\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1282-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 114907 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n\u00b0. 31. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por el \u00a0accionante JOS\u00c9 \u00a0JAIR S\u00c1NCHEZ ATEHORTUA, \u00a0contra el fallo de 20 de enero de 2021, a trav\u00e9s del cual la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn le concedi\u00f3 \u00a0el amparo de sus fundamentales a la salud y vida digna y le orden\u00f3 \u00a0a la Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda \u00a0Metropolitana del Valle de Aburra adelantar los tr\u00e1mites \u00a0necesarios que permitan prestar los servicios y ex\u00e1menes \u00a0m\u00e9dicos que requiere el accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Acude \u00a0JOS\u00c9 \u00a0JAIR S\u00c1NCHEZ ATEHORTUA al \u00a0presente mecanismo de amparo solicitando se protejan sus derechos y \u00a0se ordene al Juzgado \u00a0Penal del Circuito de Girardota (Antioquia) y al \u00a0Instituto Nacional de Medicina Legal valorar su estado actual de \u00a0salud con miras a que se conceda el beneficio de prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria transitoria de que trata el \u00a0Decreto 546 de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el Instituto \u00a0Nacional de Medicina Legal o las dem\u00e1s partes accionadas \u00a0vulneraron los derechos fundamentales del actor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante auto de 18 de diciembre de 2020 la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn avoc\u00f3 \u00a0conocimiento de la acci\u00f3n y \u00a0orden\u00f3 correr traslado de la demanda al Juzgado Penal del \u00a0Circuito de Girardota (Antioquia), al Director de las Instalaciones \u00a0de la Polic\u00eda Nacional Sijin – Seccional \u00a0de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Metropolitana \u00a0del Valle de Aburra- \u00a0y a la Direcci\u00f3n General del INPEC, con el fin de \u00a0garantizarles sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Juzgado Penal del Circuito de Girardota inform\u00f3 que en \u00a0decisi\u00f3n de 30 de abril de 2020 neg\u00f3 al accionante la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria transitoria de que trata el art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 546 de 2020. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que S\u00c1NCHEZ \u00a0ATEHORTUA \u00a0cumple una sentencia de 92 meses de prisi\u00f3n por su \u00a0responsabilidad penal en los delitos de concierto para y hurto \u00a0calificado (12 eventos); que en la sentencia tambi\u00e9n se \u00a0pronunci\u00f3 sobre la prisi\u00f3n domiciliaria, determinaci\u00f3n \u00a0que fue recurrida por el apoderado del defensor y est\u00e1 \u00a0pendiente por resolverse en segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior considera que no ha vulnerado derechos fundamentales y en \u00a0consecuencia solicit\u00f3 negar el amparo constitucional \u00a0reclamado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Jefe de la Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal de la \u00a0Polic\u00eda Metropolitana del Valle de Aburra indic\u00f3 que \u00a0por razones de hacinamiento en los centros carcelarios, tiene bajo su \u00a0custodia al accionante en las instalaciones de la sala \u00a0de privaci\u00f3n temporal de la libertad de \u00a0esa unidad policial, quien fue cobijado con medida de aseguramiento \u00a0en virtud del proceso que se sigue en su contra. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que esa Seccional siempre ha estado presta a realizar los \u00a0desplazamientos a los diferentes centros m\u00e9dicos y \u00a0hospitalarios cuando se presenta alguna urgencia con los internos o \u00a0tienen programadas citas m\u00e9dicas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en lo que respecta al caso del accionante, refiri\u00f3 el \u00a0siguiente historial de desplazamientos: i) 13 de marzo de 2020, hora \u00a007:50; ii) 18 de agosto de 2020, hora 14:10; iii) 23 de septiembre de \u00a02020, hora 08:55; iv) 2 de octubre de 2020, hora 14:35, y v) 27 de \u00a0noviembre de 2020, hora 14:50. