\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP1036-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114660 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 23) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por \u00a0JAIME \u00a0ALEXANDER C\u00c1RDENAS ZAPATA, \u00a0contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Calarc\u00e1, con ocasi\u00f3n del auto de 6 de \u00a0octubre de 2020, mediante el cual neg\u00f3 al accionante la \u00a0prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal dentro del proceso \u00a0penal 630016000033200601281 (en adelante, proceso penal 2006-01281). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Previo al \u00a0estudio del presente caso, se debe aclarar que, si bien en la demanda \u00a0de tutela se presenta contra el citado Juzgado, la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio remiti\u00f3 \u00a0por competencia el asunto, teniendo en cuenta que, el mismo involucra \u00a0actuaciones de ese Despacho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
Narr\u00f3 \u00a0que, mediante sentencia del 20 de mayo de 2015 fue condenado por el \u00a0Juzgando Segundo Penal del Circuito de Armenia, a la pena principal \u00a0de 16 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n, en calidad de \u00a0c\u00f3mplice, del delito de uso de documento p\u00fablico falso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, el 5 de junio de 2017, la orden de captura en contra del \u00a0accionante fue cancelada, pasando su proceso a expedientes con pena \u00a0pendiente por ejecutar. Lo anterior teniendo en cuenta que, dentro \u00a0del proceso penal 2016-19523, mediante providencia del 18 de mayo de \u00a02017, el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Cali conden\u00f3 \u00a0al se\u00f1or JAIME \u00a0ALEXANDER C\u00c1RDENAS ZAPATA \u00a0a la pena principal de 24 meses de prisi\u00f3n, por el delito de \u00a0falsedad material en documento p\u00fablico agravado, y \u00a0concedi\u00e9ndole la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo \u00a0as\u00ed, se ofici\u00f3 al establecimiento carcelario de Armenia \u00a0para que una vez cesaran los motivos de su detenci\u00f3n dentro \u00a0del proceso penal 2016-19523, fuera puesto a disposici\u00f3n del \u00a0Juzgado \u00a0Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Calarc\u00e1 para purgar la pena impuesta dentro del proceso penal \u00a02006-01281. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera \u00a0el actor que, dentro del proceso penal 2006-01281 \u00a0se cumplieron los t\u00e9rminos ordenados en los art\u00edculo 88 \u00a0y 89 del C\u00f3digo Penal, por lo tanto, solicit\u00f3 ante el \u00a0Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Calarc\u00e1 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto del 6 de octubre de 2020, el mencionado Juzgado neg\u00f3 la \u00a0prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal; decisi\u00f3n que \u00a0fue posteriormente confirmada el 19 de noviembre de 2020, por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo \u00a0expuesto, solicit\u00f3 que se tutelaran sus derechos fundamentales \u00a0y se ordenara al juzgado accionado que profiera una nueva decisi\u00f3n \u00a0en la cual se determine que, la pena por la que fue condenado en el \u00a0a\u00f1o 2015, se encuentra prescita, por lo tanto, se debe \u00a0conceder la libertad inmediata dentro del proceso penal 2006-01281. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTA \u00a0DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia \u00a0solicit\u00f3 denegar el amparo solicitado, teniendo en cuenta que, \u00a0en las decisiones objeto de reproche, no se desconocieron los \u00a0derechos fundamentales del accionante, y por el contrario, se \u00a0encuentran ajustadas al ordenamiento constitucional y legal vigente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- El \u00a0Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Calarc\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones llevadas a cabo por \u00a0su Despacho dentro del proceso penal 2006-01281, y asever\u00f3 que \u00a0dentro de estas, se ha respetado el debido proceso y dem\u00e1s \u00a0garant\u00edas fundamentales del accionante, por lo tanto, solicit\u00f3 \u00a0que se declare la improcedencia de la presente acci\u00f3n de \u00a0tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 \u00a0de 1991 y el numeral 8 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto \u00a01069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de \u00a02017, esta Sala es competente para resolver la acci\u00f3n de \u00a0tutela impuesta por JAIME \u00a0ALEXANDER C\u00c1RDENAS ZAPATA, \u00a0contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Calarc\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos \u00a0de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de \u00a0igual naturaleza \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como ha \u00a0sido recurrentemente recordado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para los accionantes, tanto en \u00a0su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto \u00a0la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y como ha sido \u00a0desarrollado por la Doctrina constitucional, la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionantes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los accionantes identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
3. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
4. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
5. Error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
6. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcional.<\/p>\n
7. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[2].<\/p>\n
8. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que en atenci\u00f3n \u00a0a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonom\u00eda \u00a0judicial, la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la \u00a0Constituci\u00f3n Nacional, cuando se dirige a cuestionar una \u00a0decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter excepcional, y su \u00a0prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los requisitos de \u00a0procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a \u00a0ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su planteamiento, sino \u00a0de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0problema jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste en determinar \u00a0si la solicitud de amparo interpuesta por JAIME \u00a0ALEXANDER C\u00c1RDENAS ZAPATA, \u00a0contra el auto proferido el 19 de noviembre de 2020 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que confirm\u00f3 \u00a0el auto del 6 de octubre de 2020 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Calarc\u00e1, mediante el cual \u00a0se neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal \u00a0dentro del proceso penal 2006-01281, constituye una v\u00eda de \u00a0hecho, por lo cual procede el amparo constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al examinar las pruebas \u00a0obrantes y el marco jur\u00eddico aplicable, la Sala advierte que \u00a0lo pertinente es negar el presente amparo constitucional, comoquiera \u00a0que las providencias objeto de la presente solicitud de amparo, no \u00a0vulneran los derechos fundamentales del accionante y, por ende, no \u00a0incurren en una v\u00eda de hecho que haga necesario la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el presente asunto, \u00a0encontramos que la pretensi\u00f3n del \u00a0actor es conseguir por este medio se decrete la extinci\u00f3n de \u00a0la pena por prescripci\u00f3n, olvidando que este tr\u00e1mite \u00a0constitucional no es una tercera instancia ni est\u00e1 instituida \u00a0como una jurisdicci\u00f3n paralela a la ordinaria y tampoco \u00a0es la \u00a0sede a la que se acude como \u00faltima opci\u00f3n cuando los \u00a0resultados de recurrir a las v\u00edas ordinarias han sido \u00a0desfavorables, por no poder existir concurrencia de medios judiciales \u00a0porque siempre prevalece la acci\u00f3n ordinaria. De ah\u00ed \u00a0que se afirme que la tutela no es un instrumento adicional o \u00a0complementario, pues su car\u00e1cter y esencia es ser \u00fanico \u00a0medio de protecci\u00f3n que al presunto afectado en sus derechos \u00a0fundamentales le brinda el ordenamiento jur\u00eddico, criterio \u00a0sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0acci\u00f3n de tutela no ha sido concebida como un instrumento para \u00a0sustituir los dem\u00e1s medios de defensa judicial, sino como un \u00a0mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida \u00a0en que cubre aquellos espacios que \u00e9stos no abarcan o lo hacen \u00a0deficientemente. Aceptar lo contrario ser\u00eda admitir que el \u00a0juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, \u00a0resultado que ir\u00eda en contra del fin de la jurisdicci\u00f3n \u00a0constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la \u00a0Constituci\u00f3n, tarea que comprende tambi\u00e9n la de \u00a0asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que \u00a0esta Corte estableci\u00f3 que dentro de las labores que le impone \u00a0la Constituci\u00f3n est\u00e1 la de se\u00f1alarle a la acci\u00f3n \u00a0de tutela l\u00edmites precisos, de manera que se pueda armonizar \u00a0el inter\u00e9s por la defensa de los derechos fundamentales con la \u00a0obligaci\u00f3n de respetar el marco de acci\u00f3n de las \u00a0jurisdicciones establecidas\u201d.3 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, como \u00a0lo ha afirmado esta la Sala en otra oportunidades, el juez de tutela \u00a0no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces \u00a0naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el \u00a0modo en el que estos interpretan la ley, lo contrario constituye un \u00a0atentado contra la autonom\u00eda e independencia judicial, porque \u00a0s\u00f3lo excepcionalmente, cuando la providencia se aparta \u00a0abruptamente del ordenamiento jur\u00eddico y resuelve con \u00a0arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, est\u00e1 \u00a0habilitada esa intervenci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna de las anteriores \u00a0hip\u00f3tesis tuvo ocurrencia en el caso examinado, toda vez que \u00a0basta con observar las decisiones objeto de reproche para determinar \u00a0que tanto el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Descongesti\u00f3n de Calarc\u00e1 \u00a0y la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, sensata \u00a0y razonadamente expresaron los motivos por los cuales no era \u00a0procedente la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal dentro \u00a0del proceso penal 2006-01281. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior cobra mayor \u00a0relevancia si se tiene en cuenta que trat\u00e1ndose de la potestad \u00a0punitiva del Estado, la prescripci\u00f3n extintiva es un mandato \u00a0de prohibici\u00f3n a sus autoridades para que se abstengan de \u00a0hacer efectiva la sanci\u00f3n impuesta, si dejaron transcurrir el \u00a0t\u00e9rmino fijado en la ley para lograr el sometimiento del \u00a0responsable penalmente, debido al decaimiento del inter\u00e9s \u00a0punitivo, el cual se ve materializado en la incapacidad para aplicar \u00a0la pena y su consecuente fenecimiento de la pretensi\u00f3n estatal \u00a0para conseguir su cumplimiento. Sobre el tema la Corte Constitucional \u00a0ha precisado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0prescripci\u00f3n es la cesaci\u00f3n de la potestad punitiva del \u00a0Estado despu\u00e9s de transcurrido el periodo de tiempo (sic) \u00a0fijado por la ley, opera tanto para la acci\u00f3n como para la \u00a0pena. En la prescripci\u00f3n de la pena el Estado renuncia a su \u00a0potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta \u00a0manera el inter\u00e9s de hacer efectiva una condena o sanci\u00f3n \u00a0legalmente impuesta\u201d.4 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con lo expuesto, las disposiciones sobre la prescripci\u00f3n \u00a0de la pena \u2013 art\u00edculo 89 y 90 del C\u00f3digo Penal, \u00a0operan en el supuesto que el condenado se encuentre gozando de la \u00a0libertad, no obstante que en su contra exista una sentencia \u00a0condenatoria ejecutoriada, en cuyo evento comenzar\u00eda a \u00a0transcurrir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el cual \u00a0quedar\u00eda interrumpido en los momentos se\u00f1alados por la \u00a0norma, es decir, cuando fuere aprehendido en virtud de la sentencia o \u00a0puesto a disposici\u00f3n de la autoridad para el cumplimiento de \u00a0la misma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el \u00a0presente caso el accionante pretende que sea tenido en cuenta como \u00a0t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena de 16 meses de \u00a0prisi\u00f3n, el tiempo que ha estado privado de la libertad en \u00a0virtud de la pena impuesta por el Juzgado D\u00e9cimo Penal del \u00a0Circuito de Cali, dentro del proceso penal 2016-19523, \u00a0sin advertir que el periodo de \u00a0extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n en consideraci\u00f3n al \u00a0delito de uso de documento p\u00fablico falso, en calidad de \u00a0c\u00f3mplice, se encuentra interrumpida desde el d\u00eda 2 de \u00a0junio de 2017; fecha en la cual, el que el Juzgado Segundo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Calarc\u00e1 \u00a0solicit\u00f3 se dejara el condenado a disposici\u00f3n de ese \u00a0Despacho, una vez cumpliera la pena por el delito de falsedad \u00a0material en documento p\u00fablico agravado, correspondiente al \u00a0proceso penal 2016-19523. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo as\u00ed, \u00a0no es jur\u00eddica ni f\u00e1cticamente posible que la misma \u00a0persona cumpla simult\u00e1neamente dos o m\u00e1s penas de \u00a0prisi\u00f3n a menos que se hubiesen acumulado, en cuyo caso no \u00a0ser\u00edan varias las sanciones a descontar, pues realmente se \u00a0continuar\u00eda solamente con una totalizada, y el t\u00e9rmino \u00a0de prescripci\u00f3n permanecer\u00eda igualmente interrumpido \u00a0desde el momento en el cual el condenado fue aprehendido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo indicado, es \u00a0evidente que en el presente caso no se extingui\u00f3 la pena a la \u00a0cual hizo referencia el actor y por lo mismo, no se configur\u00f3 \u00a0la vulneraci\u00f3n aducida en la demanda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, precisa este cuerpo decisorio que \u00a0las discrepancias interpretativas no son violatorias, por s\u00ed \u00a0mismas, de los derechos fundamentales, y entonces la acci\u00f3n \u00a0de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el \u00a0supuesto afectado simplemente no coincide con la posici\u00f3n \u00a0judicial, pues las v\u00edas de hecho son defectos graves en el \u00a0ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido \u00a0proceso y la integridad del ordenamiento jur\u00eddico, categor\u00eda \u00a0en la cual no encajan las divergencias hermen\u00e9uticas. \u00a0<\/p>\n
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Bajo las condiciones expuestas y como \u00a0no se avizora alguna vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0del accionante, se impone negar el amparo constitucional invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0NEGAR el amparo solicitado por JAIME \u00a0ALEXANDER C\u00c1RDENAS ZAPATA, \u00a0contra la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el \u00a0Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Calarc\u00e1, por las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR \u00a0a \u00a0los sujetos procesales por el medio m\u00e1s expedito el presente \u00a0fallo, inform\u00e1ndoles que puede ser impugnado dentro de los \u00a0tres d\u00edas siguientes, contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Si no fuere impugnado, env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino \u00a0indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria (E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional. Sentencia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-625 de 2000. Reiterado T-766 de 2006 y T-533 de 2009 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional, Sentencia C-997 de 2004 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP1036-2021 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114660 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 23) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0 \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 Resuelve \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,33],"tags":[],"class_list":["post-54326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-30","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}