\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATP430-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 114768 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 31) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso que la Sala se pronunciara sobre la admisi\u00f3n de la \u00a0demanda de tutela instaurada por la abogada Martha Isabel Rojas \u00a0Gonz\u00e1lez, quien aduce representar a JACINTO RODR\u00cdGUEZ \u00a0MORA, contra la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, \u00a0de no ser porque la solicitante no cumpli\u00f3 el requerimiento \u00a0hecho en prove\u00eddo de 26 de enero de 2021. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0abogada Martha Isabel Rojas Gonz\u00e1lez present\u00f3 demanda \u00a0de tutela contra la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, \u00a0por la presunta transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal \u00a0debido proceso, a la igualdad, derecho a la verdad, justicia y \u00a0reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, derecho a la propiedad \u00a0privada\u00bb \u00a0que le asisten al se\u00f1or JACINTO RODR\u00cdGUEZ MORA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la promoci\u00f3n del amparo constitucional adujo la abogada actuar \u00a0en condici\u00f3n de apoderada del prenombrado RODR\u00cdGUEZ \u00a0MORA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si bien con el escrito inicial aport\u00f3 la actora un poder a su \u00a0nombre, conferido por JACINTO RODR\u00cdGUEZ MORA, la Sala advirti\u00f3 \u00a0que ese documento no cumpl\u00eda las exigencias legales y \u00a0jurisprudenciales del poder \u00a0especial, \u00a0requerido para promover la tutela en el marco de la representaci\u00f3n \u00a0judicial de los derechos constitucionales fundamentales ajenos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, se dispuso, previamente a decidir sobre la admisi\u00f3n \u00a0a tr\u00e1mite de la demanda de tutela, conceder \u00a0a la interesada el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas h\u00e1biles \u00a0para que, por el medio m\u00e1s expedito a disposici\u00f3n, \u00a0allegara el mandato especial echado de menos, so \u00a0pena \u00a0del rechazo de la solicitud. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Tras notificar \u00a0la anterior determinaci\u00f3n a la promotora, se ha recibido, \u00a0dentro del plazo concedido, respuesta de la abogada Rojas Gonz\u00e1lez \u00a0consistente en mensaje de correo electr\u00f3nico, adjunto al cual \u00a0remite poder otorgado por su asistido. \u00a0<\/p>\n
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CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La acci\u00f3n de tutela est\u00e1 consagrada en el art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para que, mediante un \u00a0procedimiento preferente y sumario, se protejan los derechos \u00a0fundamentales cuando resulten transgredidos o amenazados por la \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los \u00a0particulares, en los casos establecidos en la ley, a falta de otro \u00a0medio de defensa judicial, excepto que se est\u00e9 frente a un \u00a0perjuicio irremediable que la haga procedente como mecanismo \u00a0transitorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La solicitud de amparo carece de formalidad cuando se trata de \u00a0invocar ante el juez constitucional la protecci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales propios presuntamente vulnerados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, la situaci\u00f3n var\u00eda, ostensiblemente, ante \u00a0determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando el accionante no \u00a0comparece ante la administraci\u00f3n de justicia en nombre propio, \u00a0sino que lo hace a trav\u00e9s de apoderado caso en el cual se ha \u00a0considerado que se deben cumplir las exigencias previstas al efecto \u00a0en la ley, valga decir, en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso en cuanto prev\u00e9: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Poderes. \u00a0Los poderes generales para toda clase de procesos solo podr\u00e1n \u00a0conferirse por escritura p\u00fablica. El poder especial para uno o \u00a0varios procesos podr\u00e1 conferirse por documento privado. En \u00a0los poderes especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados \u00a0y claramente especificados. \u00a0(\u00c9nfasis \u00a0no original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, v\u00e9ase c\u00f3mo la Corte Constitucional ha \u00a0fijado uniforme y reiterado criterio sobre las exigencias necesarias \u00a0de cumplir en trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de demandas \u00a0de tutela por conducto de mandatario judicial: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la sentencia T-531 de 2004, MP: Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, \u00a0se se\u00f1alaron los siguientes requisitos para la presentaci\u00f3n \u00a0demandas de tutela mediante apoderado judicial: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala \u00a0se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por \u00a0lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, \u00a0llamado poder que se presume aut\u00e9ntico1. \u00a0(iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser \u00a0especial.2 \u00a0En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o \u00a0para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se \u00a0entiende conferido3 \u00a0para la promoci\u00f3n4 \u00a0de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a \u00a0estos tengan origen5 \u00a0en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento \u00a0s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho6 \u00a0habilitado con tarjeta profesional7.8 \u00a0(Resaltado \u00a0fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En decisi\u00f3n \u00a0posterior (sentencia T-679\/07), la Corporaci\u00f3n en cita, \u00a0refiri\u00e9ndose al \u00faltimo pronunciamiento transcrito, \u00a0refiri\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0citado aparte se colige que el principio de especificidad de los \u00a0poderes que se otorgan para que se inicie una acci\u00f3n bajo el \u00a0uso del apoderamiento judicial, debe acatarse en todo amparo de \u00a0tutela, pues de ello depende que se configure la legitimaci\u00f3n \u00a0en la causa por activa. Igualmente y conforme a la jurisprudencia de \u00a0esta Corte, para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben \u00a0otorgarse poderes espec\u00edficos, pues un poder para un proceso \u00a0judicial inicial no sirve para legitimar una actuaci\u00f3n \u00a0posterior en un litigio de una \u00edndole diferente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello en los poderes en los que se faculte a un abogado para actuar en \u00a0nombre de otro se debe identificar f\u00e1cilmente y en forma clara \u00a0y expresa9: \u00a0(i) los nombres, datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante \u00a0como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra \u00a0la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o \u00a0documento causa del litigio; (iv) el proceso o la acci\u00f3n \u00a0mediante la que se pretende proteger un derecho y, (v) el derecho \u00a0fundamental \u00a0que se procura salvaguardar y garantizar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar de la claridad de los anteriores conceptos, encuentra la Sala \u00a0que no remedi\u00f3 la solicitante la falencia advertida en torno a \u00a0la ausencia de poder especial para actuar en representaci\u00f3n de \u00a0JACINTO RODR\u00cdGUEZ MORA con el fin de pedir la protecci\u00f3n \u00a0de sus derechos fundamentales, por cuanto el memorial poder \u00faltimo \u00a0allegado por la suscriptora del libelo es exactamente el mismo que \u00a0present\u00f3 como anexo con el escrito de amparo10 \u00a0y respecto del cual se indic\u00f3 que no cumpl\u00eda las \u00a0exigencias legales y jurisprudenciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este punto, adem\u00e1s, debe tenerse presente c\u00f3mo el \u00a0art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de junio 4 de \u00a0202011, \u00a0prescribe que \u00abLos \u00a0poderes especiales para cualquier actuaci\u00f3n judicial se podr\u00e1n \u00a0conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, \u00a0con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no \u00a0requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o \u00a0reconocimiento.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, en las condiciones actuales de la legislaci\u00f3n colombiana \u00a0el otorgamiento de un poder ha sido facilitado al m\u00e1ximo, de \u00a0modo que resulta inexcusable que un abogado act\u00fae sin mandato \u00a0o con uno conferido sin el lleno de los requisitos legales \u00a0espec\u00edficos para un proceso determinado, como se exige cuando \u00a0al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela acude un ciudadano por \u00a0medio de un profesional del Derecho, se reitera. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Consecuencia \u00a0obligada que deviene de lo anterior expuesto, conforme se anunci\u00f3 \u00a0en el requerimiento contenido en auto previo, ser\u00e1 declarar el \u00a0rechazo de la demanda que presenta la abogada Martha Isabel Rojas \u00a0Gonz\u00e1lez en representaci\u00f3n de JACINTO RODR\u00cdGUEZ \u00a0MORA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 \u00a0de la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administraci\u00f3n justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
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RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0RECHAZAR \u00a0la \u00a0demanda de tutela presentada por la abogada Martha \u00a0Isabel Rojas Gonz\u00e1lez, \u00a0por las razones explicadas en la parte motiva. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GAR\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Esta presunci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue establecida por el legislador delegado en el Decreto 2591 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01991. Sobre la misma se pronunci\u00f3 tangencialmente la Corte en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia T-001 de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abogados que presentaron acci\u00f3n de tutela como agentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oficiosos sin demostrar la indefensi\u00f3n de los agenciados, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte niega la tutela por que (sic) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no se configura \u00a0la agencia oficiosa y no se re\u00fanen los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisitos \u00a0para el apoderamiento judicial, afirm\u00f3 la Corte: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cLos poderes se presumen aut\u00e9nticos, seg\u00fan lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispone el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presentados, ya que el juez no est\u00e1 autorizado para presumir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expediente ello aparezca acreditado\u201d.