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Instituto Nacional de Medicina Legal \u2013 Regional Noroccidente \u00a0manifest\u00f3 que consultada su base de datos no encontr\u00f3 \u00a0informe pericial o solicitud de examen m\u00e9dico a nombre de JOS\u00c9 \u00a0JAIR S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Direcci\u00f3n General del INPEC aleg\u00f3 falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa se\u00f1alando que lo solicitado \u00a0por el accionante desbordaba su competencia funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0decisi\u00f3n de 20 de enero de 2021 la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Medell\u00edn concedi\u00f3 el amparo de los derechos \u00a0fundamentales a la salud y vida digna reclamados por el demandante y \u00a0le orden\u00f3 a la Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal de \u00a0la Polic\u00eda Metropolitana del Valle de Aburra adelantar los \u00a0tr\u00e1mites necesarios que permitan practicar los ex\u00e1menes \u00a0m\u00e9dicos ordenados por SURA EPS el de 3 julio de 2020 y que a \u00a0la fecha se encuentren pendientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior en atenci\u00f3n a la responsabilidad que tiene Estado de \u00a0garantizar a las personas privadas de la libertad el goce efectivo de \u00a0los derechos a la salud, dignidad humana y satisfacci\u00f3n de \u00a0necesidades b\u00e1sicas m\u00ednimas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notificado \u00a0del contenido del fallo el accionante lo impugn\u00f3 insistiendo \u00a0en la necesidad de que se ordene por v\u00eda de tutela la \u00a0valoraci\u00f3n de su estado de salud por medicina legal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0en armon\u00eda con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Medell\u00edn, del cual es su superior \u00a0funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De \u00a0cara al problema jur\u00eddico planteado en precedencia, se tiene \u00a0que toda \u00a0persona puede invocar la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante \u00a0los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, \u00a0la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales \u00a0fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados \u00a0por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad \u00a0p\u00fablica o de los particulares. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, el inciso 3\u00ba del \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente es \u00a0procedente \u00abcuando \u00a0el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que \u00a0aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0tales presupuestos normativos esta Sala ha se\u00f1alado \u00a0insistentemente que la \u00a0acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, de \u00a0manera que resulta improcedente cuando quien acude a ella, cuenta con \u00a0herramientas judiciales ordinarias que le permiten ejercer de manera \u00a0id\u00f3nea y eficaz, una verdadera defensa de sus derechos \u00a0fundamentales o cuando teni\u00e9ndolos no acudi\u00f3 a ellos \u00a0para solicitar la protecci\u00f3n de los mismos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En el presente asunto, desde ya advierte la Sala la improcedencia de \u00a0lo reclamado por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, y por lo tanto la \u00a0confirmaci\u00f3n del fallo recurrido, pues si lo pretendido es la \u00a0valoraci\u00f3n su estado de salud por medicina legal, lo \u00a0procedente no ser\u00eda acudir a la tutela como mecanismo \u00a0principal, sino solicitar previamente dicho examen a trav\u00e9s \u00a0del juez de conocimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de tutela contempla \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional y se hayan agotado todos los medios \u2013 \u00a0ordinarios y extraordinarios \u2013 \u00a0de defensa judicial que tenga al alcance la persona afectada1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con los conceptos \u00a0No.1279-2008-OJ de 16 de diciembre de 2008 y No. 007-2013-OJ de 18 de \u00a0febrero de 2013 de la oficina jur\u00eddica del Instituto Nacional \u00a0de Medicina Legal, las autoridades judiciales, los fiscales delegados \u00a0y los abogados defensores pueden solicitar en cualquier momento a \u00a0Medicina Legal una valoraci\u00f3n y concepto m\u00e9dico del \u00a0estado de salud del procesado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, para que JOS\u00c9 \u00a0JAIR S\u00c1NCHEZ \u00a0obtenga el concepto del m\u00e9dico legista que requiere deber\u00e1 \u00a0solicitar previamente al juez de conocimiento su remisi\u00f3n; \u00a0para ello deber\u00e1, adem\u00e1s, acreditar las razones que \u00a0dieron origen a su petici\u00f3n. Tal exigencia tiene como \u00a0finalidad no solo que la autoridad judicial valore la procedencia de \u00a0la solicitud, sino que tambi\u00e9n le permite conocer y estar \u00a0atento a sus condiciones m\u00e9dicas para que, de considerarlo \u00a0pertinente, sustituya la medida privativa de la libertad y adopte \u00a0oportunamente la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, de cara \u00a0a las patolog\u00edas que lo aquejan. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por \u00a0otro lado, tampoco ser\u00eda procedente reconocer por v\u00eda \u00a0de tutela el beneficio de prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria transitoria de \u00a0que trata el Decreto 546 de 2020 y cuya aplicaci\u00f3n solicit\u00f3 \u00a0el accionante en su escrito de demanda. En primer lugar porque tal \u00a0solicitud ya fue analizada por el juez natural de la causa, quien la \u00a0despach\u00f3 de manera desfavorable por no encontrar acreditados \u00a0los requisitos exigidos en la norma para su procedencia; y por otro \u00a0lado, porque igual pretensi\u00f3n se analiz\u00f3 en la \u00a0sentencia condenatoria emitida en primera instancia, determinaci\u00f3n \u00a0que, como bien lo inform\u00f3 el juzgado en su respuesta, no ha \u00a0cobrado ejecutoria y puede ser revocada, modificada o reformada por \u00a0el ad quem. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, las caracter\u00edsticas \u00a0de subsidiariedad y residualidad que son predicables de la acci\u00f3n \u00a0de protecci\u00f3n constitucional, aparejan como consecuencia que \u00a0no pueda accederse al beneficio solicitado por el censor, pues el \u00a0juez de tutela no puede arrogarse el conocimiento de procesos \u00a0en tr\u00e1mite, \u00a0cuyas pretensiones a\u00fan se encuentran en litigio. Ello porque a \u00a0m\u00e1s de desnaturalizar su esencia, socava postulados \u00a0constitucionales como la independencia y la autonom\u00eda \u00a0funcionales que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la \u00a0preceptiva contenida en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
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En \u00a0ese orden, al estar en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0del accionante, que involucr\u00f3 su inconformidad por la negativa \u00a0de la prisi\u00f3n domiciliaria, y no haberse emitido a\u00fan \u00a0una decisi\u00f3n en segunda instancia que ponga fin a la \u00a0controversia, emerge autom\u00e1ticamente el requisito de \u00a0subsidiariedad de la tutela e impone la obligaci\u00f3n de declarar \u00a0su improcedencia, pues de entrar a estudiar de fondo lo pretendido se \u00a0atentar\u00eda contra \u00a0la autonom\u00eda e independencia judicial, que tambi\u00e9n \u00a0tienen protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u00abla \u00a0acci\u00f3n de tutela no es procedente frente a procesos \u00a0en tr\u00e1mite \u00a0o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jur\u00eddico tiene \u00a0establecido medios de defensa judiciales id\u00f3neos y eficaces \u00a0para asegurar la protecci\u00f3n de los derechos y las garant\u00edas \u00a0fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situaci\u00f3n, \u00a0se estar\u00eda quebrantando el mandato del art\u00edculo 86 \u00a0superior y desnaturalizando la figura de la acci\u00f3n de tutela.\u00bb \u00a0(CC T-1343\/01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, de accederse a lo reclamado por el accionante, implicar\u00eda \u00a0que el juez constitucional se aleje de su rol garante de los derechos \u00a0fundamentales y entre a definir controversias propias de la \u00a0jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo que evidentemente le est\u00e1 \u00a0proscrito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, lo procedente ser\u00e1 confirmar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar \u00a0el \u00a0fallo \u00a0impugnado, conforme los argumentos expuestos en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0a las partes de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Remitir \u00a0copia de lo aqu\u00ed dispuesto al proceso penal que se sigue \u00a0contra el actor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Enviar \u00a0las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver entre otras, STP-5074-2018, 17 abr. 2018, rad. 96314, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP1635-2018, 06 feb. 2018, rad. 96794 y STP787-2018, rad. 96314. \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP1282-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 114907 \u00a0 Acta \u00a0n\u00b0. 31. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54344","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54344"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54344\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}