\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1284-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 114849 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0 31. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n presentada por los \u00a0accionantes ELEUCADIO \u00a0HERRERA LE\u00d3N \u00a0y CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S SALAZAR, \u00a0contra la sentencia de tutela emitida 19 de enero del curso por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Villavicencio, mediante la cual les neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y vida, presuntamente \u00a0vulnerados por el Fiscal\u00eda 9\u00aa Seccional de esa misma \u00a0ciudad, en actuaci\u00f3n que vincul\u00f3 a la Secretar\u00eda \u00a0de Gobierno Municipal y a los Comandantes de la Polic\u00eda \u00a0Metropolitana y Sijin, todos Villavicencio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Sala determinar si la Fiscal\u00eda 9\u00aa Seccional vulner\u00f3 \u00a0los derechos fundamentales de los accionantes con el tr\u00e1mite \u00a0impartido a la denuncia con radicado 5000160005672020002071 que \u00a0presentaron contra sus vecinos Salom\u00f3n Pinz\u00f3n Murillo y \u00a0Luisa Fernanda Moreno por el delito de amenaza (art. 347 del C.P.). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto de 11 de diciembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Villavicencio avoc\u00f3 el conocimiento de la presente \u00a0actuaci\u00f3n y \u00a0orden\u00f3 correr traslado de la demanda a la Fiscal\u00eda \u00a0accionada, a fin de garantizarle sus derechos de defensa y \u00a0contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto de 14 de diciembre siguiente dispuso vincular a la Secretar\u00eda \u00a0de Gobierno Municipal y a los Comandantes de la Polic\u00eda \u00a0Metropolitana y Sijin de Villavicencio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Fiscal\u00eda 9\u00aa Seccional mencion\u00f3 que dentro de \u00a0sus funciones como Fiscal adscrita Unidad de Intervenci\u00f3n \u00a0Temprana de Denuncias, le correspondi\u00f3 estudiar y realizar el \u00a0respectivo filtro a la denuncia presentada por los accionantes, \u00a0concluyendo que los hechos denunciados evidenciaban la existencia de \u00a0un conflicto de convivencia, competencia asignada a los inspectores \u00a0de polic\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que en virtud de lo anterior el 13 de octubre de 2020 remiti\u00f3 \u00a0copia de la denuncia a la Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de \u00a0Villavicencio para que asignara la actuaci\u00f3n a un inspector de \u00a0polic\u00eda. \u00a0<\/p>\n
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Finalmente \u00a0adujo que su decisi\u00f3n fue comunicada oportunamente a los \u00a0denunciantes ELEUCADIO \u00a0HERRERA LE\u00d3N y \u00a0CARLOS ANDR\u00c9S SALAZAR \u00a0mediante oficio SDSFSC \u2013UGATED 0101F9 de 23 de octubre de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de Villavicencio manifest\u00f3 \u00a0que no activ\u00f3 la ruta de protecci\u00f3n de que trata el \u00a0art\u00edculo 2.4.1.2.3. del Decreto 1066 de 20151, \u00a0por cuanto la actuaci\u00f3n remitida por la Fiscal\u00eda hac\u00eda \u00a0menci\u00f3n a un conflicto de convivencia, adem\u00e1s que no \u00a0evidenci\u00f3 que los denunciantes se encontraran inmersos en \u00a0alguno de los grupos de riesgo que mencionada la citada norma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El corregidor No. 7 de Villavicencio inform\u00f3 que si bien no \u00a0tiene conocimiento de la denuncia antes mencionada, en atenci\u00f3n \u00a0a una queja presentada por el accionante EULADIO \u00a0HERRERA LE\u00d3N en \u00a0su oficina, libr\u00f3 boleta de citaci\u00f3n contra Salom\u00f3n \u00a0Pinz\u00f3n Murillo y Luisa Fernanda Moreno para ser escuchados en \u00a0diligencia p\u00fablica el 1\u00ba de febrero de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que la diligencia fue programada para esa fecha debido a la cantidad \u00a0de quejas que recibe a diario su despacho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El Comandante de la Polic\u00eda Metropolitana de Villavicencio \u00a0indic\u00f3 que esa entidad y la Seccional de Investigaci\u00f3n \u00a0Criminal de la Polic\u00eda Metropolitana de Villavicencio \u00a0(Sijin-Mevil) no han vulnerado los derechos del actor y que sus \u00a0pretensiones desbordan el \u00e1mbito de sus competencias. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiri\u00f3 \u00a0que mediante comunicado oficial S-2020-081146 MEVIL del 1\u00b0 de \u00a0noviembre de 2020 el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana le \u00a0orden\u00f3 al Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda \u00a0Centauros implementar medidas preventivas en el lugar de residencia \u00a0de los accionantes como revistas policiales y patrullajes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0adujo que durante el tr\u00e1mite de esta tutela, funcionarios de \u00a0la seccional se contactaron con los accionantes en su residencia y \u00a0socializaron medidas de autoprotecci\u00f3n personal que ayudar\u00edan \u00a0a garantizar su seguridad, adem\u00e1s de los patrullajes \u00a0peri\u00f3dicos que est\u00e1n adelantando por el sector. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio neg\u00f3 el \u00a0amparo constitucional deprecado luego de considerar que la demanda \u00a0desconoc\u00eda el requisito de subsidiariedad que rige a la acci\u00f3n \u00a0de tutela, pues si alguna inconformidad les asist\u00eda a los \u00a0accionantes respecto de la actuaci\u00f3n desplegada por la \u00a0Fiscal\u00eda 9\u00aa Seccional frente a la remisi\u00f3n de su \u00a0denuncia, bien pod\u00edan acudir al juez de control de garant\u00edas \u00a0y buscar por esa v\u00eda la protecci\u00f3n de sus derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0del actuar del Comandante de la Polic\u00eda Metropolitana de \u00a0Villavicencio y la Sijin decret\u00f3 la carencia actual de objeto \u00a0por hecho superado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notificados \u00a0del contenido del fallo el accionante ELEUCADIO \u00a0HERRERA LE\u00d3N lo \u00a0impugn\u00f3 alegando que el actuar de la fiscal\u00eda demanda \u00a0desconoc\u00eda sus derechos fundamentales, al punto que tuvo que \u00a0acudir al comandante de la