\u00bb \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirm\u00f3 que por las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n.\u201d\u00bb \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentido la Corte ha acogido las disposiciones del c\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimiento civil en la materia, as\u00ed en la sentencia T-530 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1998 acoge y aplica la disposici\u00f3n del art\u00edculo 65 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inciso 1\u00ba: \u201cEn los poderes especiales, los asuntos se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinar\u00e1n claramente, de modo que no puedan confundirse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con otros.\u201d\u00bb \u00a0<\/p>\n
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5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela, consider\u00f3 que el a-quo no debi\u00f3 darle tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al respectivo proceso debido a que el abogado no alleg\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0poder respectivo ni manifest\u00f3 su calidad de agente oficioso. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En este sentido asever\u00f3 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cAunque podr\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esta idea, en atenci\u00f3n a que en el proceso penal el sujeto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela.\u201d\u00bb \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia T-207 de 1997 la Corte se extendi\u00f3 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consideraciones acerca de la informalidad, propia de la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Con respecto al apoderamiento judicial como excepci\u00f3n al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0principio de informalidad de la acci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cCaso distinto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es el de quien ejerce la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00edtulo profesional, en virtud de mandato judicial, pues es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0evidente que en tal caso act\u00faa dentro del marco legal y las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reglas propias del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0raz\u00f3n por la cual debe acreditar que lo es seg\u00fan las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0normas aplicables (Decreto 196 de 1971). Ello no solamente por raz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0distintas instancias judiciales y que responder\u00e1 por su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0gesti\u00f3n.\u201d\u00bb \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sobre la obligatoriedad de que la representaci\u00f3n \u00a0judicial en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela sea asumida por abogados en ejercicio no existe regulaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expresa ni en la Constituci\u00f3n ni en los decretos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reglamentarios de la acci\u00f3n de tutela, ante este vac\u00edo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Corte en sentencia T-550 de 1993 mediante interpretaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0a partir de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0disposiciones generales sobre representaci\u00f3n judicial y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en especial a partir de la disposici\u00f3n del art\u00edculo 38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto 2591 de 1991 (que se\u00f1ala las faltas para los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abogados que promuevan irregularmente acciones de tutela) concluy\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que esta disposici\u00f3n no tendr\u00eda sentido sino se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entendiera que la representaci\u00f3n judicial \u00a0s\u00f3lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.\u00bb \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-975 de 2005, entre otras. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T \u2013 1025 de 2006. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Entre otras cosas, se tiene que el referido poder fue otorgado y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autenticado el 27 de julio de 2016; el mismo se dirige al \u00abJuez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Control de Garant\u00edas de Fusagasug\u00e1\u00bb; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y su objeto es la representaci\u00f3n de JACINTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RODR\u00cdGUEZ MORA \u00abcomo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0v\u00edctima del proceso por fraude procesal que se adelanta en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra del se\u00f1or JOSE FERNANDO RODRIGUEZ MORA, especialmente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dentro de la audiencia de SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO sobre el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0predio\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abPor el cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, en el marco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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