\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1029-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114513 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.23) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
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Resuelve \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por \u00a0el apoderado de CLEOFELINA \u00a0CARO DE CARO y PEDRO JOS\u00c9 CARO MATALLANA, \u00a0contra la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio \u00a0del Tribunal \u00a0Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, el \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 12 Especializada de \u00a0la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n \u00a0de Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional, con ocasi\u00f3n \u00a0del proceso de extinci\u00f3n de dominio radicado bajo el n\u00famero \u00a0110013120002201600020 \u00a0(en adelante, proceso 2016-00020 E.D.) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CLEOFELINA \u00a0CARO DE CARO y PEDRO JOS\u00c9 CARO MATALLANA \u00a0solicitan el amparo de sus derechos constitucionales al debido \u00a0proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo \u00a0vital y vida digna, los cuales consideran vulnerados por las \u00a0autoridades accionadas, al declarar la extinci\u00f3n del derecho \u00a0de dominio del inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria \u00a0No. 072-17880. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifestaron que, en las decisiones \u00a0de primera y segunda instancia dentro del proceso 2016-00020 E.D., no \u00a0se tuvo en cuenta que el bien inmueble es un predio distinto al del \u00a0inmueble donde se erradicaron plantas de coca, por lo cual, no se \u00a0obtuvo con dineros il\u00edcitos, y mucho menos, se utilizaba para \u00a0el actuar delictivo por el que hoy se decreta la extinci\u00f3n de \u00a0dominio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Expresaron que, son personas de edad \u00a0avanzada, sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, y el \u00a0bien inmueble de referencia, es el \u00fanico que poseen. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Alegaron que, los jueces ordinarios \u00a0en el proceso 2017-00221 E.D. no tuvieron en cuenta pruebas que eran \u00a0fundamentales para corroborar que en el predio con folio de matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria No. 072-17880, nunca se hab\u00edan cultivado plantas \u00a0de coca; adem\u00e1s, el apoderado con el que contaban en ese \u00a0momento para defender sus intereses, no insisti\u00f3 ante la \u00a0negativa del juez de primera instancia, para que esas pruebas fueran \u00a0decretadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por estos motivos, acuden al presente \u00a0tr\u00e1mite constitucional con la finalidad que se dejen sin \u00a0efectos las sentencias proferidas en primera y segunda instancia \u00a0dentro del proceso 2017-00221 E.D., y se restablezca el derecho de \u00a0propiedad en cabeza de los accionantes, sobre el bien inmueble objeto \u00a0de litigio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, solicita que se \u00a0ordene a la Fiscal\u00eda 12 Especializada de la Direcci\u00f3n \u00a0Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio dejar sin efectos la \u00a0Resoluci\u00f3n del 29 de enero de 2016, mediante la cual manifest\u00f3 \u00a0la procedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de \u00a0dominio sobre el bien inmueble de referencia, por consiguiente, que \u00a0se ordene al ente acusador que se realicen y recopilen una serie de \u00a0pruebas, con el fin de determinar exactamente los predios donde se \u00a0realizaban los cultivos il\u00edcitos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0La Fiscal\u00eda \u00a012 Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio \u00a0manifest\u00f3 que, el 18 de octubre de 2002, se pronunci\u00f3 \u00a0de forma mixta sobre la procedencia e improcedencia frente a los \u00a0inmuebles afectados, por lo cual, se remiti\u00f3 a los jueces \u00a0especializados de extinci\u00f3n de Dominio de la ciudad de Cali. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Las dem\u00e1s \u00a0autoridades accionadas optaron por guardar silencio en el presente \u00a0tr\u00e1mite constitucional. No obstante, las \u00a0partes anexaron al expediente constitucional, los fallos objeto de \u00a0reproche. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 \u00a0de 1991 y el numeral 5 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto \u00a01069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de \u00a02017, esta Sala es competente para resolver la acci\u00f3n de \u00a0tutela interpuesta por el apoderado de CLEOFELINA \u00a0CARO DE CARO y PEDRO JOS\u00c9 CARO MATALLANA, \u00a0contra la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio \u00a0del Tribunal \u00a0Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, el \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 12 Especializada de \u00a0la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n \u00a0de Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La tutela \u00a0es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance \u00a0de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Que se \u00a0cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a \u00a0partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Que la \u00a0parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que \u00a0generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre \u00a0que esto hubiere sido posible.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras que, en punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, que se \u00a0presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la \u00a0providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) Defecto procedimental \u00a0absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al \u00a0margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, el \u00a0cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la \u00a0aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la \u00a0decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge \u00a0cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por \u00a0parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una \u00a0decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin \u00a0motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios \u00a0judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos \u00a0de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AN\u00c1LISIS \u00a0DEL CASO CONCRETO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0presente acci\u00f3n de tutela se centra en un punto espec\u00edfico: \u00a0determinar si \u00a0contra las sentencias emitidas dentro del \u00a0proceso 2016-00020 E.D., mediante las cuales se extingui\u00f3 el \u00a0dominio del bien identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria No. 362-10251, se \u00a0configura una v\u00eda de hecho, por lo que debe concederse el \u00a0amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De la \u00a0demanda de tutela se extrae que los accionantes radican la afectaci\u00f3n \u00a0de sus prerrogativas fundamentales en las \u00a0sentencias emitidas dentro del \u00a0proceso 2017-00221 E.D., \u00a0por medio de las cuales, se declara en primera instancia, y confirma \u00a0en segunda instancia, la \u00a0extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble con matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria No. 072-17880. