuesto, \u00a0dependiendo de las caracter\u00edsticas propias de cada caso \u00a0 concreto, ya que ese espec\u00edfico acto procesal tiene la \u00a0facultad \u00a0 precisamente de interrumpir dicho fen\u00f3meno \u00a0extintivo cronol\u00f3gicamente constituido como extremo legal para \u00a0 ejercer el ius puniendi. \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0desde esta perspectiva, n\u00f3tese que el reato de FRAUDE \u00a0PROCESAL, al tener una pena m\u00e1xima de doce (12) a\u00f1os, \u00a0este \u00faltimo, a la luz del canon 83 del Estatuto de las Penas, \u00a0constituir\u00eda ese lapso\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0bien, el \u00a0par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 175 de la Ley 906 de \u00a02004, modificado \u00a0por el art\u00edculo 49\u00a0de la Ley 1453 de 2011, dispone \u00a0que la Fiscal\u00eda tiene un plazo m\u00e1ximo de dos (2) a\u00f1os \u00a0a partir de la recepci\u00f3n de la denuncia para formular \u00a0imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de la \u00a0indagaci\u00f3n, t\u00e9rmino que se extiende a tres (3) a\u00f1os \u00a0ante el concurso de delitos o cuando son tres o m\u00e1s los \u00a0imputados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0declarar la exequibilidad del se\u00f1alado t\u00e9rmino, la \u00a0Corte Constitucional indic\u00f3 que \u201cel \u00a0establecimiento de l\u00edmites temporales a esta fase del \u00a0procedimiento penal no suprime las facultades y funciones \u00a0investigativas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y \u00a0eficazmente; tampoco afecta los derechos de las v\u00edctimas a la \u00a0verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n, porque obliga a las \u00a0instancias judiciales a materializar sus derechos en t\u00e9rminos \u00a0cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo \u00a0puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisi\u00f3n \u00a0debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el art\u00edculo \u00a079 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista \u00a0m\u00e9rito para ello\u201d. \u00a0 (CC C-893 de 2012). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la informaci\u00f3n allegada al expediente de tutela, \u00a0el 9 de octubre de 2018 la accionante formul\u00f3 denuncia contra \u00a0Roberto Blanco Jaimes por el presunto delito de fraude procesal y \u00a0hechos relacionados con falsedad ideol\u00f3gica e intelectual, y \u00a0en \u00a0escrito fechado 20 de octubre de 2020 la accionante reitera la \u00a0denuncia y refiere como delitos investigados falsedad ideol\u00f3gica \u00a0e intelectual en concurso con fraude procesal. \u00a0<\/p>\n
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En \u00a0este orden, como quiera que la indagaci\u00f3n es por la posible \u00a0comisi\u00f3n de un concurso de conductas punibles para determinar \u00a0si existe mora debe considerarse el t\u00e9rmino de tres (3) a\u00f1os \u00a0previsto en el citado art\u00edculo 175, el cual no \u00a0ha fenecido, toda vez que la denuncia de la accionante fue presentada \u00a0el 9 de octubre de 2018. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En este orden, \u00a0como no se ha superado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para adelantar \u00a0la indagaci\u00f3n preliminar no es viable concluir que existe mora \u00a0judicial injustificada, por lo que se proceder\u00e1 a confirmar el \u00a0fallo impugnado que neg\u00f3 el amparo, pero por las razones antes \u00a0mencionadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La precisi\u00f3n \u00a0anterior es relevante como quiera que dentro de las consideraciones \u00a0del fallo de primera instancia se afirma que \u201cel \u00a0t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se \u00a0erige como un tiempo l\u00edmite razonable para que la autoridad \u00a0instructora determine si es viable o no formular imputaci\u00f3n\u201d, \u00a0lo cual es a todas luces desacertado, en raz\u00f3n a las \u00a0limitaciones contenidas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo \u00a0175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA NO. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado, por lo expuesto en la parte motiva. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
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