Sijin para su protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0en concordancia con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, al ser su superior \u00a0funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Sala, a efectos de resolver el problema jur\u00eddico planteado, \u00a0atender\u00e1 los antecedentes jurisprudenciales que al respecto ha \u00a0establecido la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n cuando \u00a0en el asunto que se examina se presenta la inexistencia de \u00a0vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo concebido \u00a0para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, \u00a0cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n, siempre que no exista otro recurso o medio de \u00a0defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio \u00a0para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0sede de impugnaci\u00f3n, el juez constitucional debe verificar el \u00a0contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y \u00a0con el fallo, tanto que si a su juicio la sentencia carece de \u00a0fundamento, proceder\u00e1 a revocarla o de lo contrario la \u00a0confirmar\u00e1, tal como lo dispone el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, por el cual se regula el tr\u00e1mite \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Confrontados \u00a0los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n y la \u00a0respuesta ofrecida por la Fiscal\u00eda accionada, pronto advierte \u00a0la Sala la improcedencia de la solicitud de amparo y por ende la \u00a0confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que el derecho a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia implica garantizar a toda persona \u00a0la \u00a0posibilidad de poder acudir en condiciones de igualdad ante los \u00a0jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del \u00a0orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el \u00a0restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con \u00a0estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente \u00a0establecidos y plena observancia de las garant\u00edas sustanciales \u00a0y procedimentales previstas en las leyes (CC T-421 de 2018 y C-426 \u00a0de 2002). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto se tiene que las preocupaciones de los accionantes \u00a0por las presuntas amenazadas recibidas de sus vecinos han sido \u00a0debidamente atendidas por las entidades accionadas. En lo que \u00a0respecta a la fiscal\u00eda, desde el \u00e1mbito de su \u00a0competencia, evalu\u00f3 los hechos denunciados y determin\u00f3 \u00a0que \u00e9stos no revest\u00edan las caracter\u00edsticas de un \u00a0delito, sino m\u00e1s bien de una contravenci\u00f3n o violaci\u00f3n \u00a0al C\u00f3digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (art. \u00a027, numeral 4\u00b0 de la Ley 1801 de 2016)3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0ese an\u00e1lisis o calificaci\u00f3n temprana de la fiscal\u00eda \u00a0no es \u00f3bice para que los denunciantes, de contar con mayores \u00a0elementos de juicio que permitan acreditar no solo la configuraci\u00f3n \u00a0de la aludida contravenci\u00f3n sino tambi\u00e9n de una \u00a0evidente infracci\u00f3n al C\u00f3digo Penal, colaboren con \u00a0la Fiscal\u00eda en su labor investigativa aportando esos elementos \u00a0de prueba que tienen a su alcance y que permitir\u00edan esclarecer \u00a0las circunstancias que originaron su denuncia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, al no existir una conducta transgresora de derechos, \u00a0atribuible a las partes accionadas, resulta \u00a0acertada la decisi\u00f3n del a quo de negar la solicitud de amparo \u00a0invocada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es \u00a0improcedente la acci\u00f3n tutela cuando no ha habido acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de parte de la autoridad accionada de la cual pueda \u00a0predicarse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab4.2.1\u00a0Improcedencia \u00a0de la acci\u00f3n de tutela ante la inexistencia de una conducta \u00a0respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de \u00a0derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n\u00a0efectiva, \u00a0inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos \u00a0fundamentales,\u00a0\u201ccuando \u00a0quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la \u00a0acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u00a0o de los particulares [de \u00a0conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto \u00a02591 de 1991]\u201d. \u00a0As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo \u00a0constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no \u00a0existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a \u00a0la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n \u00a0de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u00bb4. \u00a0(Cita \u00a0textual). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, acreditada entonces la inexistencia de la vulneraci\u00f3n \u00a0alegada, lo procedente ser\u00e1 impartir confirmaci\u00f3n al \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0a \u00a0las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez \u00a0ejecutoriado el presente prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ART\u00cdCULO 2.4.1.2.6. Protecci\u00f3n de personas en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0situaci\u00f3n de riesgo extraordinario o extremo. Son objeto de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0protecci\u00f3n en raz\u00f3n del riesgo [\u2026]. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-115\/2018, T-130\/2014 y T-226\/2003; y CSJ STP14284-2017, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP14641-2019, STP14603-2019 y STP14592-2019, entre otras. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ART\u00cdCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0INTEGRIDAD. <Art\u00edculo corregido por el art\u00edculo 1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Amenazar con causar un da\u00f1o f\u00edsico a personas por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cualquier medio. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-130\/2014. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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