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunado a lo anterior, los libelistas \u00a0aseguran que son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional \u00a0y dicha orden les genera perjuicios econ\u00f3micos y familiares. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, considera esta Sala que, de los medios de persuasi\u00f3n \u00a0que obran en el expediente, no \u00a0se observa ninguna circunstancia que lleve a dejar sin efectos dicha \u00a0determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta que, no \u00a0se observa de \u00a0las actuaciones desplegadas dentro del tr\u00e1mite procesal de \u00a0referencia, \u00a0una v\u00eda de hecho en que hayan incurrido las autoridades \u00a0accionadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0se observa ning\u00fan elemento de juicio tendiente a demostrar que \u00a0en la decisi\u00f3n objeto de debate, se haya incurrido en alg\u00fan \u00a0tipo de irregularidad; los accionantes tampoco cumplieron con la \u00a0carga procesal de establecer en qu\u00e9 consistieron las presuntas \u00a0deficiencias de las cuestionadas sentencias, las cuales no pueden \u00a0considerarse, per \u00a0se, \u00a0atentatorias de sus garant\u00edas fundamentales y las de su n\u00facleo \u00a0familiar, por cuanto obedecen al estudio y an\u00e1lisis del juez \u00a0natural, en concordancia con las normas y jurisprudencia, atinentes \u00a0al caso. \u00a0<\/p>\n
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Los \u00a0argumentos expuestos por la parte actora, en vez de constituir una \u00a0censura precisa y concreta en contra de las mencionadas sentencias, \u00a0a trav\u00e9s de las cuales se dispone la extinci\u00f3n de \u00a0derecho de dominio del inmueble \u00a0con matr\u00edcula inmobiliaria No. 072-17880, cuyo derecho de \u00a0propiedad se reclama, reflejan su inconformidad con la determinaci\u00f3n \u00a0adoptada, lo que resulta insuficiente, para dejar sin efecto dichas \u00a0decisiones en sede de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En todo caso, la Sala recuerda que al \u00a0interior de los respectivos procedimientos ordinarios existen medios \u00a0de defensa aptos para garantizar la observancia de los derechos \u00a0fundamentales que la Carta Pol\u00edtica consagra y reconoce a los \u00a0administrados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se torna \u00a0de vital importancia, destacar que en el \u00a0asunto objeto de examen, no \u00a0se cuenta con elementos de juicio, salvo la llana afirmaci\u00f3n \u00a0de los libelistas, respecto a que, consideran que en las sentencias \u00a0cuestionadas, no se analizaron la totalidad de las pruebas \u00a0solicitadas, y que estas decisiones les generan perjuicios econ\u00f3micos \u00a0y familiares. Lo anterior, resulta insuficiente pues no se advierte \u00a0ninguna circunstancia que permita colegir el defecto f\u00e1ctico \u00a0aludido, o que como consecuencia de la extinci\u00f3n del derecho \u00a0de dominio del bien, las condiciones de vida digna de ellos y sus \u00a0familiares se ver\u00e1n disminuidas de manera irreparable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, es deber de \u00a0esta Corporaci\u00f3n advertir que el Juzgado \u00a0Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de \u00a0Dominio de Bogot\u00e1 y la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del \u00a0Dominio del Tribunal \u00a0Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0mediante una debida y suficiente motivaci\u00f3n, emitieron una \u00a0determinaci\u00f3n acorde al debido proceso, pues se sujet\u00f3, \u00a0en todo momento, a lo probado en el curso de la actuaci\u00f3n y a \u00a0la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en materia de valoraci\u00f3n \u00a0probatoria, bas\u00e1ndose, adem\u00e1s, en las sentencias CSJ SP \u00a09 nov. 1994, rad. 8887, CSJ SP 25 may. 1999, rad. 12855, CSJ SP 4 \u00a0abr. 2003, rad. 14636 y CSJ SP 27 jul. 2006, rad. 25503. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En este orden de ideas, aceptar la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional en la \u00f3rbita \u00a0propia de los funcionarios a quienes el legislador ha atribuido \u00a0determinadas competencias, equivale no s\u00f3lo a desnaturalizar \u00a0el car\u00e1cter subsidiario y residual del mecanismo de amparo, \u00a0sino tambi\u00e9n a atentar contra los principios constitucionales \u00a0de independencia y autonom\u00eda funcionales que informan el \u00a0ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se ha entendido as\u00ed mismo, que \u00a0el excepcional mecanismo de amparo no puede entrar a reemplazar los \u00a0procedimientos ordinarios de defensa instituidos para reparar \u00a0posibles agravios a los derechos fundamentales, en la medida en que, \u00a0fue concebido para suplir la ausencia de estos y no para resquebrajar \u00a0los ya existentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, lo denotado permite concluir que no se configura causa \u00a0razonable para la protecci\u00f3n constitucional as\u00ed sea de \u00a0manera transitoria, por consiguiente \u00a0se negar\u00e1 el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0NEGAR el amparo solicitado por CLEOFELINA \u00a0CARO DE CARO y PEDRO JOS\u00c9 CARO MATALLANA, \u00a0 contra la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del \u00a0Dominio del Tribunal \u00a0Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 12 Especializada de \u00a0la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n \u00a0de Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional, por las \u00a0razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los sujetos procesales por el medio m\u00e1s expedito el presente \u00a0fallo, inform\u00e1ndoles que puede ser impugnado dentro de los \u00a0tres d\u00edas siguientes, contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Si no fuere impugnado, env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino \u00a0indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria (E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
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